Hace dos años, Pedro Castillo envolvió al país en una sombra de incertidumbre al convertirse en el dictador más breve de nuestra historia. En un inesperado giro de los acontecimientos, llevó a cabo un golpe de Estado en vivo y en televisión abierta, temblando.

Desde las elecciones, las señales eran claras: Perú Libre no abrazaba los principios democráticos y expresaba abiertamente su deseo de instaurar una dictadura. Sin embargo, las artimañas de la posverdad y las mentiras propagadas por la izquierda capitalina, respaldadas por su maquinaria mediática y redes sociales, permitieron que la victoria electoral se materializara.

Se advirtió, pero muchos optaron por ignorar las señales. El rechazo a un apellido prevaleció sobre las alarmas de una inminente dictadura. Cuando Castillo asumió la presidencia, algunos se preguntaron dónde estaba el dictador que la derecha había prevenido. Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando el tirano reveló su verdadero rostro. Ante la amenaza de vacancia, Castillo optó por transformar la democracia en una dictadura.

Esta fecha debería ser grabada en la memoria colectiva de los peruanos y plasmada en nuestros libros de historia. Las escuelas deberían enseñar cómo Castillo intentó cerrar el Congreso, reformar el sistema de justicia, gobernar mediante decretos ley, desmantelar el Tribunal Constitucional y concentrar todo el poder en él y su séquito. Fue el día en que Castillo buscó tomar el país por la fuerza, pero su golpe falló en cuestión de horas.

El intento de golpe de Castillo fracasó porque carecía del respaldo militar. En su desesperación, anhelaba que las Fuerzas Armadas se unieran a su causa, pero estas, en un acto valiente, defendieron la Constitución y se rebelaron contra el dictador. Pero también otras instituciones hicieron bien su trabajo. Castillo fue vacado por el Congreso, la Fiscalía y la PNP no vacilaron en apresarlo y encarcelarlo. El neo-dictador pasó de ser una amenaza para convertirse en un reo.

Con Boluarte asumiendo la presidencia, muchos lo consideraron una victoria. Sin embargo, más que un triunfo, fue tan solo un alivio. Aunque Castillo ya no ocupaba el poder, la izquierda persiste en socavar las instituciones del país. Dos años después del fallido golpe, nuestras instituciones vuelven a estar en peligro, con la izquierda intentando retomar el control, invalidando a quienes actualmente las lideran.

La caída de Castillo nunca debió marcar el fin de la batalla contra la izquierda antidemocrática. Su fracaso fue solo un respiro. El Perú no se sometió a un dictador, pero eso no garantiza que otro tirano no intentará instaurar una dictadura en el futuro. La lucha debe continuar con más fuerza que nunca, porque en el Perú rápidamente podría surgir otro líder con intenciones similares.

No celebremos un triunfo ficticio; en su lugar, enfrentemos los desafíos que nos plantea actualmente y sigamos preparándonos para los futuros, que seguro serán más tenaces aún. No nos perdamos en la algarabía de los triunfos falsos.

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido Vía WhatsApp dele click a este link: 

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram: 

Dos años de la infamia

No es novedad que ciertos sectores de la élite política en Perú, con discursos sofisticados y estrategias mediáticas, reescriban la historia para justificar acciones que erosionan la democracia. La disolución del Congreso en septiembre de 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra, respaldado por Salvador del Solar y Vicente Zeballos, no fue la excepción. Un golpe de Estado disfrazado de acto democrático, amparado en retórica y en una narrativa cuidadosamente elaborada.

La izquierda caviar ha demostrado su habilidad para moldear los hechos a conveniencia. Los hechos objetivos se relegan a un segundo plano; lo esencial es promover una agenda que permita el control institucional. Frases como "Congreso golpista" o "Dina es dictadura" son muestras de cómo se distorsiona la realidad para justificar acciones políticas dudosas.

