La ONPE después del desastre – Reportaje de Tony Tafur

La caída de Piero Corvetto abrió una disputa silenciosa por el control del sistema electoral. Mientras el país se prepara para la segunda vuelta, la JNJ evalúa dos perfiles radicalmente distintos para reconstruir la institución.

El 12 de abril de 2026, el sistema electoral peruano sufrió algo más peligroso que un escándalo político: perdió la apariencia de control. Impresoras que fallaban a la tercera hoja. Material electoral que no llegó. Mesas que a mediodía seguían sin instalarse en Lima Metropolitana. El director de Gestión Electoral, José Samamé Blas, fue detenido al día siguiente por la Policía Nacional. El subgerente de producción, Juan Phang Sánchez, fue señalado como responsable directo de la distribución fallida. Y Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó su renuncia el 21 de abril. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) la aceptó por unanimidad ese mismo día.

La dimisión de  Corvetto llegó nueve días después del desastre y nueve días antes de que la investigación disciplinaria de la propia JNJ lo alcanzara formalmente. La Policía Nacional también recomendó su detención preliminar. En su carta, Corvetto describió los problemas como ocurridos en “determinados sectores de Lima Metropolitana”. Una frase que, en el contexto de mesas cerradas a mediodía, resume la escala del eufemismo.

Lo que siguió fue una sucesión automática: Bernardo Pachas Serrano, gerente general de la ONPE, asumió la jefatura interina sin que nadie lo hubiera elegido para eso. Él conducirá la segunda vuelta del 7 de junio. El nuevo jefe titular, quien sea, juramentará recién el 3 de julio.

El concurso y sus finalistas

La JNJ abrió el concurso público de méritos (Convocatoria N.° 001-2026-SN/JNJ) el 29 de abril. De 21 candidatos iniciales, siete superaron la evaluación documental. El 21 de mayo, publicados los resultados del examen de conocimientos, solo dos avanzaron.

Carlos Loyola Escajadillo obtuvo 88 puntos. Amparo Ortega Campana, 74. Los otros cinco —Hialmer Ordinola, Ernesto Aranda, Raúl Caro, José Pérez Duharte y Augusto Bernuy— quedaron por debajo del mínimo de 70.

Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la ONPE, advirtió para un medio local algo que el proceso se resiste a decir en voz alta: entre los finalistas no hay ningún funcionario de carrera de la propia ONPE. Nadie formado en las entrañas del sistema. La convocatoria se hizo, además, con la segunda vuelta ya en marcha. Más de la mitad del cronograma electoral transcurrirá antes de que el nuevo titular ocupe el cargo.

Loyola: El tecnócrata del Estado

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo es el tipo de funcionario que el Perú produce en silencio y que aparece en los titulares solo cuando la crisis lo coloca en primera fila. Ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración por ESAN, doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres. Tres credenciales que describen un recorrido sistemático por los espacios donde la burocracia se profesionaliza.

Su trayectoria es larga y significativa por su amplitud: PRONAA, INRENA, INDECI, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, SUNARP, AGRORURAL, Derrama Magisterial, Contraloría General. En cada una, cargo gerencial. Jefe de Planeamiento, Director General de Presupuesto, Secretario General, Gerente de Planificación. No es la carrera de un especialista: es la de un administrador público de alta movilidad, capaz de operar cualquier organigrama del Estado.

Tiene, además, dos pasos directos por el mundo electoral: fue Secretario General y Gerente de Planificación y Presupuesto del Reniec. Y ocupó cargos gerenciales en la propia ONPE. En 2025 figura como Gerente de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General.

Loyola ya intentó llegar a la cúpula del sistema antes. En 2020 postuló a la jefatura del Reniec ante la JNJ, donde obtuvo 82.16 puntos en la evaluación pero no pasó la entrevista personal. La evaluación de aquel proceso lo describió con una frase que merece citarse: “Manifiesta logros en las gestiones a su cargo. Pese a ello, hay puntos de atención de orden administrativo que, sin ser definitivos, deben ser esclarecidos en el ámbito correspondiente.” Una advertencia a media voz que la JNJ de entonces no convirtió en veto, pero tampoco descartó.

