En el período de la República Caviar, una de las instituciones que más ha sufrido de sus avatares han sido las FFAA, presas de continuos e innumerables ataques de la corrección política predominante desde Paniagua. Aquella conducta contra las insticioens millitares, fue y es promovida y divulgada por la izquierda caviar en la sociedad civil, aliada a la tecnocracia neoliberal en el Estado, y fue concebida para hacer daño en su institucionalidad, que puede definirse como la reunión de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones.
En relación con ello, todo se cuestionó: el liderazgo, el cumplimiento de órdenes, la justicia militar, la potestad sancionadora, la renovación del material, el secreto militar, las renumeraciones, regimen previsonal. Lo que se buscaba era mantener vivo el cuerpo amputándole brazos y piernas; sabían que el desaparecer las instituciones militares, como en Costa Rica, era una pretensión —soñada principalmente por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y buena parte de la tecnocracia del MEF— maximalista, en cuyo intento naufragarían.
Para dar pie a esta perversa empresa se empleó un poco feliz video que dio lugar a la falsa “narrativa” mal llamada “acta de sujeción”, desde la que, sobre la base de falsedades, se tejió una historia manipulada y muy ajena a la verdad, con el único propósito de dar dos mensajes: uno dirigido a la opinión pública, olvidadiza, ingrata y fácilmente impresionable: que se vayan todos; y el otro a los subordinados de aquellos que asistieron a la reunión de altos mandos convocada por orden superior: «miren a sus jefes, no son confiables, están comprometidos con la dictadura, todos». Muchos en filas no entendieron el trasfondo de la situación y otros se defendieron diciendo que no estuvieron presentes, cayendo en el juego de la izquierda cosmopolita. Lo más apropiado debió ser señalar la poca utilidad y la irresponsabilidad del régimen y del alto mando de la época, por haber permitido una orden que lo único que mostraba realmente era debilidad y temor a una sublevación interna, la cual estaba muy lejos de darse.
Este hecho y otros parecidos dieron argumentos a la izquierda cosmopolita para promover el llamado “control civil sobre las FFAA”, del cual, dicho sea de paso, ya casi no se escucha hablar. No tuvieron oposición porque a nadie le interesó oponerse a la estrategia zurda y así avanzaron, copiando a sus pares en España los zurdos del PSOE. Se imitó la receta ibérica de desfranquizar las FFAA españolas con personajes como el socialista Narcís Serra, vicepresidente de Felipe González y ministro de Defensa entre 1982 y 1991. Aquí el calco fue desfujimorizar las FFAA peruanas. De ahí vinieron las perlas.
Ley del Régimen Disciplinario. Esta ley ha sido uno de los aspectos más graves que ha sufrido y sufre la institucionalidad de las FFAA.
Transparencia y los controles extrainstitucionales, que aunque suenen bien, en el fondo sus objetivos no eran precisamente lo que señalan sus significados. En efecto, en aras de la transparencia, el Ministerio de Defensa, penetrado por esta izquierda caviar perversa y sus adláteres y colaboradores traidores, dispuso la colocación de información sensible en los medios oficiales de las FFAA, cosa que ningún país en la región hace.
Iintromisión excesiva del Poder Judicial y del Ministerio Público, como cité hace unos meses en un artículo titulado ‘En defensa del prestigio institucional’, en marzo del 2025.
En esto también destacan los Órganos de Control Institucional (OCI). Recuerdo que hace unos diez años, desempeñando un cargo de subdirector en la Marina, me correspondía también ser inspector interno de mi dependencia. Los que desempeñábamos ese puesto colateral fuimos citados por la Inspectoría General de la Marina a una reunión en la que el jefe de la OCI Marina —un funcionario extrainstitucional— nos daría una charla. Este sujeto, en tono altanero y de superioridad, pretendió darnos lecciones sobre cómo hacer nuestro trabajo, en una reunión donde asistíamos en su mayoría oficiales de alta graduación, del grado de capitán de navío.
Esto me causó tal indignación que no lo podía dejarlo pasar. En determinado momento, el funcionario se refirió a un material que era componente de unidades de combate. ‘Esta es la mía’, pensé. Al término de su perorata, levanté la mano, me puse de pie, di mi nombre y grado, y me referí al equipamiento de guerra que mencionó. Empecé diciendo que los ahí presentes, para acceder a información clasificada como la que se había referido, debíamos pasar por un estudio de contrainteligencia a fin de garantizar la protección de la información; de lo contrario, no podíamos hacerlo. De ahí que le preguntase qué estudio de contrainteligencia se le había hecho a él individualmente para acceder a la información a la que se refirió, un estudio que nos garantizase a todos los presentes y al país que esa información no iba a terminar en la computadora de una dirección de inteligencia de algún país vecino; es más, precisé el país. Su desconcierto y visible molestia lo hizo ensayar una respuesta inútil. No se la esperaba. Por mi parte, el hecho me llenó de satisfacción, acompañada de una sonrisa: el misil había dado en el blanco.
La pregunta en el aire sigue siendo la misma: ¿quién controla a los administradores de justicia?, ¿quién controla a los controladores? ¿Cuántos presos por prevaricación o por exponer información clasificada, tal como lo sanciona el Código Penal, hay en el Perú en todos estos años de República Caviar?
Quedó claro para quien escribe estas líneas cómo se gestionaba irresponsablemente la información sensible de la seguridad nacional en aras del control interno, que, sin dejar de ser necesario, no podía vulnerar la integridad de su protección y, sobre todo, su acceso.
Pienso que, en filas, hemos sido muy permisivos con esa intromisión que, disfrazada de transparencia, hurga en los aspectos más sensibles del poder militar. Parecería que algunos controladores estuviesen ávidos de satisfacer su ego al lograr enterarse de información que, por su naturaleza, debería estarles negada. Y ya sabemos de la ineficacia o los escasos resultados de las investigaciones que terminan en archivos o en la inconsistencia de las acusaciones, porque lo que interesa es ‘yo tengo el poder de meter las narices aquí’, y hago gala de ello, como lo hizo el funcionario a quien tuve la suerte de incomodar en reacción a su petulancia, lo que, estoy seguro, nunca olvidará.
Defender nuestros fueros, no para la sinvergüencería ni para ocultar el abuso ni para cualquier otro delito ni majadería; es un deber, más aún de las más altas jerarquías. No todos, desafortunadamente, lo han entendido así, por cobardía o indolencia. Espero que en los próximos años toda esta maraña, que solo esconde desprecio y envidia a lo que significan las Fuerzas Armadas, sea reducida a su mínima expresión. El nuevo gobierno tendrá mucho que hacer en eso; esperemos que sea consciente de ello y actúe en consecuencia. Las FFAA han sido irrespetadas en muchas ocasiones durante los 26 años de la República Caviar; pocas veces hubo respuestas contundentes a los agravios y el maltrato. Estos despropósitos deben desaparecer.
