Hace unos días se culminó una investigación elaborada por María Fernanda Pareja en Truman State University (EEUU) denominada “Violencia política como consecuencia de la desigualdad económica en Sudamérica” en ella se demuestra, un tema que se intuye pero que ha merecido poco estudio científico y mucho verbo político, que la desigualdad en el desarrollo y el terrorismo tienen una conexión natural en nuestros países.

Autores, como Ernest Halperin, Mueller y Weede (EEUU), y Ceboratev y Nef (Argentina) hablan de la relación entre la economía, la política y el terrorismo. Halperin se enfoca en la insatisfacción del pueblo con la condición económica y el estancamiento económico. Por otra parte, Ceboratev y Nef se enfocan en el rol de las libertades de los ciudadanos y la dirección del gobierno.

En esa línea de trabajo, Pareja analiza el rol de la desigualdad económica en el número de ataques terroristas en un año dado, utilizando índices de corrupción, desigualdad, crecimiento económico y libertad para observar la relación entre ellos.

Con los números analizados, se aprecia con facilidad que, aunque el bajo nivel de crecimiento económico no es el factor más influyente, si a éste se suman la corrupción y desigualdad aparecerán los ataques de la delincuencia terrorista en mayor número.

Dicho de otro modo, el desarrollo integral, económico, social e institucional es un generador de paz social convirtiéndose en un círculo virtuoso.

Y son, con estas conclusiones que se hace evidente la influencia nefasta de las izquierdas y el socialismo en nuestros países.

Los cierres de las operaciones mineras en los últimos meses producto de la anomia de este gobierno que se proclama de izquierda, las inversiones estancadas desde hace varios años por protestas de diversa índole y mucha mala fe de la política socialista tendrán como consecuencia violencia, los números nos lo muestran con crueldad.

Sucede que tenemos a vista el círculo completo, cerrada la mayor fuente de inyección de fondos a la economía nacional, se restringen aún más las inversiones y el gasto en desarrollo económico.

Lamentablemente, nos sobran autoridades regionales o locales con denuncias por corrupción, la mayoría de ellas proclamadas como socialistas o de izquierda, y éstas han demostrado, en varios años y gobiernos, tener una capacidad muy limitada para asumir las responsabilidades en el desarrollo económico de sus jurisdicciones a pesar de contar y haber contado con una cantidad muy grande de recursos financieros a través del canon minero.

Añadimos además un gobierno enemigo de la actividad privada, un conjunto de políticos de izquierda que se dedica a denostar de ésta y del Estado del cual participan y les da de comer. El resultado, es sencillo de prever, tenemos una administración pública a la cual se le ha perdido toda confianza y no tiene legitimidad para implantar políticas públicas.

Con ese conjunto de situaciones en la mesa, la consecuencia será obvia y está advertida, se viene, nuevamente, la violencia.

Las soluciones para evitar el desastre son múltiples, tomarán un largo tiempo y muchos cambios, pero tenemos una que es responsabilidad directa e inmediata de todos nosotros: las elecciones regionales y locales.

Las futuras autoridades deberán ser quienes impulsen la inversión privada con las distintas funciones y facultades que ya tienen, las que deberían propiciar una verdadera descentralización de la promoción de inversión privada pidiendo el retiro de la opinión del MEF en las iniciativas privadas autofinanciadas, pidiendo reformas que orienten a la mejor conducción de los contratos de bienes, servicios y obras.

Tendrán que ser las que impulsen las inversiones mineras, en infraestructura, forestales, turismo y todo sector genere desarrollo

Estas autoridades deberán impulsar una rendición de cuentas de carácter integral, que inicie en el diseño de las decisiones públicas, se verifique durante su ejecución y culmine con los resultados de la intervención. Será este ambiente transparente el que reduzca la corrupción y que poco a poco restablezca la confianza en el Estado y la legitimidad para gobernar.

Queda, nuevamente, en nuestras manos.