El Perú ya está cansado de farsantes. Ahora es Martín Vizcarra quien pretende vendernos otra mentira: su partido "Perú Primero". La reciente denuncia de la falsificación de más de cinco mil firmas para inscribir esta agrupación es un insulto a la inteligencia de los peruanos. No sólo se falsificaron nombres, firmas y huellas: se intentó falsificar la voluntad popular.

No es un caso aislado ni una mera irregularidad administrativa. Es, como tantas veces en nuestra historia reciente, la confirmación de que el oportunismo y el cinismo siguen impregnando la vida política nacional. Y que quienes más claman por la "renovación" suelen ser, en realidad, los más hábiles en reciclar las viejas y despreciables prácticas de siempre.

El mismo Vizcarra que se disfrazó de adalid anticorrupción desde Palacio queda ahora desenmascarado como lo que siempre fue: otro operador del poder dispuesto a cualquier maniobra para aferrarse a él. Esta vez, ni siquiera puede alegar ignorancia. Lo que ha ocurrido con su partido es un reflejo directo de su desprecio por la legalidad y por los ciudadanos que fingió representar.

La gravedad del fraude no puede minimizarse. La falsificación de firmas no sólo corrompe un trámite burocrático: vulnera la esencia misma del sistema democrático, que se funda en el consentimiento libre y consciente de los ciudadanos. Si el acceso al poder se basa en el engaño, todo lo que derive de él será ilegítimo y tóxico.

No caben eufemismos: esto es fraude político. Y como tal, debe ser enfrentado. La derecha peruana, que cree en la ley, en la decencia y en el juego limpio, debe alzar la voz con firmeza. La corrupción no se combate con discursos vacíos ni gestos de marketing: se combate con principios, y con la exigencia implacable de que quien mienta y traicione al país enfrente las consecuencias.

Este partido, nacido de la trampa, debe ser rechazado de plano. El Perú no puede seguir premiando a quienes prostituyen la democracia, ni resignarse al fatalismo de que "todos son iguales". No, no todos son iguales. Hay quienes, en medio de la mediocridad reinante, todavía creen en la política como servicio y en la honestidad como virtud pública.

Es hora de elegir entre quienes entienden la política como un servicio y quienes la usan como un negocio. Y Martín Vizcarra ya dejó claro, con hechos y no con palabras, de qué lado está.

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Vizcarra, otra estafa

Martín Vizcarra insiste. Contra toda evidencia, contra la ley, contra el sentido común. Insiste en que puede postular nuevamente a la presidencia de la República, como si su paso por el poder no hubiera dejado un reguero de escándalos, inhabilitaciones y desengaños.

El expresidente se presenta como un outsider en pausa, como un reformista incomprendido que aguarda su segundo acto. Pero lo cierto es que Vizcarra no está en compás de espera: está legalmente impedido. No una, ni dos, sino tres veces. En 2021, fue inhabilitado por diez años por el Congreso debido a su participación en el escándalo del Vacunagate, que lo mostró recibiendo la vacuna contra el COVID-19 a espaldas del país, mientras la población moría esperando su turno. En 2024, el Poder Judicial ratificó una segunda inhabilitación, también por una década, por hechos de corrupción durante su gestión en Moquegua. Y hace apenas unas semanas, el Congreso aprobó una tercera sanción por haber cerrado inconstitucionalmente el Congreso en 2019.

Tres inhabilitaciones, tres motivos distintos, tres poderes del Estado. No hay aquí persecución, ni complot, ni revancha política: hay responsabilidades asumidas y sanciones firmes.

Y sin embargo, Vizcarra insiste. Con discursos ambiguos, con videos en redes sociales, con una estrategia cuidadosamente diseñada para generar la ilusión de que su candidatura es posible. No lo es. La ley es clara y sus antecedentes también. Pretender lo contrario es desinformar y, lo que es peor, degradar aún más una esfera pública ya golpeada por el descrédito.

Su partido, Perú Primero, no ha sido más que un decorado para este simulacro de retorno. El Jurado Nacional de Elecciones canceló su afiliación partidaria, lo que lo deja —además de inhabilitado— sin plataforma para siquiera pensar en postular. ¿Qué queda entonces? El espectáculo. La construcción de una narrativa heroica en la que Vizcarra es víctima, no protagonista. En la que todo lo que ocurrió durante su gobierno fue producto de los otros: del Congreso, de la prensa, de los jueces, de los políticos de siempre.