Un ejemplo reciente lo ofrece el debate televisado entre la periodista Diana Seminario y Salvador del Solar. A pesar de las conclusiones del Tribunal Constitucional, que sentenció que la disolución del Congreso fue contraria a la Constitución, Del Solar insistió en que repetiría sus acciones, negándose a reconocer la inconstitucionalidad del acto. Este rechazo a una autocrítica evidencia un desprecio preocupante hacia las normas democráticas y el Estado de derecho.

Cabe recordar que el propio Tribunal Constitucional, en un fallo posterior, determinó que "es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza" y reafirmó que solo el Congreso puede decidir el rechazo de una cuestión de confianza. No hay, por tanto, excusa válida para sostener que lo ocurrido en 2019 no fue un golpe de Estado.

Este episodio marca un antes y un después en la democracia peruana. No solo quebró la institucionalidad ya debilitada, sino que introdujo un peligroso precedente: utilizar los medios de comunicación y las movilizaciones sociales para encubrir un atentado contra el orden constitucional. Lo que vemos es el auge de una nueva forma de posverdad, donde la verdad se define por su aceptación social y no por su correspondencia con los hechos.

La democracia peruana, si bien herida, aún puede encontrar un camino hacia la recuperación. El Congreso tiene la responsabilidad histórica de avanzar con las acusaciones constitucionales contra Vizcarra y sus aliados. Solo con justicia y responsabilidad penal se podrá comenzar a reconstruir la legitimidad institucional perdida.

La mayoría silenciada debe hacerse oír. La democracia peruana no puede ser rehén de la retórica populista ni de quienes se ven a sí mismos como salvadores mesiánicos. Perú merece una democracia republicana, no una dictadura del discurso.

Golpe, a pesar de las mentiras

Para todo observador, es patente que el Perú vive un franco proceso de deterioro institucional y democrático. Algunos sectores sugieren que la vulneración permanente del Estado de Derecho implica que nos acercamos a un autoritarismo. Adornan estas presunciones calificando al Perú como un “régimen híbrido” entre la democracia y la dictadura. Sin embargo, desde este espacio, sugerimos lo contrario. La competencia y el canibalismo político-judicial, el desmanejo y la ineficacia generalizada en las políticas públicas, el apabullante crecimiento de la delincuencia y, ante todo, la reiterativa vulneración del Estado de Derecho, nos convierten en un “régimen híbrido” entre la democracia y la anarquía.


En el Perú, políticos y operadores judiciales —con pulsiones autoritarias, eso sí— han autodestruido el sistema, llevándonos a un estadio de hiperfragmentación del poder, más cercano a una anarquía que a una dictadura. No parece haber válvula de escape a esta situación. Las próximas elecciones avizoran un panorama de aún mayor fragmentación ante la posibilidad de que decenas de agrupaciones participen.


Tampoco parece haber un freno a la confrontación entre las diferentes partes del sistema de justicia. La batalla campal entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial, el Congreso y demás instituciones parece ser una en la que solo habrá perdedores.


A ello hay que sumarle que la base misma del sistema está en entredicho. Según Datum, un 63% de los peruanos no confía en los organismos electorales del país, mientras la JNJ usa todo su poder para mantener a las cabezas de dichas instituciones en sus cargos.


Esta confrontación de poderes ha desestabilizado completamente la ya baja capacidad del gobierno central para establecer políticas eficientes. Y si a ello le sumamos el mal diseñado sistema de autoridades subnacionales, no llega ninguna política o atisbo de mejora a una ciudadanía que, además de vivir con unos servicios básicos prácticamente inexistentes, soporta las secuelas de la pandemia, el desgaste económico nacional y la gigantesca ola delincuencial. Esta situación supone un descontento popular profundo, cataclísmico.


Para resolver la involución anárquica, se pueden desarrollar miles de propuestas de reforma. Algunos dirán, los más equivocados, que se necesita una nueva constitución, otros hablarán de reformas de partidos, también pedirán autoritarismo y un modelo Bukele, y no faltarán los que invocan soluciones “woke”. Seguramente los mil y un problemas del Perú necesitan de múltiples soluciones, pero por alguna tenemos que partir.


