 Abogado y analista político

José Antonio Torres Iriarte

La reprogramación de la audiencia en la que se debía resolver la apelación planteada por la fiscalía para hacer efectiva la prisión preventiva del procesado Martín Vizcarra ha llamado profundamente la atención. El juicio oral contra el inhabilitado expresidente Martín Vizcarra viene demostrando el poco interés en impulsar celeridad a un proceso judicial que, por su naturaleza y connotación, reviste la mayor importancia. Vizcarra pareciera sentirse seguro de que seguirá en libertad durante su largo juicio oral, lo que le permite crear la atmósfera de que sigue en campaña electoral a lo largo y ancho del territorio nacional. Ha alcanzado el “sueño del partido propio”, amparándose en la laxitud de las normas exigidas a los nuevos partidos políticos, que han podido inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Un sinnúmero de agrupaciones políticas están prestas a participar en las próximas elecciones generales, siendo evidente que las autoridades electorales no tienen el menor interés en sancionar a los partidos que han incurrido en acciones dolosas, falsificando centenares de firmas de adhesión a nuevas agrupaciones políticas. Vizcarra goza de una aparente impunidad, a lo que se suma la inacción de las autoridades electorales.

Por otro lado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, virtualmente se ha negado a cumplir con un mandato judicial que ordena la reposición como fiscal suprema de la Dra. Patricia Benavides. La fiscal de la Nación incurre en desacato y pareciera dispuesta a mantenerse intransigente.

La actitud de Gustavo Gorriti es reveladora. No concurre a las citaciones programadas, se niega a prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público y, por cierto, desafía al Congreso de la República. A lo largo del tiempo, Gorriti ha demostrado que es un operador político de Odebrecht. ¿Cómo explicar que haga uso y abuso del poder casi ilimitadamente? El Perú ha sido testigo de cómo se ha convertido en el censor de la vida nacional, mostrándose seguro de poder desafiar a un poder del Estado.

Se puede afirmar que el Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ha significado una cesión de derechos y el otorgamiento de excesivas concesiones a una empresa que tuvo como norte hacerse de las principales obras de infraestructura en nuestro país, corrompiendo a exjefes de Estado y altos funcionarios de diferentes administraciones. El Instituto de Defensa Legal, bajo el liderazgo de Gorriti, ha ido acentuando su poder e influencia en la política nacional. La “trama de Odebrecht” no ha concluido.

En las elecciones generales del próximo año se pondrá una vez más de manifiesto el peso e influencia de la llamada “judicialización de la política”. La democracia debe defenderse de la influencia nefasta de actores de la llamada “sociedad civil”. Más de cuarenta agrupaciones políticas conforman un universo electoral en el que no será el debate político o ideológico lo que prime.

El Perú no puede soslayar la influencia de la minería ilegal, del narcotráfico y del crimen organizado en el próximo proceso electoral. Más aún, es inaceptable que Martín Vizcarra y Gustavo Gorriti sientan que están por encima de la ley. Existen claros indicios de que el expresidente optaría por rehuir el mandato de la justicia, ya sea abandonando el país o buscando asilo en alguna embajada.

Martín Vizcarra, Gustavo Gorriti y Delia Espinoza deben comprender que nadie está por encima de la ley.

Nadie está por encima de la ley, por José Antonio Torres Iriarte

Economista. 

Ricardo Silva-Santisteban 

Sorprenden —aunque ya no tanto, dada lo bizarro de nuestra realidad actual— las explicaciones a los acontecimientos en Pataz y, en general, al boom de la delincuencia en nuestro país.

Desde la economía existe una teoría que explica sencilla y claramente lo que está ocurriendo en esa localidad: la teoría de los incentivos, también llamada teoría de atracción o incentivo de la motivación, dependiendo de la traducción. En términos simples, se refiere a cómo el agente económico (el individuo) responde a un determinado incentivo, ya sea motivador o desalentador. Hay muchísimos ejemplos muy sencillos: las multas de tránsito para que los conductores respeten la normativa, las tasas de interés, los subsidios, etc., ante los cuales los agentes económicos reaccionan de acuerdo con el incentivo recibido. Cabe mencionar que no todos los agentes económicos respondemos de la misma forma ante el mismo estímulo, pues es propio del ser humano tener comportamientos diversos.

Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que se entienda el concepto. Hay dos tipos de incentivos: económicos (recompensas o costos a asumir) y no económicos (premios, medallas que no implican dinero o, en el caso opuesto, castigos como la cárcel o el escarnio público).

En el caso de Pataz y la violencia en esa zona, hablamos de una región con una gran riqueza aurífera que cuenta con varias mineras operando, siendo la más destacada en los noticieros la compañía minera Poderosa. Ahora, para reflexionar: ¿el oro recién apareció hace poco tiempo en esa zona? No. ¿Entonces por qué recién se manifiesta una violencia tan brutal? Porque existen los incentivos para que ocurra.

¿Qué pena se establece para los delincuentes que cometen delitos tan graves como el asesinato de 13 personas en Pataz? La cárcel. Ese es un desincentivo para no delinquir más… aparentemente. No en Pataz. ¿Por qué? ¿Falló la teoría económica? Al contrario: encuentra plena justificación.

El oro está en precios históricamente altos, lo que incentiva su apropiación (ya sea vía explotación legal, ilegal o informal, o mediante el simple robo del mineral ya procesado). Ese precio también incentiva la explotación ilegal y el delito para apoderarse de él. El desincentivo que debería generar la aplicación de la fuerza por parte del Estado peruano para proteger a sus ciudadanos es casi nulo, lamentablemente.

