El Perú enfrenta una de las crisis más profundas de su historia republicana reciente. La desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la fragmentación de los partidos y el uso político de la justicia han configurado un escenario de incertidumbre que amenaza con extenderse hasta el 2026. Así lo sostiene el analista político Ernesto Álvarez Miranda, quien advierte que la democracia peruana corre el riesgo de desmoronarse si no se emprenden reformas urgentes.
Una justicia bajo sospecha
Para Álvarez Miranda, el problema más grave del país radica en la captura del sistema judicial. “Hoy la justicia no es imparcial: se ha convertido en un arma de la política”, sentencia. Según su diagnóstico, jueces y fiscales actúan bajo presiones políticas y mediáticas, lo que genera una justicia selectiva: algunos casos se activan o archivan en función de los intereses de turno.
Esta dinámica, añade, no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que debilita la esencia misma del Estado de derecho. “Cuando la justicia deja de ser ciega y se convierte en instrumento, lo que tenemos ya no es democracia, sino arbitrariedad institucionalizada”, afirma.
Partidos débiles, democracia débil
Otro aspecto crítico es la fragilidad del sistema político. Los partidos, sostiene Álvarez, han perdido su rol histórico de representar ideas y proyectos colectivos. “Ya no hablamos de partidos con doctrina, sino de franquicias electorales”, explica. Esta fragmentación dificulta la gobernabilidad y fomenta la improvisación en el poder.
El resultado es un círculo vicioso: partidos débiles producen gobiernos débiles, y estos terminan dependiendo de pactos precarios y alianzas circunstanciales que, lejos de estabilizar, agravan la crisis.
La memoria usada como arma política
Un punto particularmente sensible de la entrevista es la manipulación de la memoria histórica. Álvarez denuncia que los casos vinculados con terrorismo y violaciones de derechos humanos han sido instrumentalizados con fines partidarios. “La historia se reescribe en los tribunales según la conveniencia del momento”, advierte.
En lugar de promover la reconciliación nacional, los procesos judiciales han terminado profundizando divisiones, alimentando narrativas parciales y convirtiéndose en un campo de batalla ideológico.
Rumbo al 2026
El panorama hacia las próximas elecciones generales no es alentador. De mantenerse la actual debilidad institucional, Álvarez alerta que el proceso electoral del 2026 podría desarrollarse sin garantías de legitimidad, lo que generaría un vacío de confianza y mayor conflictividad política. “Podemos llegar al 2026 con un proceso electoral sin credibilidad”, advierte.
Reformas urgentes
El analista plantea varias líneas de acción para revertir la crisis:
- Reformar el sistema de nombramientos judiciales para blindarlo de injerencias políticas.
- Garantizar la independencia de jueces y fiscales mediante leyes de protección y transparencia.
- Promover la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas.
- Reforzar la educación cívica para que los ciudadanos exijan un verdadero Estado de derecho.
Una democracia en disputa
La conclusión de Álvarez es clara: el principal desafío del Perú no está en la economía ni en la gestión social, sino en la institucionalidad. Mientras la justicia y la política sigan capturadas por intereses particulares, la democracia permanecerá en crisis.
“Si no recuperamos nuestras instituciones, el país seguirá atrapado en un ciclo de precariedad. No habrá desarrollo posible sin justicia independiente y sin política responsable.”
Last modified: 2 de octubre de 2025
