Cuando el sistema político está diseñado para el caos, el caos es el resultado
Ocho presidentes en diez años. No es el título de una novela de García Márquez, aunque bien podría serlo. Es el estado actual de la república peruana. Desde Kuczynski hasta Balcázar, el desfile no para. Y cada vez que llega un nuevo ocupante a Palacio, el ritual se repite: discurso de unidad nacional, gabinete de técnicos independientes, promesa de estabilidad. Solo uno completó su mandato. Los demás cayeron vaciados, renunciados o destituidos. Es un récord que avergüenza y que, sin embargo, ya no sorprende a nadie.
La reacción instintiva es buscar culpables. Los de izquierda señalan a las élites y al modelo neoliberal. Los de derecha apuntan a Castillo, al fujimorismo disfuncional o al narcotráfico infiltrado. Todos aciertan en los detalles. Ninguno da en el fondo. El problema no son las personas. El problema es el diseño —y en algunos casos, su sabotaje deliberado.
Imaginemos que el Perú fuera una empresa cuyos accionistas llevan una década cambiando de gerente general cada año. Cada vez que llega uno nuevo, reorganiza el directorio, cambia jefes de área y presenta un plan distinto. Cualquier auditor concluiría que el problema no está en los gerentes sino en los estatutos. En el Perú, esos estatutos se llaman Constitución, ley orgánica y reglamento del Congreso: un laberinto diseñado para proteger a quienes ya están dentro.
La vacancia presidencial —mecanismo pensado como última salvaguarda contra la tiranía— se ha convertido en el instrumento favorito de la ingeniería política criolla. La causal de incapacidad moral permanente, redactada con vaguedad suficiente para atrapar a cualquiera, permite al Congreso derribar presidentes sin probar delito alguno. Es la guillotina constitucional con filo para todos los cuellos excepto el propio. El resultado: presidentes que gobiernan mirando por el retrovisor y una burocracia que aprendió que el mejor funcionario es el que no firma nada comprometedor.
Friedrich Hayek lo advirtió con claridad: la democracia no garantiza la libertad. Una mayoría puede votar por su propia esclavitud si no existen límites institucionales al poder. El Perú tiene elecciones, pero no tiene Estado de derecho. Hay Congreso, pero opera como mercado de favores. Hay Poder Judicial, pero es una lotería donde gana quien tiene mejores conexiones. Hay Estado, pero está capturado.
A este cuadro hay que sumar uno de los actos más dañinos de la historia reciente, perpetrado por alguien que se presentó como reformador: Martín Vizcarra. En 2019 reemplazó el requisito de cerca de 700,000 firmas de adherentes para inscribir un partido por apenas 24,800 afiliados —el 0.1% del padrón. El efecto fue exactamente el previsible: proliferación de siglas sin raíces, sin ideario y sin base real. Si bien en 2024 se restableció parcialmente la exigencia elevando los adherentes requeridos a 531,412 firmas, el daño está consumado: los partidos nacidos bajo las reglas laxas de Vizcarra siguen en carrera. Hoy, hay 38 organizaciones políticas en la cédula del 12 de abril, la más compleja de la historia electoral peruana. El votante promedio no sabrá por quién votar, o votará equivocadamente, que para el caso es lo mismo. Atomizar el sistema de partidos no fue un error técnico: fue un atentado deliberado contra la democracia representativa.
Y cuando el Estado está capturado y el sistema de partidos es un bazar, el dinero ilegal no necesita ganar elecciones: basta con financiarlas. Las mafias del narcotráfico y la minería ilegal no llenan formularios de la ONPE. Financian fuera del sistema: logística territorial, intimidación, candidatos propios en distritos capturados. En esas circunscripciones no eligen al candidato: lo imponen. Cuando la mafia financia la campaña, no pide agradecimiento. Pide leyes.
La izquierda populista explota esta debilidad con una narrativa simple y seductora: las instituciones están corruptas, yo soy el pueblo, denme el poder y haré justicia. Funciona porque la frustración ciudadana es real. Pero la solución populista es peor que la enfermedad: destruir las pocas instituciones que quedan en pie solo garantiza más caos y más pobreza. Es la lección de Venezuela, Nicaragua y Bolivia que algunos siguen sin querer aprender.
El cambio no llegará de un mesías político ni de una nueva constitución. Llegará cuando las instituciones importen más que los caudillos: una vacancia que exija dos tercios del Congreso y verificación judicial previa; partidos con umbrales reales; una carrera civil profesional que sobreviva al cambio de gobierno; y un Poder Judicial con períodos fijos y selección por mérito. Lo que falta no es el manual: es la voluntad de una clase política que prefiere el caos manejable a un orden que la discipline.
Mientras tanto, el noveno presidente espera en algún lugar del tablero. Y los ciudadanos volverán a mirar el espectáculo con esa mezcla peruana de resignación e ironía que es, a su manera, la forma más triste de cordura.
Ocho presidentes en diez años no es un accidente de la historia. Es la factura que cobra, puntualmente, el mal diseño institucional —y a veces, su demolición intencional.