¿Por qué, si tenemos un Código Penal que tipifica el delito y establece la pena? Desde mi punto de vista, porque el delincuente pone en una balanza —consciente o inconscientemente— el beneficio y el “costo” del delito (que, en términos estrictos, es la pena por el delito cometido). Si revisamos las estadísticas de la justicia en el Perú, no es difícil darse cuenta de que a muy pocos de los capturados se les abre proceso y, de esos pocos, aún menos son condenados. Es decir, cometo un delito (robo y asesinato, que son gravísimos) y la probabilidad de una condena es mínima, pero la probabilidad de ganancia es muy alta. ¡Díganme si no hay incentivos para delinquir!

Como este es un país en el que nos gusta hacer cargamontón, se le echa la culpa a la Policía (que captura, pero liberan a los capturados), al Ministerio Público (que no procesa y libera a los que captura la Policía) y a los jueces (que no condenan a los procesados, incluso con evidencia clara y pruebas flagrantes). ¿Por qué no hacen su trabajo? Nuevamente, hablamos de incentivos. Al policía, fiscal o juez que hace su trabajo, muchísimas veces las bandas delincuenciales los tienen amenazados, no solo a ellos sino también a sus familias. Entonces, también consciente o inconscientemente, ponen en una balanza: ¿hago cumplir la ley y me matan a mí o a alguien de mi familia, lanzan una granada a mi casa o a mi auto, o, para evitar eso, busco cualquier subterfugio legal para no llegar a la corte? Además, digamos que un sueldo no amerita exponer la vida propia o la de los seres queridos.

Creo que esto explica lo que está ocurriendo. La solución viene por lo que estamos exponiendo: los incentivos. Debemos crearlos para minimizar el delito, por ejemplo, retomando prácticas que en su momento tuvieron éxito: juicios exprés ante abundancia de pruebas, jueces sin rostro y penas efectivas muy severas para los delincuentes.

Hay que incrementar la cantidad de jueces y fiscales nombrados y reducir a los jueces y fiscales provisionales, pues estos están expuestos a presiones de quienes les renuevan los contratos. A la mayoría del país le queda claro que la justicia se ha utilizado como arma política, así que debemos procurar contar con jueces y fiscales sin posibilidad de ser presionados con la renovación de su puesto. Otro punto muy importante es la construcción de cárceles de alta seguridad en zonas remotas a las que dé miedo ir a parar. ¿Por qué dar miedo? Porque el 

miedo es un incentivo para no hacer lo que no debes. En las cárceles debe sobrar espacio; no debe existir el hacinamiento de los penales actuales, y deben ser lugares de rehabilitación.

El comportamiento del ser humano se guía por incentivos. Si se dan los incentivos correctos, podemos reducir el crimen y la impunidad, y allanar el camino para que la sociedad sea más próspera, con más inversiones que generen empleo. Hay que aplicar la ley y dar las salvaguardas necesarias para que quienes la aplican estén seguros.

No es el oro: es que hay incentivos para delinquir.

Nota final: Otro ejemplo de incentivos es el de los congresistas “mochasueldos” que no aprobaron una ley sobre la extorsión porque ellos mismos podrían verse condenados en caso de que se les abriera causa por la mochada de sueldo a su personal (“si no pagas, te saco del cargo que te he dado”). No había incentivo para aprobarla porque podrían ser condenados por extorsión. Un tema vomitivo, propio de estos tiempos, también ligado a los incentivos.

No es el oro, son los incentivos, por Ricardo Silva-Santisteban

Abogado

Alfredo Gildemeister

Aquella mañana del lunes 6 de agosto de 1945, Fujio Torikoshi, de 14 años, se levantó muy temprano, pues tenía varias cosas que hacer. Nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre y que sería un mudo testigo de uno de los hechos históricos más escalofriantes y trágicos que aún avergüenzan y conmueven a toda la humanidad. Fujio vivía con su madre y nueve hermanos en Yamate-machi, una colina cercana a la ciudad de Hiroshima desde donde se podía apreciar toda la ciudad. El día amaneció bien soleado y el cielo estaba limpio de nubes. Curiosamente, Hiroshima no había sido hasta entonces bombardeada por los americanos, que venían arrasando otras partes de Japón. Esta excepción terminaría en unos pocos minutos.

Eran las 8:14 de la mañana y, mientras Fujio desayunaba, escuchó el ruido de un avión, por lo que decidió salir de su casa para verlo. Cuando iba a entrar nuevamente, al no poder divisar el avión —pues al parecer volaba muy alto—, vio de repente algo negro en el aire que estalló en una explosión de luz tan brillante como el sol. La explosión despedía rayos amarillos y el cielo, de un momento a otro, se volvió completamente naranja. A Fujio incluso le pareció hermoso. Sintió como si el tiempo se detuviera, con un silencio tan profundo como extraño, hasta que recibió una “bofetada de calor”, como si le cayera agua hirviendo, quemándole la cara y las manos. En ese instante, una ráfaga de viento muy fuerte lo lanzó por el aire a unos diez metros de distancia, haciéndole perder el conocimiento.

Sin saberlo, Fujio era testigo de la primera bomba atómica lanzada en la historia. Lo más espantoso era que, encontrándose a más de dos kilómetros del epicentro, sufrió quemaduras tan graves que estuvo a punto de morir. “Aunque estaba delirando, me acuerdo de la ‘lluvia negra’ que caía sobre el polvo de los escombros y de los quejidos de los heridos, todos chamuscados”, recuerda. Lamentablemente, no había médicos para tratarlo en Hiroshima, pues habían perecido el 90 % de ellos y el 93 % de las enfermeras. Un camión militar repleto de heridos lo trasladó, en un trayecto plagado de baches, a un hospital a 20 kilómetros de la ciudad, donde lo untaron con harina de trigo y vinagre antes de vendarle todo el cuerpo como a una momia. De vuelta en su casa, medio destruida por la explosión, estuvo agonizando dos días.

Fujio permaneció internado tres meses en un hospital, vomitando sangre a diario, con las vendas infectadas por el calor y la falta de medios. “Como no podía comer, mi madre hizo una pajita con el tallo de una planta de trigo, con la que me daba los alimentos que ella masticaba para que los tragara”, cuenta. Afirma que sobrevivió “de milagro”.

