El 13 de agosto de 2025 quedará en la memoria política del Perú como un día inusual: tres movimientos, distintos en forma pero convergentes en fondo, cristalizaron la lucha contra el bloque caviar que durante décadas ha dictado sentencia moral sobre la República. Fue un “perfect day”, según Aldo Mariátegui; pero, como toda victoria en una guerra larga, debe ser entendido también como un recordatorio: el enemigo aún respira y no descansará hasta revertirlo todo.

La primera y más simbólica jugada vino desde Palacio. Dina Boluarte promulgó la ley de amnistía para militares, policías y comités de autodefensa que enfrentaron al terrorismo entre 1980 y 2000. Fue un acto de reparación histórica frente a décadas de persecución judicial e infamia mediática. Más de seiscientos procesos y más de ciento cincuenta condenas serán anulados, devolviendo el honor a quienes, en condiciones extremas, defendieron la existencia misma del Estado peruano. Por fin, el relato caviar que retrataba a nuestros soldados como verdugos y no como guardianes recibe un golpe directo desde la ley.

Ese mismo día, el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva para Martín Vizcarra, el “Lagarto” que se vendió como adalid de la moral política mientras maniobraba en la sombra, acumulando acusaciones por sobornos y corrupción. Verlo ingresar a prisión es un espejo de justicia tardía para miles de peruanos que padecieron su gestión errática y sectaria. No es revancha; es simplemente que, en el Perú de hoy, ni los ídolos de barro de la prensa progresista pueden escapar indefinidamente a las consecuencias de sus actos.

La tercera noticia fue el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía Suprema Penal. Para los caviares, que apostaron por su destierro judicial, es una señal de que las piezas no se mueven siempre a su favor. En un Ministerio Público donde la correlación de fuerzas importa tanto como las carpetas fiscales, su presencia reequilibra un tablero que parecía completamente inclinado hacia el activismo judicial de izquierdas.

Las tres jugadas juntas pintan un 13 de agosto que, visto desde fuera, podría parecer el día en que el bando patriota ganó la guerra. Pero ese sería el peor error: confundir una jornada luminosa con el final del túnel. Los caviares y sus redes —en ONGs, organismos internacionales, prensa militante, universidades y tribunales— no se replegarán para siempre. Reagruparán fuerzas, encontrarán grietas legales, buscarán revertir la amnistía en instancias internacionales, victimizarán a Vizcarra para la galería mediática y atacarán a cualquier fiscal que no baile a su música.

La historia política del Perú enseña que cada avance real es contestado con una contraofensiva inmediata. Quien crea que el 13 de agosto marca el fin de la batalla desconoce la persistencia de quienes han hecho del poder moral y judicial un monopolio cultural. Este día debe ser celebrado, sí, con gratitud a quienes empujaron estas medidas. Pero debe ser celebrado como se celebra tras tomar una posición en combate: con disciplina, con guardia alta y con la conciencia de que lo ganado hoy se puede perder mañana si el frente patriota baja la presión.

La amnistía, la prisión de Vizcarra y el retorno de Benavides son tres victorias que, juntas, mandan un mensaje: el Perú no está condenado a vivir bajo el dictado de una minoría ideologizada que desprecia su historia y a sus defensores. Sin embargo, la verdadera victoria no se alcanzará hasta que el proyecto caviar —su poder judicial paralelo, su hegemonía mediática, su control de la narrativa— quede completamente desmantelado.

Y para ello, la cita decisiva será en el 2026. Ese será el combate final en las urnas, donde se definirá si estas victorias se consolidan en un proyecto nacional o se diluyen bajo la contraofensiva progresista. El 13 de agosto fue un buen día. Que no sea el último… y que sea el preludio de un triunfo total.


Editorial: 13 de agosto, tres golpes al corazón del poder caviar

Álvaro Uribe derrotó al terrorismo. Rodrigo Londoño —alias Timochenko— lo dirigió. Y, sin embargo, en la Colombia de hoy, Uribe es condenado mientras Timochenko legisla. Esa es la fotografía moral de una nación que ha perdido el juicio: la que castiga al que la salvó y premia al que quiso destruirla.

Uribe no fue un político más. Fue el presidente que recuperó la soberanía territorial, el que sacó al país del abismo, el que enfrentó sin pactos ni ambigüedades a las FARC cuando medio continente aplaudía su retórica revolucionaria. Su victoria no fue solo militar: fue moral. Representó la idea —hoy herida de muerte— de que el Estado tiene derecho a defenderse.

