La diferencia entre una democracia que protege la libertad y una que la destruye no está en el número de votos. Está en la arquitectura que los contiene.
Hay una confusión que nos ha costado carísima: creer que democracia equivale a elecciones. Que bastaba con el sufragio universal, la urna y el conteo para quedar inmunizados contra el autoritarismo. La historia latinoamericana es el catálogo más brutal de ese error. Hugo Chávez llegó al poder con votos impecables. Néstor Kirchner también. Nicolás Maduro también. El mecanismo electoral, sin más, no protege a nadie. Lo que protege son las instituciones que rodean, limitan y fiscalizan al elegido. Sin ese andamiaje, la democracia no es un sistema de libertad: es un sistema de entrega ordenada del poder a quien sepa manipularla.
Friedrich Hayek lo entendió con claridad que sus contemporáneos prefirieron ignorar: la mayoría puede votar perfectamente por su propia servidumbre. Una democracia sin Estado de derecho sólido, sin separación de poderes real y sin garantías individuales no es una salvaguarda contra la tiranía. Es su camino de ingreso más elegante. El tirano moderno no llega en tanque; llega con los votos.
El tirano moderno no llega en tanque; llega con los votos.
Los fundadores de la república americana lo sabían. James Madison —el arquitecto intelectual de la Constitución de 1787— no era un optimista sobre la naturaleza humana. Era un desconfiado sistemático. Partía de una premisa que cualquier liberal honesto debe suscribir: los hombres que ocupan el poder son tan falibles y tan propensos al abuso como el resto. Por eso diseñó un sistema donde el poder frenara al poder. Los checks and balances no son una curiosidad anglosajona: son el reconocimiento de que ningún ser humano —ni el más virtuoso, ni el más ungido por “la voluntad del pueblo”— merece poder sin contrapesos.
Conviene hablar de Rousseau, aunque no para elogiarlo. Su “voluntad general” —esa construcción que proclama una voluntad colectiva superior a las individuales— ha servido de coartada para cada populismo que ha devastado algún país. Si existe una voluntad general que el líder encarna y que se llama “el pueblo”, entonces los tribunales que lo frenan son obstáculos; la prensa que lo critica es agente de intereses extraños; la oposición es traición disfrazada de democracia. Rousseau no firmó las órdenes de la guillotina durante el Terror francés, pero les puso el marco teórico. En el Perú, esa misma lógica ha producido ocho presidentes en diez años y culminó en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, cuando disolvió el Congreso por decreto para evitar su propia destitución. No fue una anomalía: fue la consecuencia natural de una cultura política que confunde el mandato electoral con el poder absoluto.
Tenemos elecciones razonablemente libres y un sistema institucional que se cae a pedazos. El Congreso legisla en función de blindajes personales. El Poder Judicial administra justicia con la velocidad de un sorteo. El Ministerio Público oscila entre la persecución política y la complicidad selectiva. El resultado es una democracia de baja intensidad: la forma electoral se mantiene, pero la sustancia —la protección de los derechos individuales, la igualdad ante la ley, la rendición de cuentas real— se evapora. Quienes atribuyen este fracaso al modelo económico o a presiones externas ofrecen una coartada cómoda con una sola virtud: exime de pensar.
Defender las instituciones no es defender las que tenemos. El Poder Judicial peruano no merece deferencia; merece reforma radical. Un Congreso que legisla para blindar a sus propios miembros no es una institución democrática: es una corporación de intereses privados con inmunidad constitucional. La diferencia entre el liberal y el populista no está en si critican estas instituciones fallidas —ambos lo hacen— sino en lo que proponen después: el liberal quiere reglas mejores y más firmes; el populista quiere un líder sin reglas.
La próxima vez que alguien invoque “la democracia” para justificar una medida que concentra poder, debilita controles o silencia críticos, hágase la pregunta que Madison habría hecho: ¿quién frena a este hombre? Si la respuesta es nadie —si los jueces callan, si el Congreso aplaude y si la prensa teme— entonces lo que se está construyendo no es democracia. Es su sepultura, decorada con votos.