¿Qué había sucedido? El 28 de julio de 1945, Japón había rechazado los términos de rendición enviados por Estados Unidos y sus aliados. Ante la perspectiva de que la guerra se prolongara —pues Japón lucharía por su emperador hasta el último hombre, con las miles de muertes que ello acarrearía—, el presidente Harry S. Truman ordenó lanzar una bomba atómica sobre Hiroshima, escogida entre varias ciudades. El objetivo era presionar a Japón a una rendición inmediata e incondicional. Paradójicamente, en la fabricación de la bomba participaron científicos estadounidenses y de otras nacionalidades, como el alemán Wernher von Braun, quien menos de un año antes había trabajado para Hitler en la fabricación de los cohetes V1 y V2 que destruyeron Londres.

La bomba fue bautizada irónicamente como Little Boy. Pesaba cuatro toneladas, equivalente a cuatro kilotones de TNT. Se eligió un bombardero B-29, denominado Enola Gay en honor a la madre del coronel Paul Tibbets, encargado de la misión. La aeronave contaba con cabina presurizada y sistema de control de tiro electrónico, innovaciones para la época. Volando a 9.357 metros de altura, el avión dejó caer la bomba, que explotó a 576 metros del suelo. Se calcula que la temperatura en el epicentro alcanzó los 4.000 °C y que la velocidad de los vientos llegó a 800 km/h, destruyendo la ciudad por completo. El hongo nuclear se elevó a 20 kilómetros y fue visible a 750 kilómetros de distancia. El saldo fue de 140.000 muertos inmediatos y 70.000 heridos. En un radio de 750 metros alrededor del epicentro, nada sobrevivió.

Fujio fue maestro de escuela y se casó ocultándole a su esposa que era un hibakusha —como se denomina en japonés a los supervivientes de la bomba atómica—, por el estigma que ello implicaba. Tras la muerte de su primera hija, a los quince minutos de nacida por cesárea, decidió no tener más hijos por miedo a malformaciones derivadas de la radiación. “Aunque padezco síntomas de leucemia, no guardo odio a los americanos por la bomba, porque Japón también cometió atrocidades y debo seguir contando mi historia para luchar por la paz”, declaró alguna vez con una sonrisa.

Así como Fujio, aún viven sobrevivientes de la tragedia. Es el caso de Tamiko Shiraishi, de 76 años, quien tenía seis cuando casi muere por la bomba. “Estaba en clase y vi una luz azul pálida en el cielo. Cuando me preguntaba qué era, escuché una explosión tremenda y los cristales de las ventanas llovieron sobre mí”, recuerda. Descalza y con los pies ensangrentados, huyó a su casa sin saber que tenía cristales de hasta tres centímetros clavados en la cabeza, que le retiraron en un dispensario. Aunque sus heridas físicas no fueron graves, las psicológicas la marcaron para siempre: imágenes de sobrevivientes quemados de pies a cabeza, con la ropa hecha jirones y la piel cayéndose a tiras, deambulando entre ruinas humeantes. “En las calles había tantos cadáveres que debíamos saltarlos. Algunos estaban carbonizados, mirando al cielo con los brazos extendidos para protegerse”, relata.

Tres días después, el 9 de agosto, otro bombardero B-29 lanzó la segunda bomba atómica, Fat Man, sobre Nagasaki, tras no poder hacerlo en Kokura por nubosidad y humo de bombardeos previos. El desastre fue similar. Poco después, Japón se rindió incondicionalmente. Tamiko advierte hoy a los políticos: “Piensen bien lo que hacen. Han pasado 80 años y es un momento importante para evitar que se repita el pasado”.

Han pasado ocho décadas desde estas tragedias. ¿Ha aprendido el hombre la lección? Pareciera que no. Lo que sucede en Gaza o en Ucrania, por solo mencionar dos conflictos, y las amenazas de uso de armas nucleares, parecen demostrar que el ser humano persiste en sus errores y estupideces. Nunca más deben repetirse hechos semejantes a Hiroshima y Nagasaki, que degradan a la humanidad y la hacen, literalmente, menos humana.


A 80 años de Hiroshima, ¡no hemos aprendido nada!, por Alfredo Gildemeister

Analista político y ex GEIN

José Luis Gil

El martes 5 de agosto de 2025, el Tribunal Constitucional publicó la Sentencia N.º 150/25, un fallo histórico para el país y para la Policía Nacional del Perú (PNP) que da por concluido, al menos documentalmente, el debate y las controversias entre el Ministerio Público (MP) y la institución policial. Esto, a pesar de diversos actos de la renuente fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que revelan una voluntad prevaricadora para no cumplir con disposiciones jurisdiccionales de mayor jerarquía. La sentencia aclara de manera absoluta y demoledora todas las dudas planteadas tanto por el MP como por el Colegio de Abogados de La Libertad respecto de las actuaciones de ambas instituciones en la investigación del delito.

En 2024, gracias a congresistas como Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, entre otros, se logró la dación de la Ley N.º 32130, la cual, mediante una serie de artículos que modifican el Código Procesal Penal, devolvía la investigación preliminar a la PNP, como corresponde. Esta entró en vigencia el 10 de octubre de 2024. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, planteó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, lejos de dar cumplimiento a la norma mientras el tribunal se pronunciaba, dispuso a sus subordinados que no la acataran. La dura posición de la señora Espinoza, hasta hoy, le traerá serios problemas en lo personal y profesional.

En el voluminoso expediente del TC, de 167 páginas y 196 fundamentos, se analiza de manera filosófica, teórica y jurisprudencial todas las aristas de la controversia, sustentando una a una las respuestas a los cuestionamientos planteados. Así, por ejemplo, se da por zanjado que la Policía Nacional es un órgano Ejecutivo de relevancia constitucional (mas no un órgano autónomo), con mandato constitucional y que, por lo tanto, no tiene una relación de subordinación con el Ministerio Público, sino una relación de coordinación, en el marco del respeto de la misión y funciones de ambas instituciones. Esto es importante, en la medida en que los fiscales confundían su misión y, en muchos casos, quisieron fungir de “jefes” de la policía.

