El IDL gana en tribunales el derecho a operar sin el control que exige para todos los demás.
Cuando las instituciones reclaman transparencia para todos menos para sí mismas, conviene prestar atención. El caso del Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Ley APCI muestra con claridad cómo funciona el doble rasero ideológico en el Perú.
Durante años, un selecto grupo de ONGs ha construido una narrativa moral incuestionable: se presentan como guardianes de los derechos humanos, árbitros éticos del sistema y fiscalizadores implacables del poder. Exigen rendición de cuentas a empresas, medios y políticos. Pero cuando el reflector apunta hacia sus propios ingresos, agendas y vínculos internacionales, la reacción no es transparencia sino litigio, blindaje y victimización.
La Ley APCI, promulgada en abril de 2025, buscaba algo elemental en cualquier democracia madura: conocer el origen, destino y propósito de los fondos extranjeros que ingresan al país bajo el rótulo de “cooperación internacional”. Ningún empresario serio, ningún medio de comunicación, ninguna universidad privada opera sin estados financieros y auditorías. Pero cuando se trata de ONGs con fuerte incidencia política, el estándar cambia.
El IDL presentó una demanda de amparo. Y ganó. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la jueza provisional Rocío Rabines Briceño —sí, provisional—, declaró inaplicables los artículos clave de la ley. El IDL quedó exento de pedir “conformidad previa” a la APCI para ejecutar proyectos y podrá defender a personas que demanden al Estado sin supervisión alguna.
Los argumentos del juzgado suenan nobles: la conformidad previa “vulnera el derecho de asociación”; prohibir el apoyo legal contra el Estado “afecta el derecho de defensa”. Pero las preguntas incómodas quedan sin respuesta: ¿desde cuándo informar sobre ingresos vulnera derechos fundamentales? ¿Por qué una ONG que litiga estratégicamente, presiona políticamente e influye en reformas judiciales no puede considerarse un actor de poder sujeto a control?
El problema no es técnico, es de diseño ideológico. Estas organizaciones ya no operan solo en defensa jurídica. Participan activamente en la agenda pública con una matriz conceptual abiertamente posmarxista: desconfianza estructural hacia el mercado, hostilidad frente a la empresa privada, concepción del Estado como botín redistributivo. No es casualidad que mantengan vínculos con fundaciones internacionales que promueven agendas similares en toda la región.
La magistrada Rabines —cuyo historial incluye la suspensión de una multa millonaria del OEFA a una empresa que operaba sin certificación ambiental— creó un precedente peligroso: un privilegio judicial que coloca a ciertas ONGs por encima del escrutinio democrático.
La consecuencia es directa. Se consolida una zona franca de opacidad ideológica donde organizaciones con clara orientación política operan con recursos extranjeros, influyen en decisiones nacionales y se blindan del control que todos los demás actores deben soportar.
En una república sana, nadie tiene patente de corso moral. La transparencia no persigue. Ordena. Y quien la rechaza sistemáticamente, lo hace no por principios, sino por estrategia.
Cuando el control aplica para todos menos para los controladores, la asimetría no es un error: es el modelo.