Pero los hechos son tercos. Y la pregunta no es si podrá volver —porque no puede—, sino por qué se le sigue permitiendo alimentar esa ficción. ¿Dónde están los órganos electorales? ¿Dónde las sanciones por proselitismo indebido? ¿Dónde la responsabilidad cívica de recordarle a la ciudadanía que la democracia no es un libreto que cada quien adapta a su conveniencia?

Vizcarra ya tuvo su oportunidad. Gobernó como quiso, disolvió inconstitucionalmente el Congreso, y terminó envuelto en los mismos vicios que prometió erradicar. Hoy, su insistencia en volver no solo es una falta de respeto a las instituciones, sino también una señal de que no ha entendido nada o, más exacto, que no le importa nada.

La mentira nunca acaba

En el Perú, la derecha es un espejismo. Existen figuras que se presentan como guardianes del orden, del mercado y de los valores tradicionales. Su discurso, además, adopta cada vez más las consignas de la nueva derecha global. Pero ahí termina todo. Más que un proyecto político, lo que tenemos es una imitación superficial, una retórica importada sin una propuesta propia.

La nueva derecha—encabezada por líderes como Giorgia Meloni y Donald Trump—no nació como un fenómeno internacional. Aunque sus reuniones y alianzas puedan sugerirlo, se trata de movimientos profundamente nacionales y populares. Su fortaleza radica en su capacidad para canalizar el malestar de sectores desplazados por la globalización y ofrecer respuestas ancladas en la identidad y las prioridades de sus países.

En el Perú, ese proceso nunca ocurrió. La derecha local observa con fascinación el ascenso de estos líderes, pero ignora lo esencial: su arraigo social. En lugar de conectar con la población, repite consignas sin contexto. No busca soluciones dentro de nuestras fronteras ni entiende la complejidad de la sociedad peruana. Su desconexión es evidente en su falta de representación en provincias y en su distancia con el ciudadano común.

Mientras la nueva derecha global ha sabido captar el resentimiento de quienes se sintieron abandonados por la modernización, la derecha peruana sigue siendo un proyecto de élites para élites. No interpreta el descontento ni propone alternativas. En su lugar, copia modelos ajenos sin adaptarlos y persigue una agenda ideológica que responde más a intereses particulares que a necesidades nacionales.

Construir una derecha nacional-popular en el Perú requiere dos cosas. Primero, abandonar la obsesión por la comunicación global y enfocarse en la organización territorial. En otras palabras, menos CPAC y más arraigo local. Segundo, partir de una comprensión real de la identidad peruana. Una derecha con vocación de poder debe comenzar ahí: entendiendo quiénes somos antes de proponer hacia dónde vamos.

Hoy, la derecha peruana no es un movimiento, sino una estética política. Un intento de parecer sin ser. En política, copiar sin comprender no es solo un error: es una condena a la irrelevancia.

La derecha, un espejismo

La ideología “woke”, un corpus destructor y tendencioso que se tiñe de altruista, ha adquirido en los últimos años una fuerza polarizadora y manipuladora que ha resquebrajado los pilares del desarrollo global y nacional. En el Perú, sus repercusiones no solo han sido ideológicas o culturales, sino también profundamente económicas.

Por ejemplo, en 2023 el gobierno implementó recortes significativos en el presupuesto destinado a infraestructura rural, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos ajustes financieros han atentado completamente contra el desarrollo humano de las comunidades rurales. Mientras tanto, se han triplicado los recursos para programas de “promoción de derechos culturales urbanos”, cuyo impacto en la calidad de vida de los peruanos más necesitados es, en el mejor de los casos, mínimo.

De igual manera, el sector minero, columna vertebral de nuestra economía, ha sido casi el principal blanco de lo woke. Los conflictos sociales, alimentados por discursos de “justicia indígena” y ambientalismo extremo, paralizaron proyectos como Las Bambas, ocasionando pérdidas de 1,000 millones de dólares en 2023, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estas paralizaciones no solo afectan a las empresas, sino también a las comunidades andinas que dependen del ciclo económico minero para su sustento. Además de ello, el Producto Bruto Interno del sector minero registra caídas que resuenan en toda la economía nacional.

