Los vagones de Caltrain llegaron en agosto de 2025, gracias la Municipalidad de Lima (MML), pero desde entonces el proyecto ha quedado atascado entre decisiones políticas, obstáculos burocráticos y disputas institucionales. Y mientras las autoridades se enfrentan por quién debe conducirlo, quienes viven entre Lima y Chosica siguen enfrentando el mismo problema de siempre: cómo llegar a sus destinos en una ruta congestionada y con pocas alternativas reales de transporte.
Para miles de ciudadanos, el Chosicano no es una elección entre distintas opciones. Es, en muchos casos, la única posibilidad. Quienes recorren diariamente la Carretera Central saben lo que significa depender de una vía saturada, de largos tiempos de viaje y de un sistema de transporte que no está a la altura del crecimiento de Lima Este.
Por eso resulta difícil entender que un proyecto de esta naturaleza pueda quedar atrapado en rivalidades políticas. El tren no debería ser patrimonio de una municipalidad, de un ministerio, de un gobierno o de un alcalde. Mucho menos convertirse en una pieza dentro de una disputa electoral.
Porque un tren no existe simplemente porque alguien consigue los vagones.
Traer los trenes es apenas una parte de la historia. Después vienen los rieles, los paraderos, la infraestructura, los sistemas de seguridad, las autorizaciones, la coordinación entre instituciones y, sobre todo, la capacidad de superar cada uno de los obstáculos que aparecen antes de ponerlo finalmente en funcionamiento. El mérito, entonces, no debería pertenecer exclusivamente a quien puso los vagones sobre una plataforma, sino también a quien logró convertirlos en un sistema de transporte operativo.
Ese debería ser el verdadero desafío.
En una ciudad como Lima, donde millones de personas pierden diariamente horas de su vida desplazándose, cada proyecto de transporte que puede ofrecer una alternativa real debería ser tratado como una prioridad pública. No importa quién lo inició, quién lo financió, o quién terminará inaugurándolo.
Importa que funcione.
Las rivalidades políticas son legítimas cuando expresan diferencias sobre cómo administrar los recursos públicos. Dejan de serlo cuando terminan paralizando una solución que los ciudadanos necesitan. Una obra pública no puede convertirse en rehén de la competencia entre autoridades.
El tren Lima–Chosica debería ser entendido, precisamente, como una oportunidad para demostrar que las instituciones pueden trabajar juntas cuando existe un objetivo superior: mejorar la vida de la gente.
El ciudadano no viaja pensando qué autoridad consiguió el vagón. No le interesa qué institución ganó una disputa burocrática. No sube al tren para reconocer el mérito de un alcalde o de un ministro. Solo quiere llegar más rápido, más seguro y con menos desgaste a su trabajo, a su casa o a sus estudios.
Y esa debería ser también la medida del éxito de quienes gobiernan.
Porque un tren detenido no es solamente una obra que no funciona. Es tiempo perdido, oportunidades perdidas y ciudadanos condenados a seguir dependiendo de una carretera que ya no da abasto.
