El gobierno de Dina Boluarte insiste en proyectar una imagen de normalidad, pero la realidad dista mucho de ello. Lima no es el Perú. No hay mejor prueba que los recientes sucesos en Puno, que evidenciaron la interrupción del izamiento de nuestra bandera nacional por parte de individuos violentos y antipatriotas, quienes en su lugar izaron una bandera bicolor en negro, un insulto flagrante a nuestro símbolo patrio desde cualquier perspectiva. A pesar de los argumentos del ministro de Defensa de que finalmente se llevó a cabo la ceremonia, esto no resta importancia a este funesto incidente.

A seis meses de asumir el cargo, el gobierno de Dina Boluarte aún no logra ejercer plenamente el Estado de Derecho en Puno. Incluso enfrenta dificultades para llevar a cabo una ceremonia tan básica como el izamiento de la bandera en su día, el 7 de junio, cuando honramos a los héroes Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Sin duda, es una situación lamentable.

Y lo peor es que esto no es un caso aislado. Lo mismo ocurrió en abril y hasta ahora no se ha dado una respuesta adecuada. ¿Qué se ha hecho para mejorar la situación en Puno? ¿Se han establecido diálogos con las autoridades y los grupos sociales? ¿Se ha adoptado un enfoque multisectorial para abordar el problema? ¿Se han fortalecido las medidas contra los violentistas? Desafortunadamente, las soluciones brillan por su ausencia, y la permanencia del coronel EP Carlos Freiré, reconocido representante del sector izquierdista del Ejército, a pesar de estos sucesos y las trágicas muertes de los seis soldados ahogados, desacredita cualquier intento de respuesta.

Dina Boluarte se encuentra en una encrucijada. Mientras la comunidad internacional arremete contra su gobierno, la Cancillería se mantiene pasiva. En el Congreso, la situación podría volverse aún más adversa, con la posibilidad de que la mesa directiva caiga en manos de la izquierda, sin contar con un respaldo sólido para Dina. La epidemia del dengue se ha convertido en la peor que hemos enfrentado en el siglo XXI (una epidemia, no una pandemia) y el gobierno la está gestionando con personas cercanas a Vizcarra. Si su manejo del ciclón Yakú fue desastroso, ¿qué podemos esperar ante el inminente y devastador fenómeno del Niño?

Dina cuenta con un mandato constitucional y, por ende, con legitimidad de origen. Sin embargo, para subsistir, debe ganarse la legitimidad de ejercicio. Sin este último aspecto, los ataques de sus adversarios políticos la afectarán cada vez con mayor fuerza. En un país que ha visto seis presidentes en seis años, a pesar de los esfuerzos de diversos sectores políticos por mantenerla en el poder, el gobierno está destinado a colapsar, y dependerá de ella misma determinar el desenlace de esta lucha política que se ha vislumbrado desde el inicio.

La presidenta debería encarar un cambio contundente asegurándose de resolver la situación en Puno. Su presencia allí transmitiría un mensaje poderoso. Además, esperamos su respuesta frente a la epidemia y las medidas preventivas ante el fenómeno del Niño. Por supuesto, también anhelamos proyectos y políticas públicas que abarquen todos los sectores y temáticas, ya que eso es precisamente lo que se espera de un gobierno: gobernar y ofrecer un modelo de desarrollo para el país, en lugar de limitarse a sobrevivir y gestionar crisis coyunturales.

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El Fin de la Falsa Normalidad

La epidemia de dengue que, en esta semana, ha alcanzado un pico infame en el Perú no solo debe convocar a la opinión pública a un profundo debate sobre qué es lo que se debe hacer para mejorar significativamente los servicios de salud en nuestro país, sino que es también un llamado a entender por qué las cosas van tan mal. Resulta que la salud pública en el Perú ha sido asolada en los años recientes por otras tres pandemias: la del Covid-19, por supuesto, pero también la del Vizcarrismo waripoleado y la del Castillismo ladrón. Con lo anterior a la vista es difícil pensar que otro podría ser el resultado, más que la triste realidad que roba vidas y destruye familias con la muerte.

