La semana pasada recordábamos que la invención del Estado es, en teoría, uno de los mayores logros de la civilización: una estructura diseñada para garantizar orden, justicia y un marco de convivencia que permita el florecimiento humano. Sin embargo, en el Perú, esa herramienta ha mutado en algo irreconocible. Mientras los políticos se pelean por doctrinas, el ciudadano se enfrenta a un Estado que no es el facilitador del juego, sino un jugador torpe que termina por asfixiar a quien genera valor. Parafraseando al ex-presidente de Estados Unidos Ronald Reagan “En esta crisis actual, el gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”. Hoy, el debate político se pierde en una guerra de etiquetas entre “derecha e izquierda”, una distinción que la mayoría de peruanos no entiende ni le interesa, pues no resuelve sus problemas inmediatos. Estamos ante el proceso electoral de 2026, la tarea es rescatar el sentido común, ese lenguaje que todos entendemos porque se basa en la lógica y la eficiencia.
Esta búsqueda debe orientarse hacia alternativas que entiendan que el rol del Estado es claro y limitado: fortalecer la estructura que permita el libre emprendimiento y no pretender sustituirlo. Debemos elegir entre quienes proponen crear riqueza y quienes insisten en la vieja fórmula de repartir pobreza mediante el asistencialismo y el gasto ineficiente. Es fundamental enfatizar que un Estado efectivo no es un Estado ausente; por el contrario, su misión es crítica en funciones que solo él puede ejercer: asegurar el registro de la propiedad y la seguridad jurídica, mantener estándares sanitarios rigurosos, ordenar el espacio urbano y garantizar servicios básicos como seguridad, salud y educación con continuidad y calidad. El peruano es negociante por naturaleza; es una cualidad que debemos rescatar y desarrollar, pero para que esa energía emprendedora florezca, necesita un campo fértil con reglas claras y no un muro burocrático que castigue el esfuerzo.
Para que esto ocurra, es imperativo repensar quiénes manejan la maquinaria estatal. Existe una diferencia abismal entre el funcionario de confianza y el funcionario meritocrático. Mientras el primero suele responder a favores políticos —convirtiendo las instituciones en botines de campaña—, el segundo responde a la capacidad técnica y a una carrera pública basada en resultados. El sentido común nos dicta que el Estado no puede ser eficiente si sus puestos clave son ocupados por “amigos” en lugar de expertos. Necesitamos una administración donde el mérito sea la única puerta de entrada, garantizando que el dinero de nuestros impuestos sea gestionado por los más capaces y no por los más cercanos al poder de turno.
La verdadera reforma comienza cuando el Estado decide apartarse del camino; esto es, cuando reconoce que su rol no es ser protagonista del mercado, sino el guardián de las reglas que permiten que otros compitan. Apartarse significa dejar de asfixiar al privado con regulaciones redundantes y, sobre todo, dejar de dilapidar el dinero del contribuyente en sectores donde el sector público ha demostrado una incapacidad crónica de gestión. No existe mejor ejemplo de esta interferencia que el desastre que representa Petroperú. Mientras las postas médicas colapsan, el país ha quemado miles de millones de dólares rescatando una empresa estatal gestionada bajo criterios políticos. El sentido común dicta que el Estado debe abandonar su rol de empresario fallido y enfocarse en ser un regulador eficiente, entendiendo que cada sol desperdiciado en ineficiencia corporativa estatal es un sol que se le arrebata directamente a la seguridad y a la salud de los peruanos.
En esa misma línea de eficiencia, el próximo gobierno debe implementar el silencio administrativo positivo. Si la entidad no responde en el plazo legal, la respuesta debe ser un “sí” automático. El costo de la lentitud debe recaer en el burócrata y no en el ciudadano que intenta sacar adelante a su familia. Esto se complementa con una fusión de organismos duplicados; el gasto corriente ha crecido solo para alimentar planillas de direcciones que se pisan los pies entre sí, cuando el presupuesto debería llegar al servicio final y no quedarse en el escritorio de funcionarios que poco aportan al valor público.
Para que el espíritu negociador del peruano florezca, el sistema debe dejar de asfixiar la caja de las empresas. El peruano suele ser informal por expulsión, no por elección, debido a un sistema tributario que parece diseñado para quebrar al pequeño. Una propuesta de sentido común es la formalización progresiva con costo cero, otorgando, por ejemplo, licencias y tasas municipales gratuitas por los primeros veinticuatro meses de vida de un negocio. Asimismo, es urgente corregir la injusticia de obligar a las pymes a pagar impuestos por ventas aún no cobradas; el Estado no puede exigir su parte antes de que el emprendedor vea el dinero en su cuenta. Además, el salto al régimen general —con una renta anual del 29.5% apenas se superan las 20 UIT de venta— es un techo de cristal que debe escalonarse para dar oxígeno al crecimiento.
Hoy, el sistema castiga al que crece en lugar de incentivarlo. A esto se suma el aporte del 9% a EsSalud, un tributo que en la práctica no ofrece beneficio alguno, pues la falta de capacidad del seguro obliga al empleado y al empleador a buscar soluciones privadas externas. Si las pymes no perciben un beneficio real a cambio de lo que pagan, no habrá nunca una verdadera intención de pago ni una ruta sostenible hacia la formalidad.
Bajo esta misma lógica de ineficiencia estatal, debemos reformar profundamente el mecanismo de Obras por Impuestos. Actualmente, el proceso está asfixiado por un centralismo burocrático donde la aprobación de cada proyecto depende de una cadena interminable de permisos en Lima, lo que convierte un trámite que debería ser ágil en un proceso largo, costoso y desalentador. Es imperativo democratizar y descentralizar esta herramienta para que consorcios de empresas locales puedan ejecutar mejoras en su propio entorno de manera directa. Si una empresa puede arreglar su calle, mejorar la iluminación de su barrio o rehabilitar una posta vecinal a cuenta de sus tributos, la ejecución será infinitamente más rápida y transparente que cualquier licitación gestionada desde un ministerio centralizado que no conoce la realidad local.
La infraestructura debe ser vista bajo una lógica de conectividad que potencie el mercado. El costo logístico en el Perú es nuestra verdadera cordillera, y combatirlo requiere priorizar trenes de cercanías que saquen la carga pesada de las carreteras, reduciendo directamente el precio de la canasta básica. Es ingeniería aplicada al bienestar real, de la misma forma que lo es el despliegue de sistemas de bombeo para dotar de agua a las zonas periféricas hoy mismo, sin esperar décadas por megaproyectos trabados. Incluso en servicios sociales, la eficiencia digital es imperativa: la unificación de historias clínicas electrónicas entre las instituciones de salud es sentido común básico que ahorra dinero y salva vidas.
Al revisar el panorama hacia 2026, queda claro que estas reformas requieren de una voluntad política que no tema reducir el peso del Estado para aumentar su efectividad. Existen hoy partidos con propuestas alineadas con este pensamiento de libertad, mérito y eficiencia; es nuestro deber apoyar estas propuestas que buscan devolverle el protagonismo al ciudadano bajo el respeto irrestricto a la Constitución de 1993. Debemos alejarnos de esa visión estatal donde, como decía Reagan: “Si se mueve, ponle impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo; y si deja de moverse, subsídialo”.
El Perú no necesita un Estado gigante y omnipresente, necesita un facilitador eficiente que respete las reglas de juego. El sentido común debe ser nuestra brújula en las urnas para que el Estado pase de ser el problema a ser el motor que impulse nuestra naturaleza emprendedora.