El último quinquenio culmina con la elección de uno de los legisladores más cuestionados del Congreso de la República para asumir la Presidencia interina durante los próximos cinco meses: José María Balcázar. Esta afirmación no se basa en razones personales ni únicamente en su ideología —percepción controversial al haber llegado al Congreso con el partido de izquierda Perú Libre—, sino en su historial público: declaraciones polémicas sobre el matrimonio infantil, vínculos con Vladimir Cerrón, investigaciones fiscales por presuntos delitos de cohecho y prevaricato, y la expulsión del Colegio de Abogados de Lambayeque por irregularidades durante su gestión como decano departamental entre 2019 y 2020, entre otros antecedentes.
Balcázar representa un poder improvisado, sin dirección clara, integrado —con contadas excepciones— por legisladores más preocupados por las repartijas que por las necesidades del país. Es el colofón de un quinquenio parlamentario que vivió de espaldas a la ciudadanía. Nombrar como presidente interino a un legislador con su trayectoria evidencia un profundo desprecio por la institucionalidad y por los problemas urgentes que atraviesa el Perú; sobre todo, compromete la garantía de transparencia e imparcialidad de cara a los comicios generales que se celebrarán en menos de cincuenta días.
El partido que llegó al gobierno con promesas de Asamblea Constituyente y de cambio constitucional, identificado por analistas como parte de una corriente de izquierda con afinidades ideológicas con regímenes latinoamericanos, es ahora quien retorna al poder. Bajo la conducción de Balcázar —uno de los legisladores más controvertidos por declaraciones públicas y procesos en su contra— recae la responsabilidad de garantizar las elecciones generales que se realizarán en pocas semanas.
El Congreso tuvo la oportunidad de elegir un perfil capaz de generar consenso, confianza y credibilidad entre la población; sin embargo, optó por designar al más cuestionado. Esta decisión refleja la fragilidad de un Parlamento marcado durante los últimos cinco años por escándalos, disputas internas y falta de liderazgo, debilitando su capacidad de actuar en función de los intereses ciudadanos. Como resultado, los comicios se perciben al filo de la incertidumbre, mientras los intereses partidarios prevalecen sobre la urgencia de fortalecer la democracia.
Aun cuando el primer discurso de Balcázar en el Parlamento fue de unidad, colaboración y despojo de ideologías partidarias, la ciudadanía y la sociedad civil no pueden depositar confianza plena en estas palabras. La historia reciente demuestra que muchas promesas similares, especialmente de ese partido político, han terminado reducidas a meras declaraciones incumplidas.
La elección de Balcázar pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas profundas al sistema político y parlamentario. La acumulación de autoridades con trayectorias controvertidas genera un círculo vicioso que erosiona la institucionalidad y socava la confianza ciudadana, justo cuando el país requiere gobernabilidad para enfrentar problemas estructurales como la pobreza, la informalidad laboral y la inseguridad.
Es fundamental que los ciudadanos comprendan que la calidad del Parlamento depende directamente de su participación y exigencia. Elegir representantes competentes, íntegros y comprometidos con la democracia no es un lujo, sino una necesidad para evitar que situaciones como la designación de figuras sumamente cuestionadas, por decir lo menos, como José María Balcázar, se repitan. La conciencia cívica y el voto informado son las herramientas más poderosas para exigir responsabilidad, ética y transparencia en la política peruana.
La designación de Balcázar también evidencia cómo la fragilidad institucional impacta en la confianza ciudadana. Cuando los ciudadanos perciben que los puestos clave del Estado son ocupados por legisladores cuestionables, se erosiona la credibilidad de todas las instituciones y se profundiza la sensación de desconexión entre la clase política y la sociedad. Este clima de incertidumbre no solo debilita la gobernabilidad, sino que genera desconfianza en los procesos democráticos, justo en un momento en que la estabilidad política es crucial para afrontar los desafíos del país.
Esta presidencia interina no es un hecho aislado, sino un reflejo de los déficits estructurales del sistema político peruano. La institucionalidad y la capacidad de liderazgo siguen siendo relegadas, mientras los intereses partidarios y personales prevalecen. Ante esta realidad, corresponde a todos los actores políticos asumir su responsabilidad —si aún la tienen— y actuar con transparencia, legalidad y compromiso ciudadano, para que los próximos comicios sean una verdadera expresión de la voluntad popular y no el resultado de la improvisación parlamentaria que ha caracterizado a este quinquenio.
