Empresario peruano

Alfonso Bustamante Canny

En los últimos meses, hemos visto actos terroristas indiscutibles: hace unas semanas, organizaciones criminales, financiadas por mineros ilegales, dinamitaron torres de alta tensión en Pataz, en los Andes de La Libertad. El 13 de diciembre de 2022, hubo tres atentados contra las instalaciones del canal CTC, del Cusco, con el único objetivo de aterrorizar a medios de comunicación. Pocos días después, en enero de 2023, observamos a grupos violentistas que generaron terror en sedes de instituciones estatales, como la quema de 20 comisarías y sedes del Poder Judicial. Además, todos los días vemos cómo organizaciones criminales se empeñan en cobrar cupos a emprendedores basándose en el miedo.

Todos ellos son actos terroristas que deben ser cuestionados por la ciudadanía. Sin embargo, algunos se rehúsan a llamar a los actos violentos de organizaciones criminales como terrorismo porque en los años ochenta y noventa, en el Perú, se llegó a extremos insospechados con decenas de miles de muertos. Recordemos que Sendero Luminoso es considerado como el grupo terrorista más sanguinario del mundo. No por ello, sin embargo, debemos esperar a que una organización criminal acabe con la vida de tantas personas para ser llamada terrorista. Es decir, no todos los actos de terrorismo son en la actualidad obra de senderistas. Esto hay que decirlo a voz alzada.

Ahora, ¿en qué se diferencia lo que pasó en el Perú en los años ochenta y noventa con lo que ocurre hoy?

Hay dos grandes similitudes. En primer lugar, tanto Sendero Luminoso como el MRTA se caracterizaban por el uso de la violencia sobre diversos colectivos, grupos unidos por distintas razones. Hoy vemos cómo bandas criminales ejercen violencia sobre más de 13,000 bodegueros y otros emprendedores por no pagar cupos. En segundo lugar, Sendero Luminoso y el MRTA pretendían, entre otras cosas, ejercer el poder en un espacio geográfico (desplazamiento del Estado en el monopolio legítimo del uso de la fuerza), lo cual se observa en los remanentes en el Vraem (un sargento fue asesinado hace unos días en la zona que se encuentra capturada por el terrorista Víctor Quispe Palomino). De igual manera, observamos a organizaciones criminales tratando de tomar control sobre ciertas zonas geográficas del país, como en regiones mineras.

Sin embargo, hay grandes diferencias entre los dos grupos terroristas de anteriores décadas y las organizaciones criminales de ahora. Hoy, estas no quieren reemplazar o tomar control del régimen político. Mientras llegar al poder era claramente el objetivo de Sendero Luminoso y del MRTA, estas bandas delincuenciales buscan cupos o un espacio de negociación para incrementar sus ingresos mal habidos. Para ello, requieren un país dividido y gobernado por los menos capaces. En segundo lugar, estas organizaciones no tienen objetivos ideológicos. Su único fin es enriquecerse de forma ilegal.

Por todo ello, es importante categorizar adecuadamente a ciertos actos de organizaciones criminales como terrorismo. Un error aquí puede traer consecuencias de las cuales nos arrepentiremos. Al calificar las acciones desplegadas como actos terroristas, se amplía el abanico de métodos de intervención de las fuerzas del orden. Esto ocurre porque es necesario desarticular las bandas delincuenciales con ciertos métodos que se usan para combatir grupos terroristas como inteligencia o seguimiento financiero.

En consecuencia, terrorista no solo es quien quiere llegar al poder político de forma violenta. También lo es quien, con extorsión o atentados, atemoriza a una gran cantidad de gente. Por ello, es necesario ampliar esta definición. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ya tomó cartas en el asunto. Ojalá se tenga presente que el Gobierno de Ecuador calificó recientemente como “organizaciones terroristas” a bandas criminales que castigan al vecino país.

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