El Covid-19 no afectó -en cuanto al porcentaje de muertes de cara a la población del país- a ninguna nación más que a la nuestra. El Perú fue el país en la tierra que peor manejo la pandemia y cientos de miles de peruanos muertos dejan triste testimonio de esa realidad. Sin embargo, el presunto coimeado Vizcarra Cornejo jamás ha respondido por su lamentable manejo sanitario. Tampoco lo ha hecho su ministro de Salud Zamora, torpe impenitente, que no solo no ha pedido disculpas, sino que se ha dedicado a enseñar salud pública (en la Católica, naturalmente) y ahora ha sido exportado para trabajar en un laboratorio internacional. ¿Cuál será su aporte? Es un misterio.

Lejos quedaron las eternas conferencias de prensa de Vizcarra Cornejo y su equipo de ministros y las preguntas que los periodistas debían remitir por escrito para que el gobierno elija qué, cómo y cuándo responder. Parece que ya nadie recuerda las palmas nocturnas al presidente y a varios alunados cantándole feliz cumpleaños desde los techos y balcones de los distritos más pudientes de la capital. Menos todavía se repasa cómo los medios de comunicación se entregaron en cuerpo y alma a la causa del vizcarrismo generoso. Por meses el país se hundía en la peor tragedia en términos de vidas que ha sucedido y buena parte de la prensa cubría el regreso de los delfines.

Como todo lo malo puede ser peor, después del desastre Vizcarra y Zamora llegó Castillo y todas las izquierdas. Y llegaron con una sola meta trazada: robarse todo. Con el trillado sonsonete de no más pobres en un país rico, un sombrero y un lápiz, Castillo Terrones y sus secuaces aupados completamente por la izquierda “decente” iniciaron un gobierno circense en donde todo lo esencial fue dejado de lado. No es que la izquierda haya participado de un mal gobierno. Es que la izquierda participó de un gobierno en el que no se hizo absolutamente nada más que fraguar planes para robar, destrozar el Estado y -finalmente- intentar, con tanto éxito como todo en ese tiempo, dar un golpe.

Con estos párrafos no pretendemos limpiar la responsabilidad que hoy recae en las autoridades del sector salud. Pero sí nos parece fundamental que el peso de la condena recaiga no solo en quienes hoy encabezan el aparato público, sino en quienes lo han hecho en los años previos con absoluta desidia y arrogancia. Vizcarra Cornejo, Castillo Terrones y la izquierda que los apoyó son igual de responsables de la tragedia en la que todavía vivimos que el gobierno actual. Gobierno que, no está de más recordar, eligió la izquierda con su voto para Dina Boluarte en la vicepresidencia. Así que a otro perro con el hueso de las responsabilidades impostadas que hoy algunos tratan de vender.

Los verdaderos responsables 

Paradójicamente, mientras los peruanos sufrimos los achaques del desgobierno y la falta de gestión pública, los mercados internacionales ven al país con mucho mejores ojos. Esto no implica que se crea que los problemas que sabemos que están allí no lo estén; significa —más bien— que para la Economía mundial no parecen tan relevantes como para los peruanos que deben cotidianamente lidiar con la tragicomedia en la que nuestra política se ha convertido. Este domingo en El Reporte intentaremos ver el vaso medio lleno (en el sentido económico) y entender qué es lo que el mundo observa en el Perú.

El sol es la moneda más estable de la región. La causalidad de este éxito es directa con la autonomía y la impresionante capacidad de Julio Velarde y el Banco Central de Reserva (BCR). Habiendo vivido esta última década no se puede negar que fue un gran acierto de los constituyentes de la Carta del 93 encargarse de rodear al BCR con una muralla china que impida injerencia política en la institución. Incluso, se sabe que Bolivia está comprando soles para estabilizar su economía tan venida a menos después de décadas de farra fiscal y populismo barato. Este es un gran punto a favor para el país.

