Recordará el lector el ridículo espectáculo que protagonizó la OEA a fines del año pasado. El consejo permanente de la organización, comandado por su secretario general, creyó que las razones expuestas por el gobierno de Pedro Castillo (supuesto golpe en marcha por el Congreso y la Fiscalía) eran suficientes para activar la Carta Democrática Interamericana y enviar una misión que evalúe el statu de la democracia en el Perú. En efecto, la OEA le dio un poco de oxígeno al gobierno de Castillo y este respondió la ayuda con la mayor de las burlas.
El 2 de diciembre del 2022, el organismo internacional en mención presentó su informe preliminar. En él, sugerían iniciar una “tregua política” y “encauzar” un “diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes, partidos políticos y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos”. A la sazón, el informe intentó explicar la crisis política a través de supuestas razones estructurales como el racismo, la discriminación, el papel de los medios de comunicación y otras sandeces, sin mencionar en absoluto la evidente corrupción y el comportamiento altamente autoritario del gobierno de Castillo.
Cinco días después, Pedro Castillo da el golpe de Estado. ¿En este caso la OEA creyó de forma ingenua las versiones y argumentos del anterior gobierno? ¿o, al contrario, constataban todos los peligros que traía y aún así decidieron apoyarlo? Desde este espacio creímos y creemos en extremo evidente que la OEA ofició de defensor, sin tapujos ni vergüenza, del golpista.
Lo mismo acaba de ocurrir con el informe presentado ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha comisión, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto los miembros de la Comisión como de la Corte son elegidos por la Asamblea General de la OEA, la misma que ofició de defensora de Pedro Castillo. Por ello, no extraña el sesgo de la CIDH en todo su informe.
Llamar “masacre” o “ejecuciones extrajudiciales” a los hechos vividos en diciembre no se constatan con la realidad, el diccionario ni con el más mínimo sentido común. Y sí, por supuesto, las muertes deben ser investigadas. En un Estado de Derecho democrático como el peruano, no debe haber impunidad, ni para los uniformados que cometieron excesos, ni para los 'protestantes' que llevaron a cabo actos violentos, como quemar vivo a un policía (Luis Soncco QDEP), atacar más de 100 comisarías, sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinar la toma de cinco aeropuertos simultáneamente, intentar destruir los sistemas de abastecimiento energético e hídrico del país, empresas de alimentos, y lanzar granadas, entre muchos otros explosivos.
¿Cómo explica la CIDH la extrema violencia de los manifestantes? “Las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explicitas y coyunturales, como es el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. En la base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”.
Cualquier parecido con el anterior informe de la OEA, el de diciembre, no es coincidencia.
A grandes rasgos, las versiones más contemporáneas de la teoría realista de la Relaciones Internacionales (la más extendida y respetada por lejos en el mundo académico) sostienen que los organismos internacionales son herramientas de los Estados en lucha por el poder; es decir, resguardan los intereses de los Estados hegemónicos dentro de estas organizaciones. La OEA, que ya dijimos elige a las máximas autoridades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene alrededor de dos décadas con hegemonía izquierdista. Desde la primera ola roja a inicios del siglo, la composición de la Corte y la Comisión no ha variado ideológicamente. Hoy en día, además, atravesamos lo que se ha denominado la “ola rosa”: la mayoría de Estados en la región tienen gobiernos izquierdistas y ello termina reflejándose en la composición del Sistema Interamericano.
¿Cómo cambiar este sesgo o las constantes intromisiones en la soberanía nacional? Algunos señalan que el Perú debe salirse de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Otra opción es dar la lucha que no dieron los gobiernos de derecha (tibia) en la región, y cambiar la composición de la Corte y la Comisión por expertos objetivos, no ideologizados, que le brinden un mayor profesionalismo al Sistema y, por lo tanto, una mayor legitimidad.
Mientras ello no ocurra, toca desconfiar de cualquier comunicado, sentencia, informe que produzcan. Al final de cuentas, la OEA y el Sistema Interamericano representan los intereses del izquierdismo regional, lo dice la teoría y la práctica.