El impacto económico no es el único precio que pagamos. La polarización social también es una factura cada vez más pesada. En el Perú, el 68% de los ciudadanos percibe estas políticas como una agenda foránea impuesta, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Esta sensación de desconexión ha profundizado las brechas entre lo urbano y lo rural, entre lo indígena y lo mestizo. Lo que debería ser un esfuerzo por unir y fortalecer el tejido social, se ha convertido en una fuente de tensiones y divisiones.

Paradójicamente, los sectores más vulnerables, a quienes estas políticas supuestamente buscan proteger, son los más afectados. Mientras los recursos se desvanecen en programas de inclusión cultural con poco impacto tangible, el desempleo juvenil en zonas urbanas creció un 8% entre 2022 y 2024, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En las áreas rurales, la falta de inversión en infraestructura perpetúa un ciclo de pobreza que los burócratas woke y globalistas ignoran por completo desde sus despachos citadinos.

El problema fundamental es que estas políticas no nacen de una evaluación local ni de un consenso nacional. Diseñadas por ONG y organismos internacionales, estas agendas reflejan intereses parcializados más que las prioridades peruanas. En 2023, más de 25 millones de soles fueron destinados a programas sociales diseñados por ONG extranjeras, de los cuales menos del 10% tuvo un impacto real en las comunidades beneficiarias, según un reporte de Proética. Este desperdicio de recursos no solo es ineficiente, sino también irresponsable en un país con tantas necesidades insatisfechas.

El impacto económico de la ideología “woke” en el Perú es una lección amarga sobre el peligro de importar agendas desconectadas de nuestra realidad. El futuro del Perú no puede depender de narrativas ideologizadas que prometen inclusión mientras perpetúan la exclusión. La verdadera inclusión no se mide en discursos ni titulares ni en cócteles, sino en cambios concretos que transformen la vida de los peruanos.

Es hora de que el Perú recupere el control de su futuro. Nuestra economía y nuestro tejido social no pueden seguir pagando el precio de agendas ajenas. En lugar de importar soluciones prefabricadas, debemos construir un proyecto nacional basado en las necesidades y aspiraciones de nuestra gente, en nuestro mestizaje. Porque el progreso no se mide por la aprobación internacional, sino por el bienestar tangible de nuestros ciudadanos más necesitados.

El verdadero impacto de lo woke 

La reciente reinstalación de la estatua ecuestre de Francisco Pizarro en el Centro Histórico de Lima, con motivo del 490 aniversario de la fundación de la ciudad, es un justo reconocimiento a una de las figuras más relevantes de nuestra historia. La decisión del alcalde Rafael López Aliaga de devolver a esta figura su lugar en el entramado urbano de la capital reafirma la importancia de honrar nuestra herencia histórica y cultural.

Francisco Pizarro, fundador de Lima en 1535, desempeñó un papel fundamental en la conformación del Perú tal como lo conocemos hoy. Lima, nacida como Ciudad de los Reyes bajo su liderazgo, se convirtió en el epicentro del Virreinato del Perú y, posteriormente, en la capital de una república independiente.

El rol de Pizarro en el mestizaje cultural y en la fundación de instituciones que dieron forma al Perú moderno es incuestionable. Como bien destacó el intelectual peruano Víctor Andrés Belaunde, el mestizaje en el Perú no fue un simple encuentro entre dos culturas, sino un proceso profundo que dio lugar a una nueva síntesis cultural y espiritual. Pizarro, como fundador de Lima, se situó en el epicentro de este proceso, estableciendo una base sobre la cual se construiría una sociedad caracterizada por su diversidad y riqueza.

En este rol de fundador de una nueva cultura, también es importante destacar que Pizarro no solo fue un conquistador, ni mucho menos una figura maligna como se le asigna, por ejemplo, en Fidelio de Beethoven o en la historiografía marxista. Pizarro se casó con Quispe Sisa, hermana de Huáscar y Atahualpa, lo que simboliza la primera unión de dos mundos distintos y el inicio del Perú. Esta unión no sólo fue significativa en términos políticos, sino también como un ejemplo temprano de cómo las culturas incaica y española comenzaron a entrelazarse, dando lugar a una nueva realidad cultural.

