Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Más que Arabia Saudita, Rusia o Irán. Sin embargo, su economía está devastada y su población empobrecida. Esta contradicción no se explica únicamente por sanciones internacionales. Responde a un fenómeno ampliamente estudiado por la economía política: la llamada maldición de los recursos.
La maldición de los recursos aparece cuando un país confunde abundancia natural con desarrollo automático. El Estado se acostumbra al ingreso fácil, se vuelve rentista, debilita sus instituciones y utiliza la renta como instrumento político. El resultado es recurrente: corrupción, mala gestión, colapso productivo y empobrecimiento estructural.
Venezuela no es un caso aislado. Países como Angola, Congo o Nigeria muestran el mismo patrón: enormes recursos naturales combinados con Estados débiles, élites capturando la renta y poblaciones que nunca ven traducida la riqueza en bienestar. El problema nunca es la riqueza; es la captura política de esa riqueza.
En Venezuela, este proceso tuvo un nombre propio: PDVSA. Durante años fue una empresa técnica y funcional. Todo cambió cuando se decidió convertirla en un brazo político del régimen. La gestión empresarial fue sustituida por objetivos ideológicos, clientelares y fiscales. Se expulsó talento, se abandonó la inversión, se politizaron decisiones y se sacrificó eficiencia por control político.
El resultado fue una caída histórica de la producción, colapso de la refinación, endeudamiento masivo y pérdida total de credibilidad. Las sanciones agravaron el desastre, pero el colapso comenzó antes, cuando se destruyó la gobernanza y se confundió empresa con partido. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, hoy detenido, acusado por Estados Unidos de liderar una red de narcoterrorismo internacional, PDVSA terminó siendo una caja política al servicio de la represión y la supervivencia del poder.
Este diagnóstico atañe directamente al Perú. Petroperú nunca tuvo el tamaño ni el peso estratégico de PDVSA, pero sí ha seguido el mismo patrón estructural: politización, decisiones de inversión cuestionables, sobrecostos, rescates fiscales y ausencia de una verdadera gobernanza corporativa. No es solo la refinería de Talara o las gollerías de su burocracia; es el despilfarro y el uso irresponsable de recursos públicos.
La diferencia entre PDVSA y Petroperú es de escala, no de lógica. Venezuela utilizó su empresa petrolera para sostener un régimen dictatorial; el Perú la ha utilizado para evitar costos políticos de corto plazo. En ambos casos, cuando una empresa estatal deja de responder a criterios técnicos y pasa a servir objetivos políticos, el fracaso es inevitable.
El problema no es que el Estado tenga empresas. El problema es cuando no sabe gobernarlas. Sin directorios independientes, sin controles reales y sin rendición de cuentas, las empresas públicas se convierten en cajas políticas y riesgos fiscales permanentes.
El mensaje es ineludible de cara al Perú 2026. Las promesas de renta fácil, estatismo y confrontación con la inversión ya demostraron su destino. La economía Venezolana no cayó por falta de petróleo. Cayó por irresponsabilidad política, ausencia de gestión y por corrupción. Ignorar esa lección sería repetirla, con otros nombres, los mismos errores y un costo social que nuestro país no puede permitir.
