La intención pudo haber sido buena. Regular el financiamiento político para impedir que el dinero sucio capture candidaturas suena impecable en un PowerPoint. El problema, como siempre en el Perú, no es la intención. Es el diseño. Y el diseño vigente logra algo prodigioso: convierte al ciudadano que quiere aportar legalmente en sospechoso mientras deja el campo libre a las organizaciones criminales que no aportan, compran.
Conviene poner los números. La Ley 32254, aprobada por el propio Congreso en enero de 2025, permite que personas y empresas nacionales financien partidos con topes de 200 UIT por partido por año (S/ 1.1 millones) y un máximo global de 500 UIT (S/ 2.75 millones). Todo aporte superior a S/ 1,375 debe bancarizarse. Todo debe reportarse a la ONPE. Todo es fiscalizable, sancionable y potencialmente punible. Las fuentes prohibidas incluyen entidades públicas, confesiones religiosas, personas jurídicas extranjeras y condenados por delitos graves. Un sistema que al menos en el papel persigue la transparencia.
Pero la pieza más extraordinaria no está en una ley ordinaria. Está en la Constitución. El artículo 35, modificado por referéndum popular en diciembre de 2018, establece que solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en radio y televisión mediante financiamiento público indirecto. En castellano: los partidos tienen prohibido contratar publicidad audiovisual incluso con su propio dinero legal. Toda propaganda pasa por la franja electoral, administrada por la ONPE. Para estas elecciones: S/ 80 millones distribuidos entre 38 organizaciones. El Estado decide cuánto, cuándo y por dónde. Los peruanos votaron, probablemente sin advertirlo, por restringir su propia libertad de comunicación política a rango constitucional. Revertir eso hoy requiere reforma constitucional.
La práctica llegó esta semana. Al menos diez partidos destinaron fondos de la franja a medios vinculados a sus propios militantes. Nativa Televisión, un canal que casi nadie conocía, recibió más de S/ 2.4 millones de siete agrupaciones con lazos a un solo canal regional. Una investigación de El Comercio identificó 64 candidatos al Congreso de 29 partidos con Registro de Formalización Minera vigente. La Fiscalía abrió investigación. Y la ONPE aclaró que la responsabilidad es de los partidos. La ley no contempla sanciones para este direccionamiento.
El escándalo no es la excepción. Es la consecuencia lógica ddirectos con el fundador del medio. Fuerza y Libertad asignó el 100% de su franja, casi S/ 1.7 millones, e un diseño que confunde transparencia con control. Todo el aparato regulatorio apunta hacia el dinero visible. Mientras tanto, según el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 78% de peruanos cree que las economías ilegales incidirán en los resultados de 2026. Las denuncias por extorsión superan las 75 diarias. Las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y la trata no llenan formularios. Financian fuera del sistema: logística territorial, proveedores fantasmas, seguridad paralela, intimidación. En distritos capturados no solo eligen al candidato: lo imponen.
He aquí la asimetría que define al modelo. Para el ciudadano formal: topes, bancarización, reportes, riesgo penal y prohibición constitucional de comunicar por medios masivos. Para las organizaciones criminales: campo abierto, sin fiscalización efectiva, con retorno político altísimo y riesgo cercano a cero. El candidato que quiere competir limpiamente queda asfixiado. El que acepta financiamiento informal obtiene recursos rápidos y eficaces. El sistema premia al que incumple y castiga al que cumple.
Una democracia liberal parte de un principio elemental: los ciudadanos son adultos capaces de decidir a quién apoyar, con su propio dinero, asumiendo consecuencias. El modelo peruano parte de la premisa opuesta: el ciudadano es sospechoso, el criminal es un problema posterior. Y todo fue diseñado por el mismo Congreso que luego se sorprende por la infiltración del crimen organizado.
¿Qué hacer? Cuatro reformas concretas.
Primera: modificar el artículo 35 para permitir propaganda privada en radio y televisión con trazabilidad y rendición de cuentas, eliminando el monopolio estatal que generó exactamente el mercado negro que pretendía evitar.
Segunda: reemplazar la obsesión por fiscalizar cada sol legal con inteligencia financiera real, auditorías forenses y coordinación con la UIF para detectar estructuras criminales repetitivas.
Tercera: sanciones personales, patrimoniales y penales para el direccionamiento de fondos públicos electorales, cerrando el vacío que Nativa desnudó.
Cuarta: debida diligencia real en la selección de candidatos, con filtros de antecedentes patrimoniales y vínculos con economías ilegales, trasladando la responsabilidad al partido.
La pregunta que debería encabezar cualquier reforma no es cuánto puede donar alguien. Es cómo se hace costosa, peligrosa e inviable la captura criminal del poder. Mientras el Congreso siga confundiendo formularios con seguridad, seguirá produciendo normas que tranquilizan conciencias y entregan la cancha a los peores jugadores.