Otro aspecto fundamental de la sentencia es que establece dos etapas: la etapa preliminar, en la que la policía desarrolla sus actividades, siempre supervisadas por el fiscal; y la etapa preparatoria, que le corresponde a la fiscalía por ser parte de la etapa judicial, en la que la policía ya no interviene. El TC lo precisa: la fiscalía “conduce”, guía o dirige la investigación policial desde sus inicios, pero jurídicamente “no investiga directamente el delito en la etapa preliminar”. Este aspecto es muy importante, porque la interpretación equivocada de algunos magistrados, en el sentido de que son ellos los que “investigan”, ha sido totalmente esclarecida. En resumen, ya no debería existir siquiera la modalidad antojadiza de “investigación en sede fiscal”, salvo en la etapa preparatoria.

El desafío hoy para la Policía Nacional es preparar la organización en este despertar hacia la investigación, después de 37 años en que el APRA “unificó” las instituciones policiales de manera errónea y de que quienes formularon la Constitución de 1993 le dieron a la fiscalía la misión de “conducir las investigaciones desde el inicio”. No olvidemos que, durante las décadas de 1980 y 1990, aparecieron dos fenómenos criminales feroces: el secuestro y dos organizaciones terroristas, como Sendero Luminoso y el MRTA. Fue la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), antes y después de ser unificada en la PNP, la que derrotó al terrorismo en una combinación perfecta entre los más altos estándares de investigación e inteligencia (inteligencia operativa). Sin embargo, un año después, en 1993, nos arrebataron esa potestad.

Esperamos que pronto se inicien los procesos que acondicionen a ambas instituciones para mejorar la lucha contra el fenómeno criminal, respetando el mandato del TC y armonizando sus actuaciones por el bien del país. ¡Sí se puede!

Sentencia histórica del TC, por José Luis Gil

Analista en comunicaciones

Berit Knudsen

El pasado 5 de agosto, el presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió a su país y a la región al anunciar que trasladaría las celebraciones de la independencia y de la Batalla de Boyacá de Bogotá a Leticia, en plena triple frontera amazónica con Brasil y Perú. Acusó al Perú de ocupar ilegalmente la isla de Santa Rosa, violando el Tratado de Límites de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

La respuesta del Perú fue firme. Cancillería dejó claro que la isla de Santa Rosa, ubicada en Chinería, pertenece legítimamente al Perú desde 1929, asignada por la Comisión Mixta Demarcadora tras la firma del tratado. No existe controversia ni ocupación. A diferencia de otros países, el Perú ha cerrado todas sus fronteras mediante tratados internacionales, incluyendo el fallo de la Corte de La Haya que resolvió en 2014 su diferendo marítimo con Chile. No hay conflicto; es una maniobra política.

Como advertía Samuel Johnson, el nacionalismo suele ser el último refugio del político en apuros. Y Petro enfrenta la tormenta perfecta. Tras tres años de gobierno, su aprobación ha caído del 48 % en 2022 al 29 % en 2025. Ha perdido respaldo entre los jóvenes, sectores populares y ciudades clave como Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Su coalición, el Pacto Histórico, llegó al poder con apenas el 13 % del Congreso, ampliando su base hasta el 60 % con alianzas partidarias; pero hoy el respaldo no supera el 25 %.

El Ejecutivo muestra fracturas internas profundas. Exministros y antiguos aliados denuncian un gobierno paralelo operado por un círculo íntimo, opaco e improvisado. Con el escándalo que involucra al excanciller Álvaro Leyva, suspendido por contrataciones irregulares, Petro fue acusado públicamente de comportamientos adictivos. La renuncia de la canciller Laura Sanabria agrava la parálisis diplomática y evidencia la ausencia de un rumbo internacional.

Las reformas estructurales laborales, de salud y pensiones propuestas en el Congreso han fracasado. En respuesta, Petro ha gobernado por decreto, con acusaciones de autoritarismo. Frente a la creciente oposición, planteó una Asamblea Constituyente, fórmula usada por Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Morales en Bolivia para reconfigurar el poder, perpetuarse en el cargo y neutralizar a sus adversarios.

Su principal bandera, la “Paz Total”, ha colapsado. Las negociaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no han frenado la violencia. Colombia atraviesa su peor ola de inseguridad desde 1997, con 150 municipios bajo control de grupos armados ilegales, masacres, reclutamiento de menores y 36.000 desplazamientos forzados en regiones como el Catatumbo.

Las relaciones con Estados Unidos se han deteriorado. El senador Marco Rubio ha denunciado el debilitamiento de la cooperación bilateral y advertido sobre sanciones comerciales. El acercamiento con Venezuela y la ambigüedad diplomática profundizan la desconfianza internacional. A esto se suma la condena por el atentado contra Miguel Uribe y los 12 años de prisión a Álvaro Uribe, percibida como la revancha política de Petro, exguerrillero, contra quien combatió al terrorismo. El respaldo tácito del presidente alimenta la polarización judicial.

Acusar al Perú no es un acto de defensa soberana: es un gesto desesperado para desviar la atención. Sin reformas viables, paz, respaldo político ni legitimidad internacional, Petro agita la bandera nacionalista como último recurso. Mientras habla desde Leticia, Colombia se desangra. Las amenazas no vienen de la frontera, sino del corazón mismo del poder: adicciones, descomposición institucional y una ciudadanía que ya no escucha con esperanza, sino con rabia contenida.

Petro: Nacionalismo como distractor ante crisis interna, por Berit Knudsen

“La famosa frase “Solo Dios y los imbéciles no cambian” en esta oportunidad calza con toda claridad con la presidente Dina Boluarte, que estas fiestas patrias se despachó con un discurso anti izquierda realmente urticante para sus ex aliados”.

