Un día cualquiera en Lima, un empresario mediano revisa su plan de inversión y lo vuelve a guardar. No es que le falte capital. Le falta certeza. En paralelo, un pequeño agricultor en el sur sabe que podría producir más, pero el agua llega tarde o no llega, y la logística le come el margen. Y un joven formal, que paga impuestos y cumple, siente que “jugar bien” a veces castiga más de lo que premia. Ese es el Perú que entra nuevamente en un ciclo electoral: uno donde el problema no es la falta de recursos, sino un sistema de incentivos que desalienta la inversión productiva y posterga, una y otra vez, la infraestructura que hace posible el desarrollo.
Hace unas semanas, en el Economic Club of Minnesota Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, propuso un marco simple para evaluar la salud de una economía; él propuso que las sociedades pueden quedar atrapadas en malas “I” o activarse mediante buenas “I”. Aunque fue pensado para Estados Unidos, sirve para mirar el Perú con una claridad incómoda.
Las tres “I” del estancamiento, en clave peruana
Bessent identifica tres variables que suelen acompañar a las economías que pierden dinamismo: inmigración desordenada, inflación persistente y tasas de interés elevadas. En el Perú, estas tres fuerzas han operado simultáneamente, con una particularidad que conviene precisar: cuando hablamos de migración desordenada, el problema central no es el migrante, sino la mala gestión estatal, la falta de registro, integración y provisión de servicios para absorber la presión demográfica sin romper el tejido social.
La presión migratoria, mal gestionada por el Estado, se ha traducido en una expansión acelerada de la informalidad urbana. Hoy, más del 70 % de la población ocupada trabaja fuera del sistema formal, debilitando la base tributaria y saturando servicios públicos sin una respuesta estructural. Millones viven fuera del sistema, no por costumbre, sino porque el sistema los empuja afuera: demasiado caro entrar, demasiado lento cumplir, demasiado incierto formalizar.
Es ahí donde la inmigración desordenada amplifica el problema: no porque el migrante “traiga” informalidad, sino porque aumenta la presión sobre un mercado laboral que ya funciona como válvula de escape. Cuando el Estado no registra, no integra y no ofrece rutas rápidas de formalización, la economía absorbe a todos por la puerta de atrás. El resultado no es solo más informalidad: es menos productividad, menos recaudación, servicios públicos más frágiles, y una competencia desigual para quien sí intenta cumplir. En otras palabras, la informalidad deja de ser un fenómeno económico y se vuelve un problema de gobernanza.
La inflación, aunque hoy contenida respecto a los picos de 2022, dejó un daño persistente sobre el ingreso real de los hogares, especialmente en alimentos, transporte y vivienda. Y hay un matiz importante: la inflación macro puede verse “ordenada” en el promedio, pero la inflación percibida por el hogar se siente en la canasta básica y en la mensualidad de vida, y eso se vuelve política.
A ello se sumaron tasas de interés elevadas que terminaron contrayendo la inversión privada. En Perú el golpe no es sólo hipotecario; se siente fuerte en capital de trabajo para MYPEs y comercios, y se vuelve letal cuando coincide con una cadena de pagos frágil, especialmente si el Estado paga tarde y obliga a financiarse caro para cobrar tarde. Sectores intensivos en empleo como construcción y manufactura fueron los más golpeados, y cuando la construcción se frena, se siente rápido en la calle.
El resultado es un país que crece poco, invierte menos y percibe, con razón, que el esfuerzo individual rinde cada vez menos.
Las tres “I” del crecimiento: inversión, innovación e ingresos
La contracara del estancamiento es conocida: inversión privada sostenida, innovación productiva e ingresos reales crecientes. En el Perú, el capital existe, pero la confianza no. El país mantiene una cartera significativa de proyectos mineros, energéticos y de infraestructura que se paraliza por incertidumbre regulatoria, conflictividad social y debilidad institucional. Y vale decirlo sin rodeos: Perú sí tiene “pipeline”, pero se traba en gobernanza, permisos, arbitrajes, conflictividad y capacidad de ejecución. Sin reglas claras y previsibles, la inversión se posterga incluso cuando los precios internacionales acompañan.
Innovación sin incentivos reales
La innovación, entendida no sólo como tecnología sino como aumento sostenido de productividad, enfrenta en el Perú un problema menos visible pero profundamente estructural: los incentivos están mal diseñados. Según CONCYTEC, el gasto nacional de I+D en Perú equivale a 0.15% del PBI frente a 2.5% en países de la OECD, y además el mayor gasto se registra en universidades y sector público. El sector privado no tiene incentivos apropiados para hacer I+D.