El Ministerio de Economía y Finanzar (MEF) ha probado que no se presta a los apetitos políticos de los gobernantes de turno. Nuestras arcas fiscales se manejan con ortodoxia y, si bien lejanos lucen las tasas de crecimiento de hace unos años, todavía crecemos, aunque cada vez más lentamente. Los mercados nacionales se mueven dentro de los cánones esperados y la COVD-19 y sus estragos empiezan a convertirse en un mal recuerdo. Lamentablemente, este año empezó con un fuerte fenómeno de El Niño que saboteó industrias como el agro o la pesca que suelen ser poderosas en nuestro país.

El gobierno de la señora Boluarte, finalmente, parece haberse estabilizado bajo las reglas de la destrucción mutua asegurada. En cristiano: nunca tanta gente que jamás soñó con tener el poder que hoy tiene lo tuvo y el “que se vayan todos” que tanto repite la prensa acomodaticia causa terror generalizado entre quienes detentan el legítimo poder de adelantar las elecciones. La izquierda, por su parte, ha perdido momentum y sigue demasiado fresco el recuerdo del sombrero luminoso y uno de los peores gobiernos de la Historia del Perú: el referéndum constitucional está dormido.

Por último, la economía mundial se ha enfrascado en una batalla por la transición energética hacia matrices productivas más limpias que el petróleo o el carbón. Y allí el Perú tiene un as bajo la manga que permite esta curiosa inercia. La transición energética no es posible sin cobre. Y si el Perú tiene en exceso un recurso valioso para el mundo de nuestros días es ese: el cobre. Si llegamos al año 2026 y elegimos a un gobierno que tenga una idea, así sea remota, de cómo voltear el partido, el Perú bien podría volver a la senda del crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. Que así sea.

El Perú en los mercados internacionales

Recordará el lector el ridículo espectáculo que protagonizó la OEA a fines del año pasado. El consejo permanente de la organización, comandado por su secretario general, creyó que las razones expuestas por el gobierno de Pedro Castillo (supuesto golpe en marcha por el Congreso y la Fiscalía) eran suficientes para activar la Carta Democrática Interamericana y enviar una misión que evalúe el statu de la democracia en el Perú. En efecto, la OEA le dio un poco de oxígeno al gobierno de Castillo y este respondió la ayuda con la mayor de las burlas.

El 2 de diciembre del 2022, el organismo internacional en mención presentó su informe preliminar. En él, sugerían iniciar una “tregua política” y “encauzar” un “diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes, partidos políticos y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos”. A la sazón, el informe intentó explicar la crisis política a través de supuestas razones estructurales como el racismo, la discriminación, el papel de los medios de comunicación y otras sandeces, sin mencionar en absoluto la evidente corrupción y el comportamiento altamente autoritario del gobierno de Castillo. 

Cinco días después, Pedro Castillo da el golpe de Estado. ¿En este caso la OEA creyó de forma ingenua las versiones y argumentos del anterior gobierno? ¿o, al contrario, constataban todos los peligros que traía y aún así decidieron apoyarlo? Desde este espacio creímos y creemos en extremo evidente que la OEA ofició de defensor, sin tapujos ni vergüenza, del golpista.

Lo mismo acaba de ocurrir con el informe presentado ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha comisión, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto los miembros de la Comisión como de la Corte son elegidos por la Asamblea General de la OEA, la misma que ofició de defensora de Pedro Castillo. Por ello, no extraña el sesgo de la CIDH en todo su informe.

