Alberto Fujimori enfrentó una economía destruida con un shock económico. Pero Keiko Fujimori llega al poder con otro incendio nacional: la inseguridad.
La historia, a veces, ofrece curiosas simetrías.
Hace treinta y seis años, un Fujimori cruzó el Patio de Honor de Palacio con un país quebrado por la hiperinflación. Hoy, otra Fujimori vuelve a atravesar el mismo recorrido mientras el Perú enfrenta una emergencia de otra naturaleza. Entonces, la angustia cabía en una boleta del mercado. Hoy viaja en una llamada extorsiva, en una bala por encargo, en un negocio que baja la reja antes del anochecer y en un penal desde donde una organización criminal sigue impartiendo órdenes. La crisis cambió de rostro. También cambió el Estado que debe enfrentarla.
La comparación aparece por inercia. En agosto de 1990, Alberto Fujimori respondió al derrumbe económico con un programa de estabilización que la historia terminaría bautizando como el “Fujishock”. Treinta y seis años después, la llegada de Keiko Fujimori devuelve esa palabra al debate público, aunque sobre un terreno completamente distinto. Ya no se trata de contener una economía que colapsa. Se trata de recuperar la capacidad de un Estado que, durante años, ha visto cómo el crimen organizado aprendía a adaptarse más rápido que sus propias instituciones.
La analogía, sin embargo, termina ahí. La inflación podía medirse con indicadores. El crimen organizado no cabe en una sola estadística. Mutó en una economía paralela, infiltró instituciones, perfeccionó sus redes y convirtió cada fisura del aparato estatal en una oportunidad para crecer. Por eso el desafío del próximo gobierno no consistirá únicamente en decidir cuánta fuerza está dispuesto a emplear. Consistirá en comprobar si el Estado peruano todavía conserva la estructura, la coordinación y la musculatura necesarias para sostener esa fuerza sin que vuelva a deshacerse entre sus propias grietas.
El país que empezó a pagar por el miedo
El desborde del crimen organizado, traducido en un 63% de percepción de inseguridad según Ipsos, empezó hace un buen rato a alterar decisiones económicas. Hoy, una parte creciente del costo de hacer empresa en el Perú ya no depende de los impuestos, el crédito o la inflación, sino de la capacidad para sobrevivir a la extorsión. Comerciantes que pagan cupos, transportistas que incorporan ese gasto a sus tarifas, negocios que reducen horarios, empresas que multiplican el presupuesto destinado a vigilancia privada y barrios donde cerrar antes de anochecer dejó de ser una excepción.
Los datos muestran la dimensión del fenómeno. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima que la inseguridad ya le cuesta al país alrededor de US$11.800 millones al año, una cifra equivalente a poco más del 3% del Producto Bruto Interno. Cuatro de cada diez peruanos afirman haber visto cerrar o reducir las actividades de negocios en su barrio como consecuencia directa de la delincuencia. Las denuncias por extorsión crecieron de poco menos de cuatro mil casos en 2019 a más de veintidós mil en 2024 y continuaron aumentando durante 2025. El delito dejó de concentrarse en determinados sectores para extenderse sobre transporte, construcción, comercio, educación y pequeñas empresas.
Por eso, la variable “seguridad” tiene su propio peso en la ecuación económica, así como la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y el crecimiento. Gremios empresariales como Confiep ya adelantaron que este será el primer desafío del gobierno fujimorista, tomando en cuenta la defensa de la inversión, del empleo y la competitividad en el país.
El Estado que tendría que hacerlo
Es aquí donde la comparación con 1990 encuentra su principal límite. Un shock económico podía anunciarse desde Palacio y ejecutarse, principalmente, a través de decisiones económicas. Un eventual shock de seguridad tendría que recorrer un camino mucho más largo. Presidencia puede fijar una prioridad. El Ministerio del Interior puede conducir la estrategia. Pero después alguien debe investigar, reunir pruebas, seguir el dinero, capturar a los responsables, impedir que continúen operando desde prisión y llevarlos hasta una condena firme. En otras palabras, el éxito ya no dependería únicamente de la voluntad política. Dependería de la capacidad del Estado para funcionar como una sola arquitectura.
La primera grieta aparece en la Policía Nacional. Sobre el papel, el Perú cuenta con cerca de 140 mil efectivos. La cifra parece suficiente hasta que se observa dónde está concentrada esa fuerza. Apenas unos 4.457 policías están dedicados a investigación criminal. La diferencia es decisiva. Patrullar una avenida y desarticular una organización criminal son tareas completamente distintas. La primera exige presencia. La segunda requiere inteligencia, seguimiento financiero, criminalística, agentes especializados y meses de trabajo silencioso. Mientras una patrulla responde al delito consumado, una investigación busca desarmar la estructura que lo hace posible.