Empezamos este escrito explicando que existe un consenso sobre la gravedad del deterioro institucional y la necesidad de frenar las vulneraciones permanentes al Estado de Derecho. Para ello, creemos que lo esencial, el punto de partida, es una reforma en el sistema de justicia. En ese sector, la crisis es endémica y afecta todos los ecosistemas de vida de los peruanos.


Desde el policía de la calle hasta las máximas autoridades electorales están cuestionados. La validez de los procesos electorales es opaca y, al mismo tiempo, vemos noticias diarias sobre cómo el sistema no puede procesar a delincuentes comunes. Observamos, a su vez, cómo existen investigaciones abusivas sin fin, cómo hay autoridades judiciales completamente politizadas y también cómo los políticos infiltran el sistema judicial.


Si en los años ochenta y noventa el país involucionaba por culpa de la hiperinflación y el terrorismo, los males endémicos de la última década han sido la politización de la justicia y la judicialización de la política. Eso debe parar de una vez y cambiar, ya que al día de hoy es el mayor freno al desarrollo nacional, hundiéndonos en un sistema anárquico.


Hay propuestas ya encaminadas, como la creación de una Escuela de la Magistratura, que ayudaría a crear un servicio judicial autónomo y profesional, pero desde este espacio creemos que se necesita ir más allá. Es menester realizar una reforma integral del sistema judicial peruano. Así como en su momento se realizaron reformas profundas y dolorosas en la macroeconomía, se debe aspirar a una reforma total, integral del sistema judicial. Sin ello, seguiremos trazando el sendero hacia la anarquía y el subdesarrollo.


Seguiremos escribiendo sobre el tema en futuras entregas.

La Reforma Urgente

Pocas veces en la historia ha sido tan esperado un discurso del 28 de julio como el del día de hoy. El silencio de la presidenta y la incertidumbre política que nos envuelve han creado una expectación sin precedentes entre los peruanos, quienes anhelamos, sin duda alguna, un destello de esperanza en las palabras de nuestra mandataria. Todos queremos al menos ilusionarnos con un panorama mejor del que estamos viviendo actualmente, pero desde este diario tampoco queremos infundir falsas esperanzas.

No cabe duda de que uno de los temas que más urge escuchar en este 28 de julio es cómo su gobierno abordará la creciente inseguridad que azota y se intensifica en nuestro país. Ciertamente, no buscamos un discurso irreal, sino una exposición sincera sobre cómo pretende enfrentar este problema. Queremos conocer el verdadero plan de acción de este gobierno, si es que existe.

El Perú no es un país seguro, y las medidas implementadas durante el mandato de Boluarte no han producido el efecto esperado. Los numerosos estados de emergencia decretados no han logrado mejorar la situación apremiante en la que nos encontramos, con el crimen apoderándose cada vez más de nuestras calles. La percepción de inseguridad en el país supera el 95%. Las mafias se adueñan de la libertad de los negocios que subsisten día a día, y hasta ahora, no ha habido un freno efectivo por parte del Estado.

Mientras tanto, la minería ilegal constituye otro problema clave que este gobierno debe enfrentar. Las mafias dominan el sector minero, mientras los proyectos que podrían tener un impacto realmente positivo esperan ser formalizados (a excepción de Tía María, que es quizás el mayor logro del gobierno en este año).

¿Cuál será el plan de acción de Boluarte?

La estrategia para combatir la minería ilegal es esencial para el futuro del país. Entre el 20% y el 30% del oro peruano se contrabandea por Bolivia debido a la actividad de miles de mineros informales. La forma en que el gobierno abordará este problema nos lleva a otro punto crucial que esperamos que la presidenta detalle en su discurso: la reactivación económica y la inversión privada. Actualmente, los incentivos para invertir en el Perú son insuficientes, por no decir deprimentes. El país se vuelve cada día menos atractivo para la inversión, y esto se refleja en nuestro crecimiento. No haber superado el 5% de crecimiento en los últimos años evidencia la debilidad del gobierno en este asunto. No es casualidad que, en un año y medio de gobierno, la mandataria haya nombrado a tres ministros distintos. No existe un clima de confianza, y la jefa de Estado debería, en su nuevo pronunciamiento, explicar cuál es su plan para revertir esta situación.