Timochenko, en cambio, comandó durante décadas la organización armada más sangrienta de América Latina. Ordenó secuestros, dirigió atentados, supervisó la alianza con los carteles. Su biografía no es la de un rebelde romántico: es la de un criminal político que usó el marxismo para justificar la barbarie.

Pero el problema no es solo que uno esté condenado y el otro libre. Es que esa inversión ha sido celebrada como justicia, incluso como paz. Juan Manuel Santos, artífice de la rendición disfrazada de acuerdo, fue premiado con un Nobel. Las FARC recibieron curules sin votos. La Jurisdicción Especial para la Paz —creada para borrar el pasado bajo confesiones medidas— permitió que quienes cometieron crímenes atroces evitaran la cárcel. La guerra se cerró sin victoria, pero con narrativa. La narrativa del cinismo.

El resultado es lo que Colombia vive hoy: una democracia donde los antiguos terroristas gobiernan con inmunidad y los antiguos presidentes republicanos son tratados como delincuentes. Uribe enfrenta 12 años de prisión por un caso construido sobre testimonios turbios, impulsado por una judicatura que desde hace tiempo dejó de disimular su sesgo. Mientras tanto, los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo —excomandantes de las FARC— legislan con total impunidad. La viuda de Tirofijo ocupa una curul. El país se ha convertido en una sátira institucional.

Y la tragedia se consuma con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Exmiembro del M-19, grupo responsable del asalto al Palacio de Justicia y del incendio de la Constitución en nombre del “pueblo”, Petro no es una anomalía. Es la consecuencia lógica de esa inversión simbólica: el paso de la república que combate la subversión a la república que la premia. No es un giro democrático, es una claudicación total.

Desde Oslo hasta La Habana, la comunidad internacional ha aplaudido esta farsa como si fuera un modelo. La prensa europea repite las palabras mágicas: “reconciliación”, “justicia restaurativa”, “transición”. Pero olvida mencionar a los miles de niños reclutados, los millones de desplazados, los cientos de miles de asesinados. Olvida que lo que se premió no fue el arrepentimiento, sino la presión armada. El resultado no fue una paz: fue un pacto para que la verdad no estorbe.

Uribe no era perfecto. Ningún líder lo es. Pero fue un hombre de Estado que eligió luchar cuando muchos preferían rendirse. Hoy es perseguido no por sus errores, sino por su éxito. Porque demostró que el terrorismo podía ser derrotado. Y eso no se le perdona.

La justicia en Colombia se ha vuelto una herramienta de venganza política. A eso se le llama lawfare. Es lo que hoy se aplica contra Uribe en Bogotá, contra Bolsonaro en Brasilia, contra todos los que en algún momento desafiaron al socialismo del siglo XXI con autoridad legítima.

Hoy los criminales ocupan cargos, los jueces redactan relatos y los soldados están solos. No estamos ante una transición, sino ante una inversión: de valores, de símbolos, de verdades. La pregunta no es si Uribe merece prisión. La pregunta es qué merece un país que encierra a sus defensores y premia a sus verdugos.

Y si alguien en el Perú cree que esta historia es ajena, que mire dos veces. Porque el guion que hoy se impone en Colombia ya se ensaya en nuestra patria. También aquí se encarcela a militares que enfrentaron al terror, mientras se indemniza a sus asesinos. También aquí las ONG foráneas redactan la historia, y los medios celebran la “memoria” construida por quienes nunca defendieron nada. También aquí se ha intentado reemplazar a la república por un régimen de impunidad camuflado de reconciliación. Colombia no es solo un espejo: es un aviso. Lo que allí se ha consumado —la rendición moral del Estado— es exactamente lo que los caviares y los Pedros Castillos llevan décadas intentando instalar en el Perú. La diferencia es que nosotros todavía hemos podido impedirlo… por poquito nomás.

Editorial: La rendición moral de Colombia

Hay momentos en que la historia no absuelve, sino castiga. El caso de Álvaro Uribe Vélez no es el de un exmandatario cualquiera procesado por delitos comunes. Es el de un jefe de Estado que devolvió el control territorial a su país, restauró el orden, enfrentó al terrorismo marxista y restableció la soberanía interna de Colombia. Por todo eso, lo tenían que destruir.

