Mientras Pedro Castillo enfrenta acusaciones gravísimas —en especial el delito de rebelión por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022— Juntos por el Perú (JPP) lo proclama, sin el menor rubor, como cabeza de su lista al Senado para el 2026. La ironía es tan grotesca como evidente, pues quien buscó cerrar el Congreso ahora pretende regresar al Estado precisamente desde un sillón en el hemiciclo. Y, para colmo, aquellos que durante años llenaron la Plaza San Martín con pancartas “en defensa de la democracia” y marchando contra Fujimori ahora guardan un silencio culposo cuando se trata del socialista Pedro Castillo.
El partido que asegura representar a una izquierda “progresista” y “moderada” termina abrazando a un expresidente procesado por subvertir el orden constitucional. Es decir, o no les importa el futuro dictamen de nuestro orden jurídico basado en la Carta Magna, o simplemente no creen en la Constitución ni en la República peruana.
En un informe previo ya habíamos trazado la radiografía del nuevo bloque izquierdista de Juntos por el Perú bajo la tutela del profesor marxista Vicente Alanoca. Allí aparecían figuras desgastadas como la chavista confesa Verónika Mendoza y el keynesiano Pedro Francke, reciclados ahora como la cuota caviar limeña destinada a maquillar su partido con cierto barniz “académico” e “intelectual” para impresionar a la comunidad internacional y a ciertos empresarios ingenuos o prebendarios.
Pero volvamos al caso del golpista Castillo. Su candidatura enfrenta serios obstáculos legales. Recordemos que su destitución por incapacidad moral, conforme al artículo 113 de la Constitución, debería derivar en una inhabilitación para ejercer cargos públicos, tal como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica de Elecciones. A ello se suman las investigaciones por delitos graves —rebelión, conspiración y corrupción— que podrían impedir su inscripción según el artículo 30 de la misma ley, que restringe la participación de procesados por delitos dolosos vinculados a la función pública.
No obstante, el regreso de Castillo al escenario electoral no solo raya en la imposibilidad legal, sino que también plantea un profundo dilema democrático:
¿cómo puede un sistema serio permitir que alguien acusado de atentar contra la Constitución busque nuevamente ocupar un cargo público? ¿Si tanto lo pervierte el orden democrático peruano, que nos hará pensar que trabajará en función de este orden y no de dinamitarlo o coludirse para destruirlo desde adentro?
Pues, con mucho pesar, uno de nuestros peores errores que tenemos como democracia, es que estemas obligados a que una persona pueda postular por más acusado o investigado que este, debido a esa interpretación de “presunción de inocencia”. Pero claro, la presunción debería servir para no perder tu derecho como ciudadano nacional, mas no como funcionario público. Una cosa es el derecho fundamental que debe protegerse hasta que seas culpable y otra el acceso a un cargo publico que es financiado por todos los peruanos en son de que este retribuya con ética, productividad y honradez.
No obstante, a este problema se suman también los enormes vacíos normativos del Perú. Estas ambigüedades permiten interpretaciones flexibles y convenidas del Jurado Nacional de Elecciones, las cuales abren la puerta para que candidaturas altamente controvertidas puedan inscribirse aún con un juicio en proceso. La famosa reinterpretación.
Esto encima se agrava debido a la debilidad institucional. El sistema electoral ha demostrado falta de criterios uniformes, vulnerabilidad frente a presiones políticas y excesiva tolerancia. En un entorno así, candidatos investigados no solo encuentran espacios para postular, sino que pueden presentarse como mártires, tal cual lo hace el profesor chotano. Al final, importa más los vínculos políticos de turno y la forma de vender tanto económica como socialmente a ese candidato que quieres limpiar la cara.
Que no nos sorprenda, lo de Castillo es un escándalo, pero lo de Vizcarra todo este año ha sido un descaro igual de enorme por parte de nuestro sistema electoral y judicial.
Finalmente, el cuadro se completa con las deficiencias del diseño electoral y del sistema de partidos. La mayoría de agrupaciones carecen de filtros internos, comités de ética efectivos o mecanismos de renovación de cuadros. En ese vacío, los cálculos electorales suelen imponerse por encima de los estándares democráticos. Por eso, cuando un partido como Juntos por el Perú postula a un líder procesado, no está defendiendo un principio de justicia ni de garantías constitucionales, por el contrario, está priorizando un beneficio electoral inmediato, incluso si ello implica legitimar candidatos que van a estar presos pronto.
El caso Castillo, como el caso Vizcarra o eventualmente Cerrón si es que se libra de sus pecados, son solo el síntoma, no la enfermedad. O cambiamos las reglas del juego o los desordenados, desprolijos, corruptos y apátridas volverán una y otra vez a sacarle la vuelta al sistema.