¿Qué dirá Boluarte? Esperamos que su discurso no solo proponga un plan favorable para el futuro del país, sino que también demuestre una capacidad real para implementar y materializar estos cambios que son sumamente necesarios. Más allá de palabras vacías y promesas incumplidas, necesitamos acción concreta por parte del gobierno.

¿Qué dirá Dina?

La balanza de la justicia internacional ha sido manipulada en las últimas décadas. Un sector ideológico ha capturado instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), politizándolas para convertirlas en artilugios de propagación de su agenda, a menudo en detrimento de su función primordial de impartir justicia.

Un claro ejemplo de esto ha sido la última orden de la Corte IDH a nuestro Congreso. Dentro del parlamento se ha aprobado, teniendo pendiente una segunda votación, que se deroguen los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Sin embargo, este proyecto de ley no le ha gustado en absoluto a la corte internacional, de forma tal que ha ordenado que los poderes del Estado peruano tomen las acciones necesarias para evitar que esta ley sea promulgada.

Otra vez la CIDH intenta intervenir en la soberanía del Estado peruano. Recordemos que no es la primera vez que dicho aparato internacional ha intentado que en el Perú se suspendan funciones propias de la división de poderes con tal de favorecer a su agenda ideológica. Una muestra de ello fue la orden de no liberar al expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que otorgar un indulto humanitario es una facultad del Ejecutivo, ratificada por el máximo órgano constitucional del país, el Tribunal Constitucional.

Esta nueva directiva de la Corte IDH insta al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a que intervengan para que el Poder Legislativo no pueda cumplir con una de sus funciones esenciales, como promulgar una ley. En otras palabras, dicho órgano ha ordenado al Perú ignorar la división de poderes, permitiendo que entre poderes interfieran en las competencias específicas e independientes del Legislativo.

Esta grave intrusión en nuestra soberanía y en nuestra Constitución, que reconoce la existencia de tres poderes independientes en el Perú - Legislativo, Ejecutivo y Judicial - no puede pasar inadvertida. Debemos hacer frente a las razones por las cuales se pretende que cometamos tal atropello a nuestra constitucionalidad.

Parte de nuestra población, básicamente la izquierda, se encuentra indignada por la aprobación inicial del proyecto de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, en nuestro país, la dignidad y la indignación han sido palabras usadas de manera ligera y en contextos más que deplorables. Fue la malinterpretada dignidad de muchos la que llevó a Pedro Castillo y su cúpula de corrupción al poder, y hoy, la supuesta indignación del sector caviar nacional es la que objeta la aprobación de esta ley.

¿Pero por qué el Congreso pretende que se prescriban los delitos de lesa humanidad previos al 2002?

Este proyecto tiene como propósito respetar uno de los principios más fundamentales del derecho penal: el principio de legalidad. Este principio señala lo que en latin se dice “nullum crimen nulla poena sine lege”, que significa que no puede haber crimen, ni tampoco pena, si no existe una ley antes.

Lamentablemente, para la cúpula caviar peruana y para la Corte IDH, este delito fue reconocido en el Perú tras ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en julio de 2002. Esto debido a que desde esa fecha, este delito se volvió parte del sistema de justicia. Ni siquiera los terroristas fueron condenados por este delito, ya que no existía. Sin delito, no hay pena.

La intención del Congreso, por lo tanto, no es abolir un delito, sino asegurar que se cumplan los estándares de un Estado de Derecho y que se respeten sus principios. Que no se condene por delitos que no existían en nuestro país.

Por lo que esta nueva intromisión de la Corte IDH demuestra su falta de interés en que en Perú se haga justicia de verdad. Este organismo internacional no pretende fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, sino debilitarlo, ordenando que nuestros poderes interfieran entre sí, a pesar de su autonomía, con el fin de que los principios legales de nuestra legislación no se vean cumplidos.

