La transición política exige, por definición, prudencia, claridad y sentido de responsabilidad. Más aún cuando se trata de un gobierno interino, cuyo mandato no es refundar el rumbo del país, sino preservarlo hasta la transferencia ordenada del poder. En ese contexto, el desempeño del presidente José María Balcázar empieza a generar una preocupación que trasciende lo político y se instala en el terreno de la estabilidad institucional.
A menos de un mes de haber asumido el cargo tras la caída de José Jerí, el actual mandatario ha ofrecido señales contradictorias en decisiones clave de gobierno. Lo que debería ser una gestión de continuidad se ha convertido, más bien, en una etapa de incertidumbre. Las vacilaciones en torno a la compra de aviones de combate —anunciada primero como definida y luego como aún en evaluación— no solo evidencian desorden, sino que debilitan la credibilidad del Estado en un ámbito tan sensible como la defensa nacional.
Algo similar ocurre en el plano económico. La abrupta interrupción del proceso de reorganización de Petroperú, impulsado previamente con el respaldo de ProInversión, devuelve al país a un escenario conocido: el de una empresa estatal sostenida por recursos públicos sin perspectivas claras de sostenibilidad. La decisión de insistir en nuevas inyecciones de capital, descartando de plano cualquier apertura al sector privado, no solo posterga soluciones, sino que profundiza una carga fiscal que ya bordea niveles insostenibles.
A ello se suma una preocupante volatilidad en la conducción política. Los cambios en el gabinete —incluyendo la salida de Denisse Miralles en cuestión de semanas— y la abierta disposición del mandatario a “mover fichas” en cualquier momento, incluso a puertas de un eventual voto de confianza, introducen un grado de inestabilidad innecesario en un periodo que debería caracterizarse precisamente por lo contrario.
Pero quizás el elemento más inquietante es la falta de claridad en el propio discurso presidencial. En recientes declaraciones, el jefe de Estado ha ofrecido respuestas ambiguas o elusivas frente a temas fundamentales, desde la política energética hasta la relación con actores políticos cuestionados. Esta indefinición no permite discernir si existe una línea de gobierno coherente o si las decisiones responden, más bien, a presiones circunstanciales o impulsos coyunturales.
En paralelo, han surgido cuestionamientos legítimos sobre la capacidad del mandatario para afrontar las exigencias del cargo. Sin necesidad de especular sobre su estado de salud, resulta evidente que el país requiere hoy una conducción firme, lúcida y plenamente enfocada en la gestión de crisis. Las emergencias climáticas, la inseguridad ciudadana y la fragilidad económica no admiten titubeos ni improvisación.
En este escenario, el principal riesgo no es solo el error, sino la prolongación del error. Un gobierno de transición que introduce ruido, detiene reformas en curso y genera incertidumbre en decisiones estratégicas termina por afectar aquello que debía resguardar: la estabilidad.
Por ello, más que insistir en iniciativas de corto alcance o cambios de rumbo injustificados, el Ejecutivo debería adoptar una posición de estricta cautela. Gobernar, en estas circunstancias, implica administrar lo indispensable, evitar retrocesos y garantizar que el próximo gobierno —legítimamente elegido en las urnas— reciba un país en condiciones de retomar el crecimiento y la institucionalidad.
El Perú no necesita, en este momento, experimentos ni improvisaciones. Necesita, sobre todo, que el interinato cumpla su función y no la exceda. Porque cuando la conducción se vuelve errática, la mejor decisión puede ser, simplemente, no prolongar la incertidumbre.