Este acto de reconocimiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima busca promover la educación y la reflexión sobre el impacto positivo de su legado. Reconocer la importancia del mestizaje también nos invita a valorar la manera en que las distintas tradiciones y culturas han contribuido a forjar un país bello, resiliente, pleno de matices, aunque personajes con ideologías trasnochadas siempre quieran criticar y vejar la figura del fundador de Lima.

La decisión del alcalde López Aliaga subraya la importancia de reconciliarnos con nuestro pasado y de reivindicar a los grandes personajes de nuestra historia. No está demás decir que, desde este espacio, hicimos la petición de la reinstalación de la estatua desde hace tiempo, y no sólo desde este espacio editorial, sino que 

columnistas como Joaquín de los Ríos, entre otros, pidieron este regreso casi dos años atrás.

En un momento en que el Perú enfrenta retos políticos y económicos, recordar a Francisco Pizarro como una figura de unión, nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y a valorar el papel de nuestra ciudad en la historia. Que esta estatua sea no solo un homenaje, sino un recordatorio de los orígenes y de la importancia de entender y apreciar nuestro pasado. Francisco Pizarro fue, es y seguirá siendo una figura clave para comprender el legado de nuestra nación.

Francisco Pizarro, presente

Hace dos años, Pedro Castillo envolvió al país en una sombra de incertidumbre al convertirse en el dictador más breve de nuestra historia. En un inesperado giro de los acontecimientos, llevó a cabo un golpe de Estado en vivo y en televisión abierta, temblando.

Desde las elecciones, las señales eran claras: Perú Libre no abrazaba los principios democráticos y expresaba abiertamente su deseo de instaurar una dictadura. Sin embargo, las artimañas de la posverdad y las mentiras propagadas por la izquierda capitalina, respaldadas por su maquinaria mediática y redes sociales, permitieron que la victoria electoral se materializara.

Se advirtió, pero muchos optaron por ignorar las señales. El rechazo a un apellido prevaleció sobre las alarmas de una inminente dictadura. Cuando Castillo asumió la presidencia, algunos se preguntaron dónde estaba el dictador que la derecha había prevenido. Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando el tirano reveló su verdadero rostro. Ante la amenaza de vacancia, Castillo optó por transformar la democracia en una dictadura.

Esta fecha debería ser grabada en la memoria colectiva de los peruanos y plasmada en nuestros libros de historia. Las escuelas deberían enseñar cómo Castillo intentó cerrar el Congreso, reformar el sistema de justicia, gobernar mediante decretos ley, desmantelar el Tribunal Constitucional y concentrar todo el poder en él y su séquito. Fue el día en que Castillo buscó tomar el país por la fuerza, pero su golpe falló en cuestión de horas.

El intento de golpe de Castillo fracasó porque carecía del respaldo militar. En su desesperación, anhelaba que las Fuerzas Armadas se unieran a su causa, pero estas, en un acto valiente, defendieron la Constitución y se rebelaron contra el dictador. Pero también otras instituciones hicieron bien su trabajo. Castillo fue vacado por el Congreso, la Fiscalía y la PNP no vacilaron en apresarlo y encarcelarlo. El neo-dictador pasó de ser una amenaza para convertirse en un reo.

Con Boluarte asumiendo la presidencia, muchos lo consideraron una victoria. Sin embargo, más que un triunfo, fue tan solo un alivio. Aunque Castillo ya no ocupaba el poder, la izquierda persiste en socavar las instituciones del país. Dos años después del fallido golpe, nuestras instituciones vuelven a estar en peligro, con la izquierda intentando retomar el control, invalidando a quienes actualmente las lideran.

La caída de Castillo nunca debió marcar el fin de la batalla contra la izquierda antidemocrática. Su fracaso fue solo un respiro. El Perú no se sometió a un dictador, pero eso no garantiza que otro tirano no intentará instaurar una dictadura en el futuro. La lucha debe continuar con más fuerza que nunca, porque en el Perú rápidamente podría surgir otro líder con intenciones similares.

No celebremos un triunfo ficticio; en su lugar, enfrentemos los desafíos que nos plantea actualmente y sigamos preparándonos para los futuros, que seguro serán más tenaces aún. No nos perdamos en la algarabía de los triunfos falsos.