Intromisión en el Perú

El Perú, una vez más, se encuentra bajo el escrutinio de los representantes de la izquierda internacional. Nuevamente, se pretende subyugar nuestra soberanía, sometiéndola a los designios de una agenda ideológica progresista y socialista. Esta semana, dieciséis embajadas y delegaciones de diversos foros internacionales, entre ellas las de Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Reino Unido, han suscrito un comunicado manifestando su oposición a la propuesta legislativa de modificar la ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el propósito de incrementar la transparencia y supervisión de los recursos gestionados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Estas críticas desmesuradas ocultan intereses más profundos, pues el proyecto en cuestión refleja una realidad presente en muchos de los países firmantes del comunicado, como Estados Unidos y Reino Unido. En otras palabras, estos países rehúsan permitir en Perú una supervisión de los recursos de las ONG que ellos mismos practican en sus propios territorios.

En nuestro país, las ONG han disfrutado durante años de una considerable libertad en comparación con otras entidades privadas, beneficiándose de una normativa indulgente y poco fiscalizadora. Esta semana se ha revelado que diversas organizaciones no gubernamentales internacionales financian en la sombra a varios medios de comunicación peruanos, con el fin de promover sus agendas.

Es indudable que la izquierda busca controlar la opinión pública y, ante su incapacidad para formar un partido político que convenza a la ciudadanía, ha optado por otra vía: dominar el sector de los medios de comunicación mediante convenios estratégicos. Dos de los organismos que estarían financiando radios, podcasts y diarios son IDEA Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una agencia del gobierno estadounidense supuestamente destinada a brindar ayuda exterior. Este financiamiento se disfraza de altruismo, pero en realidad persigue objetivos políticos propios de la izquierda.

El director de IDEA Internacional, en defensa de estos pagos, ha declarado que el Perú es el país con el mayor porcentaje de personas dispuestas a aceptar un golpe de Estado si este contribuye a frenar la corrupción; precisando, además,  que nuestra vida democrática está en riesgo. Ante estas aparentes preocupaciones, justifica que la entidad decida intervenir en los medios de comunicación, supuestamente para combatir esta situación.

Estas organizaciones pretenden imponer su versión de los hechos a través de los medios que financian, buscando popularizar su narrativa entre la población. El objetivo evidente es manipular la opinión pública, todo ello bajo el manto de un falso altruismo social. Actúan así porque no desean ningún tipo de control, temiendo que se descubran sus verdaderas intenciones. Utilizan las plataformas que financian para oponerse a cualquier iniciativa desfavorable a sus intereses, como el proyecto de ley para modificar la APCI.

Temen a la transparencia porque prefieren operar en las sombras, donde es más fácil propagar su agenda. Esa es la verdad del asunto. Si las ONG fuesen más supervisadas, sus actos supuestamente altruistas no pasarían inadvertidos y les resultaría mucho más difícil manipular los medios de comunicación. Alegan preocuparse por la democracia y la institucionalidad, y acusan que este cambio normativo iría en su contra, a pesar de que en los países "del primer mundo" sí existe transparencia y supervisión.

Este control a los medios de comunicación, los cuales se han prácticamente vendido a una ideología es preocupante. Es momento de abrir los ojos y empezar a cuestionar. Es momento de analizar los fines detrás de los medios de comunicación y de quienes los financian. Quieren que aceptemos una sola versión de los hechos, la que ellos desean mostrar, para así mantenernos en el engaño y en la ignorancia. ¿Lo que nos dicen es la verdad o es solo lo que nos quieren contar? Hoy ya no sabemos qué creer. Ya no nos brindan información, sino juicios de valor como si fuesen noticia.

¿A quién le creemos?

"El que calla, otorga", reza la famosa frase. Y quien ha guardado un silencio sepulcral en los últimos meses ha sido la presidenta del Perú, Dina Boluarte. La jefa de Estado ha mantenido un mutismo inquebrantable durante más de 70 días, sin ofrecer declaraciones a ningún medio de comunicación, salvo a las agencias propias del Estado. Este silencio pone de manifiesto la incapacidad de la mandataria para responder a las severas críticas que enfrenta su gobierno, mientras su aprobación sigue en caída libre, situándose actualmente en un exiguo 5%. ¿Será esta estrategia el comienzo de su fin?

