Durante demasiado tiempo, el Perú ha confundido el cambio de gobierno con el simple intercambio de una banda presidencial. Como si el poder empezara a existir recién al mediodía del 28 de julio, cada administración ha llegado a Palacio con la urgencia de quien desembarca en un territorio desconocido. Han sido largos años de improvisación, de ministros que descubren la dimensión de sus carteras una vez sentados en el despacho y de presidentes que empiezan a diagnosticar al Estado cuando ya deberían estar gobernándolo.
Por eso, la decisión de Keiko Fujimori de instalar una Oficina de la Presidenta Electa apenas concluido el proceso electoral merece ser destacada. No porque garantice el éxito de su gobierno —eso todavía está por demostrarse—, sino porque reivindica una idea elemental que el Perú había olvidado: gobernar empieza antes de gobernar.
La creación de un equipo dedicado exclusivamente a conducir la transferencia, realizar diagnósticos técnicos ministerio por ministerio, identificar programas críticos, evaluar obras en ejecución, conocer la disponibilidad de recursos y transparentar el estado en que se recibe el aparato estatal representa un ejercicio saludable de responsabilidad institucional. Significa entender que un gobierno no puede perder sus primeras semanas aprendiendo aquello que debió conocer antes de asumir el mando.
Puede parecer solo un gesto administrativo, pero es mediante este tipo de acciones que se definen los políticos.
Desde el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), el Perú no ha tenido administraciones que llegaran al poder con una estructura partidaria experimentada en el manejo del Estado. Los años posteriores estuvieron marcados por presidentes improvisados, outsiders sin partido, gobiernos accidentales, transiciones de emergencia o efímeras coaliciones construidas sobre la marcha. Incluso quienes llegaron mediante elecciones democráticas terminaron administrando el país sin cuadros técnicos suficientes.
Ese ciclo parece encontrar, al menos en esta primera etapa, un punto de inflexión.
Por primera vez desde el Partido Aprista Peruano, un partido con experiencia política acumulada y con cuadros formados durante décadas asume el Poder Ejecutivo mediante las urnas. Será también la primera ocasión en que Fuerza Popular deberá demostrar que la experiencia adquirida desde la oposición, el Congreso y los gobiernos regionales puede traducirse en capacidad efectiva para conducir el Estado.
La diferencia no es menor. Los gobiernos improvisados suelen creer que el tiempo es holgado y excedente. Los gobiernos preparados entienden que el reloj siempre está en contra.
Los primeros cien días de cualquier administración suelen exagerarse. Ningún presidente resuelve los problemas estructurales de un país en poco más de tres meses. Sin embargo, esos cien días sí revelan algo decisivo: el método con el que se pretende gobernar. Muestran si existe una ruta, una jerarquía de prioridades y una comprensión real de las urgencias nacionales.
Y las urgencias del Perú siguen siendo las mismas.
La inseguridad ciudadana continúa erosionando la vida cotidiana de millones de familias que pasan sus días extorsionadas, encañonadas por un teléfono o abrumadas por el sicariato en su cuadra. El sistema de salud arrastra la misma precariedad desde hace décadas, pese a los millones invertidos durante la pandemia que hoy se traducen en equipos abandonados pero en lujosas camionetas de exfuncionarios públicos. El transporte urbano permanece atrapado entre la informalidad, la ausencia de planificación y obras incompletas. Y la amenaza de un nuevo Fenómeno de El Niño junto a los últimos movimientos telúricos recuerdan, además, que la prevención sigue siendo la política pública más olvidada del país.
Ninguno de esos problemas desaparecerá porque exista una oficina de transferencia. Pero todos podrán enfrentarse mejor si quien llega a gobernar conoce con precisión el terreno sobre el que va a actuar.
Ese parece ser el verdadero valor de esta primera decisión.
Durante años, el Estado peruano vivió atrapado en una paradoja: cada nuevo gobierno prometía refundarlo mientras perdía meses descubriendo cómo funcionaba. El resultado fue una sucesión de administraciones que confundieron la voluntad con la capacidad y las buenas intenciones con la gestión pública.
La organización nunca ha sido una garantía de éxito. Pero la improvisación sí ha demostrado ser una garantía casi segura de fracaso.
Naturalmente, el crédito político otorgado por esta primera señal tiene un límite. La Oficina de la Presidenta Electa será recordada únicamente si logra traducirse en decisiones oportunas desde el primer día de gobierno. Si la transición termina siendo solo una vitrina comunicacional, el entusiasmo inicial se desvanecerá con rapidez. Si, por el contrario, permite acelerar las respuestas del Estado y reducir el costo de empezar de cero, habrá inaugurado una práctica institucional que debería convertirse en norma para todos los gobiernos futuros.
Toda transición es, en el fondo, una metáfora. Mientras unos entregan el poder, otros reciben también el peso de las expectativas nacionales. La diferencia entre una posta bien ejecutada y un tropiezo suele decidirse antes del disparo inicial.
Quizá esa sea la mejor noticia de estos primeros días. Después de demasiados años en los que el Perú pareció acostumbrarse a gobernar por reacción, comienza a insinuarse la posibilidad de volver a gobernar por planificación.