Llamar “masacre” o “ejecuciones extrajudiciales” a los hechos vividos en diciembre no se constatan con la realidad, el diccionario ni con el más mínimo sentido común. Y sí, por supuesto, las muertes deben ser investigadas. En un Estado de Derecho democrático como el peruano, no debe haber impunidad, ni para los uniformados que cometieron excesos, ni para los 'protestantes' que llevaron a cabo actos violentos, como quemar vivo a un policía (Luis Soncco QDEP), atacar más de 100 comisarías, sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinar la toma de cinco aeropuertos simultáneamente, intentar destruir los sistemas de abastecimiento energético e hídrico del país, empresas de alimentos, y lanzar granadas, entre muchos otros explosivos.

¿Cómo explica la CIDH la extrema violencia de los manifestantes? “Las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explicitas y coyunturales, como es el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. En la base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”. 

Cualquier parecido con el anterior informe de la OEA, el de diciembre, no es coincidencia.

A grandes rasgos, las versiones más contemporáneas de la teoría realista de la Relaciones Internacionales (la más extendida y respetada por lejos en el mundo académico) sostienen que los organismos internacionales son herramientas de los Estados en lucha por el poder; es decir, resguardan los intereses de los Estados hegemónicos dentro de estas organizaciones. La OEA, que ya dijimos elige a las máximas autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene alrededor de dos décadas con hegemonía izquierdista. Desde la primera ola roja a inicios del siglo, la composición de la Corte y la Comisión no ha variado ideológicamente. Hoy en día, además, atravesamos lo que se ha denominado la “ola rosa”: la mayoría de Estados en la región tienen gobiernos izquierdistas y ello termina reflejándose en la composición del Sistema Interamericano.

¿Cómo cambiar este sesgo o las constantes intromisiones en la soberanía nacional? Algunos señalan que el Perú debe salirse de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Otra opción es dar la lucha que no dieron los gobiernos de derecha (tibia) en la región, y cambiar la composición de la Corte y la Comisión por expertos objetivos, no ideologizados, que le brinden un mayor profesionalismo al Sistema y, por lo tanto, una mayor legitimidad.

Mientras ello no ocurra, toca desconfiar de cualquier comunicado, sentencia, informe que produzcan. Al final de cuentas, la OEA y el Sistema Interamericano representan los intereses del izquierdismo regional, lo dice la teoría y la práctica.

Ni sorpresas ni coincidencias 

Hace 157 años, el Perú venció a España en combate naval en el Callao. La defensa peruana, organizada por el entonces dictador Mariano Ignacio Prado y por el secretario de Guerra y Marina, José Gálvez, hacia las cinco de la tarde reclamaba la victoria en un combate que empezó de madrugada.

La pregunta que hasta hoy cabe realizar es, ¿por qué, luego de más de treinta años de declarada la Independencia, España agredía bélicamente al Perú?, ¿Se trataba acaso de una intentona de reconquista? Aunque en su momento se especuló aquello, la respuesta es negativa. Entonces, ¿qué llevó a España a entablar un conflicto contra la excolonia ultramarina? Intereses económicos y la circunstancia adecuada.

A inicios de la década de 1860, España atravesaba una crisis económica y tenía varios flancos militares abiertos en sus aún colonias. A la postre, la madre patria observaba con cautela cómo el Estado peruano ensanchaba sus arcas fiscales gracias al 

 del guano. Con la excusa de cobrarse la indemnización de la Guerra de la Independencia, en 1864, un “armada científica” invade las Islas de Chincha, ricas en el excremento fertilizante. Esta agresión, a la vez, contó con una circunstancia internacional favorable. Los Estados Unidos, al encontrarse en una guerra civil, no pudieron aplicar la Doctrina Monroe, la cual llamaba a la intervención militar si es que un país europeo agredía a uno americano.

El gobierno del entonces presidente Pezet, al saberse incapacitado de entablar una guerra, encomienda al general Vivanco el entablar negociaciones con España. De estas conversaciones resulta el Tratado Vivanco-Pareja de 1865. Un convenio francamente permisivo para España y derrotista para el Perú. Ello despierta el fervor patriótico. El coronel Mariano Ignacio Prado se levanta en Arequipa. Por su parte, José Balta lo hace en Chiclayo. Cae Pezet y asciende Prado en octubre de 1865. Este último, sin dudarlo, declara la guerra en febrero de 1866.