En 28 de julio la presidente selló el giro a la derecha al terminar de deslindar definitivamente con este sector que, según la mandataria, conspiró contra la democracia para dar un golpe de Estado. La señora la tuvo clara diciendo, además, que jamás en el país se repartirían tarjetas de alimentos, en una clara mención a la forma cómo hasta hoy se vive en Cuba, con un racionamiento salvaje e inhumano que el comunismo de Diaz Canel no quiere reconocer y mucho menos hacer retroceder.

Desde esta trinchera dijimos en varias oportunidades que la presidente no tenía otra opción que girar a la derecha si quiere que el país sea mínimamente viable, por lo menos durante el resto de su mandato. Así, en El Reporte del Martes, 25 de julio de 2023 lanzamos el artículo de título “A la derecha, señora” en el que decíamos “

Sin embargo, la exigencia popular, para resolver sus necesidades en el campo económico, o de la salud, la seguridad y la búsqueda de trabajo, son una gran oportunidad para el gobierno de mirar la “flechita” que indica “a la derecha señora, a la derecha”. No habrá más oportunidades”. 

“la presidente Boluarte está “proscrita” por la izquierda y no van a parar hasta “desaparecer el mal ejemplo” La señora será perseguida con ferocidad hasta destruirla. La izquierda ya no será jamás una opción. Y no lo intente. Pensar diferente será solo ingenuidad”

Asimismo, en el artículo del 26 de febrero de 2024 de título 

“Los exaliados y excompañeros de la señora Boluarte se han convertido en sus feroces enemigos. Las razones que esgrimen las “plañideras” de Castillo son el hecho de haber aceptado la presidencia a pesar de que “juró” no hacerlo si Castillo era vacado (compromiso que no estaba obligada a cumplir porque nadie debe lealtad a un delincuente)”

“Por eso, los jóvenes han empezado a abandonarlos 

, no van a sus marchas ni convocatorias y ya no “yapean” en sus redes. La trama miserable (de la izquierda) ha sido expuesta”.

Finalmente, dijimos en este último artículo: “Aún faltan ajustes…en especial en temas de seguridad y salud para completar este importante viraje (hacia la derecha), que el gobierno parece haber entendido, que son los caminos de la libertad económica, política e individual los que nos pueden orillar hacia el éxito y no hundir en el lodo del socialismo, comunismo o progresismo”.

El claro deslinde con la izquierda sumado “parche” que le puso hace algunos días a la CIDH, quienes pretenden petardear nuestra soberanía dando “ordenes” a nuestro sistema de justicia y al gobierno peruano, han completado el giro histórico que los peruanos esperábamos en este ultimo año de gobierno de la presidente Boluarte. Falta nomas privatizar Petro Perú, salir de la CIDH y resolver el problema de la inseguridad con energía a lo Bukele para que, en el futuro, al menos, un gran sector de la derecha peruana se lo agradezca, pero no se demore mucho, cada minuto cuenta, cada día cuenta, porque sus ex aliados de izquierda le preparan una “emboscada” en cuanto termine su gobierno. No lo permita.

Aquí calza la famosa frase: “solo Dios y los imbéciles no cambian”. Buen giro a la derecha, señora. Si se puede.

El inevitable giro a la derecha, José Luis Gil

El Perú debe apoyarse en un sistema de partidos políticos que fortalezca la institucionalidad democrática. A lo largo de la historia nacional, los militarismos se expresaron en golpes de Estado, tanto en el siglo XIX como durante el siglo XX. Los militarismos del primer medio siglo republicano dieron paso a la formación del Partido Civil. Luego de la Guerra con Chile, surgió un período marcado por un nuevo militarismo. La República Aristocrática dio señales de cierta estabilidad política. El oncenio de Leguía estuvo marcado por sucesivas reelecciones presidenciales, teniendo su ocaso en un contexto definido por la crisis internacional derivada del crack de octubre de 1929.

Surgiría luego un militarismo de sesgo antiaprista, en el que el Ejército y las Fuerzas Armadas en general fueron aliados de la llamada oligarquía. El APRA sería un partido proscrito durante décadas, llegando incluso las Fuerzas Armadas, en julio de 1962, a expresarse políticamente a través del llamado “veto” a Víctor Raúl Haya de la Torre.

Los golpes de Estado en 1930, 1948, 1962 y 1968 fueron parte del acontecer nacional. El golpe del 3 de octubre de 1968, liderado por Juan Velasco Alvarado, fue la expresión de una nueva visión política al interior de las Fuerzas Armadas. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, durante el septenato velasquista, fue contrario a cualquier apertura democrática. La segunda fase del gobierno militar, presidida por el general Francisco Morales Bermúdez, optó por dar pasos seguros hacia un largo proceso de transición democrática. Las elecciones a la Asamblea Constituyente fueron convocadas para el 18 de junio de 1978. Los asesores del gobierno militar diseñaron la figura del voto preferencial con el claro propósito de afectar el liderazgo de Haya de la Torre al interior del APRA. El líder aprista superó el millón de votos preferenciales, presidiendo las Juntas Preparatorias. Con el voto del Partido Popular Cristiano (25) y del APRA (37), sería elegido presidente de la Asamblea Constituyente Víctor Raúl Haya de la Torre.

La dictadura velasquista prescindió de formar un partido político y optó por movilizar a la población a través de un organismo estatal como el SINAMOS. Hasta el autogolpe del 5 de abril de 1992, el Perú tuvo un sistema de partidos políticos con la presencia de un partido de masas como el APRA; Acción Popular; el Partido Popular Cristiano, con presencia en Lima; y un grupo de partidos de izquierda marxista que participaron en las elecciones generales de 1985 respaldando la candidatura de Alfonso Barrantes Lingán.

