Buena parte de la prensa que apoyó a Vizcarra Cornejo con sus (inútiles) reformas políticas, hoy insiste en la idea de que no debería haber reelección en el Congreso. Sin embargo, una vez que la decisión se analiza con calma, ésta parece haber sido fruto visceral del antagonismo que se había generado entre el Ejecutivo y el Congreso y cómo decantó el apoyo de la opinión pública hacia el primero de los lados. Es necesario volver a poder reelegir a nuestros congresistas. Solo así se generan los incentivos correctos para mejorar la calidad de nuestro poder legislativo, que anda muy golpeado.
Los congresistas -de acuerdo con la teoría del Public Choice- maximizan votos. Es decir: un buen congresista no va a recibir un aumento de sueldo ni una promoción en cuanto a la posición que ejerce. El único verdadero incentivo que tienen los congresistas para hacer funciones destacadas es poder volver a ser elegidos en un próximo periodo. Si esto no es así, el tiempo legislativo de cinco años se convierte en un botín de mocha sueldos y demás criaturas que componen la diversa fauna de la Plaza Bolívar. Francamente, los congresos anteriores -tan odiados- eran muchos mejores.
Hay un segundo argumento. Resulta que la función de congresista es una en donde hay una curva de aprendizaje de cada legislador. Los procedimientos y las formas en las que un congresista legisla son únicas y difícilmente pueden ser aprendidas fuera de la fragua del mismo parlamento. Entonces -como pasa con los alcaldes también-, los contribuyentes asumimos el costo de pagar por el tiempo en el que cada grupo de nuevos congresistas perfeccionan sus habilidades, para luego verlos despedirse del cargo sin posibilidad alguna de revocar esta salida con una nueva elección.
El Congreso, por la forma de su composición, va a ser siempre impopular en el Perú. Lima representa un tercio de la población y no hay una representatividad correspondiente con el número de congresistas que por Lima se eligen. Lo mismo pasa, en diferentes proporciones, con casi todas las regiones del país. No obstante, el camino democrático que hemos elegido y que nuestra Constitución consagra implica una necesaria convivencia con este poder. Así las cosas, es esencial que se haga todo lo posible por mejorar la calidad de nuestros representantes.