Dos años de la infamia

No es novedad que ciertos sectores de la élite política en Perú, con discursos sofisticados y estrategias mediáticas, reescriban la historia para justificar acciones que erosionan la democracia. La disolución del Congreso en septiembre de 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra, respaldado por Salvador del Solar y Vicente Zeballos, no fue la excepción. Un golpe de Estado disfrazado de acto democrático, amparado en retórica y en una narrativa cuidadosamente elaborada.

La izquierda caviar ha demostrado su habilidad para moldear los hechos a conveniencia. Los hechos objetivos se relegan a un segundo plano; lo esencial es promover una agenda que permita el control institucional. Frases como "Congreso golpista" o "Dina es dictadura" son muestras de cómo se distorsiona la realidad para justificar acciones políticas dudosas.

Un ejemplo reciente lo ofrece el debate televisado entre la periodista Diana Seminario y Salvador del Solar. A pesar de las conclusiones del Tribunal Constitucional, que sentenció que la disolución del Congreso fue contraria a la Constitución, Del Solar insistió en que repetiría sus acciones, negándose a reconocer la inconstitucionalidad del acto. Este rechazo a una autocrítica evidencia un desprecio preocupante hacia las normas democráticas y el Estado de derecho.

Cabe recordar que el propio Tribunal Constitucional, en un fallo posterior, determinó que "es contraria a la Constitución la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza" y reafirmó que solo el Congreso puede decidir el rechazo de una cuestión de confianza. No hay, por tanto, excusa válida para sostener que lo ocurrido en 2019 no fue un golpe de Estado.

Este episodio marca un antes y un después en la democracia peruana. No solo quebró la institucionalidad ya debilitada, sino que introdujo un peligroso precedente: utilizar los medios de comunicación y las movilizaciones sociales para encubrir un atentado contra el orden constitucional. Lo que vemos es el auge de una nueva forma de posverdad, donde la verdad se define por su aceptación social y no por su correspondencia con los hechos.

La democracia peruana, si bien herida, aún puede encontrar un camino hacia la recuperación. El Congreso tiene la responsabilidad histórica de avanzar con las acusaciones constitucionales contra Vizcarra y sus aliados. Solo con justicia y responsabilidad penal se podrá comenzar a reconstruir la legitimidad institucional perdida.

La mayoría silenciada debe hacerse oír. La democracia peruana no puede ser rehén de la retórica populista ni de quienes se ven a sí mismos como salvadores mesiánicos. Perú merece una democracia republicana, no una dictadura del discurso.

Golpe, a pesar de las mentiras

Para todo observador, es patente que el Perú vive un franco proceso de deterioro institucional y democrático. Algunos sectores sugieren que la vulneración permanente del Estado de Derecho implica que nos acercamos a un autoritarismo. Adornan estas presunciones calificando al Perú como un “régimen híbrido” entre la democracia y la dictadura. Sin embargo, desde este espacio, sugerimos lo contrario. La competencia y el canibalismo político-judicial, el desmanejo y la ineficacia generalizada en las políticas públicas, el apabullante crecimiento de la delincuencia y, ante todo, la reiterativa vulneración del Estado de Derecho, nos convierten en un “régimen híbrido” entre la democracia y la anarquía.


En el Perú, políticos y operadores judiciales —con pulsiones autoritarias, eso sí— han autodestruido el sistema, llevándonos a un estadio de hiperfragmentación del poder, más cercano a una anarquía que a una dictadura. No parece haber válvula de escape a esta situación. Las próximas elecciones avizoran un panorama de aún mayor fragmentación ante la posibilidad de que decenas de agrupaciones participen.


Tampoco parece haber un freno a la confrontación entre las diferentes partes del sistema de justicia. La batalla campal entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial, el Congreso y demás instituciones parece ser una en la que solo habrá perdedores.


A ello hay que sumarle que la base misma del sistema está en entredicho. Según Datum, un 63% de los peruanos no confía en los organismos electorales del país, mientras la JNJ usa todo su poder para mantener a las cabezas de dichas instituciones en sus cargos.


Esta confrontación de poderes ha desestabilizado completamente la ya baja capacidad del gobierno central para establecer políticas eficientes. Y si a ello le sumamos el mal diseñado sistema de autoridades subnacionales, no llega ninguna política o atisbo de mejora a una ciudadanía que, además de vivir con unos servicios básicos prácticamente inexistentes, soporta las secuelas de la pandemia, el desgaste económico nacional y la gigantesca ola delincuencial. Esta situación supone un descontento popular profundo, cataclísmico.