Esta guerra demostró que el Estado peruano, cuando se lo propone, es eficaz en la búsqueda de soluciones. Por un lado, el por entonces canciller Toribio Pacheco, uno de los más reconocidos juristas de nuestra historia, organizó la cuádruple alianza con Chile, Bolivia y Ecuador, en un esfuerzo que resultaba poco probable. Además, el combate de Abtao del 7 de febrero de 1866 fue una clara muestra de la cooperación peruano-chilena. Ambas escuadras lucharon juntas contra el invasor. Por otra parte, poco tiempo atrás durante el gobierno de Pezet, se encomió en una misión de compra de armamento al por entonces capitán de fragata Miguel Grau y al coronel Francisco Bolognesi. Ambos futuros héroes compraron la artillería de grueso calibre con la que se defendió el Callao, y además concretaron la adquisición de las corbetas Unión y América y de los blindados Huáscar e Independencia.

En esa circunstancia, a mediados del siglo XIX, el Estado peruano actúo y resolvió la crisis con destreza. Hubo rápida compra de armas, eficiencia en las relaciones con los países vecinos, con énfasis en la relación peruano-chilena.

Aun así, el dos de mayo de 1866 no fue tan solo una victoria de las autoridades. La ciudadanía entera salió a defender el honor nacional. Se armaron batallones de escolares que faltaron a sus clases. Médicos y enfermeras de todo Lima abandonaron sus puestos para acudir a la batalla, entre muchas otras muestras de patriotismo y civismo.

El gran historiador republicano, Jorge Basadre, señaló sobre el dos de mayo: “se logró robustecer el espíritu nacional peruano”. A lo que añadió: “el dos de mayo de 1866 es un día cumbre en la historia republicana del Perú, y más que una jornada militar, es una jornada cívica”.

En tiempos en los que la crisis política, social e internacional se prolonga, recordar las grandes gestas de un país que estuvo unido, en ese momento, es un acto de protesta frente a la coyuntura y, a su vez, una oportunidad para recordar que los peruanos unidos podemos hacerles frente a las más peligrosas amenazas.

*Este artículo hace una corrección y actualización del editorial del año pasado publicado en esta misma fecha.

La importancia del 2 de mayo de 1866*

En el medio de un crispado ambiente político doméstico en los Estados Unidos y con un mundo que se desangra en Ucrania mientras lidia con una China con cada vez mayores ímpetus imperiales, el presidente de la nación más poderosa de la tierra, Joe Biden, ha decidido anunciar su candidatura hacia un segundo periodo. A su avanzada edad, las críticas no han tardado en aparecer; tampoco los cuestionamientos a su competencia para liderar al país. Sin embargo, desde la tienda demócrata se dice que Biden es el único candidato que parece estar en condiciones de derrotar a quien -parece todo indicar- será el contrincante republicano: Donald Trump. Parece que esta película ya la vimos.

Sucede que Biden ha hecho una presidencia opaca. Su falta de reflejos políticos y sus constantes exabruptos han logrado que la Casa Blanca lo “esconda” lo más posible. Cada vez que Biden se dirige a la nación, una potencial crisis de relaciones públicas se está gestando. Por otro lado, su administración ha sido muy mala en términos económicos y peor todavía en cuestiones sociales. Los Estados Unidos viven momentos de absoluta polarización que Biden tendría que haber enfrentado; no obstante, ha preferido agudizar las contradicciones y hacer más claros los dos bandos que hoy se enfrentan por el control de las casas de poder estadounidenses. Ahora, ¿es realmente el mejor contra Trump?