Ese desbalance ayuda a entender por qué el Estado suele ganar operativos, pero perder organizaciones. Un cabecilla cae. Otro ocupa su lugar. Un sicario termina preso. Otro aparece al día siguiente. La banda conserva liderazgo, rutas, financiamiento y capacidad de reemplazo. El Estado, en cambio, cambia ministros, generales, estrategias y prioridades. El crimen organizado juega a largo plazo. El Estado peruano, demasiadas veces, apenas alcanza el siguiente cambio de gabinete.
La siguiente estación del recorrido son las cárceles. El sistema penitenciario alberga cerca de 99.700 internos en una infraestructura diseñada para poco más de 41.700 plazas. El hacinamiento supera el 139%. En ese escenario, controlar un penal deja de ser únicamente un desafío penitenciario. Empieza a convertirse en un problema de autoridad estatal. Solo durante el segundo semestre de 2025 fueron incautados alrededor de 950 celulares en establecimientos penitenciarios. Las investigaciones volvieron a demostrar que extorsiones y sicariatos seguían coordinándose desde prisión. La cárcel dejó de ser el punto final de la carrera criminal. En demasiados casos pasó a convertirse en una oficina más de la organización.
Pero la captura tampoco cierra la historia. Apenas abre otra. Cada intervención policial necesita transformarse en una investigación sólida. Esa investigación debe convertirse en una acusación. La acusación debe resistir el proceso judicial. Y la condena tiene que llegar antes de que la organización consiga recomponerse. Ahí aparecen el Ministerio Público y el Poder Judicial. El problema ya no parece ser únicamente la existencia de herramientas legales. También empieza a ser la velocidad y la capacidad institucional para utilizarlas frente a organizaciones que operan con horizontes mucho más largos que los del propio Estado.
Existe, además, un frente silencioso donde suele decidirse buena parte de esta disputa: el dinero. Entre 2015 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones vinculadas a delitos precedentes por casi US$12.000 millones, más de la mitad relacionadas con minería ilegal. Sin embargo, la capacidad para inmovilizar esos recursos continúa siendo muy inferior al volumen detectado. Mientras las economías criminales conserven su flujo de caja, conservarán también la posibilidad de reclutar nuevos operadores, corromper funcionarios, abrir nuevas rutas y absorber las pérdidas de cada operativo.
Por eso el verdadero desafío del próximo gobierno quizá no consista únicamente en recuperar el control de las calles. Consista en algo más complejo: sincronizar una maquinaria estatal que lleva años funcionando con engranajes desalineados frente a organizaciones que aprendieron a coordinarse mejor que ella. Esa podría ser, al final, la verdadera dimensión de un eventual shock de seguridad.
La herencia invisible
La elección resolvió quién gobernará el país. No resolvió el estado en que ese país será gobernado. Keiko Fujimori recibirá un aparato de seguridad golpeado por una década de rotación, anuncios inconclusos y reformas contradictorias. Solo durante el gobierno de Pedro Castillo hubo siete ministros del Interior en año y medio; con Dina Boluarte, la permanencia promedio en esa cartera cayó a menos de cuatro meses. En un sector donde las estrategias necesitan continuidad, el Estado peruano convirtió la seguridad en una sucesión de encargaturas. El crimen tuvo tiempo. El Estado tuvo relevos.
Esa discontinuidad bajó por toda la estructura. Desde julio de 2021, el Ministerio del Interior nombró a 18 funcionarios en sus dos viceministerios. Cada cambio implicó nuevos equipos, nuevos diagnósticos y nuevas prioridades.
Por eso los primeros cien días pueden ser engañosos. Habrá presión para intervenir penales, desplegar militares en zonas críticas, lanzar operativos, bloquear señales, anunciar centros de videovigilancia o pedir facultades legislativas. Algunas medidas pueden producir impacto inmediato. Otras solo producen titulares. La evidencia comparada deja una advertencia sencilla: El Salvador mostró la potencia política de una ofensiva sostenida; Ecuador recordó los límites de militarizar sin reconstruir instituciones; Colombia enseñó que perseguir cabecillas sin golpear economías ilegales suele fragmentar el crimen, no derrotarlo. El Perú no necesita importar una receta. Necesita recomponer su propia maquinaria.
Ahí reaparece la simetría que abrió este reportaje. Alberto Fujimori recibió un país cuya mayor fragilidad estaba en la economía. Keiko Fujimori recibirá uno donde la fragilidad se desplazó hacia el corazón del Estado. Si el “Fujishock” marcó una época por la velocidad con la que transformó la economía, un eventual shock de seguridad será juzgado con otro criterio: no por la espectacularidad de sus operativos, sino por su capacidad para reconstruir las instituciones encargadas de sostenerlos. Porque los gobiernos pasan. Los anuncios envejecen. Los operativos terminan. Lo único que queda, para bien o para desastre, es el Estado.
