Muchos son los mandatarios que nos han vendido la visión de país rico, justo e igualitario; es decir, todas las características propias de los países desarrollados. Sin embargo, al asumir el mando, pocos son los que establecen políticas específicas para alcanzar este nivel de desarrollo que tanto pregonan. Este artículo establece algunas directrices que, en opinión del autor, deberían seguirse en materia económica para poder alcanzar el estatus de país desarrollado que tanto anhelamos.
Inicialmente, estas directrices se dividen en tres categorías: nivel de apertura a la inversión privada -tanto local como extranjera-, ordenamiento territorial y sectores prioritarios por desarrollar, y el rol del Estado en la economía. Finalizamos el artículo mencionando algunos temas sin los que de ninguna manera podríamos alcanzar el desarrollo.
- Nivel de apertura a la inversión privada: a mejores condiciones para la inversión privada, mayor inversión, más trabajo, mayor competencia para conseguir mano de obra, mejores salarios y condiciones laborales, mayor desarrollo. No hay más, la evidencia empírica demuestra que, si se otorgan condiciones favorables para formar empresa en el largo plazo, mayores probabilidades existirán de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. El gobierno de Pedro Castillo está haciendo todo lo contrario.
- Ordenamiento territorial y sectores prioritarios: “si la vida te da limones, haz limonada”, interpretamos esta famosa frase como que debemos enfocarnos en nuestras ventajas comparativas, es decir, en lo que tenemos y hacemos mejor que otros. En nuestro caso tenemos minería, agroindustria, pesca industrial, entre otros. Explotemos lo que tenemos mientras el mercado le encuentre valor. Esta propuesta va de la mano con una correcta organización administrativa, que dé mayor protagonismo a las regiones.
- Rol del Estado en la economía: el Estado es, en general, un pésimo administrador de recursos, nuestra propia historia lo demuestra. Debemos fortalecer el rol subsidiario del Estado, la idea detrás de esta disposición es que el Estado está obligado a cumplir funciones indispensables en aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la administración de justicia, entre otras; y lo mejor que puede hacer es centrar todos sus esfuerzos y limitados recursos en las mismas. Asimismo, debe fortalecerse el accionar de los reguladores Osinergmin, Osiptel y Ositran, y seguir garantizando su independencia.
Cabe resaltar que ninguna de las políticas anteriormente mencionadas produciría los resultados esperados si seguimos teniendo instituciones precarias, estas son la base sobre la que se erige el desarrollo de largo plazo.