En El Reporte nos vamos a permitir poner en duda esa afirmación. Por momentos, pareciera que los demócratas están haciendo todo lo posible para que, justamente, Trump sea el adversiario porque consideran que es más sencillo vencerlo. Ojo con esto que Clinton le salió el tiro por la culata. La cantidad abrumadora de procesos judiciales que se han abierto contra Trump no parecen afectarlo dentro de las encuestas en la tienda republicana. Más bien, su más cercano competidor, el gobernador de La Florida Ron de Santis, ha tenido que sumarse a las filas de defensa de Trump por su avasallante popularidad en los estados rojos. El progresismo extremo demócrata no ha funcionado.

De Trump se pueden decir -y con justicia- muchas cosas. Pero no que es un mal político. Es un hombre que conecta con la gente y que sabe usar las crisis que lo agobian a su favor. Por otro lado, los demócratas han alienado a buena parte de su base electoral apoyando políticas extremas -como el uso de hormonas para el cambio de sexo en menores de edad-. Ahora bien… ¿Sería lo mejor para los Estados Unidos (y el mundo) una nueva contienda electoral entre estos dos viejos rivales? Lo dudamos. Lo mejor que podría pasar en ambos partidos es que emerjan liderazgos jóvenes que renueven las ideas de sus partidos. El problema es que, a la fecha, nada de esto parece estar sucediendo.

Dejando de lado por un momento el factor Trump, una eventual segunda presidencia de Biden sería desastrosa. El mundo atraviesa uno de sus momentos más críticos en cuanto a política exterior y Biden ha demostrado no tener los reflejos para lidiar con la beligerancia de Putin ni con la voluntariosa expansión China liderada por Xi. Además, cuatro años más de políticas progresistas radicales solo harán del país tierra fértil para una mayor concentración de ideas radicales conservadoras que abonarán solo en la ya tremenda división que aleja a los estadounidenses de los estados rojos de aquellos que viven en los estados azules. Esta es una mala noticia para los americanos. Y para todos.

Biden hacia lo desconocido

Hace pocos días, un grupo de puneños evitaron que miembros del Ejército del Perú izasen el pabellón peruano. Lo ocurrido tiene más de una lectura importante. Sin embargo, la primera reacción que se da en el ánimo del observador es un efecto combinado de asombro y duda causado por el simple hecho de que un grupo de peruanos no permitiera izar el símbolo de lo peruano.

Sin entrar en la enumeración de leyes, reglamentos y disposiciones legales referidas a los símbolos patrios, es inaudito que un peruano no reconozca el acto de "elevar" la representación de la Peruanidad, más aún, que la evite agrediendo o amenazando a quienes representan, por sus funciones constitucionales, la defensa de la soberanía e integridad territorial.

Una primera lectura es la falta de autoridad, el completo caos y la falta de imposición de imperio de la ley, de los llamados a ejercerla. Esto es el producto, casi no cabe duda, de la filtración "caviar" dentro de las Fuerzas del Orden a través del lenguaje "correcto", la aceptación social (lo políticamente bien) y el traspase del sentimiento de culpa por pertenecer a una institución "dura e históricamente antidemocrática".

Esta posible baja autoestima entre aquellos señores uniformados se refleja en el hecho de aceptar no izar la bandera nacional, símbolo de la Patria. En cambio, si tuvieran firmes sus convicciones profesionales, así como la seguridad de su identidad y misión, no lo hubieran permitido. En este punto, muchos pensarán que se habría producido un derramamiento inútil de sangre, moretones y malos momentos. Desde El Reporte queremos creer que lo ocurrido fue una parada táctica y que el siguiente domingo (hoy) se izará la enseña nacional sin ningún problema. De no ser así, mejor que dejen de aparentar lo no que son. Se requiere priorizar el fondo y no la forma.

Otra lectura, no menos aterradora, es que en Puno se está perdiendo el sentimiento de peruanidad. Estos actos simbólicos son realmente profundos en su significado, puesto que perfilan acciones futuras, como, por ejemplo, el desconocimiento de las leyes peruanas, la autonomía/independencia local y la separación territorial hacia Bolivia; en otras palabras, el desmembramiento.