En teoría existen mecanismos para promover la inversión en investigación y desarrollo, pero en la práctica están sobrerregulados y burocratizados. Los esquemas que permiten descontar gastos de I+D exigen procesos largos, validaciones técnicas complejas, auditorías ex ante y ex post, y criterios interpretativos cambiantes. Eso impide la inyección continua de recursos y empuja a las empresas a tratar la innovación como proyectos aislados, en lugar de procesos permanentes.
Pensemos en un caso simple, muy peruano: una empresa mediana agroindustrial quiere elevar rendimiento y calidad con riego tecnificado, sensores, software de gestión de campo y mejoras varietales. No busca “subsidios”, busca un marco que le permita experimentar, medir y repetir. Pero se encuentra con trámites lentos, requisitos formales excesivos, incertidumbre sobre si su gasto de I+D será reconocido en la declaración jurada, eso sumado a desembolsos públicos tardíos cuando intenta apalancarse en programas estatales. El sistema castiga el error, retrasa decisiones y eleva costos administrativos. El resultado es predecible: se innova menos y se innova más lento.
Todo ello termina reflejándose en el tercer indicador: los ingresos reales. El crecimiento del PBI no se traduce automáticamente en mejores salarios cuando la informalidad domina y la productividad no avanza.
Infraestructura: la “I” que ordena todas las demás
Sin infraestructura, la inversión no escala. Sin inversión, la innovación no se difunde. Y sin productividad, los ingresos reales no mejoran. La brecha de infraestructura en el Perú es tangible a simple vista: carreteras incompletas elevan costos logísticos, la ausencia de ferrocarriles modernos fragmenta mercados regionales y la falta de proyectos de irrigación limita la expansión agrícola en un país con enorme potencial agroexportador. Más grave aún, cuando la infraestructura no llega, el Estado tampoco lo hace, y la informalidad se vuelve la regla y no la excepción.
El trasvase como ejemplo de infraestructura transformacional
El debate sobre infraestructura suele reducirse a listas de obras y presupuestos. El verdadero impacto aparece cuando se piensa en proyectos que reordenan territorios completos. El Trasvase del Río Desaguadero es un ejemplo claro de infraestructura transformacional. Presentado en 2005, propone captar una fracción del caudal que hoy se pierde por evaporación en el altiplano y conducirla hacia la costa de Tacna, venciendo la cordillera con estaciones de bombeo. Superada la divisoria andina, el desnivel permitiría generar más de 120 MW de energía hidroeléctrica limpia.
El agua permitiría asegurar consumo humano para más de medio millón de personas y expandir y desarrollar de manera decisiva la frontera agrícola en los valles de Tacna, Sama y Locumba, alrededor de 60,000 hectáreas mayormente en manos de pequeños productores. Además, integra funcionalmente a Tacna y Puno, regiones unidas por flujos humanos, productivos y comerciales. Infraestructura hídrica y energética no solo genera empleo; consolida una frontera viva, reduce migración informal y fortalece presencia económica del Estado en una zona estratégica.
Y Tacna no es un caso aislado de “gran obra”. Hay dos categorías adicionales que el Perú debería tratar como plataformas, no como anuncios: corredores logísticos con accesos portuarios, almacenamiento y cadena de frío que bajen costos y conecten regiones a mercados; y agua combinada con tecnificación y agroindustria, no solo irrigar, sino habilitar empaque, transformación y escala exportadora.
Elecciones, incentivos y un criterio simple para votar
Las próximas elecciones no resolverán los problemas estructurales del Perú, pero sí definirán el marco bajo el cual se intentará hacerlo. El país no necesita empresarios dependientes del favor político ni proyectos diseñados para capturar rentas regulatorias. Ese modelo solo produce corrupción, captura del Estado y frustración social.
Lo que el Perú necesita es más exigente y a la vez más simple: reglas claras, competencia en igualdad de condiciones, seguridad jurídica e infraestructura estratégica que permita invertir, innovar y producir. Y, para que eso exista, hay un punto de partida innegociable: respetar el marco constitucional vigente. La Constitución de 1993, con los ajustes que el tiempo pueda exigir vía reformas responsables, ha sido el ancla de estabilidad económica y de derechos de propiedad que permitió reducir pobreza, atraer inversión y sostener el crecimiento por décadas. Por eso, un criterio práctico para evaluar a un candidato serio no es cuántas promesas ofrece, sino si está dispuesto a: (1) defender la constitución vigente, la cual garantiza estabilidad de reglas para la inversión productiva, (2) reformar incentivos para que innovar sea un proceso continuo y no un trámite, y (3) ejecutar dos o tres obras transformacionales con gobernanza real, permisos ordenados, gestión social y capacidad de ejecución. Verifiquen los planes de gobierno de sus candidatos y vean si están alineados con al menos estas tres variables.
