Al gobierno ad-portas de la señora Fujimori se le presentan varias oportunidades históricas, que difícilmente volverán a presentarse de la forma en que lo hacen ahora.
Una de ellas es la de domar al ogro filantrópico que nos domina. Ese ogro filantrópico, es el estado, según la famosa definición que de este hizo el literato y Nobel mejicano Octavio Paz en 1979.
En nuestra patria, el estado filantrópico supuestamente regularía, para limitar abusos de los agentes más poderosos del mercado, así como de los contaminadores ambientales, conculcadores de derechos laborales y escapa impuestos. La desolación causada por la minería ilegal prueba lo contrario, como también la trata de mujeres y niños. Las feminazis bien gracias, como no.
El huayco de regulaciones que emana de la bestia equivaldría a unas seis normas por minuto o 87,600 al año. Una primera tarea es ponerle coto a esto. Hay múltiples infractores, siendo el Poder Ejecutivo tan solo uno de ellos. Es urgente pues eliminar la grasa normativa, todos esos colgajos que sólo sirven para trabar y generar corrupción, la tradicional manufactura de problemas para la venta de soluciones vía amigables consultores.
Pero, además, la calidad normativa actual es paupérrima. Los reglamentos no sólo son demasiados sino ininteligibles e interminables. Desde sus títulos parecen elaborados para un concurso a la huachafería:
“Reglamento General de Procedimientos Sancionadores en los Procedimientos Seguidos ante la Secretaría General de la Secretaría del ……”
Parece broma, pero así son los títulos. La abundancia de palabras resalta pues lo superfluo de estas.
Los abogados que nos formamos hace ya un tiempo recordamos una época en que las sentencias no se parecían a las guías telefónicas de antaño. Estas eran sucintas, tenían la extensión que debían tener. Ahora, cualquier disputa acaba en decisiones judiciales con decenas de páginas, full copy and paste de cada uno de los escritos de las partes. So pretexto de la debida fundamentación, las sentencias son tan largas que podrían contener cualquier cosa. Esta es otra práctica que debe corregirse (aunque obviamente escapa al control de la señora Fujimori).
El delirio burocrático lleva a que llamen a los ciudadanos “administrados”. Piense usted amigo lector, el burócrata lo “administra”. Esto es el colmo de la insolencia. Existiríamos pues por la gracia divina del funcionario, quien nos maneja. Háyase visto.
En vez de administrarnos, como quien dispone del dinero de su cuenta bancaria, debe simplificarse el camino para que el trabajador cobre sus beneficios, que el emprendedor se formalice y avance en sus negocios, que el ciudadano de a pie camine con seguridad por las calles. Que entidades como ESSALUD dejen de ser el botín de facciones políticas, que ya tienen plata como cancha, pero van por más.
Es increíble como muchas entidades estatales se han convertido en quebradores de las buenas empresas y correctos proveedores, donde buscan formas para no pagarles, dejando el camino libre para los amantes de esa canchita a la que nos referíamos. Un proveedor honesto, no entra pues en la movida.
Los casos en los que la entidad estatal no recibe lo comprado por razones internas, pero multan al proveedor por incumplimiento son legión. Aducen que ese proveedor que no le quisieron recibir x bienes, si es que no mandó tal o cual carta, entonces es el culpable y queda automáticamente penalizado. Y lo quiebran. Así dejan la ruta despejada para los amiguis.
Esperemos que la señora Fujimori entierre prontamente al ogro y nos traiga a un genuino aliado del ciudadano.