El panorama para Dina es lúgubre. En más de año y medio, no ha logrado combatir la inestabilidad política; el crimen y la inseguridad solo aumentan. El 27% de los peruanos fueron víctimas de un delito en el último año, casi un tercio de la población. Asimismo, el gobierno actual no es capaz de contrarrestar la creciente inestabilidad política. Boluarte y sus ministros carecen de aliados, no cuentan con respaldo alguno, y más bien enfrentan el repudio no solo del sector político nacional, sino también de la prensa y el de la población. A ello se suma el gran descontento del sector empresarial. La aprobación de la presidenta entre los directores generales de las empresas en el Perú ha caído del 71% al 12% este año, según Ipsos, ahuyentando así a la inversión. Todo el escenario es sombrío para Boluarte, y frente a la crisis, prefiere mantener silencio.

La falta de pronunciamiento por parte de nuestra mandataria no solo denota su incapacidad de gobernar, sino también la fragilidad y debilidad de su mandato. Escondida detrás de sus ministros, sin dar la cara a un pueblo que exige respuestas. El mutismo de Boluarte añade más leña al fuego, demostrando así a su oposición que, si hay un momento para atacarla, es ahora.

El aislamiento de la presidenta no la favorece. Boluarte se recluye y se esconde mientras en el Congreso se preparan para un cambio en la mesa directiva, cuando el tablero empieza a moverse. Los congresistas alistan sus votos para el nuevo presidente del Congreso. Una vacancia podría ponerse sobre la mesa entre los pactos del parlamento.

Su silencio potencia las críticas de la izquierda, quienes acusan que la mandataria permite a su “congreso de derecha” actuar a su antojo, ante el desgobierno actual. Incitando, incluso, a la población a ejercer su derecho de insurgencia. El sector zurdo, lavándose las manos, olvidándose que, si Dina está hoy en el poder, es gracias a que formó parte del plan de gobierno de Perú Libre, al cual respaldaron frívolamente.

Cuanto más mantenga su silencio la presidenta, más sombrío se verá su futuro como jefa de Estado y más indefenso se verá su gobierno. Demostrando no solo que no es capaz de gobernar, sino que, asimismo, no sólo no está preparada para enfrentar a la prensa, sino a una posible vacancia en el horizonte.

Un silencio que llama a derrota

Antauro Humala se ha vuelto el enemigo público número uno de gran parte de la nación y acapara una exagerada cobertura mediática.Es por ello que, desde el Poder Legislativo, diversas bancadas están intentando que se apruebe un proyecto de ley para evitar que criminales como él puedan ser candidatos al cargo más importante del país. Pero son otro tipo de criminales los que pueden llegar a tener más chances de llegar a Palacio de Gobierno.


Desde la izquierda, se busca hacer creer que Antauro será su candidato oficial, de ahí ciertas nuevas y distractivas alianzas. Esto con el fin de que los sectores democráticos pongan la mira en él, mientras atan los cabos necesarios para lanzar su verdadero proyecto: un candidato que entre comillas invoque a la cordura, la prudencia y la experiencia entre radicales como Humala y la segura fragmentación de los derechistas.


El candidato del que hablamos es Martín Vizcarra Cornejo, ex presidente actualmente inhabilitado para ejercer la función pública.


El denominado “lagarto” no se ha alejado de la esfera política en todo este tiempo. Inscribió su partido, Perú Primero, a mediados del año pasado y está llevando una campaña de redes sociales extremadamente efectiva. En redes como Tik Tok, por ejemplo, ya cuenta con más de 600 mil seguidores.


Quien diera un golpe de Estado el 30 de septiembre del 2019, deja entrever cuál es su estrategia en redes sociales. En su retórica predomina el victimismo frente a la injusticia del sistema judicial. Y celebra acciones como la del fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, quien archivó la investigación en contra del ex mandatario en el caso de las pruebas rápidas del Covid-19. Un acto de impunidad manifiesta.


