Perú se encuentra a la deriva en medio de disputas políticas que eclipsan los asuntos fundamentales sin resolver. La economía enfrenta una recesión, según el presidente del Banco Central, Julio Velarde. Aunque hubo un modesto crecimiento del 0,29%, la caída acumulada del -0,57% plantea desafíos importantes. Sectores clave, como Manufactura (-0,51%), Construcción (-8,05%), y Alojamiento y Restaurantes (-0,03%), han sufrido fuertes golpes. Además, se suman el retroceso y la desestabilización en la minería, el turismo, la agroexportación, entre otros.
Sorprendentemente, el gobierno intentó despedir al desgastado ministro Contreras, aunque el intento fue frustrado. Contreras, acto seguido, opta por aumentar el impuesto selectivo al consumo (ISC) en marzo, sin abordar la disminución de la presión tributaria. ¿Cuál es la política económica del gobierno? ¿No habrá llegado ya a un límite?
El premier Otárola se reunió esta semana con los representantes de los gremios económicos, pero surge la pregunta: ¿por qué ahora? ¿Por qué esperar un año? Como señaló Jesús Salazar Nishi de la Sociedad Nacional de Industrias, estas acciones deberían haberse tomado desde el inicio del gobierno para evitar la debacle del 2023.
La fuga de talentos y la falta de medidas para atraer inversiones plantean serios desafíos para el desarrollo económico. Parece que Otárola se quiere poner al día, un año tarde.
La seguridad sigue siendo un tema crítico, quizás el de mayor preocupación por parte de la población, y el gobierno solo atina a acciones ineficaces y falta de evaluación seria. Aunque se mencionó el plan "Boluarte", solo vimos gestos populistas sin impacto real. Las cifras de crimen organizado y delitos comunes son alarmantes y siguen empeorando, evidenciando la necesidad de una estrategia integral.
En esta situación, ¿qué vemos por parte del gobierno? Intrigas y conspiraciones entre el gobierno y la comandancia general de la PNP. Pocas o nulas soluciones, total desamparo.
Y, si bien los problemas económicos y de seguridad exigen respuestas, vemos incoherencias en casi todos los sectores del gobierno. Por ejemplo, el canciller Javier Gonzáles-Olaechea, antes de asumir el cargo, se destacaba como un analista internacional con una posición contraria a la CIDH y que incluso abogaba por denunciar partes del tratado. Ahora, en el cargo, cambió radicalmente de posición. ¿Para qué accedió al poder si no es para impulsar la agenda en la que cree? ¿Solo para gozar del poder?
Así, podemos nombrar uno por uno los problemas del país y del gabinete. Uno que no debe pasar desapercibido es el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que como trabajador de Petro Perú en licencia no hace más que tratar de salvar la fallida empresa pública. ¿Conflicto de interés? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a promover proyectos de inversión minera? Las noticias se ausentan.
En medio de este caos, surgen interrogantes. ¿No será ya el momento de un giro radical en el gobierno? La respuesta es obvia. La pregunta de fondo es: ¿podrán? ¿Podrán percibir que su situación es realmente precaria y que la legitimidad que les permite estar en el gobierno está a punto de esfumarse?
El futuro del país parece cada vez más incierto, pero el del gobierno aún más. Si no dan un giro de 180 grados en la eficacia sobre la gestión, no solo la calidad de vida de los peruanos seguirá empeorando, también sus días en el poder se reducirán con mayor premura.