El país se encuentra ahora en una etapa decisiva. La segunda vuelta presidencial se aproxima en un contexto marcado por la desconfianza, pero también por una oportunidad: la de corregir errores y reafirmar compromisos con la institucionalidad democrática.
En este nuevo escenario, la responsabilidad no recae únicamente en los cuestionados organismos electorales, también lo hace en las fuerzas políticas, en particular sobre aquellas figuras que hoy concentran una representación significativa en el Congreso. La configuración del nuevo Parlamento, con un Senado y una Cámara de Diputados donde las fuerzas de centroderecha tienen un peso relevante, abre una posibilidad inédita de gobernabilidad. Pero esa posibilidad no es automática ni está garantizada.
Las elecciones generales sirven para interpretar la voz de la población: el mandato popular. Se entiende como la voluntad soberana expresada en las urnas, legitimando el ejercicio del poder y la toma de decisiones, no como un cheque en blanco. Existe, entonces, una voluntad popular que debe ser oída por aquellas autoridades electas en estos comicios —tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo—.
En ese sentido, resulta imperativo que las principales fuerzas de la derecha —representadas hoy por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga— comprendan la dimensión del momento político y entiendan lo que la población les pide: unidad.
La competencia electoral es legítima, pero no puede convertirse en un obstáculo permanente para la construcción de acuerdos mínimos de gobernabilidad. Si estas fuerzas insisten en actuar de manera desarticulada o, peor aún, si adoptan una lógica obstruccionista frente a un eventual gobierno que no les resulte afín, el resultado será un escenario aún más complejo que el vivido en años anteriores.
El Senado, por su diseño, posee herramientas importantes de control y equilibrio. Pero su eficacia depende, en última instancia, de la existencia de un Ejecutivo con el cual se pueda dialogar y coordinar. Sin esa articulación, cualquier mayoría parlamentaria corre el riesgo de convertirse en un factor de bloqueo an- tes que en un motor de estabilidad.
El desafío, por tanto, es doble: reconstruir la confianza en el sistema electoral y, al mismo tiempo, evitar que la fragmentación política derive en una nueva etapa de confrontación estéril. El país no necesita más incertidumbre. Necesita responsabilidad, liderazgo y, sobre todo, la capacidad de aprender de sus propios errores.
Porque si algo ha dejado claro el 12 de abril es que la democracia no solo se pone en riesgo cuando es manipulada, sino también —y quizás con mayor frecuencia— cuando es mal gestionada.
