La captura del Estado y el abismo entre el sufragio y las decisiones que nos afectan
Cada cinco años vamos a las urnas convencidos de que algo cambiará. Elegimos presidente, congresistas, alcaldes. Nos repiten que el poder emana del pueblo. Pero cuando intentamos rastrear cómo nuestro voto se convierte en decisiones concretas —los precios que pagamos, los servicios que recibimos, las reglas del juego económico— descubrimos algo incómodo: entre la urna y la política pública existe un abismo donde la voluntad ciudadana se evapora.
El problema no es la participación electoral en sí misma. El problema es que depositar un voto no nos da control efectivo sobre las decisiones que nos afectan. Y esto no es un accidente: es el resultado de un diseño institucional que facilita la captura del Estado por grupos de interés organizados. Pero hay un diagnóstico más profundo que pocos se atreven a enunciar: mientras el Estado concentre poder para fijar precios, otorgar licencias y repartir privilegios, cualquier reforma que prometa ‘mejorar al regulador’ es cosmética. El poder que puede ser capturado, será capturado.
Tomemos Osinergmin. En teoría, existe para proteger a los consumidores. En la práctica, opera como mesa de negociación entre empresas petroleras, distribuidoras y funcionarios del gobierno. El directorio no rinde cuentas ante el ciudadano, sino ante el Ministerio que negocia con gremios empresariales. Ellos tienen acceso permanente, recursos técnicos y capacidad de presión. El ciudadano eligió hace tres años; ellos negocian todos los días.
El sector financiero replica el mismo patrón. Cada vez que se propone competencia real —portabilidad bancaria simple, límites a comisiones abusivas— los gremios movilizan lobistas para neutralizarla. Conocen a los funcionarios de la SBS por su nombre, les proveen estudios técnicos que justifican el statu quo. En la agricultura, los consumidores pagamos precios inflados por arroz y azúcar gracias al Sistema de Franja de Precios —un mecanismo de derechos variables que eleva los impuestos a la importación cuando los precios internacionales caen, protegiendo al productor ineficiente a costa del consumidor. La propia OMC lo declaró incompatible con el libre comercio. Persiste porque los productores están organizados y los consumidores, no.
El poder que puede ser capturado, será capturado.
Aquí está el mecanismo real: el ciudadano elige cada cinco años representantes generales. Los grupos de interés interactúan constantemente con funcionarios específicos en instancias técnicas donde se toman las decisiones reales. Sufragio difuso contra acceso concentrado. Esta asimetría no se corrige eligiendo mejores reguladores ni prometiendo más transparencia. Se corrige reduciendo el poder discrecional que convierte al Estado en un botín disputable. Un ejemplo concreto: reemplazar el Sistema de Franja de Precios con aranceles fijos y transparentes, aprobados por el Congreso y no modificables por resolución ministerial, eliminaría la discrecionalidad que hoy permite negociar protecciones a puerta cerrada. Un regulador con poder limitado es un regulador menos atractivo para capturar.
El resultado de décadas de este diseño es conocido: cambiar de gobierno no cambia las políticas de fondo. La estructura de privilegios regulatorios sobrevive en las capas técnicas del Estado, inmune a los ciclos electorales, porque quienes se benefician de ella tienen más incentivos para defenderla que los ciudadanos dispersos para combatirla.
La democracia electoral es necesaria pero insuficiente. Necesitamos completarla con instituciones que reduzcan genuinamente la discrecionalidad regulatoria —no que la centralicen mejor— y con mercados de competencia real que hagan innecesario pedir permiso al Estado para cada decisión productiva. Mientras el poder para fijar precios y repartir permisos permanezca en manos de funcionarios designados políticamente, los grupos mejor organizados lo capturarán. Siempre.
La democracia sin instituciones que limiten el poder del Estado no es gobierno del pueblo: es gobierno de los lobbies con mandato popular.
