Seattle cedió el monopolio de la violencia sin sustituto. Lima lo blinda sin control. Misma falla, signo opuesto. Por veinticuatro días de junio de 2020, seis cuadras del barrio de Capitol Hill, en Seattle, se quedaron sin policía. Sus ocupantes las bautizaron zona autónoma. Un grupo de voluntarios armados asumió la seguridad; a los oficiales se les instruyó no responder llamados salvo que hubiera víctimas múltiples.
El experimento duró lo que tardaron en producirse dos homicidios y varios heridos de bala. La alcaldesa demócrata Jenny Durkan, que semanas antes había descrito la zona como una fiesta de verano, ordenó el desalojo el 1 de julio. Dos años después, un estudio publicado en Criminology & Public Policy, con método de control estadístico, confirmó lo que cualquiera que hubiera pasado ahí una noche ya sospechaba: el crimen aumentó de forma significativa dentro de la zona y en el área circundante, comparado con un barrio equivalente que sí tuvo policía.
Esa zona no prueba que la policía sea buena o mala. Prueba algo más incómodo: cuando el Estado renuncia al monopolio de la fuerza, no aparece un vacío pacífico. Aparece otro monopolio, sostenido por quien esté dispuesto a usar la fuerza sin las reglas que el Estado sí tenía, aunque las aplicara mal.
Perú no está en ese experimento. Está en el opuesto, lo que vuelve más interesante mirarlos juntos que por separado. Mientras las bandas de extorsión cobran cupo a transportistas y comerciantes —sesenta y cuatro choferes de transporte público asesinados en lo que va de 2026, según el propio comandante general de la Policía Nacional ante el Congreso, cifra ya rebasada por ataques posteriores—, el Congreso aprobó en junio una ley que traslada los delitos de función de policías y militares al fuero militar-policial, fuera del alcance de la justicia ordinaria. La votación se dio pese al pedido explícito del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de no aprobarla.
Blindar el monopolio de la fuerza sin vigilarlo no es más seguridad. Es impunidad con placa.
Esta semana, con la ley todavía en debate, un adolescente de diecisiete años murió en una dependencia policial en Pachacámac. Cinco personas murieron tras una intervención policial en Huancavelica. Un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría en Puno.
Nadie votó esa ley pensando en estos tres casos. Los votos llegaron antes. Pero ahí está el problema de escribir una regla sin pensar en el caso promedio: una norma que traslada a la policía al fuero militar no distingue entre el efectivo que enfrenta a un extorsionador armado y el que golpea a un detenido esposado. Los pone bajo el mismo fuero, con los mismos incentivos.
El error de Seattle y el error de Lima no comparten contenido, pero sí comparten forma. En los dos casos alguien resolvió la mitad de un problema y lo llamó política pública. Seattle diseñó la ausencia de fuerza sin diseñar qué la reemplazaría. Lima diseña más fuerza sin diseñar quién la vigila.
James Madison lo escribió mejor de lo que cualquier columnista de hoy podría escribirlo: si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario; el problema real es habilitar al gobierno para controlar a los gobernados, y luego obligarlo a controlarse a sí mismo. Seattle falló en lo primero. Lima está fallando en lo segundo. Ninguna de las dos fallas se corrige eligiendo mejor al alcalde o al congresista de turno. Se corrige escribiendo la regla completa, no la mitad que conviene en la coyuntura.
La respuesta no es elegir bando entre la policía y sus críticos, ejercicio que ambos lados repiten cada vez que ocurre un caso como el de Pachacámac. La respuesta es diseño, con cuatro piezas para el debate.
Una unidad de investigación independiente, de mayoría civil, que investigue —sin juzgar ni acusar— los casos de muerte o lesión grave a manos de la policía, y entregue sus hallazgos a la fiscalía ordinaria, no al fuero militar.
Métricas públicas de esclarecimiento de denuncias, no solo el conteo de denuncias que hoy se manipula recortando el registro.
Una cláusula de revisión obligatoria para las leyes de excepción y de fuero ampliado, de forma que lo temporal no se vuelva permanente por inercia legislativa.
Y un protocolo de uso de la fuerza con estándares verificables, que ya existen en el Decreto Legislativo 1106: falta quien los haga cumplir con credibilidad.
Las reglas, no los hombres.