Uribe gobernó Colombia entre 2002 y 2010. Llegó al poder con una promesa clara: no pactar con los violentos, no justificarlos, no entenderlos, no llevarlos al Congreso. Derrotarlos. Y lo hizo. Asestó golpes decisivos a las FARC y devolvió a millones de colombianos la sensación de que el país no era una guerra sin fin. Con Uribe, el Estado colombiano volvió a existir más allá de Bogotá. Eso, en Hispanoamérica, es un pecado.

Porque, en esta región dominada por una red de gobiernos, partidos, ONGs y organismos internacionales vinculados al socialismo del siglo XXI, lo único permitido es negociar con los violentos, victimizar al victimario y paralizar al Estado. El que se atreve a romper ese guion, lo paga. Y Uribe lo pagó.

Desde que dejó el cargo, fue blanco de una estrategia minuciosa de demolición. Se lo acusó de paramilitarismo, de manipular testigos, de delitos cometidos por terceros. Se lo cercó con procedimientos, recursos y doctrinas importadas. Se lo condenó, finalmente, sin pruebas directas, con el mismo tipo de argumentación que se ha usado en otros países para neutralizar líderes conservadores incómodos. Lo condenaron no por lo que hizo, sino por lo que representó.

Y esa condena no llega sola. Hace apenas unos meses, el senador Álvaro Hernán Uribe —parlamentario del Centro Democrático— sobrevivió a un intento de asesinato que fue presentado como un “accidente”. Nada se ha aclarado. Nadie ha respondido. Pero el mensaje es claro: el uribismo debe ser eliminado, sea en lo judicial o en lo físico.

¿Quién lidera este intento? Gustavo Petro, presidente de Colombia. Un exguerrillero del M-19 que participó en la toma armada del Palacio de Justicia. Un hombre que jamás pidió perdón por haber atentado contra la democracia. Hoy ocupa el sillón presidencial y, desde allí, ejerce lawfare con poder de Estado: nombra fiscales, opera con jueces afines y convierte procesos judiciales en armas de destrucción política. Petro no es víctima del sistema judicial; lo ha capturado. Y desde ahí ejecuta la venganza del terrorismo derrotado.

Uribe es el símbolo de una Colombia que no se rindió. Y eso no se le perdona. Porque mientras su figura exista, existe la memoria de un país que se atrevió a gobernarse sin pactar con los enemigos de la nación. Lo que han hecho con él es un mensaje claro a toda Hispanoamérica: quien combata al socialismo del siglo XXI será perseguido. Exactamente lo mismo que está pasando con Jair Bolsonaro y pasó con Alberto Fujimori, entre tantos otros.

Uribe fue el mejor presidente que tuvo Colombia. No porque fuera perfecto, sino porque actuó con una claridad que otros jamás han tenido: el Estado no negocia su soberanía. Por eso, los terroristas contra los que él combatió hoy lo encarcelan.

Editorial: Uribe y el precio de gobernar bien

En el Perú, hacer algo es más peligroso que no hacer nada. El intento de la Municipalidad de Lima por poner en marcha el tren de cercanías entre la capital y Chosica ha provocado reacciones furiosas de burócratas, opinólogos, técnicos de escritorio y, por supuesto, de los caviares que llevan décadas administrando la parálisis del país con lenguaje elegante y resultados nulos. El proyecto no es perfecto, para nada. Pero por eso mismo resulta intolerable para quienes han convertido la inacción en doctrina.

Porque esto no va de vagones viejos ni de estudios incompletos. Va de algo mucho más simple y más grave: alguien se atrevió a actuar sin pedir permiso.

Mientras millones de limeños pierden la vida en combis, buses colapsados y tráfico infernal, el Estado central se especializa en diagnósticos. El Ministerio de Transportes, la ATU, la PCM y cuanto organismo caviar se ha inventado en los últimos veinte años tienen mil razones para explicar por qué no se puede. Todas técnicas, todas bien intencionadas, todas inútiles. Pero que un municipio, con todos sus defectos, decida salirse del libreto y lanzar una operación ferroviaria mínima, eso sí que les duele.

No es el tren lo que les molesta. Es que les recuerden que no han hecho nada y que, además, se vienen las elecciones.

La Municipalidad de Lima no está prometiendo milagros. Está diciendo, con hechos, que la espera terminó. Que si hay vagones donados, se usan. Que si se puede mover un poco a la gente, se hace. ¿Que no está todo listo? Bienvenidos al Perú real. Acá, si esperamos al expediente perfecto, no vamos a mover un solo metro de riel hasta el 2040. Y eso lo saben todos.

