José Jerí, mandatario provisional, visitó el penal de Lurigancho y luego Sarita Colonia, confirmando lo que todos sabemos: la calamitosa situación en que se encuentran nuestros establecimientos penitenciarios.
Show mediático, sin duda, en busca de promover la imagen de un mandatario joven en acción, con camisa blanca, mangas remangadas, blujean y zapatillas deportivas, supervisando las requisas, donde los agentes encontraron —como sucede siempre— celulares, televisores, cuchillos y equipos electrónicos ocultos en las paredes de las celdas.
Lo sustancial es que las estadísticas del INPE demuestran que las cárceles no son centros de rehabilitación sino verdaderos depósitos humanos, insalubres y sobrepoblados. Peor aún, inseguros, con escaso control que facilita que desde ahí los delincuentes se relacionen con otros malhechores del exterior para planificar extorsiones, asesinatos o secuestros.
El problema es muy grave considerando la expansión de la criminalidad. En 2011, habían 48,789 reclusos. Hoy, superan los 100 mil, cifra a la que debemos agregar 2 mil menores de edad que pernoctan en centros juveniles, como el célebre Maranguita.
Algunos ejemplos ilustrativos: El penal del Callao tiene capacidad para 580 reos y cuenta con 3,248; un 503% de exceso; el cupo de Lurigancho es 3,204 y acoge a 9,581; 187% más; Castro Castro puede hospedar a 1,142 y aloja a 5,367; un superávit de 360%; Huacho dispone de 644 plazas y hay 1, 934 personas; Piura tiene espacio para 1,564 y habitan 3,897; en Apurimac hay sitio para 90 reos y se encuentran 465; en Jaén, Cajamarca, existe 5 veces más internos de los que pueden albergar y en Chanchamayo el déficit supera 520%.
La Unidad de Estadística del INPE revela, asimismo, que la capacidad de albergue a nivel nacional es de 41, 764 y la población penitenciaria escala 103 mil, un 147% demás. A esa cifra debemos sumar que 102, 811 están bajo régimen de semilibertad o libertad condicional. Sumados ambos sectores superan los 205 mil.
Otro dato interesante es el crecimiento de presos extranjeros, que registran 5,664; 4,234 de nacionalidad venezolanos y 804 colombiana.
No menos significativo es que 2,341 personas estén encarceladas por no pagar alimentos, cuando bien podrían cumplir la sentencia en sus domicilios para así reducir el hacinamiento, al igual que deben hacerlo personas enfermas y mayores de 70 años que no han perpetrado hechos de extrema gravedad como asesinatos, actos de terrorismo, contra menores de edad o sicariato.
En ese contexto sería importante formar una comisión especial, integrada por representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, Ministerio de Justicia y del INPE para que elaboren una relación de reos que puedan ser beneficiados con un indulto humanitario. Ese mecanismo ha dado buenos resultados en el país y el exterior.
La dinámica de Jeri debe enfocarse en acelerar la construcción o ampliación de penales porque desde mayo se anuncia que con apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) se ejecutanseis proyectos de infraestructura penitenciaria por un monto de 1,182 millones de soles en Ica, Huánuco, Amazonas La Libertad, Piura y Lima.
El país quiere cambios; no maquillaje; trabajo, no espectáculo o deslumbrantes fuegos artificiales, menos aún en un tema vinculado a la seguridad y los derechos humanos.
