Escrito por • 10:06• Opinión

España gira a la derecha, pero ¿a cuál?, por Santiago Carranza-Vélez

Dos decretos de vivienda rechazados en el Congreso adelantaron el calendario político de España. Junts, uno de los socios que habían hecho posible la investidura de Pedro Sánchez, votó en contra; poco después, el presidente disolvió las Cortes Generales (el Parlamento) y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, nueve meses antes del final previsto de la legislatura. Esos comicios podrían poner fin a ocho años de gobierno de Sánchez y abrir paso a una mayoría de derechas en la que Vox pesaría mucho más que hoy.

Para entender por qué esa posibilidad cobra fuerza, conviene retroceder unos años. Durante la última década y media, el país ha atravesado una sucesión de crisis que alteraron su sistema político, debilitaron sus consensos y modificaron las expectativas de sus ciudadanos. Sánchez supo encontrar un camino hacia el poder entre aquellas fracturas. Hoy, su gobierno empieza a mostrar los límites de la fórmula que lo sostuvo.

Primero llegó la devastadora crisis económica iniciada en 2008. El desempleo, los desahucios y los ajustes deterioraron la confianza en las instituciones y, especialmente, en los dos partidos que se habían alternado en el gobierno desde los años ochenta: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda, y el Partido Popular (PP), de centroderecha. Para una parte de la sociedad, ambos pasaron a representar un sistema incapaz de protegerla. Podemos, a la izquierda del PSOE, y Ciudadanos, de orientación liberal, crecieron en ese espacio. España dejó de ser un país donde ganar las elecciones solía bastar para encontrar una mayoría de gobierno.

Después se agravó la crisis del independentismo catalán. En 2017, las autoridades regionales de Cataluña organizaron un referéndum ilegal y promovieron una declaración unilateral de independencia. El conflicto puso en cuestión la unidad territorial y fracturó también a la sociedad catalana. A las disputas sobre cómo repartir los costos de la crisis económica se añadió otra más elemental: quiénes debían seguir formando parte del mismo país. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno por el PP entre 2011 y 2018, gobernó durante buena parte de esas convulsiones. Su salida llegó mediante una moción de censura —el mecanismo que permite destituir al presidente si el Congreso respalda a un sustituto— impulsada por Sánchez, después de una sentencia que acreditó una trama de corrupción vinculada al PP. El dirigente socialista accedió al poder con una promesa de regeneración y una habilidad que marcaría su trayectoria: reunir a fuerzas muy distintas alrededor de un adversario común.

Los años de Sánchez llevaron esa fórmula lejos. Formó gobiernos de coalición con fuerzas situadas a su izquierda y buscó apoyos parlamentarios entre nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Entre ellos, EH Bildu, una coalición que integra a la izquierda abertzale —nacionalista vasca— procedente del entorno político de ETA, y Junts, el partido de Carles Puigdemont, quien encabezó el desafío independentista de 2017. La amnistía a los implicados en aquel proceso, que Sánchez antes rechazaba, terminó siendo una condición para renovar su mandato en 2023.

Aquí aparece una de las causas estructurales de su desgaste. Aquella mayoría reunía proyectos territoriales y económicos divergentes, unidos por el interés de impedir un gobierno de derechas. Eso podía facilitar una investidura, pero dificultaba una acción sostenida de gobierno. Cada socio conservaba capacidad para bloquear; la responsabilidad por el resultado recaía principalmente sobre Sánchez. La prolongación de los presupuestos de 2023 resume esa contradicción: negociar para permanecer acabó consumiendo una parte considerable de la energía necesaria para gobernar. El rechazo de Junts a los decretos de vivienda, con el que comenzó esta columna, volvió a mostrarla.

Los casos de corrupción que alcanzaron a antiguos hombres de confianza del presidente, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y los procedimientos judiciales que afectan a su esposa y a su hermano, con situaciones procesales distintas, agravaron el deterioro. Su costo político es especialmente alto para un dirigente cuya llegada al poder se justificó por la necesidad de regeneración.

Sin embargo, el cambio de ciclo tampoco puede explicarse únicamente desde el Parlamento o los tribunales. Existe una fractura material que atraviesa a la sociedad española. La economía crece, pero ese crecimiento convive con dificultades para construir una vida autónoma. Según el INE, el precio de compra de la vivienda aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026. Para quien ya posee patrimonio, esa subida puede significar enriquecimiento; para quien intenta acceder a él, significa una barrera mayor. La misma economía produce experiencias políticas opuestas.

Esto afecta particularmente a la izquierda. Su legitimidad depende de que el Estado ofrezca protección y posibilidades de progreso. Cuando esas expectativas se frustran, sus votantes pueden desmovilizarse incluso sin convertirse en derechistas. La vivienda es, según YouGov, el principal problema del país, y para el 69% de quienes dicen que votarán al PSOE es el más importante. Para perder una elección basta, a veces, con que quienes antes defendían al gobierno dejen de encontrar razones para hacerlo.

En ese escenario crece Vox, la derecha nacionalista liderada por Santiago Abascal. Su principal operación política consiste en conectar malestares que los partidos tradicionales suelen tratar por separado. La dificultad para acceder a una vivienda, la preocupación por la inmigración y las concesiones al separatismo quedan incorporadas a una explicación común: las instituciones han dejado de proteger a los españoles. La nación se presenta como el ámbito desde el que recuperar seguridad, pertenencia y capacidad de decisión.

Vox disputa también el significado de la rebeldía. Para una parte de los jóvenes, la izquierda representa ya el lenguaje de las instituciones y de la autoridad cultural. Desafiar sus códigos puede adquirir un sentido transgresor. Las encuestas divergen según el tramo de edad y la casa encuestadora, pero coinciden en que Vox dejó de ser marginal entre los jóvenes: en los barómetros de 40dB su mejor franja es la de 25 a 34 años, y en el de Sigma Dos de junio el PSOE quedó tercero entre los menores de treinta, por detrás del PP y de Vox. Esos datos obligan a tomar en serio esa inversión de papeles: la identificación entre juventud e izquierda ha dejado de ser una certeza.

Mientras tanto, sus coaliciones con el PP en cuatro comunidades autónomas —Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura— le permiten combinar protesta e influencia institucional: en Castilla y León, por ejemplo, el acuerdo de gobierno exige diez años de empadronamiento (inscripción en el registro municipal) para comprar una vivienda protegida y cinco para acceder al alquiler social. El PP ofrece sustituir a Sánchez; Vox aspira a convencer de que también deben cambiar los consensos con los que se ha gobernado. Esa diferencia ayuda a explicar por qué el desgaste socialista no beneficia exclusivamente a los populares.

A comienzos de noviembre, el promedio de DatosRTVE atribuía a PP y Vox unos 200 diputados, por encima de los 176 necesarios para una mayoría absoluta. El PP, sin embargo, perdería representación respecto de 2023, mientras Vox casi la duplicaría. Un promedio de simulaciones publicado en octubre deja además al PP sin mayoría en solitario y dependiente de Vox para gobernar en nueve de cada diez escenarios. Las elecciones siguen abiertas —en 2023, las encuestas previas también apuntaban a una mayoría de PP y Vox, y esa suma se quedó en 170 escaños—, pero la tendencia contiene una advertencia: el probable cambio de gobierno encierra también una transformación del equilibrio dentro de la derecha.

Compartir esta nota:

Facebook X LinkedIn WhatsApp
Santiago Carranza-Vélez

Santiago Carranza-Vélez

Politólogo

Ver todos sus artículos →
Last modified: 16 de noviembre de 2026
↑
Close