Por eso el ministro Sandoval responde con amenazas. Por eso la prensa progresista pone el grito en el cielo. Por eso los “expertos” hablan de “improvisación peligrosa”. Porque el peor crimen, en su lógica, no es equivocarse: es hacer algo por el Perú.

El sistema parasitario no tolera que lo desafíen. El limeño de a pie sí. El limeño que vive en Santa Anita, en Ate, en Chosica, entiende perfectamente que el tren no es la solución total, pero puede ser un alivio. Y que alguien, por fin, se haya atrevido a hacer algo concreto, ya es más de lo que han hecho cinco gobiernos y veinte ministros.

¿Se necesita más inversión? Claro. ¿Hace falta mayor planificación? Obvio. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué hacemos con los millones de personas atrapadas todos los días en un sistema de transporte que se cae a pedazos? ¿Seguimos estudiando quince años más, veinte? ¿O probamos caminos nuevos, incluso si son imperfectos?

La municipalidad acaba de retirarse de la “mesa técnica” del MTC. Bien hecho. Era una mesa de adorno, diseñada para estirar el tema hasta que el próximo gobierno lo archive. Cuando un ministerio quiere demorar algo, crea una mesa. Cuando un político quiere resolver, actúa.

El tren Lima–Chosica no es una solución mágica. Pero es una señal. Una grieta en la muralla de tecnocracia hueca que asfixia al Perú desde hace décadas. No es una revolución, pero sí una herejía: la de atreverse a gobernar sin pedirle permiso a los que no han hecho nada por el Perú, pero han vivido de él.

Editorial: Un recado para los que nunca han hecho nada

El Perú no está siendo invadido con tanques ni cañones. Hoy lo penetran con subvenciones, talleres, consultorías y líneas de ayuda al desarrollo. Todo en nombre de la “paz”, los “derechos humanos” y la “cooperación”. Pero debajo de esa filantropía se esconde una maquinaria ideológica que busca, con dinero ajeno, cambiar el alma del país.

The Pink Tide of EU Aid: How Brussels Funds Woke Latin American NGOs Posing as Civil Society,

 publicado esta semana por el Centro de Derechos Fundamentales con sede en Budapest y Madrid, constituye el análisis más completo que se ha hecho hasta la fecha sobre la financiación europea a ONG con agenda ideológica en América Latina. El documento, elaborado con precisión forense por el investigador Jorge González-Gallarza y la colaboración del académico peruano Gustavo Nakamura, entre otros, demuestra con cifras, proyectos, actores y contenidos cómo Bruselas ha destinado más de 939 millones de euros entre 2014 y 2024 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas implicadas en la difusión del progresismo identitario, el transactivismo, el aborto y el indigenismo radical.

Las secciones del caso peruano del informe son, sencillamente, escandalosas.

La ONG Promsex, conocida por sus campañas a favor del aborto sin restricciones, y salpicada por denuncias de abusos sexuales dentro de su propia estructura, figura como una de las principales receptoras de fondos europeos en el Perú. Su aliada, el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDEH), aparece en el informe por usar dinero europeo para producir informes donde se afirma que la pandemia del COVID-19 se desarrolló en un “contexto lesbofóbico, capitalista y colonial”.

No se trata de caricaturas. Esto se paga con dinero de Bruselas.

El Centro de Políticas y Derechos Humanos Perú Equidad recibió más de seis millones de euros para impulsar proyectos sobre infancia trans, autonomía indígena, participación “ciudadana” y demás ejes del evangelio interseccional. Y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) figura como beneficiaria directa de al menos cuatro millones de euros entre 2017 y 2020. ¿Su agenda? Reformular el Estado desde la cosmovisión ancestral, con enfoque de género, contra el patriarcado, la medicina occidental y el capitalismo.

Estas ONG no sólo no representan a la sociedad peruana. La desprecian. Su narrativa parte de la premisa de que somos un país fallido, colonial, transfóbico, violento, estructuralmente culpable. El campesino andino que quiere sembrar y educar a sus hijos es para ellas un sujeto por reeducar. El ciudadano que cree en la familia, la religión o la soberanía es considerado una amenaza.