Este archivamiento no es por ninguna parte una coincidencia. Está enmarcado dentro de un plan de futuras absoluciones para Vizcarra, con miras a proyectarlo como candidato presidencial. El regreso de Zoraida Ávalos a la fiscalía y el sostenimiento de la Junta Nacional de Justicia va en la misma dirección.


La cúpula de la izquierda caviar no pretende ser representada por Antauro Humala, solo lo utilizan. Además, confunde a la población y a sus rivales dándole brillo mediático a otros chivos expiatorios como el partido Lo Justo, que es muy probable que no llegue a inscribirse, y la candidatura de López-Chau, un bluff “académico”.


El verdadero plan de la cúpula caviar es volver a apostar por quien les fue efectivo y los encumbró en lo más alto del poder. Más temprano que tarde, cierto sector del Poder Judicial buscará levantar el impedimento de postular a Vizcarra. Sin lugar a dudas.


Con esto no queremos decir que personajes como Antauro no sean una amenaza. Todo lo contrario. Buscamos esclarecer quién es el mayor enemigo, quién posee mayor poder y cómo están tratando de engañar a la población y a otros sectores políticos. A los radicales se les puede ganar en las urnas, a los mafiosos que controlan el “estado profundo” será más complicado. Ya van varias elecciones en las que los demócratas perdieron contra ellos.

El verdadero plan

Ante la falta de vigencia y la ausencia de los partidos consolidados, los grupos políticos han generado organizaciones sustitutas para ejercer poder en el Perú. A través de los medios, las redes, las asociaciones de la “sociedad civil”, los organismos no gubernamentales, los jueces y fiscales, entre otros, diversos grupos políticos operan para la consecuencia de sus fines. Todos los grupos entienden este dilema, pero la gran mayoría no ha aplicado este nuevo paradigma político con eficacia, excepto uno.


Esta nueva forma de organizar y operar también se desenvuelve en nuevos tiempos, los tiempos de la posverdad, ¿Qué es más eficiente para distorsionar la opinión del público? ¿Un comunicado de la dirigencia de un partido o veinte comunicados de veinte asociaciones distintas, todas con nombres que aparentan altruismo? ¿Una entrevista de un político tradicional o diez influencers con 5000 cuentas falsas que repiten mensajes (incluso con softwares especializados) y, a su vez, se encargan de desacreditar a cualquiera que dé la contra a los designios de su grupo?


Esta nueva forma de organizar el poder a través de organizaciones satélite y operadores digitales y mediáticos funciona perfectamente en la era de la posverdad, donde no importan los hechos, sino brindar la apariencia de opinar en mayoría, aunque el fondo de la versión sea falsa.


De esta manera, ante cada crisis política que enfrenta bandos, uno de ellos comienza la proliferación de sus torrenciales herramientas de posverdad. Miles de cuentas trolls organizan sus mensajes en base a las opiniones de sus influencers, que , a la vez, se respaldan en los comunicados de sus asociaciones “altruistas” o satélite. Y los periodistas de los grandes medios, donde debería tratarse la información con ángulos más profundos y mayor profesionalismo, hacen exactamente lo mismo que los influencers y sus cuentas falsas: utilizar esos comunicados como argumento y a los “expertos” de esas asociaciones como fuente.


¿El resultado? Que un grupo político imponga su versión de los sucesos a través de la desconcentración de su poder. No necesitan un partido, sino decenas de microorganismos.


En los últimos años hemos visto innumerables operativos para manipular la opinión pública utilizando estos mecanismos. Y esta semana se ha redituado, aunque con menor éxito.


Una asociación fundada hace poco más de un mes, la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, emitió un comunicado criticando e intentando deslegitimar la decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada la inhabilitación a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ipso facto, diversos medios de comunicación resaltaron dicho comunicado, incluso titulando en plural, como si todos los constitucionalistas peruanos estuvieran adscritos a la novísima entidad. Los firmantes del comunicado eran abogados que ostentaron cargos de ministro en gobiernos como los de Paniagua, Ollanta o Castillo, los demás firmantes eran docentes de la PUCP.


