Si el Perú tuviera policías por cada 100 000 habitantes en la misma proporción que los muertos durante la pandemia, viviríamos en Suiza. Desgraciadamente, la situación es otra: el Perú ha asimilado la inseguridad como parte del paisaje, y en gran medida la culpa es de la derecha cobarde que ha gobernado y, asimismo, de los caviares, que tienen una afinidad por la sangre anómala. Esa secta de progres: Gustavo Gorriti, El Gallo Zamora y Diego García Sayán, financiados por George Soros y otros “demócratas” a través de Open Society Foundations, narco-dictaduras, lleva años creando una narrativa anti-estado de derecho. Felizmente se apagó el caño de USAID.
En los noventa, la “izquierda carnívora”, mediante Sendero Luminoso, tenía que entrar con el fusil a las universidades. En el siglo XXI, el fusil ha sido reemplazado por el secuestro intelectual, evidentemente, la “izquierda vegetariana” gramsciana lleva años infiltrando los restos de sendero en las universidades peruanas. Además de contar con profesores formados por el G2 Cubano en las distintas facultades (así como Vladimir Cerrón, hay cientos más), que de esta manera han logrado bombardear ideológicamente a la Generación Z. En la actualidad se les exige tomar las siguientes clases: “Democracia: Maduro y Fidel”, “Apología al Terrorismo”, “Policía no es un ser humano”, “Dinamita, Pirotécnicos y Cóctel Molotov”.
Lo que se vivió el 15 de octubre de 2025 en el Centro de Lima es producto de una creciente manipulación y tergiversación neomarxista de la educación cívica, el patrimonio cultural y la historia del Perú. La izquierda-woke ha tomado el mundo académico e intelectual y dedica energía y recursos a la reingeniería social junto a empresas de consultoría y encuestadoras, Oenegés y psiquiatras entrenados en el Instituto Tavistock (Londres).
Este tridente diseña los modelos para colonizar el cerebro de los colectivos y conforme han pasado los años, han logrado hiperfragmentar a los peruanos mediante la falsa dicotomía de “opresor” y “oprimido”, la visión divisionista del estado plurinacional étnico, la versión de las luchas de clases y el mito de los “derechos sociales”. El aborto no es un derecho. Al igual que la propaganda de que las provincias en el Perú son antilimeñas. El electorado no entiende que no son pobres por Lima, sino porque sus gobernadores son paupérrimos (o no se acuerdan del lagarto).
La raíz del desprecio es el discurso errado que difunden en las universidades peruanas, donde se presenta a la policía como “represiva”, “autoritaria”, “misógina”, “anti-generación del bicentenario” y “violadora”. Y si incluso las figuras parentales desprestigian por actos o palabras el papel que cumple la PNP, es imposible que el Perú cuente con ciudadanos levemente civilizados. Por ende, espero que todos esos estudiantes detenidos hace dos semanas sean condenados a cadena perpetua. Solo así aprenderán a respetar a la Policía.
En Perú, el que quiere al delincuente preso es tildado de “fascista” y el que apoya a la policía nacional “está enfermo”. Como dice Rafael López Aliaga, “Los caviares son un terruco cobarde. Admiran al terruco, se ponen su polito de terruco, pero no tienen lo que hay que tener para ser terruco”. Los caviares son tan antiestado de derecho que se sientan en televisión nacional a llorar porque han muerto los delincuentes y no los policías.
Fue tardía, pero es excelente la noticia de que el suboficial Luis Magallanes haya quedado en libertad. Apelo a su memoria, acorde a la Ley N.º 32181, se anula la detención preliminar y la prisión preventiva para el personal de la Policía Nacional en funciones constitucionales. Dicho esto, la detención de Magallanes demuestra que la fiscalía en el Perú se ha vuelto un nido de filo terroristas. Por esta razón, no me sorprendería que alguna ONG le pague a estos fiscales y jueces formados en IDL Reporteros, por cada uniformado que metan preso por supuestas “violaciones de derechos humanos”. Pareciera que Truko al igual que el resto de civiles tan cálidos y afrancesados con los agentes hubieran recibido un cheque por cada policía que se bajaban.
