Le escuché a Felipe González una frase que merece mejor destino que el de ocurrencia de sobremesa: «La ideología es una coraza para los que no tienen ideas». En su boca pesa. En 1979 obligó a su partido a abandonar el marxismo como definición oficial y renunció a la secretaría general para conseguirlo. Ganó, y tres años después gobernaba España. No hablaba alguien que desdeñara las doctrinas, sino alguien que tuvo que desprenderse de una para gobernar.
La imagen es exacta. Una coraza no sirve para avanzar ni para construir; sirve para que nada atraviese al que la lleva.
Jean-François Revel respondió hace décadas. La ideología cerrada, escribió, concede una triple dispensa. Intelectual: quedarse con los hechos favorables y archivar los demás. Práctica: suprimir el criterio de eficacia, de modo que ningún fracaso cuente como prueba: si el programa falló, la culpa fue de otro. Y moral: absolver al militante de lo que en cualquier otro sería una falta.
Las tres eximen de rendir cuentas, sobre todo de la obligación más incómoda de la vida pública: proponer algo concreto y responder por ello. De ahí su atractivo para quien no tiene ideas. Tenerlas es caro: exige cuantificar, elegir entre alternativas imperfectas y equivocarse a la vista de todos. Repetir una doctrina es gratis. Basta con señalar al culpable con la indignación de rigor.
La objeción seria a la frase de González es que sin doctrina no hay ideas, sino ocurrencias, y que el pragmatismo puro desemboca en el clientelismo. El Perú lo sabe bien: nuestros partidos sufren más de falta de doctrina que de exceso, y buena parte de lo que pasa por ideología es el uniforme de una clientela.
La objeción obliga a precisar. Una doctrina digna de ese nombre ordena prioridades y fija límites. Lo condenable es usarla en lugar del pensamiento. La diferencia se reconoce rápido: quien tiene ideas puede explicar qué haría, cuánto costaría y cómo sabríamos si funcionó. Quien solo tiene coraza responde con un adjetivo.
La coraza, además, no tiene un solo dueño. La usa el dirigente que invoca la justicia social para no presentar un presupuesto, y también el empresario que invoca el libre mercado mientras pide un arancel. En ambos casos la palabra solemne sirve para esquivar la pregunta por los números. El lector empresarial haría bien en no aplaudir la frase demasiado pronto: también tiene destinatarios en su vereda.
Si el diagnóstico es correcto, el remedio no consiste en predicar mejores ideologías, sino en cambiar las reglas para que no tener ideas resulte costoso. Tres cambios irían en esa dirección.
Primero, ningún proyecto de ley con impacto fiscal debería votarse sin un costeo independiente publicado con anticipación, a cargo del Consejo Fiscal o de una oficina técnica del Congreso ajena a las bancadas. Cuesta defender que una medida es justa cuando nadie quiere decir cuánto cuesta.
Segundo, las iniciativas del Congreso deberían pasar por un análisis de impacto comparable al que se exige a las normas del Ejecutivo.
Tercero, los planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones deberían traer metas cuantificadas, y al terminar el mandato una entidad técnica debería publicar cuánto se cumplió. Hoy nadie los relee, salvo quizá quien los redactó.
Ninguna prohíbe tener ideología; exigen, además, tener ideas revisables.
El obstáculo salta a la vista: quienes deben aprobar estas reglas son los que hoy disfrutan de la coraza, y ninguna armadura se quita sola. La presión tendrá que venir de fuera, de gremios, universidades, prensa y electores que pregunten ante cada promesa cuánto cuesta y cómo se medirá. Es una pregunta modesta, pero contra ella no hay coraza que dure.
González tuvo que romper con una doctrina para gobernar. A nuestros políticos no les pedimos tanto. Bastaría con que de vez en cuando se la quitaran para pensar.
