Las actuales elecciones para gobiernos subnacionales, coinciden la ciudadanía y los analistas, se han caracterizado por el desinterés. Desinterés en una clase política que ha demostrado falta de seriedad y extrema demagogia en sus campañas, lo que previsiblemente se trasladará en gobiernos ineficaces que prologuen o acrecienten los problemas sociales que urgentemente se deben atender.
Los máximos representantes de esta clase política están lamentablemente en el Ejecutivo. Así, tenemos un gobierno que ha renunciado a toda intención de ejecutar políticas públicas que brinden desarrollo a la ciudadanía. Su misión es simple: retener e incrementar su poder. Ello pasa por tener un Congreso controlado, que evite vacancias, por controlar las instituciones tutelares como las FF.AA. y la PNP, y por una serie de alianzas regionales que permiten tener una aprobación mínima, pero necesaria de cara a la supervivencia.
A pesar del rechazo de la ciudadanía, el gobierno tiene muchos aliados, quizás más de los que se puedan ver y si quiera sospechar. Sin embargo, vemos en el Congreso qué bancadas, además de las abiertamente oficialistas, sostienen a Castillo: hablamos de las de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, entre otras que no representan partidos nacionales.
Por otra parte, las elecciones en Lima se muestran ante una encrucijada. No solo por el hecho de que casi todas y cada una de las candidaturas muestran enfoques populistas e insuficientes de cara a los problemas en una de las urbes más grandes del mundo, sino porque, a pesar de ser una de las regiones que más rechaza a Castillo, el riesgo de ser gobernada por uno de sus aliados es latente. En ese sentido, hablamos directamente de algunas candidaturas específicas.
Hoy, día de la elección, se muestra un frío panorama, en base a las encuestas de la semana pasada. En primer lugar, se encuentran los indecisos, blancos y viciados con alrededor del 30%. Empatados en el segundo lugar, se encuentran el ex ministro Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, con alrededor del 25%. En tercer lugar, unos cinco puntos más abajo, el ex alcalde de La Victoria, George Forsyth. Luego siguen otros candidatos como Omar Chehade, Gonzalo Alegría, Elizabeth León, Yuri Castro, entre otros. Con ese porcentaje de indecisos y blancos cualquiera puede ganar.
Perder Lima a manos de un aliado del gobierno no solo es simbólico, sino que podría ser el mayor indicador del grado de control sobre el país que ha alcanzado el Ejecutivo de Pedro Castillo. No debemos caer ante sus (visibles) caballos de troya. Es así que, por diversas razones, este diario consideraría una catástrofe que Lima sea gobernada por un candidato cercano a Palacio.
Damos ejemplos específicos: Daniel Urresti, George Forsyth, Omar Chehade, Gonzalo Alegría y Yuri Castro.
Urresti, de Podemos Perú, nunca ha demostrado una verdadera intención de oposición al gobierno. De hecho, su candidato a teniente alcalde, José Luna Morales, hijo del “dueño” del partido, se comunicaba constantemente con el prófugo ex ministro Juan Silva. Incluso, para incrementar la alianza Luna-Silva, el primer viceministro de comunicaciones de Silva fue Harold Mora Rojas, perteneciente a Podemos Perú. Urresti, además de las vinculaciones personales que tiene en casos de homicidio y violación sexual, está en un partido y con un candidato a teniente alcalde que claramente están aliados al gobierno.
Por otra parte, está George Forsyth, hijo de Harold Forsyth, embajador político en la OEA puesto por el dedo del presidente Castillo. Los pecados no se heredan, es cierto, pero el candidato también pudo elegir otro partido que no sea Somos Perú, partido que también ha fungido de sostén legislativo al gobierno de Pedro Castillo, partido que llevó a Martín Vizcarra al Congreso y a Daniel Salaverry, ex asesor ad honorem del presidente, como candidato presidencial. Asimismo, George, en cuestiones municipales, fue un fiel y público defensor de la hoy autodeclarada corrupta Susana Villarán.
Gonzalo Alegría y Yuri Castro candidatean, respectivamente, por Juntos por el Perú y Perú Libre, partidos oficialistas que cuentan con abiertas cuotas ministeriales. El presidente del primer partido es ministro de Comercio Exterior y Turismo desde el inicio del gobierno, y Perú Libre conserva el control sobre el Ministerio de Salud. De facto, están descartados, pero incluso ambos candidatos están acusados y denunciados de violencia sexual contra menores. Aborrecible solo la sospecha. Esos son los candidatos de los dos partidos de izquierda más representativos.
En cuanto a Omar Chehade, es el menos pro gobiernista de este grupo, pero elegir a Alianza para el Progreso es un suicidio moral para Lima. Ya hemos visto cómo dicho partido ha blindado al presidente y la amistad de este con César Acuña. A la par, hemos visto cómo el partido de Acuña ha querido manipular al Congreso para sus fines personalísimos. Es un partido zigzagueante sin ningún pro que lo haga merecedor de gobernar a la metrópoli.
Para El Reporte, ninguno de estos candidatos debe gobernar Lima. De hecho, el próximo alcalde tiene la oportunidad de encarnar la tan necesaria figura de oposición que no ha generado el Congreso. El próximo alcalde de Lima tiene obligaciones administrativas, pero también políticas. Y la mayor en ese sentido es generar un contrapeso subnacional al poder nacional. Es un momento grave para la República, en plena crisis de representación y con un gobierno criminal que se apodera del aparato estatal. El próximo alcalde de Lima debe representar a la mayoría de limeños.
En ese sentido, queda un puñado de candidatos sin mayores vinculaciones a Pedro Castillo, pero que, lamentablemente, no han presentado planes idóneos para la ciudad ni un equipo para implementarlos. Ante esta carencia, por lo menos, limeños, elijan un alcalde que los represente en lo político.