El dinero europeo sirve, en este esquema, para privilegiar a grupos ideológicos minoritarios, imponer agendas externas y litigar contra el propio Estado peruano en instancias internacionales. La misma Unión Europea que niega fondos a Hungría por defender a la familia, premia en el Perú a organizaciones que promueven la sexualización infantil bajo la etiqueta de “educación integral”.

El caso de la campaña Checkea, promovida por APRODEH con fondos europeos, roza el delirio: un proyecto de “verificación de hechos” que califica como “fake news” toda crítica a las ONG, al sistema interamericano de derechos humanos o al Ojo que Llora. Según ese criterio, los peruanos que no comparten la agenda progresista son poco menos que enemigos del Estado de derecho.

La respuesta institucional ha sido, hasta ahora, tibia. Pero en marzo de este año, el Congreso dio un primer paso: reformó la ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para impedir que ONG con financiamiento extranjero operan como brazos jurídicos contra el Estado sin declarar sus fuentes. No es persecución. Es soberanía mínima.

La pregunta es más profunda: ¿a qué Estado sirve una élite (caviar) que entrega las llaves de la identidad nacional a burócratas de Bruselas? ¿Puede hablarse de democracia cuando el ciudadano vota, pero las ONG (caviares) reescriben el currículo escolar, la narrativa histórica y la política de salud pública con dinero extranjero y los típicos aliados nacionales?

El colonialismo ya no necesita uniformes. Tiene sedes en Miraflores, en San Isidro, en Jesús María, en la redacción de ciertos medios y en los salones de las universidades capturadas. El nuevo colonizador ya no impone un régimen dictatorial; impone una ideología esclavizadora y antinacional. Exige sumisión semántica y subordinación moral.

El Perú real, el que trabaja, cree, cría y sobrevive, no ha sido consultado, pero jamás será vencido.

https://alapjogokert.hu/uploads/pdf/NGOs.pdf

Bruselas y la colonización ideológica woke: el caso peruano al descubierto por un informe húngaro

El Perú no se salvó con discursos. Se salvó con sangre. Se salvó en Ayacucho, en el VRAEM, en el Alto Huallaga. Se salvó cuando soldados sin nombre ni salario caminaron de madrugada hacia la emboscada, sin saber si volverían. Se salvó cuando un sargento de 20 años, hijo de campesinos, enfrentó a una columna senderista con más miedo que balas, pero con más amor a la patria que todos los burócratas juntos.

Y, sin embargo, el Perú no supo agradecerles. Los dejó en celdas. Los arrastró a juicios eternos. Los exhibió como villanos ante la prensa, mientras sus verdugos eran liberados con resoluciones elegantes y conferencias académicas.

Durante más de treinta años, el país dio la espalda a quienes lo salvaron. Mientras los terroristas eran indultados, indemnizados o aplaudidos por ONG, los defensores de la República eran perseguidos, enfermos, ancianos, olvidados. La justicia, capturada por quienes jamás portaron un uniforme, decidió que no bastaba con ganar la guerra: también había que humillar a quienes la ganaron.

La ley de amnistía aprobada por el Congreso no es un gesto político. Es una deuda histórica. Y es también un acto mínimo de dignidad. Porque no hay nación posible si se pisotea a quienes lucharon por ella. No hay república que sobreviva si quienes la defendieron mueren juzgados por fiscales ideologizados. No hay historia honesta si se honra al victimario y se borra al héroe.

Los militares, policías y miembros de comités de autodefensa que enfrentaron a Sendero Luminoso y al MRTA no eran santos, ni pretendían serlo. Eran hombres de barro, de carne, de miedo. Pero también de coraje. Hicieron lo que les tocó hacer cuando el país estaba al borde del abismo. Y lo hicieron en condiciones infrahumanas, sin apoyo político ni mediático, sin garantías, sin aplausos. Lo hicieron porque alguien tenía que hacerlo. Como Grau. Como Bolognesi. Como Cáceres. El uniforme cambia, pero el gesto es el mismo: quedarse cuando otros huyen. Resistir cuando todo parece perdido. Luchar cuando la nación se desangra.

¿Y quiénes se oponen hoy a esta reparación? Los de siempre. Las ONG financiadas desde Europa. Los defensores de los derechos humanos que nunca defendieron a los que murieron por nosotros. Las oficinas internacionales que creen que el Perú es un experimento judicial, no una nación con memoria.