Alberto Fujimori, luego del 5 de abril, adoptó un discurso contrario a los partidos políticos, señalando que la “partidocracia” era la causante del fracaso nacional.

La Constitución de 1993 aprobó la reelección presidencial, optó por la cámara única y el distrito nacional único. La renuncia de Alberto Fujimori y el retorno de Alan García al Perú generaron un nuevo escenario político. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se promulgó la Ley de Partidos Políticos, impulsada por el jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla. La ley aprobada burocratizó la política; se inició una etapa de excesivo reglamentarismo, diseñándose el financiamiento público de los partidos políticos.

Durante el gobierno de Martín Vizcarra fue designada una Comisión de Alto Nivel, presidida por el exjefe de la ONPE Tuesta Soldevilla. Se elaboró un denso informe, en momentos en que el gobierno trataba de capitalizar políticamente las investigaciones del caso Lava Jato. La reforma política ha generado que hoy el país cuente con 43 partidos políticos inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Es claro que la reforma política ha alentado la facilidad en la formación de nuevos partidos. Asesores y consultores especializados en “dar vida” a nuevos partidos han encontrado una oportunidad laboral. Se ha generado un nuevo “boom”: el sueño de tener un partido propio. Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli, tan estrechamente vinculados, han alcanzado ese sueño. Vizcarra sigue haciendo proselitismo político en todo el país, a pesar de haber sido inhabilitado tres veces por el Congreso de la República. Más aún, afronta cargos penales y, seguramente, será sentenciado a pena privativa de libertad en las próximas semanas. Vizcarra gana tiempo y demuestra que no le preocupa generar problemas. Por ello, ha anunciado que su hermano César Vizcarra sería eventualmente candidato presidencial.

Los teóricos de la reforma política deben sentirse orgullosos de haber acentuado la precarización de la política en el país. Los partidos políticos deberían ser la expresión de corrientes de opinión, de pensamientos y de filosofía política. Los nuevos partidos no son partidos de masas ni de cuadros: son “vientres de alquiler” ávidos de poder.

Hoy el Perú deja de lado el debate político o doctrinario para dar paso a un escenario de caos y anarquía electoral. Las unidades de investigación de varios medios de comunicación han corroborado la masiva falsificación de firmas de militantes en los nuevos partidos. Los organismos electorales señalan que el ordenamiento legal no les permite denunciar penalmente a los infractores ni excluir del proceso electoral a los partidos que han logrado su inscripción de manera dolosa. Lo cierto es que ha aumentado la oferta electoral, generándose un mercado con creciente demanda para alcanzar un lugar en las listas al Senado o a la Cámara de Diputados.

Hoy los partidos no necesitan cuadros, pensadores, filósofos o activistas; por el contrario, surgen nuevos emprendimientos en torno a la política. Juan Velasco Alvarado denostó de los partidos políticos a lo largo de todo su gobierno.

Por su parte, Martín Vizcarra —el golpista del 30 de septiembre— se siente invencible, más aún por la cercanía política que mantiene con el actual presidente del Congreso, José Jeri. Son los tiempos de César Acuña, de Luna Gálvez y de los “niños” de Acción Popular.

El transfuguismo es tolerado políticamente, quedando atrás la disciplina y la lealtad partidaria. Actualmente, un congresista es elegido por un partido y tiempo después renuncia a su grupo parlamentario original, pasando a integrar otro grupo o la bancada de los “no agrupados”. Sin trayectoria política en muchos casos, los actuales congresistas utilizan la modalidad “remota” para no asistir a las sesiones plenarias o de comisión. Debe eliminarse el vicio de la llamada “semipresencialidad”. La semana de representación no cumple su cometido y frena el trabajo inherente a la función congresal, interrumpiendo muchas veces la labor de fiscalización y control político.

Las elecciones de 2026 deben permitir que prime el debate político e ideológico por un lado, y el debate programático por otro. El Perú no necesita decenas de partidos políticos: necesitamos partidos con militantes leales y disciplinados que mantengan en alto sus ideales.

Partidos políticos y "vientres de alquiler", por José Antonio Torres Iriarte

La Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre”, celebrada el 21 de julio en Santiago de Chile, pretendió ser un llamado a favor de la democracia, el multilateralismo y la justicia social. Sin embargo, expuso una realidad preocupante: los líderes convocados, lejos de encarnar los principios que invocaron, exhiben trayectorias que debilitan el ideal democrático. En lugar de consolidar un frente contra el autoritarismo, la cumbre reflejó ambigüedades, contradicciones y un silencio elocuente frente a las dictaduras del hemisferio.

Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España) y Yamandú Orsi (Uruguay) fueron los rostros visibles. Todos elegidos por la vía democrática, pero sus estilos de gobierno, alianzas externas y discursos selectivos ponen en duda su papel como referentes democráticos. Boric, duramente criticado por su gestión interna, ha condenado algunas dictaduras, evitando confrontaciones claras. Petro ha tensado el orden constitucional colombiano con decretos, consultas ilegales y gestos de simpatía hacia el chavismo, Cuba y Nicaragua. Lula ha estrechado lazos con Irán, China y Venezuela, sin emitir condenas por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Pedro Sánchez, en medio de una crisis de legitimidad interna, mantiene pactos con sectores radicales, evitando criticar al castrismo y al sandinismo. Orsi, que representa una nueva etapa en la política uruguaya, se sumó sin reservas a esta narrativa, mostrando una preocupante tibieza frente al autoritarismo en el continente.

Proclamaron nobles objetivos como reformar la gobernanza global, fortalecer una diplomacia democrática ante proyectos autoritarios, combatir la desinformación y la desigualdad, y promover narrativas alternativas ante el retroceso democrático. Pero estos temas resultan carentes de contenido frente a los hechos: ninguno condenó abiertamente a las dictaduras de Cuba, Nicaragua o Venezuela. No se exigió la liberación de presos políticos; las desapariciones forzadas no fueron mencionadas; tampoco la represión religiosa ni las prácticas sistemáticas de tortura. Ni una palabra contra el fraude electoral, el cierre de universidades o la represión del disenso.

