En la política peruana, la vacancia presidencial ha dejado de ser un mecanismo excepcional de control para convertirse, en los hechos, en un camino desde el Congreso hacia Palacio de Gobierno. En menos de cinco años, tres expresidentes del Congreso de la República han terminado asumiendo la jefatura del Estado. El episodio más reciente fue la vacancia de la entonces presidenta Dina Boluarte, ocurrida el año saliente, que dio lugar a un gobierno encabezado por un excongresista que, en los comicios generales de 2021, obtuvo apenas 11 654 votos en Lima, es decir, un respaldo equivalente al 0,47 % del electorado de la capital.
Estas cifras revelan al menos dos problemas de fondo. El primero es la necesidad urgente de una reforma constitucional que impida que la vacancia presidencial sea utilizada de manera discrecional y sin márgenes claros en el próximo período presidencial. El segundo es la enorme responsabilidad política que recae tanto en el Congreso como en el electorado, para evitar que un Parlamento sobrerrepresentado —integrado, a partir del 28 de julio de 2026, por ciento noventa legisladores— promueva o avale mociones de vacancia cuya única finalidad responda a intereses partidarios o cálculos de poder, arrastrando nuevamente al país a una crisis democrática evitable.
Lo alarmante de este escenario no es lo que ya suscitó, sino lo que puede volver a ocurrir en el próximo quinquenio presidencial si se mantienen intactas las reglas y, sobre todo, las prácticas políticas que se han venido consolidando. La experiencia reciente ha dejado una lección a tener en consideración: vacar a un presidente es posible, es relativamente sencillo y, en determinados contextos, puede resultar políticamente rentable.
Esa lección no se pierde con el paso del tiempo. Al contrario, se incorpora al cálculo de los actores políticos que competirán en las próximas elecciones generales. Candidatos con bajo respaldo parlamentario, partidos sin mayoría propia y bancadas fragmentadas saben que gobernar será un ejercicio de equilibrio precario desde el primer día. En ese escenario, la vacancia deja de ser una amenaza remota y se convierte en una variable permanente del juego político.
El próximo presidente asumirá el cargo en un contexto especialmente adverso. Con un sistema de partidos débil, sin bancadas cohesionadas y con un Congreso probablemente tan fragmentado como el actual, el margen de maniobra del Ejecutivo será reducido. Cada decisión relevante estará sujeta a negociación, y cada error —real o percibido— podrá ser utilizado como argumento para reabrir la discusión sobre la vacancia.
Este panorama genera un incentivo perverso: en lugar de apostar por la estabilidad y la gobernabilidad, algunos sectores del Congreso podrían optar por una estrategia de desgaste temprano. No para corregir rumbos, sino para forzar una salida política que les permita reposicionarse o incluso acceder al poder. La historia reciente demuestra que ese cálculo no es teórico, sino perfectamente plausible.
Además, el hecho de que los presidentes del Congreso puedan terminar asumiendo la Presidencia de la República, en caso los vicepresidentes sean también vacados, introduce un elemento adicional de tensión. La línea de sucesión, concebida como un mecanismo de continuidad institucional, ha terminado convirtiéndose en un incentivo político concreto. De cara al próximo quinquenio, esa posibilidad estará presente desde el inicio del mandato, condicionando la relación entre ambos poderes.
El riesgo no es solo la caída de un presidente, sino la normalización de gobiernos transitorios, sin legitimidad electoral directa y con horizontes cortos. Ejecutivos que nacen de una vacancia suelen concentrarse en sobrevivir políticamente, no en impulsar reformas estructurales. Ello profundiza la sensación de provisionalidad y refuerza la idea de que el país se gobierna a empujones, sin rumbo claro.
Este escenario también afecta la calidad del debate electoral. Si los propios actores asumen que un presidente puede no completar su mandato, las campañas se vacían de propuestas de largo plazo. ¿Para qué plantear reformas profundas si el horizonte es incierto? La política se reduce entonces a promesas inmediatas y discursos defensivos, alimentando el cortoplacismo.
De cara al próximo quinquenio, el país se enfrenta a una disyuntiva clara. O se corrigen los incentivos que han convertido la vacancia en una herramienta recurrente, o se acepta, de facto, un modelo de inestabilidad crónica. No se trata de proteger a futuros presidentes de todo control, sino de evitar que la amenaza de la vacancia condicione desde el primer día el ejercicio del poder.
La pregunta que debería guiar el debate no es si el Congreso tiene derecho a vacar, sino cuándo y para qué. Mientras esa discusión no se aborde con rigor, el próximo gobierno estará tan expuesto como los anteriores. Y el Congreso, lejos de fortalecerse, seguirá cargando con la responsabilidad política de cada crisis que contribuya a generar.
Si algo ha demostrado la experiencia reciente es que la vacancia presidencial no resuelve los problemas que dice enfrentar. Cambia nombres, reordena mayorías, pero no mejora la gobernabilidad ni la confianza ciudadana. Pensar que el próximo quinquenio será distinto sin cambiar esta dinámica es, en el mejor de los casos, ingenuo.
El desafío, entonces, no es jurídico ni técnico, sino político. Consiste en decidir si el país quiere un próximo quinquenio marcado por la amenaza constante de la vacancia o uno en el que el voto ciudadano tenga un peso real durante todo el mandato. Lo contrario es aceptar que la inestabilidad no es una anomalía, sino la nueva normalidad.
En suma, la vacancia no puede seguir siendo un atajo a Palacio ni una herramienta de reconfiguración del poder cada vez que el Ejecutivo pierde respaldo parlamentario. O se recupera su carácter excepcional y se asume el costo político de gobernar y controlar con responsabilidad, o se acepta que el próximo presidente será, desde el primer día, un mandatario en prueba permanente. En ese escenario, el problema ya no será quién gobierna, sino si el país puede seguir siendo gobernado.