Dicen que esta ley promueve la impunidad. Mienten. La norma excluye expresamente a corruptos, torturadores y terroristas. No es un indulto general: es una forma de cerrar procesos eternos sin pruebas, diseñados para castigar una victoria incómoda.

Dicen que se atenta contra la memoria de las víctimas. Y otra vez mienten. Porque la verdadera memoria debe incluir a los soldados que murieron sin nombre. A los que cayeron en una emboscada sin prensa. A los que nunca fueron homenajeados. A los que, como Bolognesi, solo sabían que su deber era resistir. La guerra fue real. Y fue justa. Y se ganó gracias a ellos.

Nosotros, como país, los traicionamos. Los abandonamos a la vejez, al cáncer, a la ceguera, a la ruina. Los tratamos como culpables por haber vencido al comunismo armado. Les exigimos una pulcritud de posguerra que ningún ejército del mundo ha tenido jamás en combate. Y, mientras tanto, dejamos que los herederos del terror nos impusieran una narrativa donde el asesino era víctima y el soldado era criminal.

Ya basta. El Perú no puede seguir condenado a odiar a sus propios defensores. No puede permitir que quienes salvaron la patria mueran con la frente agachada. Esta ley no reescribe la historia: la corrige. Le devuelve al héroe el lugar que le fue robado. Y lo hace no solo por ellos. Lo hace por nosotros. Porque sin soldados no hay nación. Y sin memoria justa, no hay Perú posible.

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A los que salvaron la patria, el Perú les debe honor, no juicios

En el Perú, cualquier ciudadano puede perderlo todo en un día: su libertad, su patrimonio, su reputación. Y no necesariamente porque haya cometido un delito, sino porque el sistema judicial —el que debería impartir justicia— ha sido transformado en un instrumento de poder, un mecanismo de coerción política y de impunidad selectiva.

No exageramos: hoy en el Perú, más de la mitad de los jueces y fiscales supremos no son titulares. Ocupan cargos “provisionales”, “encargados” o “transitorios” que se extienden por años, fuera de todo control ciudadano. Son operadores que no responden a la ley ni a la Constitución, sino a quienes los colocaron ahí. El resultado es un sistema de justicia que ha dejado de ser imparcial para convertirse en una herramienta al servicio de intereses ideológicos.

Y no cualquier ideología: la izquierda caviar, esa misma que se presenta como defensora de derechos, ha convertido al Ministerio Público y al Poder Judicial en sus trincheras. Desde ahí persigue sin tregua a sus adversarios políticos —los casos de Keiko Fujimori, Alan García, Rafael López Aliaga y Luis Castañeda son paradigmáticos— y al mismo tiempo protege con escandalosa pasividad a sus aliados, como Gustavo Gorriti o Martín Vizcarra, cuyas investigaciones duermen en silencio judicial. No se trata solo de parcialidad: se trata de control institucional con fines políticos.

Esta colonización progresista del sistema judicial ha sido posible gracias a un mecanismo perverso: la provisionalidad como método de dominación. Las salas transitorias, los nombramientos a dedo, las renovaciones eternas y los concursos amañados han creado una casta de operadores judiciales que temen más a sus padrinos políticos que a la ley.

Frente a este panorama, el abogado penalista Humberto Abanto ha planteado una propuesta concreta, audaz y perfectamente viable para reformar el sistema desde sus cimientos. No es una reforma simbólica ni una promesa abstracta. Es un plan técnico, jurídico y político que podría implementarse en apenas 40 días, si la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República deciden actuar.

La reforma parte de una premisa simple: el sistema está podrido desde la cabeza. Por tanto, hay que cambiar la cabeza. Y para eso propone tres pasos inmediatos: convertir en permanentes las salas transitorias del Poder Judicial y del Ministerio Público; reformar las leyes orgánicas respectivas para permitir la convocatoria de nuevos concursos públicos; y financiar, mediante crédito suplementario, las plazas necesarias para que ingresen 20 nuevos jueces supremos titulares y 3 nuevos fiscales supremos.

Esto permitiría renovar la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, y desde ahí empujar una reforma en cascada que llegue hasta las cortes superiores, los juzgados especializados y las fiscalías provinciales. Es una jugada institucional que aprovecha los canales legales existentes para intervenir desde adentro, sin necesidad de vulnerar la autonomía judicial ni recurrir a parches improvisados.