Para resolver la involución anárquica, se pueden desarrollar miles de propuestas de reforma. Algunos dirán, los más equivocados, que se necesita una nueva constitución, otros hablarán de reformas de partidos, también pedirán autoritarismo y un modelo Bukele, y no faltarán los que invocan soluciones “woke”. Seguramente los mil y un problemas del Perú necesitan de múltiples soluciones, pero por alguna tenemos que partir.


Empezamos este escrito explicando que existe un consenso sobre la gravedad del deterioro institucional y la necesidad de frenar las vulneraciones permanentes al Estado de Derecho. Para ello, creemos que lo esencial, el punto de partida, es una reforma en el sistema de justicia. En ese sector, la crisis es endémica y afecta todos los ecosistemas de vida de los peruanos.


Desde el policía de la calle hasta las máximas autoridades electorales están cuestionados. La validez de los procesos electorales es opaca y, al mismo tiempo, vemos noticias diarias sobre cómo el sistema no puede procesar a delincuentes comunes. Observamos, a su vez, cómo existen investigaciones abusivas sin fin, cómo hay autoridades judiciales completamente politizadas y también cómo los políticos infiltran el sistema judicial.


Si en los años ochenta y noventa el país involucionaba por culpa de la hiperinflación y el terrorismo, los males endémicos de la última década han sido la politización de la justicia y la judicialización de la política. Eso debe parar de una vez y cambiar, ya que al día de hoy es el mayor freno al desarrollo nacional, hundiéndonos en un sistema anárquico.


Hay propuestas ya encaminadas, como la creación de una Escuela de la Magistratura, que ayudaría a crear un servicio judicial autónomo y profesional, pero desde este espacio creemos que se necesita ir más allá. Es menester realizar una reforma integral del sistema judicial peruano. Así como en su momento se realizaron reformas profundas y dolorosas en la macroeconomía, se debe aspirar a una reforma total, integral del sistema judicial. Sin ello, seguiremos trazando el sendero hacia la anarquía y el subdesarrollo.


Seguiremos escribiendo sobre el tema en futuras entregas.

La Reforma Urgente

Pocas veces en la historia ha sido tan esperado un discurso del 28 de julio como el del día de hoy. El silencio de la presidenta y la incertidumbre política que nos envuelve han creado una expectación sin precedentes entre los peruanos, quienes anhelamos, sin duda alguna, un destello de esperanza en las palabras de nuestra mandataria. Todos queremos al menos ilusionarnos con un panorama mejor del que estamos viviendo actualmente, pero desde este diario tampoco queremos infundir falsas esperanzas.

No cabe duda de que uno de los temas que más urge escuchar en este 28 de julio es cómo su gobierno abordará la creciente inseguridad que azota y se intensifica en nuestro país. Ciertamente, no buscamos un discurso irreal, sino una exposición sincera sobre cómo pretende enfrentar este problema. Queremos conocer el verdadero plan de acción de este gobierno, si es que existe.

El Perú no es un país seguro, y las medidas implementadas durante el mandato de Boluarte no han producido el efecto esperado. Los numerosos estados de emergencia decretados no han logrado mejorar la situación apremiante en la que nos encontramos, con el crimen apoderándose cada vez más de nuestras calles. La percepción de inseguridad en el país supera el 95%. Las mafias se adueñan de la libertad de los negocios que subsisten día a día, y hasta ahora, no ha habido un freno efectivo por parte del Estado.

Mientras tanto, la minería ilegal constituye otro problema clave que este gobierno debe enfrentar. Las mafias dominan el sector minero, mientras los proyectos que podrían tener un impacto realmente positivo esperan ser formalizados (a excepción de Tía María, que es quizás el mayor logro del gobierno en este año).

¿Cuál será el plan de acción de Boluarte?

