Ha sido visto por todos nosotros el grave incidente ambiental ocurrido en las costas del Callao hace unos pocos días.

También han sido visto la respuesta burda y desordenada del Poder Ejecutivo frente al desastre, y esta vez, no todo es culpa del presidente; políticos reclamando multas, revisiones y nulidades contractuales, procesos administrativos o penales, mientras que el ecosistema marino, ya débil por el vertedero de basuras constante de la ciudad, seguía siendo castigado por la suciedad.

Perturba saber que pasaron muchos días y no encontramos autoridad estatal que actúe enérgicamente en la remediación. Mucha prensa, algunos políticos se toman tristes fotos con animales muertos mientras tanto la limpieza se hace con carretillas, unas palas, algunos recogedores como si se tratara de una inundación casera.

Eso es el resultado de una institucionalidad débil y desordenada. Tenemos, quizás, unos 15 sistemas ambientales, creados o derivados de un número similar de leyes y códigos, muchísimos reglamentos, kilos de directivas y resoluciones para que ocurrida la crisis todos se miren unos a otros buscando en sus funciones como dar el golpe más fuerte al culpable mientras la marea negra va y viene.

Respecto del hecho que nos perturba hoy, por lo menos tienen competencias, el alcalde de Ventanilla, el Gobierno Regional del Callao, Osinergmin, OEFA y Dicapi. Todos en distinto nivel con distintas calidades y con distintas posibilidades de acción.

Evidente y lamentablemente lo ocurrido en Ventanilla no es un hecho no es aislado, la operación humana con petróleo, minerales u otros materiales tienen riesgos y ello es conocido por los técnicos en la materia. Ha ocurrido en múltiples oportunidades y dimensiones en muchos puntos en el Perú. Lamentablemente, las consecuencias son las mismas, muchas personas hurgando en expedientes sancionatorios y ninguno o muy pocos ejecutando la imprescindible limpieza.

Técnicamente, se tienen múltiples formas y empresas especializadas que pueden solucionar o remediar el derrame ocurrido, internacionalmente es un evento que ocurre con alguna frecuencia y apostaría a que ninguna de ellas usa recogedores de basura y carretillas de construcción.

Internacionalmente, también, hay organizaciones que trabajan el tema de limpieza y tratamiento del ecosistema afectado.

Evidentemente, ninguno de estos servicios es gratuito y seguramente tienen un costo tan importante como su tarea. Pero, la vida, insisto, es más importante que los expedientes.

Es entonces que nos encontramos con un Estado inoperante, enredado en sí mismo, en sus estructuras, misiones, jerarquías, competencias y jurisdicciones.

Toca, evitar un nuevo hecho de esta o menor magnitud, sea en la costa del Callao, en Talara, o en los ríos de Madre de Dios en deterioro constante por la minería ilegal.

El Estado debe ordenarse para tener clara la prioridad, primero está la vida y para cautelarla debe tener las garantías financieras y ejecutables en el acto que le permitan actuar con financiamientos suficientes para emprender la remediación ambiental sin demora.

Limpiar, de mareas negras las funciones de las distintas entidades públicas para que se tenga una asignación de competencias ordenada, para que alguna cuente con los recursos financieros y materiales para reaccionar velozmente ante la situación de emergencia. Luego, una vez superada ésta, podrán venir con corbata ajustada, mirada adusta y entrecejo fruncido, las comisiones, las imputaciones, las multas y los expedientes tanto para encontrar responsables como para recobrar los fondos gastados en la remediación.