Una máquina de control 

Hay un proyecto de ley, firmado por el congresista Elías Varas Meléndez, que quiere crear el Colegio Profesional de Comunicadores Sociales del Perú. Suena bien, ¿no? Orden, ética, representación. Hasta que uno lee los detalles y entiende que no se trata de sumar, sino de dividir. No de fortalecer, sino de controlar.

El colegio nuevo agruparía a casi todos los que trabajan en comunicación: publicistas, creadores de contenido, gente de marketing, productores audiovisuales. Todos, menos dos grupos: los periodistas y los relacionistas públicos. Ellos se quedarían en sus colegios de siempre, como pisos diferentes de un edificio que ya no será el mismo.

La jugada es elegante. En lugar de cerrar medios o encarcelar periodistas —cosas que suenan a otros tiempos, a otros países—, se propone crear una estructura paralela. Un colegio grande, diverso, lleno de gente talentosa que, sin quererlo, servirá de contrapeso. Cuando el gobierno quiera opinar sobre un tema que afecta a la prensa, ya no tendrá que llamar solo al Colegio de Periodistas. Podrá llamar a este nuevo actor, más amplio, quizás más maleable, y decir: “Aquí está la voz de los comunicadores”.

Y la gente, ¿a quién le creerá?

Imaginen esto: una investigación periodística saca a la luz un acto de corrupción. El gobierno, en lugar de responder directamente, pide la opinión del flamante Colegio de Comunicadores Sociales. Y el colegio, por algún motivo, emite un comunicado cuestionando “los procedimientos” o la “ética” del reportaje. Aunque no tenga autoridad sobre el periodista, el titular ya está servido: “Comunicadores deslizan dudas sobre investigación de prensa”. El daño está hecho. La desconfianza, también.

Otra cosa: el colegio llevará un registro nacional de sus miembros. En teoría, es para planificar políticas de capacitación. En la práctica, es un mapa de quién es quién en el mundo de la comunicación. Un registro que, en manos de un Estado con tendencias autoritarias, puede servir para vigilar, presionar o etiquetar. Nada personal, solo “coordinación interinstitucional”.

Dicen que no interferirán con el periodismo. Pero no hace falta. Basta con crear una sombra larga, una voz alternativa, un espacio donde lo crítico se diluya entre lo corporativo, lo publicitario, lo institucional. Basta con quitarle centralidad al periodismo, reducirlo a una especialidad más, una más entre tantas.

Mientras tanto, el gobierno sigue hablando de diálogo, de institucionalidad, de ética. Palabras bonitas que, puestas en este contexto, suenan a algo distinto: a la construcción silenciosa de una jaula de terciopelo.

No se trata de prohibir. Se trata de cansar. No se trata de callar, sino de que haya tantas voces —algunas oficialistas, otras técnicas, otras neutrales— que ya no se sepa cuál es la que importa.

Al final, lo más triste no es la intención detrás de la ley, sino el silencio con el que podría recibirse. Porque no hay escándalo aquí, no hay censura clásica. Solo un reordenamiento gris, un cambio en el reglamento, una nueva sigla. Y mientras discutimos si es necesario o no otro colegio, alguien, desde su escritorio, sigue tejiendo la red.