Esos puntos de atención tienen expediente. Loyola acumula tres procesos disciplinarios en Servir. El primero: en 2011, trabajando en el PRONAA, fue sancionado con amonestación escrita por la Resolución Directoral N.° 058-2011-MIMDES-PRONAA/DE. Apeló. La Segunda Sala de Servir revocó la sanción porque la inacción del empleador durante cuatro meses equivília a condonar la falta —no una absolución por inocencia, sino por vencimiento de plazos. El segundo: en 2019, en el Reniec, presentó su carta de renuncia el 14 y 16 de agosto, la retiró el 19, pero la institución ya había aceptado la dimisión vía Resolución Jefatural N.° 118-2019/JNAC/RENIEC. Alegó que había renunciado porque le prometieron el cargo de Secretario General y al retirarse la oferta, el motivo desaparecía. Servir no lo entendió así. El tercero: volvió al Reniec como Gerente de Planificación y Presupuesto, y en mayo de 2022 fue sancionado con suspensión de cinco días sin goce de haber, vía Resolución Gerencial N.° 000103-2022/OPH/RENIEC.

Ortega: la ingeniería del voto

Amparo Ortega Campana sacó 74 puntos. Catorce menos que Loyola. Pero hay una dimensión de su historia que ningún puntaje puede medir y que en el contexto del 12 de abril importa más que cualquier acumulado académico: ella ya administró la tecnología electoral de la ONPE. Estuvo adentro del sistema que esta vez falló. Y sabe, con precisión de ingeniera, por qué una impresora puede fallar a la tercera hoja.

Ingeniera de sistemas, magíster en Ciencias, doctora en Administración. Su formación es técnica y su carrera la refleja con coherencia. Trabajó en el Reniec entre enero de 2000 y mayo de 2012 —doce años en los que el registro de identidad peruano se transformó en uno de los más confiables de América Latina. Empezó como ingeniera de sistemas en la Gerencia de Informática, ascendió a especialista en gestión de proyectos en la Subjefatura Nacional y terminó como subgerente de Calidad e Innovación. No es ascenso burocrático genérico: es el recorrido de alguien que construyó sistemas, los puso en funcionamiento y respondió cuando fallaron.

Entre junio de 2016 y febrero de 2017 fue Gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, designada por Resolución Jefatural N.° 000080-2016-J/ONPE. Ocho meses. Es el único contacto directo de cualquiera de los dos finalistas con el interior operativo de la institución, y es específicamente en el área que colapsó el 12 de abril. De ahí pasó a la jefatura de la Oficina General de Tecnologías de la Información de la SUNARP (marzo 2017–abril 2018), luego al gabinete de asesores del Ministerio Público (mayo–julio 2018) y después a subgerente de Gobierno Digital de esa misma institución. También tiene paso como gestora de TI en la Contraloría General. Su último cargo: directora general de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cargo que dejó voluntariamente en septiembre de 2025.

Fuera del Estado, Ortega es docente del posgrado de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI y miembro evaluador de la Sociedad Nacional de Industrias y de los proyectos de innovación Startup Perú. Su perfil internacional la describe como especialista en implementación de Plataformas de Interoperabilidad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y Gestión Estratégica. No tiene, en ningún registro público disponible, historial de procesos disciplinarios.

Dos diagnósticos, una decisión

La elección entre Loyola y Ortega no es solo un trámite burocrático. Es una declaración implícita sobre qué falló el 12 de abril.

Si el problema fue gerencial —falta de autoridad institucional, supervisión deficiente de contratistas, cadenas de mando rotas—, la respuesta es Loyola: un administrador público con trayectoria amplia en el sector estatal y familiaridad con los mecanismos del sistema. Si el problema fue técnico —sistemas colapsados, impresoras sin pruebas de estrés, transmisión de actas fallida—, la respuesta es Ortega: una especialista que vivió desde adentro la ingeniería operativa de los organismos electorales.

El problema real, que ninguno de los dos diagnósticos captura del todo, es sistémico: contratos mal estructurados, licitaciones con proveedores influyentes, auditorías nominales. Ese no lo resuelve ningún concurso de méritos.

Lo que la JNJ decida el 2 de julio tendrá consecuencias que van más allá del organigrama. El nuevo jefe asumirá con el escrutinio de una ciudadanía que en este momento lee cada decisión electoral como potencialmente sospechosa, con las actas observadas de la primera vuelta todavía en revisión, con una auditoría informática ordenada por el JNE, y con las Regionales de octubre esperando al fondo del pasillo. La ONPE ya no administra solo votos. Administra legitimidad. Y en el Perú de 2026, eso es el recurso más escaso que existe.