¿Algún medio de comunicación dijo que la asociación tenía poco menos de un mes de fundada? ¿Alguno de esos medios señaló que existe, desde hace muchos años, una Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que tiene como miembros a muchos de los expertos de mayor renombre y una gran serie de publicaciones especializadas? No, por supuesto. Lo que interesaba era instaurar la versión de los hechos provenientes de una nueva asociación satélite del grupo político más eficiente en la desconcentración del poder y, por ende, en el control de la opinión pública.


Ejemplos de manipulación informativa como estos abundan como la cantidad de asociaciones satélites, las cuales, la gran mayoría, se financian con fondos internacionales, pero terminan operando políticamente en temas internos, un conflicto de intereses de muy dudosa legalidad.


El panorama está claro. Si un grupo político quiere influenciar o incluso monopolizar la opinión pública, es mucho más efectivo si desconcentra su poder, y crea microorganismos que operen en pared con los influencers, los trolls y los periodistas sujetos a la ventriloquía. A los periodistas de verdad, les toca cuestionar esta falsa apariencia de mayoría, de “conocimiento de experto” de asociación “altruista” (más bien satélite) e investigar los intereses que las hacen funcionar.

La eficacia del poder desconcentrado

Un reciente artículo de la prestigiosa revista The Economist presenta una hipótesis interesante: 

los liberales norteamericanos, progresistas en nuestro argot, son bastante más infelices que los conservadores.

 Incluso, independientemente del sexo, la edad, o la clase social, los progresistas muestran más propensión a las enfermedades mentales.


De hecho, The Economist cita un estudio del sociólogo Musa al-Gharbi en el cual señala que el progresismo no sólo se relaciona con mayores niveles de tristeza, sino que la exacerba. Según el académico de la Stony Brook University, los “progres” han llegado a respaldar la idea de que Estados Unidos es sistemáticamente racista y eso lleva a rechazar a sus propias razas y valorar más a otras. Pero no solo eso, sino que otro estudio citado por la revista recalca que la promoción de visiones catastróficas sobre el cambio climático o la intolerancia propia de su ideología, hace que los progresistas se sientan más infelices con el mundo en el que viven.


The Economist detalla que la ideología conservadora puede ayudar a proteger la salud mental, ya que propugna la creencia en un sistema meritocrático. Sorpresivamente, también sugieren que los conservadores tienen una mejor actitud frente al cambio. Esto puede deberse a que el progresismo se ha transformado en la ideología hegemónica, mientras que el conservadurismo estadounidense, de la mano de Donald Trump, se ha llegado a posicionar como la posición disruptiva.


El fenómeno no es solo norteamericano. Recientemente, un grupo de investigadores finlandeses publicaron 

un artículo en Scandinavian Journal of Psychology 

y llegaron a conclusiones similares a las presenta The Economist. Bajo un muestreo de más de 5000 casos, concluyen que la ideología “woke” está directamente relacionada con la ansiedad y la depresión. A los finlandeses los aquejan temáticas parecidas a los norteamericanos: sobredimensión de la problemática racial y de la retórica “trans”.


Una de las conclusiones de este estudio es reveladora: las políticas “woke” no son tan importantes para los ciudadanos, en contraste a la cantidad de cobertura que se les brinda en medios de comunicación y en debates políticos. Dato preocupante, ya que evidencia que la sobreexplotación de estas temáticas no responden a las demandas del público, sino a un agenda setting y framing políticamente predeterminado e interesado.


La batalla en la que se enfrasca occidente no solo es cultural. Ya comienza a develar efectos psicológicos y sanitarios contrarios al bienestar. Que una ideología literalmente exacerbe enfermedades mentales en sus seguidores evidencia su efecto negativo, más allá de grandes retóricas, argumentaciones o sentimentalismos con los que sus portavoces pretenden convencer.