Cuando gobernantes que mantienen relaciones estrechas con regímenes como China, Rusia, Irán o los autoritarismos latinoamericanos pretenden erigirse en defensores de la democracia, el riesgo es doble: confunden a las sociedades sobre el significado real de vivir en libertad y desactivan las alertas globales ante el avance del autoritarismo. La democracia, sin una defensa clara y coherente, se convierte en un eslogan decorativo, útil para agendas ideológicas, pero incapaz de garantizar los derechos y libertades que la definen.

Esta instrumentalización erosiona el valor moral de la democracia y deja a las poblaciones sin referentes confiables. La tibieza frente al terrorismo, la censura o la represión política no puede ocultarse tras discursos sobre justicia social o diplomacia multilateral. El silencio frente a los crímenes de sus aliados no es una postura estratégica: es complicidad ideológica.

Lo que demostró esta cumbre no fue una defensa de la democracia, sino su relativización. En lugar de enfrentar al autoritarismo, estos líderes ofrecieron una zona gris, donde los principios se diluyen y los compromisos se miden según las conveniencias políticas. En estos contextos, los derechos humanos se convierten en moneda de cambio y el pluralismo, en herramienta discursiva sin aplicación práctica.

El mundo no necesita líderes que hablen de democracia mientras pactan con dictaduras, sino una defensa firme, frontal y coherente de la libertad, el Estado de Derecho y los valores que hacen posible una sociedad libre. Sin esa coherencia, cumbres como esta no fortalecen la causa democrática: la ponen en riesgo.

Negar las dictaduras no es democracia, por Berit Knudsen

Aquella mañana del 3 de agosto de 1492, el marinero Bartolomé Torres, apoyado en la borda de la nao Santa María mientras veía alejarse el puerto de Palos, se consoló —por enésima vez— diciéndose que mejor estaba a bordo de esa nave con rumbo desconocido —aunque el almirante Colón había prometido que llegarían por el oeste a las tierras del Cipango y del Catay— que en una prisión esperando su ejecución.

Bartolomé había estado preso por asesinar al pregonero de Palos en una riña y, por tanto, condenado a muerte. Sin embargo, junto con otros tres condenados, se acogió a la propuesta de los hermanos Pinzón de enrolarse para este viaje a cambio de la condonación de la pena capital. Ni tonto ni perezoso, Bartolomé aceptó de inmediato. Sin embargo, en esos momentos, mientras las tres naves zarpaban del puerto de Palos con ochenta y siete hombres hacia lo desconocido, se preguntaba en qué lío se había metido y si no habría estado mejor en la prisión esperando su ejecución junto a sus tres compañeros.

Aparte de los cuatro condenados, los demás marineros enrolados por Cristóbal Colón y los hermanos Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón eran hombres libres. Entre ellos había numerosos vizcaínos, tres italianos y un portugués. No podía faltar un médico, maese Alonso; un cirujano, maese Juan; un boticario, maese Diego; y un notario, el escribano Rodrigo de Escobar, segoviano. También estaba Cristóbal Caro, platero encargado de determinar el grado de ley del oro y la plata que esperaban obtener. Como alguacil de la armada y administrador del agua potable iba Diego de Arana, primo de Beatriz, la amante cordobesa de Colón.

Todos recordaban aquel 23 de mayo de 1492, cuando el pregonero municipal tocó su cornetilla en la puerta de la iglesia de San Jorge de Palos y, ante todo el pueblo reunido, leyó un decreto real en el que sus majestades conminaban al pueblo a contribuir con hombres y dinero al proyecto de Colón. La razón: Palos tenía una condena por haber violado el tratado suscrito con Portugal sobre derechos de explotación de las costas africanas. Se le había impuesto servir a los reyes con dos carabelas armadas “a sus propias costas y expensas” por dos meses. Palos terminó aportando, a regañadientes, nada menos que 350 000 maravedíes.

Colón ya contaba con la Santa María, y a los de Palos no les hacía gracia solventar el gasto de dos carabelas más. Finalmente, gracias a su amigo fray Antonio de Marchena, Colón conoció a Martín Alonso Pinzón y lo convenció del proyecto —seguramente prometiéndole parte de las ganancias—, acordándose que los Pinzón proporcionarían las dos naves faltantes: Martín Alonso como capitán de una y su hermano Vicente Yáñez de la otra. Colón quedaría al mando de la Santa María.

En aquella época se creía que la Tierra era plana y que, al llegar al borde, las aguas caían al vacío y las naves se precipitaban hacia la destrucción. Por ello, emprender este viaje era, literalmente, viajar “al más allá”. La carabela era el mejor barco de entonces, pero Colón solo consiguió la Santa María, que era una nao: buque de carga algo mayor y más complicada de gobernar. Apodada “La Gallega”, medía 26 metros de largo, ocho y medio de ancho y cuatro y medio de alto, con tres mástiles y velas cuadradas salvo la latina en el mástil de popa. A Colón nunca le gustó; la consideraba pesada y “no apta para descubrir”.

Las otras dos naves fueron escogidas por Martín Alonso Pinzón. La Niña, llamada Santa Clara en honor a la patrona de Moguer, era la más pequeña de la flota y la favorita de Colón por su maniobrabilidad. Medía 24 metros de largo, siete de ancho y tres y medio de alto. En Canarias, Colón cambió sus velas latinas por cuadradas. La tercera, La Pinta, fue cedida contra la voluntad de su dueño, Cristóbal Quintero. Todas las naves iban artilladas: la Santa María con cuatro piezas de artillería mayor y falconetes fijos en la borda.

Navegar en estas embarcaciones en mar abierto, sin referencias costeras y solo con brújula y cuadrante para calcular el rumbo y la latitud, era de locos o suicidas. La velocidad se estimaba a ojo.