La estrategia para combatir la minería ilegal es esencial para el futuro del país. Entre el 20% y el 30% del oro peruano se contrabandea por Bolivia debido a la actividad de miles de mineros informales. La forma en que el gobierno abordará este problema nos lleva a otro punto crucial que esperamos que la presidenta detalle en su discurso: la reactivación económica y la inversión privada. Actualmente, los incentivos para invertir en el Perú son insuficientes, por no decir deprimentes. El país se vuelve cada día menos atractivo para la inversión, y esto se refleja en nuestro crecimiento. No haber superado el 5% de crecimiento en los últimos años evidencia la debilidad del gobierno en este asunto. No es casualidad que, en un año y medio de gobierno, la mandataria haya nombrado a tres ministros distintos. No existe un clima de confianza, y la jefa de Estado debería, en su nuevo pronunciamiento, explicar cuál es su plan para revertir esta situación.

¿Qué dirá Boluarte? Esperamos que su discurso no solo proponga un plan favorable para el futuro del país, sino que también demuestre una capacidad real para implementar y materializar estos cambios que son sumamente necesarios. Más allá de palabras vacías y promesas incumplidas, necesitamos acción concreta por parte del gobierno.

¿Qué dirá Dina?

La balanza de la justicia internacional ha sido manipulada en las últimas décadas. Un sector ideológico ha capturado instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), politizándolas para convertirlas en artilugios de propagación de su agenda, a menudo en detrimento de su función primordial de impartir justicia.

Un claro ejemplo de esto ha sido la última orden de la Corte IDH a nuestro Congreso. Dentro del parlamento se ha aprobado, teniendo pendiente una segunda votación, que se deroguen los delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Sin embargo, este proyecto de ley no le ha gustado en absoluto a la corte internacional, de forma tal que ha ordenado que los poderes del Estado peruano tomen las acciones necesarias para evitar que esta ley sea promulgada.

Otra vez la CIDH intenta intervenir en la soberanía del Estado peruano. Recordemos que no es la primera vez que dicho aparato internacional ha intentado que en el Perú se suspendan funciones propias de la división de poderes con tal de favorecer a su agenda ideológica. Una muestra de ello fue la orden de no liberar al expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que otorgar un indulto humanitario es una facultad del Ejecutivo, ratificada por el máximo órgano constitucional del país, el Tribunal Constitucional.

Esta nueva directiva de la Corte IDH insta al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo a que intervengan para que el Poder Legislativo no pueda cumplir con una de sus funciones esenciales, como promulgar una ley. En otras palabras, dicho órgano ha ordenado al Perú ignorar la división de poderes, permitiendo que entre poderes interfieran en las competencias específicas e independientes del Legislativo.

Esta grave intrusión en nuestra soberanía y en nuestra Constitución, que reconoce la existencia de tres poderes independientes en el Perú - Legislativo, Ejecutivo y Judicial - no puede pasar inadvertida. Debemos hacer frente a las razones por las cuales se pretende que cometamos tal atropello a nuestra constitucionalidad.

Parte de nuestra población, básicamente la izquierda, se encuentra indignada por la aprobación inicial del proyecto de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, en nuestro país, la dignidad y la indignación han sido palabras usadas de manera ligera y en contextos más que deplorables. Fue la malinterpretada dignidad de muchos la que llevó a Pedro Castillo y su cúpula de corrupción al poder, y hoy, la supuesta indignación del sector caviar nacional es la que objeta la aprobación de esta ley.

¿Pero por qué el Congreso pretende que se prescriban los delitos de lesa humanidad previos al 2002?

Este proyecto tiene como propósito respetar uno de los principios más fundamentales del derecho penal: el principio de legalidad. Este principio señala lo que en latin se dice “nullum crimen nulla poena sine lege”, que significa que no puede haber crimen, ni tampoco pena, si no existe una ley antes.

Lamentablemente, para la cúpula caviar peruana y para la Corte IDH, este delito fue reconocido en el Perú tras ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en julio de 2002. Esto debido a que desde esa fecha, este delito se volvió parte del sistema de justicia. Ni siquiera los terroristas fueron condenados por este delito, ya que no existía. Sin delito, no hay pena.

La intención del Congreso, por lo tanto, no es abolir un delito, sino asegurar que se cumplan los estándares de un Estado de Derecho y que se respeten sus principios. Que no se condene por delitos que no existían en nuestro país.

Por lo que esta nueva intromisión de la Corte IDH demuestra su falta de interés en que en Perú se haga justicia de verdad. Este organismo internacional no pretende fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, sino debilitarlo, ordenando que nuestros poderes interfieran entre sí, a pesar de su autonomía, con el fin de que los principios legales de nuestra legislación no se vean cumplidos.