La propuesta no requiere mayorías inalcanzables. Para aprobar la reforma legal, se necesitan apenas 66 votos en el Congreso. Y para el crédito suplementario, basta una mayoría simple. Es decir, no hay excusas técnicas ni políticas. Solo se necesita decisión.

El problema, como siempre, son los intereses enquistados. Aquellos que controlan hoy el sistema judicial no lo van a soltar fácilmente. Porque saben que si la justicia vuelve a ser neutral, imparcial y profesional, sus privilegios se acaban. Perderían el blindaje. Perderían el poder de persecución selectiva. Perderían el miedo que hoy imponen sobre jueces y fiscales honestos. Perderían el control.

La presidenta Boluarte tiene en sus manos la posibilidad de dar un giro histórico. No llegó al poder por el voto popular, pero podría ser recordada como la mandataria que reconstruyó el sistema judicial del país. Basta con que convoque a su gabinete, obtenga el respaldo del ministro de Economía, y presente al Congreso un paquete legislativo que contenga esta reforma integral.

No es una tarea imposible. Este mismo Congreso, al que tanto se critica, ya ha demostrado que puede tomar decisiones de fondo: desactivó la Sunedu, nombró al Defensor del Pueblo y reconfiguró el Tribunal Constitucional. Sí, es un Congreso con muchos errores, pero también con oportunidades. Esta podría ser la mejor.

El tiempo, sin embargo, no espera. El reloj institucional avanza. Y la justicia no puede seguir siendo un campo minado. Como bien dice Abanto, si no se actúa pronto, el Perú seguirá siendo un país donde la ley se usa como garrote para unos y como escudo para otros.

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¡Salvemos a la justicia!

El Perú ya está cansado de farsantes. Ahora es Martín Vizcarra quien pretende vendernos otra mentira: su partido "Perú Primero". La reciente denuncia de la falsificación de más de cinco mil firmas para inscribir esta agrupación es un insulto a la inteligencia de los peruanos. No sólo se falsificaron nombres, firmas y huellas: se intentó falsificar la voluntad popular.

No es un caso aislado ni una mera irregularidad administrativa. Es, como tantas veces en nuestra historia reciente, la confirmación de que el oportunismo y el cinismo siguen impregnando la vida política nacional. Y que quienes más claman por la "renovación" suelen ser, en realidad, los más hábiles en reciclar las viejas y despreciables prácticas de siempre.

El mismo Vizcarra que se disfrazó de adalid anticorrupción desde Palacio queda ahora desenmascarado como lo que siempre fue: otro operador del poder dispuesto a cualquier maniobra para aferrarse a él. Esta vez, ni siquiera puede alegar ignorancia. Lo que ha ocurrido con su partido es un reflejo directo de su desprecio por la legalidad y por los ciudadanos que fingió representar.

La gravedad del fraude no puede minimizarse. La falsificación de firmas no sólo corrompe un trámite burocrático: vulnera la esencia misma del sistema democrático, que se funda en el consentimiento libre y consciente de los ciudadanos. Si el acceso al poder se basa en el engaño, todo lo que derive de él será ilegítimo y tóxico.

No caben eufemismos: esto es fraude político. Y como tal, debe ser enfrentado. La derecha peruana, que cree en la ley, en la decencia y en el juego limpio, debe alzar la voz con firmeza. La corrupción no se combate con discursos vacíos ni gestos de marketing: se combate con principios, y con la exigencia implacable de que quien mienta y traicione al país enfrente las consecuencias.

Este partido, nacido de la trampa, debe ser rechazado de plano. El Perú no puede seguir premiando a quienes prostituyen la democracia, ni resignarse al fatalismo de que "todos son iguales". No, no todos son iguales. Hay quienes, en medio de la mediocridad reinante, todavía creen en la política como servicio y en la honestidad como virtud pública.

Es hora de elegir entre quienes entienden la política como un servicio y quienes la usan como un negocio. Y Martín Vizcarra ya dejó claro, con hechos y no con palabras, de qué lado está.

Vizcarra, otra estafa

Martín Vizcarra insiste. Contra toda evidencia, contra la ley, contra el sentido común. Insiste en que puede postular nuevamente a la presidencia de la República, como si su paso por el poder no hubiera dejado un reguero de escándalos, inhabilitaciones y desengaños.