Por si no les ha quedado claro, para la izquierda peruana: (1) los policías no son peruanos, (2) no tienen derecho al debido proceso, (3) no tienen familia, (4) ni mucho menos son seres humanos. Pero cuando los extorsionan, ahí sí quieren policías parados en la puerta de sus domicilios. Además, es deplorable el rol de los medios tradicionales en el Perú, claros aliados de la anarquía en vez de estar del lado de la democracia y la institucionalidad del país—favorablemente un par van camino a la quiebra. Les tiene sin cuidado si les lanzan adoquines, piedras, molotovs o ráfagas de pirotécnicos a los agentes. Según los medios, eso constituye “libertad de expresión”. ¡Sinceramente qué bien le haría al país si metieran presos en flagrancia a los periodistas que azuzan la violencia!
Max Weber definió que “el Estado es la única institución que puede ejercer la violencia física de manera legítima dentro de un territorio”. La autoridad del Estado descansa en última instancia en la capacidad de imponer el orden por la fuerza. Hoy contamos con 230 policías por cada 100.000 habitantes. Según la ONU, se requieren 300 policías por cada 100.000 habitantes. Saquen sus conclusiones.
A lo largo de décadas, el Ministerio del Interior ha sido mezquino con sus agentes, destinando menos del 5% del PBI a su labor. Indudablemente falta invertir más. Pero lo que realmente falta es voluntad política; se tiene que usar el poder para devolverle la paz al país, no para repartir embajadas a ineptos ni representaciones en la máquina papelera de la ONU. Lamentablemente, prima la decidofobia en la política peruana: el político peruano prefiere quedar bien con todos los opinólogos, politólogos, entre otros. Por eso el Perú está como está.
En lo que va del 2025, el MININTER ha ejecutado solamente el 19,9% del presupuesto otorgado. La ciudadanía pide seguridad, pero la policía cuenta con el mismo armamento, logística e instrumentos preventivos de inteligencia desde hace 20 años, para combatir nuevos y más letales tipos de crimen organizado. Les recuerdo que Sendero tenía que hacer grandes esfuerzos para recolectar dinamita, a día de hoy la minería ilegal en el Perú supera por siete veces el movimiento económico del narcotráfico. Pero claro, después la ciudadanía se pregunta entre risas, propio de ignorantes, por qué un par de gamers de la bien marketeada Generación Z se suben a buses con mochilas repletas de dinamita.
Por lo tanto, el MININTER tiene que inyectar los saldos no ejecutados a la PNP para proporcionarles tasers, nuevas glocks con municiones adecuadas, pepper spray, palos, cascos, escudos balísticos, entre otras cosas. El presidente como jefe supremo de las fuerzas armadas y la policía nacional les tiene que dar el respaldo jurídico a los uniformados. Sobre todo, cada policía debería tener una cámara integrada al chaleco para así poder documentar las interacciones entre los policías y los civiles. Para que después no salga la Corte Interamericana de los Delincuentes a enjuiciar a nuestros uniformados. La PNP debería tener acceso 24×7 a todas las comunicaciones de sus agentes, tanto en celulares de la institución como privados, para que así la institución se deslinde de los agentes corruptos.
Dada la situación del país, el presidente debe implementar incentivos para que los que hoy juegan en la ilegalidad se unan a la Policía Nacional del Perú. Tendríamos policías en números máximos históricos, si se les proveen aumentos en salarios basados en meritocracia, no en las cuotas de Diversidad, Equidad e Inclusión, entrenamiento en modalidades de grupos especiales, asociaciones de inteligencia y capacitación con la CIA, y finalmente, beca 18 a los hijos de los agentes. Es momento de elevar la moral de la PNP, los uniformados no tienen por qué quedarse de brazos cruzados y aceptar un piedrazo.
Día a día el Perú se acerca más al estado de naturaleza. Cabe recalcar que en el Artículo 2, Inciso 23 de la Constitución, se establece que toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Por ahí vamos.
El hecho de que el gobierno haya declarado estado de emergencia no resuelve absolutamente nada. Personalmente, el Gobierno debería haber declarado el estado de sitio. El presidente Jerí debe reforzar la presencia militar en las fronteras con Colombia y Bolivia. Y, por último, es hora de que aplique el chovinismo del bienestar y que inicie el proceso de deportación de ilegales que importó el gran patriota (ahora candidato al Senado) Pedro Pablo Kuczynski.
La izquierda progre nos impuso el modelo de populismo inclusivo. Y nadie se quejó, nadie marchó, ninguna persona decente entró a la política. Y ahora, en el 2026, estamos nuevamente condenados a elegir entre lo mejor de la política farandulera peruana.
Lo más triste es que los peruanos, con pocas excepciones, han terminado por normalizar la presencia de terroristas en todos los sectores de la sociedad.