De hecho, que este grupo de confundidos puneños haya tenido el coraje de "pechar" a los uniformados significa que van perdiendo el respeto a los representantes de la República y, por lo tanto, a nuestro país como unidad. Van adquiriendo valor y seguridad para alcanzar lo que tal vez ni ellos saben: fungir de peones de objetivos extranjeros en contra de la patria.

Las Fuerzas del Orden son para sostener el orden, la defensa y la seguridad de la República (artículo 164 de la Constitución). La nación les ha otorgado esa función y no deberían tener miedo de ejercerla de manera correcta y firme. Lamentablemente, algunos de sus integrantes -tal vez el coronel en Puno- han sido captados -sin saberlo- por los enemigos ideológicos de las propias Fuerzas Armadas.

Que estas líneas no llamen ni inciten a la violencia, todo lo contrario, lo que se busca es recuperar el Estado de Derecho de nuestra República, y para ello deben respetarse -así como hacerse respetar- las instituciones llamadas a mantener el Orden con mayúscula.

 La bandera peruana y sus enemigos 

La semana pasada, el debate en torno a los “limpiaparabrisas” ha tomado por asalto el debate nacional con respecto a políticas públicas de seguridad ciudadana. Es curioso que un país que se desangra día a día producto de la violencia criminal le atribuya tanta relevancia a un tema como este. Un tema que, claramente, es un síntoma y no una enfermedad. Los cínicos dirán que es la cuota de demagogia de los políticos de turno y que medidas como esta son para la tribuna. Sin embargo, el problema que vemos es que hace ya un tiempo solo hay demagogia y nada de fondo para resolver los problemas.

Prohibir que personas —delincuentes o no— limpien parabrisas en las esquinas de la ciudad es un aborto lógico. Es como pensar que prohibir el crimen tendrá algún efecto. Lo único que se logrará con esta medida es complicar la vida de los agentes del orden y —en gran medida— distraerlos de la persecución de crímenes de mayor calibre. No pretendemos con esto decir que los hechos horrendos que han gatillado esta discusión deban ser ignorados. Pero los problemas deben resolverse con un análisis de fondo y con conocimiento de políticas públicas y no con esta forma de fuegos artificiales ridículos.

Sucede que hace ya varios años la administración pública ha empezado a despoblarse de cuadros capacitados. Desde los días en que el presunto delincuente Vizcarra Cornejo se hizo del poder y abusó de éste inició un proceso de pauperización de la administración pública que llegó a su punto de ebullición durante el breve gobierno de la izquierda y su criminal líder, Castillo Terrones. Esta situación ha llevado al sector de Interior (y al de Defensa, pero ese es tema para otra nota) a enfrascarse en discusiones de este tipo con autoridades locales argumentando sandeces como que hay que empadronar a la gente.

Se han confundido por completo las labores que deben cumplir los serenos y las que debe llevar a cabo la Policía Nacional y este teléfono malogrado ha hecho del país tierra fértil para que delincuentes hagan su agosto. Incidentes sangrientos como los recientes no se van a detener con medidas cacasenas como las que se están discutiendo, sino con estrategia y ejecución de calidad. Hacen muy mal los políticos que proponen prohibir lo que no puede. Y responde peor el gobierno central entrando en el debate y bajándolo aún más de nivel con contrapropuestas todavía más tontas. Es urgente enmendar el rumbo.