El expresidente se presenta como un outsider en pausa, como un reformista incomprendido que aguarda su segundo acto. Pero lo cierto es que Vizcarra no está en compás de espera: está legalmente impedido. No una, ni dos, sino tres veces. En 2021, fue inhabilitado por diez años por el Congreso debido a su participación en el escándalo del Vacunagate, que lo mostró recibiendo la vacuna contra el COVID-19 a espaldas del país, mientras la población moría esperando su turno. En 2024, el Poder Judicial ratificó una segunda inhabilitación, también por una década, por hechos de corrupción durante su gestión en Moquegua. Y hace apenas unas semanas, el Congreso aprobó una tercera sanción por haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso en 2019.

Tres inhabilitaciones, tres motivos distintos, tres poderes del Estado. No hay aquí persecución, ni complot, ni revancha política: hay responsabilidades asumidas y sanciones firmes.

Y sin embargo, Vizcarra insiste. Con discursos ambiguos, con videos en redes sociales, con una estrategia cuidadosamente diseñada para generar la ilusión de que su candidatura es posible. No lo es. La ley es clara y sus antecedentes también. Pretender lo contrario es desinformar y, lo que es peor, degradar aún más una esfera pública ya golpeada por el descrédito.

Su partido, Perú Primero, no ha sido más que un decorado para este simulacro de retorno. El Jurado Nacional de Elecciones canceló su afiliación partidaria, lo que lo deja —además de inhabilitado— sin plataforma para siquiera pensar en postular. ¿Qué queda entonces? El espectáculo. La construcción de una narrativa heroica en la que Vizcarra es víctima, no protagonista. En la que todo lo que ocurrió durante su gobierno fue producto de los otros: del Congreso, de la prensa, de los jueces, de los políticos de siempre.

Pero los hechos son tercos. Y la pregunta no es si podrá volver —porque no puede—, sino por qué se le sigue permitiendo alimentar esa ficción. ¿Dónde están los órganos electorales? ¿Dónde las sanciones por proselitismo indebido? ¿Dónde la responsabilidad cívica de recordarle a la ciudadanía que la democracia no es un libreto que cada quien adapta a su conveniencia?

Vizcarra ya tuvo su oportunidad. Gobernó como quiso, disolvió inconstitucionalmente el Congreso, y terminó envuelto en los mismos vicios que prometió erradicar. Hoy, su insistencia en volver no solo es una falta de respeto a las instituciones, sino también una señal de que no ha entendido nada o, más exacto, que no le importa nada.

La mentira nunca acaba

En el Perú, la derecha es un espejismo. Existen figuras que se presentan como guardianes del orden, del mercado y de los valores tradicionales. Su discurso, además, adopta cada vez más las consignas de la nueva derecha global. Pero ahí termina todo. Más que un proyecto político, lo que tenemos es una imitación superficial, una retórica importada sin una propuesta propia.

La nueva derecha—encabezada por líderes como Giorgia Meloni y Donald Trump—no nació como un fenómeno internacional. Aunque sus reuniones y alianzas puedan sugerirlo, se trata de movimientos profundamente nacionales y populares. Su fortaleza radica en su capacidad para canalizar el malestar de sectores desplazados por la globalización y ofrecer respuestas ancladas en la identidad y las prioridades de sus países.

En el Perú, ese proceso nunca ocurrió. La derecha local observa con fascinación el ascenso de estos líderes, pero ignora lo esencial: su arraigo social. En lugar de conectar con la población, repite consignas sin contexto. No busca soluciones dentro de nuestras fronteras ni entiende la complejidad de la sociedad peruana. Su desconexión es evidente en su falta de representación en provincias y en su distancia con el ciudadano común.

Mientras la nueva derecha global ha sabido captar el resentimiento de quienes se sintieron abandonados por la modernización, la derecha peruana sigue siendo un proyecto de élites para élites. No interpreta el descontento ni propone alternativas. En su lugar, copia modelos ajenos sin adaptarlos y persigue una agenda ideológica que responde más a intereses particulares que a necesidades nacionales.

Construir una derecha nacional-popular en el Perú requiere dos cosas. Primero, abandonar la obsesión por la comunicación global y enfocarse en la organización territorial. En otras palabras, menos CPAC y más arraigo local. Segundo, partir de una comprensión real de la identidad peruana. Una derecha con vocación de poder debe comenzar ahí: entendiendo quiénes somos antes de proponer hacia dónde vamos.

Hoy, la derecha peruana no es un movimiento, sino una estética política. Un intento de parecer sin ser. En política, copiar sin comprender no es solo un error: es una condena a la irrelevancia.