El ministro Ernesto Álvarez quiere llevar el LUM a Justicia y romper una anomalía: que la memoria del terrorismo siga teniendo guardianes ideológicos.
El regreso de Keiko Fujimori a Palacio produjo un fenómeno curioso en Miraflores. El Lugar de la Memoria (LUM) empezó a recibir más visitantes. Hubo colas, preocupación por el futuro del museo y una suerte de movilización preventiva frente a una amenaza que el Gobierno ni siquiera había pensado. El LUM volvía a cumplir una de sus funciones menos reconocidas: además de museo, seguía siendo territorio político.
La amenaza, evidentemente, nunca llegó. Lo que sí llegó fue una propuesta del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, que ha provocado un movimiento telúrico entre todos los voceros de la izquierda nacional, como congresistas, movimienos, colectivos, brigadas y un largo etcétera.
Álvarez no propuso cerrar el edificio ni desmontar sus exposiciones. Propuso algo más sofisticado y, probablemente por eso, mucho más incómodo. Planteó sacar el LUM del Ministerio de Cultura y llevarlo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A primera vista parece una mudanza entre oficinas. Pero en realidad toca una fibra mucho más profunda. Porque el LUM no guarda solamente fotografías, testimonios y archivos. Allí el Estado decidió cómo contar los veinte años más sangrientos de nuestra historia reciente. Cambiar el ministerio que lo administra significa también preguntarse desde dónde debe organizarse esa memoria.
Y la respuesta lleva años escondida en los propios papeles del Estado.
La promesa que quedó en el archivo
Cuando el gobierno de Alan García creó en 2009 la comisión encargada de implementar el entonces Museo de la Memoria, dejó escrito un mandato bastante menos ambiguo que buena parte de las discusiones posteriores. El proyecto debía representar, con “objetividad y espíritu amplio”, la tragedia provocada por las acciones subversivas de Sendero Luminoso y el MRTA y las consecuencias del fanatismo ideológico, la transgresión de la ley y las violaciones de derechos humanos. La fórmula sobrevivió incluso cuando, un año después, el Museo de la Memoria cambió oficialmente de nombre y se convirtió en Lugar de la Memoria.
Aquella exigencia de equilibrio no la inventó el fujimorismo. Estaba en la partida de nacimiento.
Tampoco nació ayer la sospecha de que el LUM podía alejarse de ella. En 2017, durante la polémica por la exposición Resistencia Visual 1992, Salvador del Solar —entonces ministro de Cultura y antes de ser aliado contumaz del vizcarrismo— dijo que la muestra transmitía una “clara sensación general de sesgo” incompatible con el equilibrio que se había buscado para la institución. Del Solar no era precisamente un comisario político de Fuerza Popular. Su advertencia resulta útil por eso mismo: cuestionar el relato del LUM nunca fue patrimonio exclusivo de la derecha.
Hay incluso una ironía más reciente. En mayo pasado, Cultura retiró al director Ramón Murillo después de la controversia por la cancelación de una presentación de libro en la que iba a participar Ruth Luque. Los organizadores denunciaron censura política. La supuesta ubicación neutral del LUM terminó, otra vez, atravesada por decisiones políticas dentro del propio Ministerio de Cultura.
La vitrina y la cicatriz
Aquí aparece el argumento más fuerte de Álvarez.
El LUM depende de Cultura porque desde 2018 está incorporado al Sistema Nacional de Museos. Cultura aporta conservación, museología, investigación y protección documental. Todo eso tiene lógica.
Lo extraño comienza al mirar qué hace Justicia.
Desde 2004 funciona allí la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, la CMAN, encargada de las políticas estatales de paz, reparación y reconciliación vinculadas precisamente al periodo 1980-2000. Coordina el Plan Integral de Reparaciones, que incluye programas económicos, educativos, sanitarios, habitacionales, colectivos y simbólicos.
Y el programa simbólico contiene una pequeña bomba burocrática. Entre sus objetivos oficiales están dignificar a víctimas civiles, policiales y militares, revalorizar las diversas memorias del periodo y promover la creación y mantenimiento de lugares de memoria y conmemoración.
Es decir, el Perú construyó una arquitectura bastante peculiar: Cultura administra el Lugar de la Memoria mientras Justicia administra la política estatal que crea y sostiene lugares de memoria.
Un ministerio conserva la vitrina. El otro carga con la cicatriz.
No hablamos tampoco de una competencia decorativa. Justicia lleva más de dos décadas trabajando con víctimas y reparaciones, coordinando con organizaciones civiles, policiales y militares y produciendo políticas de reconciliación. Incluso ha utilizado el propio LUM para realizar reparaciones simbólicas: en 2024, la CMAN reconoció allí a 39 policías víctimas del terrorismo que integraron una unidad especializada en desactivación de explosivos.
El vínculo ya existe. Lo que Álvarez propone es dejar de fingir que pertenece a dos mundos distintos.
Lo que realmente se mueve
Queda un argumento administrativo: si el LUM pertenece al Sistema Nacional de Museos, ¿cómo podría salir de Cultura?
El propio Estado ofrece la respuesta. El Museo Contemporáneo Chavín de Huántar está incorporado al mismo sistema y pertenece al Ejército. El Museo del Cerebro depende del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. También existen museos municipales registrados. Ser parte del Sistema Nacional de Museos no obliga a depender orgánicamente del Ministerio de Cultura.
Por eso reducir la propuesta a una “intervención fujimorista” resulta demasiado cómodo. Cultura puede seguir aportando el soporte técnico y patrimonial mientras Justicia incorpora al LUM a una política más amplia de memoria, víctimas, reparación y reconciliación.
Lo que cambia es otra cosa: el centro de gravedad.
Durante años, un sector político, académico y activista consiguió establecer alrededor del LUM una suerte de derecho preferente sobre la interpretación del periodo del terrorismo. Cada cuestionamiento era recibido como amenaza; cada intento de ampliar el foco, como sospecha de negacionismo. El resultado fue convertir un espacio que nació con vocación nacional en uno de los tótems de nuestra guerra cultural.
Ernesto Álvarez ha encontrado una salida bastante más inteligente que clausurarlo: no hay que apagar el LUM, hay que sacarlo de esa trinchera.
Justicia ya repara a las víctimas que el museo recuerda, reconoce a civiles, policías y militares, trabaja con memorias diversas y tiene por mandato buscar reconciliación. Integrar allí al LUM no supone borrar la historia. Supone preguntarse por qué esa historia debe seguir administrándose como patrimonio de un solo ecosistema.
Después de cuarenta años, quizá sea hora de que el Estado deje de tener una oficina para recordar y otra para reparar. Y empiece, finalmente, a hacer ambas cosas bajo una misma lógica. Porque la memoria del terrorismo pertenece al país. No a sus guardianes.