Sobre las medidas contra los “limpiaparabrisas”

Como se señaló en El Reporte —en una 

— los argumentos que el profesor estadounidense Steven Levitsky esgrimió, acompañado de un grupo de académicos de su país, en defensa de la no extradición de Alejandro Toledo al Perú, era una burla sin ningún tipo de sentido jurídico. Esta semana, fuimos testigos de cómo la justicia norteamericana apuró el proceso de expectorar de su país al ex mandamás del extinto Perú Posible para así mandarlo de vuelta a Lima. El personaje en cuestión, sin embargo, está tratando de amagar de varias formas lo inevitable: ir a la cárcel, específicamente al penal de Barbadillo, junto a Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

De todos los casos en los que la justicia peruana estaba buscando imputar a ex presidentes por los delitos que supuestamente habrían cometido durante sus administraciones, el tema de Alejandro Toledo era escandaloso. Desde la mansión que compró en Casuarinas con “reparaciones del holocausto” hasta las más afiebradas explicaciones que fue dando de cómo es que obtenía su dinero. Finalmente, una declaración de Odebrecht a los Estados Unidos confirmada por otra en el Perú terminó de echarlo a la sartén. En el interín, Toledo fue candidato a la presidencia de la República dos veces más con no poco apoyo.

Hablando de estos apoyos que recibió Toledo… ¿Serán esos el origen del curioso silencio de muchos? Recordemos que fue Alejandro Toledo quien abrió las puertas del Estado peruano para la farra caviar de consultorías y ministerios. En el sector privado también tomó un par de decisiones cuestionables, cuando menos: regaló América Televisión (Canal 4) a los grupos El Comercio y La República (vaya que le deben una porque sin antena ya serían historia ambos diarios) y fue generoso con embajadas, apelando a dádivas y cuchipandas. Toledo, eso sí, ha dicho que no lo ha contado todo.

¿Eso significa que cuando llegue a suelo peruano nos enfrentaremos a una verdad más siniestra que la que ya conocemos? Estamos listos.

Perdió Levitsky

Esta semana, el Congreso aprobó una ley que permitiría armar a los serenos a nivel nacional. Si bien la medida ha despertado el interés de algunos pocos observadores —como el ex ministro Fernando Rospigliosi, columnista de esta casa—, en general, ha pasado desapercibida. En 

 consideramos que es necesario llamar a la alerta por esta medida y que se deben tomar las acciones necesarias para enmendar en el curso. Que miles de serenos porten armas de fuego solo va a empeorar la situación en el país en términos de seguridad. Además, hay una responsabilidad tremenda asignada a agentes poco entrenados, ¿Quién se hará responsable cuando ocurran tragedias?

Empecemos por decir que la norma indica que los serenos podrán usar escopetas para disparar cartuchos de goma. Los cartuchos de goma pueden ser letales; no obstante, ese no es ni siquiera el problema más grande. Las escopetas que disparan cartuchos de goma y las que disparan cartuchos normales son exactamente las mismas. No hay ninguna diferencia en el sistema de percutores de una escopeta capaz de disparar un cartucho de goma y una que luego dispare un cartucho calibre 12GA potencialmente mortal. Esto sería como darles a los serenos pistolas de verdad y decir que solo usarán municiones de fogueo. Esta norma le está dando a los serenos armas de fuego, sin ningún reparo.

Luego es necesario plantearnos si un arma de este tipo podría aportar beneficios en la lucha en contra de la delincuencia común, que es a la que se dedica el serenazgo. Y la respuesta es clara: no. No hay ninguna indicación de que este tipo de armas puedan mejorar la forma en como los serenos llevan a cabo sus funciones. Lo que queda claro es que hay una confusión intensa entre las funciones de los serenos y las que debe llevar a cabo la Policía Nacional, que está facultada para ejercer el monopolio de la violencia y hacer uso letal de la fuerza bajo restricciones establecidas. Lo que aquí hay es un intento poco feliz de hacer política pequeña donde están fallando las políticas públicas.

Esta norma es el claro nacimiento de un problema que este Congreso no deberá enfrentar. Es necesario que el Poder Ejecutivo observe la norma y que un mayor debate técnico al respecto se dé. No es posible que se legisle pensando en tan corto plazo poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y de los mismos agentes que deberán cumplir con lo indicado.