Este viaje podría compararse hoy con enviar una nave espacial más allá de nuestro sistema solar, bajo la promesa de hallar mundos llenos de riquezas. El 2 de agosto de 1492, Colón ordenó embarcar. La despedida fue emotiva: familias y amigos lloraban, convencidos de que ninguno regresaría.

“Puesto su despacho todo en perfección, jueves a dos de agosto, año de 1492, mandó Colón a embarcar toda su gente; antes que el sol saliese con media hora, hizo soltar las velas, y salió del puerto y barra que se dice de Saltes, porque así se llama ese río de Palos”.

De eso hace ya 533 años… lo demás es historia.

Un viaje al más allá, por Alfredo Gildemeister

Secretario General de la UPC

Diego Vega Castro-Sayán

Luis Eugenio Dintilhac nació en Provins, Francia, en 1878. Fue, desde siempre, miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones, una organización católica vinculada a la educación. Se ordenó sacerdote y, ya en Lima, desarrolló la mayor parte de su vida religiosa y académica. Tras su llegada al Perú, estudió Teología en la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Al ordenarse, adoptó el nombre Jorge. Quizá por el santo que enfrentó al dragón. Quizá por algún pariente o referente. Hoy, una avenida clave del distrito de San Miguel lleva su nombre: la avenida Monseñor Jorge Dintilhac, al pie de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Su español era bueno; su ambición por combinar la religión y la educación, enorme. En un Perú con pocas universidades, todas públicas, impulsó la creación de la primera universidad privada del país. Todo se cristalizó mediante la Resolución Suprema del 24 de marzo de 1917, firmada por el presidente de la República, José Pardo y Barreda, y el ministro de Educación, Wenceslao Valera.

Durante el Virreinato del Perú se fundó, en 1551, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La segunda universidad peruana data de 1677: la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. La tercera universidad del Perú fue la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, creada en 1692 por el papa Inocencio XII y el rey Carlos II. Ciento treinta y dos años después, en plena gesta de la Independencia, surge la Universidad Nacional de Trujillo (1824), promovida por Bolívar. Cuatro años después (1828) nace la quinta: la Universidad Nacional de San Agustín. Ya en plena República, y con el respaldo del presidente Ramón Castilla, se funda la sexta universidad del Perú: la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (1856).

Pasaron más de seis décadas desde la fundación de la sexta universidad para que se estableciera una nueva casa de estudios superiores (y la primera privada). La larga espera terminó con el nacimiento de la PUCP, cuyo alumbramiento no estuvo exento de controversias. El contexto era rígido, el modelo educativo, estricto, y la flamante universidad ofrecía un aire nuevo.

Sin embargo, la mencionada controversia llegó con críticas encendidas. La, por algunos, idealizada universidad pública se contrastaba con la nueva gestión, la modernidad y el entusiasmo de un joven rector Dintilhac y sus correligionarios. Jorge Basadre, historiador agudo, señaló respecto de la creación de la PUCP:

“…Hubo quienes afirmaron muy enfáticamente que las instituciones de educación superior debían ser dependencias naturales del Estado, con el fin de proveerle de hombres y ciudadanos capaces de realizar el bien público; que erigir una de carácter confesional y privado constituía un inútil dispendio de tiempo y de esfuerzo…” [1].

Pero la PUCP se estableció, superó los embates y se consolidó como una universidad importante. Un aristócrata, intelectual y millonario —José de la Riva Agüero y Osma—, padre de todos los conservadores peruanos, legó en favor de la universidad del distrito de San Miguel. Sobre el testamento y las distintas orientaciones en la gestión universitaria ya se ha escrito y se escribirá. Pero lo interesante para mí, a partir de esta reseña, es la vuelta de tuerca.

Alguna vez, Mark Twain señaló: “La historia no se repite, pero a menudo rima”. El futuro no tiene que repetir los sucesos previos, pero a veces surgen similitudes o patrones.

A fines de los años 90 del siglo pasado empezaron a consolidarse las universidades privadas societarias, y desde las universidades ya establecidas surgieron también críticas… y preguntas. ¿Nuevos modelos educativos? ¿Innovación? ¿Apuesta por la modernidad? ¿Era posible acaso complementar carreras como ingeniería o derecho con cursos de economía, contabilidad o negocios? ¿Resultaba sostenible que muchas clases fueran dictadas por gerentes y no por docentes investigadores?

Recuerdo a mi padre, veterano docente de la Facultad de Arquitectura de una universidad privada asociativa, con reservas, examinando por esos días el arranque de una nueva facultad en una universidad privada societaria. Y recuerdo situaciones similares con juristas de una universidad asociativa, muy circunspectos, cuestionando las nuevas ofertas educativas en Derecho [2].

La realidad es que la brisa fresca impactó positivamente. Las universidades tradicionales se vieron obligadas a refrescar sus mallas curriculares, apelar a la tecnología y modernizar sus procesos (incluidos los de admisión). Las apuestas societarias serias abrieron el mercado en un momento en que la creciente población necesitaba, a gritos, nuevas alternativas.

Hoy, las carreras universitarias, tanto en las asociativas como en las societarias, se parecen mucho más de lo que antes hubiéramos imaginado. Compiten. Se proyectan al futuro. Consolidan la libertad de enseñanza que la Constitución defiende (no obstante la regulación). Son, por ello, cada día más atractivas para las nuevas generaciones.

Monseñor Dintilhac: en efecto, el futuro a menudo rima.

[1] Basadre, Jorge (1982). Historia de la República del Perú. Lima: Editorial Universitaria, 1983. Tomo XI, p. 51.


[2] La historia es circular. La PUCP encontró dificultades enormes al principio de sus días. Jorge Basadre también recordaba, en el texto citado, que “…algunas personas, tenidas por muy católicas, se negaron a enseñar en aquella difícil primera época…”.