Uno de los pilares menos comprendidos —y más atacados en los últimos tiempos— del Estado moderno es el monopolio legítimo de la violencia. Max Weber, en su célebre conferencia La política como vocación (1919), lo definió con claridad: el Estado moderno es aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio. Este no es un capricho autoritario ni un rasgo militarista: es la condición necesaria para que exista la ley, el orden, y por tanto la libertad.
La izquierda contemporánea, sin embargo, lo ha convertido en blanco de su estrategia política. Lo hace con sutileza gramsciana: infiltrando el lenguaje, deslegitimando a la policía, exaltando al “protestante” por encima del ciudadano común. A través del discurso de derechos colectivos y justicia social, justifica la violencia de calle y transforma al agresor en víctima estructural. Este fenómeno, que se ha visto con claridad en las recientes manifestaciones en Lima, no es espontáneo: es una operación sistemática para vaciar de poder a las instituciones encargadas de proteger a los individuos.
La evidencia reciente es alarmante. Intentos de reeditar el “Merinazo” con movilizaciones supuestamente espontáneas, la destrucción de infraestructura pública como cámaras de seguridad, el uso organizado de bombas molotov y láseres contra la policía, no son actos de indignación ciudadana, sino tácticas paramilitares disfrazadas de protesta. Y frente a todo esto, la reacción institucional ha sido tibia, por temor a ser tildados de represores. El resultado: el caos.
Hobbes ya lo advertía en Leviatán (1651): sin un poder central que imponga orden, el estado natural del hombre es la guerra de todos contra todos. En nombre de la libertad, se disuelve la autoridad, y con ella la posibilidad misma de una vida pacífica. En el Perú, lo que está en juego no es la simpatía hacia un gobierno específico, sino la vigencia del principio que sostiene la convivencia: que solo el Estado —sujeto a controles democráticos— puede ejercer la fuerza.
La izquierda no busca únicamente cambiar gobiernos: busca modificar el concepto mismo de autoridad. Y lo hace erosionando la legitimidad de la fuerza pública, es decir, desarmando simbólicamente al Estado. Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, denunció con lucidez los intentos totalitarios de reingeniería social que, paradójicamente, usan la democracia para socavarla desde dentro.
El monopolio de la violencia estatal no es enemigo de la libertad: es su garante. Solo en un entorno donde el Estado ejerce legítimamente la fuerza, se puede proteger al individuo, al comerciante, al trabajador, al estudiante, de la coacción de otros. Solo entonces puede cada uno trazar y ejecutar su propio plan de vida. Defender este principio no es reaccionario: es profundamente liberal.
Quienes quieran una democracia sin orden, terminan con una tiranía de facto ejercida por los que controlan la calle. Por eso es indispensable recuperar el principio weberiano y recordarle a la sociedad que, sin Estado, no hay libertad; y sin fuerza legítima, no hay Estado.
La violencia sin ley es tiranía; la fuerza con ley es República.
