Historiador y columnista del Diario El Nacional 

Carlos Malamud 

(ALBA) era imparable, pero tocó techo con la incorporación de Honduras. En los años del primer giro a la izquierda en América Latina, un país tras otro adhería a su disciplina y quienes no lo hacían, como Argentina y Brasil, eran leales y acríticos aliados del comandante Hugo Chávez y su proyecto hegemónico.

Simón Bolívar fue el gran símbolo del proyecto, penetrando allí donde su sombra no se había proyectado en tiempos de la independencia, con México y Brasil como casos señeros. En el Carnaval de Río de 2006, la ganadora escola de samba Unidos de Vila Isabel, financiada con los petrodólares de Pdvsa, desfiló precedida por una gigantesca figura de Bolívar y bailando con cánticos alusivos al Libertador.

En un claro ejercicio de manipulación histórica, el bolivarianismo convirtió a Bolívar en el triple precursor del socialismo del siglo XXI, del antiimperialismo y de la integración latinoamericana.

La patria grande fue la carta de presentación del proyecto de alinear a toda la región tras Fidel Castro y Hugo Chávez. Eran los años del faraónico Gasoducto del Sur, de Telesur o de Unasur. El sur fue la marca registrada de la empresa bolivariana y sus rentas suculentas, que, entre otras cosas, financiaban campañas electorales.

Incluso Lula da Silva señaló que Chávez había sido “el mejor presidente de Venezuela en los últimos cien años”. Gracias a su carisma, a su ambición por el liderazgo y a las considerables reservas de petróleo, la alargada sombra bolivariana parecía no encontrar obstáculo que frenara su proyección.

Desde hace algún tiempo las cosas han comenzado a cambiar. Esta sensación se ha agudizado tras la elección del 28 de julio y la sospecha de fraude para proclamar a Nicolás Maduro presidente. Incluso con la declaración del Centro Carter que insiste en que esas elecciones “no pueden considerarse democráticas”.

En perspectiva latinoamericana, la expulsión de diplomáticos de siete países nazi fascistas, incluyendo Chile y Argentina, podría llevar a la posible ruptura de relaciones. De concretarse, Venezuela estaría más aislada en un continente cada vez más más crítico con sus excesos retóricos y represivos y la sistemática violación de los derechos humanos.

Los 8 millones de migrantes venezolanos, que podrían ser 10 en los próximos 2 años de confirmarse la actual deriva política y económica, se han convertido en un problema para los gobiernos afectados, incluyendo aquellos política e ideológicamente afines, como Brasil y Colombia. Un nuevo desborde migratorio recrudecería tensiones ya existentes en buena parte de la región, donde comienza a haber señales preocupantes de xenofobia.

Con Chávez, bolivarianismo y progresismo eran sinónimos. El socialismo del siglo XXI, el proyecto revolucionario latinoamericano por antonomasia, había llegado para quedarse y muchos, sea por convicción o atraídos por el poderío económico venezolano, incluyendo Petrocaribe, se sumaron al redil. Hubo incluso magníficos conversos, como Mel Zelaya, que fue presidente de Honduras representando al Partido Liberal.

La fundación del Grupo de Puebla, en julio de 2019, marcó la profundidad del declive chavista. El fracaso económico, la represión interna, el deterioro democrático y el avasallamiento de los derechos humanos mostraron las miserias del régimen de Maduro, que si bien se presentaba como el “hijo de Chávez” fue incapaz de asumir su liderazgo.

Por eso, bolivariano y bolivarianismo se convirtieron en malas palabras, en un rey Midas que convierte en piedra todo lo que toca. Ahí emerge la necesidad de cambiar radicalmente los adjetivos, que jalonan una parte considerable de la actividad política. Desde entonces lo que antes era bolivariano fue solo progresista.

Si bien Chávez había sentado las bases del fracaso político y económico de la Revolución Bolivariana, los errores de Maduro y su equipo cerraron el ciclo. La incomodidad de muchos dirigentes latinoamericanos con Maduro y el chavismo fue evidente. Ya no solo los rivales o los enemigos políticos e ideológicos toman distancia, incluso lo hacen aquellos más próximos o cercanos, como el chileno Gabriel Boric. Por eso extraña que muchos dirigentes y militantes de la izquierda progresista latinoamericana y española insistan en apoyar un gobierno crecientemente autoritario, dictatorial y antidemocrático.

Nuevamente la manipulación bolivariana ha traicionado el sueño de Bolívar. La actitud chavista de enfrentar abiertamente a todo gobierno regional que no comulgue con sus intereses ha reducido considerablemente cualquier iniciativa de integración regional.

Obviamente, aquellos que en el otro campo apuestan por la guerra cultural caminan en la misma dirección. Movido por sus intereses particulares, un Maduro, cada vez más aislado en América Latina, ha decidido reforzar sus lazos con los gobiernos progresistas y bolivarianos de Rusia, Bielorrusia e Irán a expensas de la unidad latinoamericana.

Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela*

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido Vía WhatsApp dele click a este link: 

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram: 

América Latina y la sombra bolivariana, por Carlos Malamud*

Cuando queda poco más de un mes para las 

, si finalmente terminan celebrándose) la mayoría de las encuestas da la victoria al candidato opositor 

Edmundo González Urrutia frente al «hijo de Chávez»

, el sempiterno aspirante a la reelección 

, en el poder desde 2013. Si el primero supera el 50% en intención de voto, con un cierto margen para el crecimiento, el segundo se mueve entre el 22 y el 25%, aunque en los últimos meses ha conocido 

Sin embargo, las mediciones no son unánimes. Las hay para todos los gustos, incluyendo la satisfacción del paladar de quien las paga. Un reciente estudio de Hinterlaces, cuyos trabajos suelen favorecer al oficialismo, le da una 

 y asegura que más de 57% de los venezolanos cree que el presidente mantendrá el poder.

Estos cálculos estadísticos sobre las preferencias populares podrían tener sentido si las elecciones fueran 

, donde gobierno y oposición jugaran con las mismas cartas y normas, pero no lo son. De ahí que haya que estar muy atentos a 

 y a sus intentos por mantenerse en el poder.

Esto es más preocupante en un contexto en el que el oficialismo tiene un control prácticamente absoluto del Parlamento, de la Justicia y de 

. Semejante dominio podría llegar a esterilizar la capacidad de acción de un futuro gobierno alternativo, vaciando el cargo de competencias e incluso dejándolo sin presupuesto.

 para la oposición, comenzando por el hecho de que se ha suspendido 

la misión de observación electoral de la Unión Europea

. Pero más preocupante aún es que se sigue encarcelando a seguidores de 

 y miembros prominentes de su equipo, generalmente acusados de «delitos de odio». Por cierto, los impedimentos que la inicial candidata de la oposición encuentra para moverse dentro de Venezuela son enormes, como la prohibición de volar en vuelos internos o de alojarse en hoteles en cualquier lugar del país. Sin embargo, ninguno de estos inconvenientes ha impedido que su respaldo popular siga creciendo ni que transmita buena parte de este a la candidatura de 

En esta coyuntura tan complicada y cambiante, Maduro tiene varias opciones, comenzando por el reconocimiento de la derrota y la apertura de un proceso de 

, con negociaciones serias entre chavistas y antichavistas. Es, con todo, el escenario menos probable. También podría 

, aduciendo una razón de fuerza mayor, como, por ejemplo, el inicio de 

 (unas hostilidades que, obviamente, originaría el propio gobierno). En esta misma línea, bien el Parlamento o bien la justicia electoral podrían inhabilitar la candidatura opositora de González, aduciendo el pretexto más nimio y desnaturalizando la contienda electoral.

En la actual coyuntura no sería descartable alguna otra forma de 

 mediante alguna maniobra fraudulenta, que podría ir desde la manipulación del escrutinio, más factible si la participación es baja, el apoyo a la oposición limitado y el resultado muy estrecho, hasta el desconocimiento liso y llano del resultado electoral, aludiendo algún tecnicismo o pretexto legal.

Solo el primer escenario podría poner en marcha las negociaciones para 

 entre las partes y la transición. Pero, sería un proceso sumamente complicado para ambos lados, que exigiría un buen número de compromisos muy variados. Mientras los sectores dialoguistas están en franca minoría, las posturas más extremistas son las que se están imponiendo, lo cual complica enormemente la creación de confianza y la búsqueda de canales de negociación.

Maduro lo tiene mucho más difícil que en el pasado

. En primer lugar, porque pese a la salida de más de ocho millones de venezolanos de su país, María Corina Machado ha sabido consolidar su liderazgo en el territorio como referente opositor y por primera vez, en tiempo, las opciones de derrotar electoralmente al chavismo son reales.

Segundo, porque en el contexto actual, en medio de la 

de todo orden que vive el país, con un gobierno cada vez más desacreditado, desconocer el sentido del voto popular puede tener un precio enormemente elevado para el presidente y sus principales seguidores. Un precio que habría que pagar tanto dentro del país como ante de buena parte de la 

 gana las elecciones el próximo noviembre.

había estado tan comprometido. Nunca como ahora Maduro y sus principales colaboradores deberán tomar decisiones tan comprometedoras acerca del mantenimiento de su proyecto, de sus intereses y de sus patrimonios. Pero 

. Pese a la existencia de posiciones radicalizadas en los dos bandos hoy existe la posibilidad real de comenzar un tiempo nuevo, en el que se sienten las bases de 

. Pero eso implica dejar de lado agendas personales y sectoriales para apostar por el interés general. Y eso, en el ambiente de fuerte polarización que se respira, es lo más complicado de lograr.

*Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela.

Maduro ante un reto mayúsculo, por Carlos Malamud*

La misma pregunta que Mario Vargas Llosa se hizo al comienzo de 

, ¿cuándo se jodió el Perú?, se trasladó posteriormente al pasado de muchos países latinoamericanos con el propósito de rastrear el inicio de un profundo malestar.

Pero al replicar la cuestión a Cuba no quiero remontarme a los orígenes de la Revolución cubana, al momento cuasi mágico en que los barbudos entraron en La Habana y pusieron el país patas arriba, sino de ver su capacidad de supervivencia, partiendo de lo ocurrido en los últimos años, incluyendo el confinamiento infinito vivido durante la pandemia.

A lo largo de todos estos años tanto Fidel Castro como la Revolución fueron enterrados en múltiples ocasiones, pero pese a tanto pronóstico agorero el líder máximo gobernó hasta 2008 y murió a los 90 años (2016). Su hermano y sucesor, Raúl Castro, estuvo a cargo del gobierno hasta 2018 y aún hoy, con 92 años y un delicado estado de salud, mantiene el control de prácticamente todos los resortes del poder.

Incluso, más allá de ciertos vaticinios extremos y con fecha de caducidad, ni la economía se desplomó ni el régimen colapsó. Esto se vio, por ejemplo, durante el llamado “Período especial en tiempos de paz”, tras la desaparición de la Unión Soviética, o cuando dejó de fluir la vital ayuda petrolera venezolana.

¿Es inmortal la Revolución? O, a la vista de las múltiples crisis que golpean a Cuba, es necesario volver a preguntarse hasta cuándo durará el régimen socialista. La elevada inflación pulveriza los salarios y la falta de combustible afecta no solo al transporte, sino también a la producción de energía eléctrica.

La obsolescencia de los equipos de generación y el déficit de repuestos también potencia su desabastecimiento. Teniendo en cuenta la falta de alimentos y medicinas, los problemas con el agua potable, las carencias en educación y salud y la emigración de más de 700.000 cubanos es comprensible que la percepción de fin de ciclo se magnifique.

El empecinamiento de la vieja guardia en aferrarse a la ortodoxia revolucionaria frena las reformas políticas y económicas necesarias para salir de la crisis.

Cualquier mínima apertura, cualquier paso que implique consolidar a los actores económicos no estatales, por no hablar de empoderar a los ciudadanos con derechos políticos y facilidades para participar libremente en la vida pública, individual o colectivamente, es visto con temor desde la cúpula.

La obstinación del gobierno en no avanzar por la senda del deshielo facilitado por la reforma de Obama o la puesta en vigor en 2019 de una nueva Constitución, que decretaba el carácter imperecedero del socialismo, muestran cuán difícil es iniciar desde dentro un proceso de cambio que evite el estallido súbito del sistema. Por supuesto, el relato revolucionario sigue remitiendo a los efectos destructores y retardatarios del bloqueo.

Mientras Fidel y Raúl Castro estuvieron al mando, la mística del 26 de julio operaba como un parapeto frente al descontento político y social. ¿Qué pasará cuando Raúl Castro desaparezca definitivamente de la escena pública?

¿Se mantendrá la deferencia social con el gobierno, tan propia de la sociedad cubana o se repetirán, agravadas, las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021? ¿De ocurrir algo así, qué harán los oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada Revolucionaria (FAR) y de la policía, también golpeados por la crisis? ¿Agudizarán la represión o se sumarán a las protestas?

Por si todo esto fuera poco, el país está en bancarrota, con las remesas y el turismo por los suelos. El azúcar, un símbolo tradicional de Cuba y de su identidad, hoy debe ser importada ante una producción insuficiente. La concentración de la economía y de las finanzas en manos de Gaesa, el holding empresarial controlado por contados miembros del establishment revolucionario, especialmente vinculados a la familia Castro, complica la gestión de la crisis.

El holding, dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, hasta su muerte en 2022, aún no tiene un claro sucesor. Entre 2008 y 2022, de los 108.500 millones de dólares generados por la exportación de servicios médicos, Gaesa sólo invirtió en salud 1.750 millones y 24.000 millones fueron a la construcción hotelera. Si bien Gaesa se embolsó casi 70.000 millones de dólares, su destino sigue siendo un misterio.

El declive del régimen castrista se acelera. Todo indica que entramos en tiempo de descuento, que el tiempo de las reformas se ha agotado o está en vías de hacerlo, sin contar con la inexistente voluntad transformadora de los altos cargos del gobierno, de las FAR y del Partido Comunista.

No está claro si el régimen sobrevivirá a esta compleja coyuntura, y, en el caso de hacerlo, cómo será el proceso. Lo que sí se intuye es que, de persistir este empecinamiento, sumado a la mala gestión de la crisis, el estallido de una gran protesta social es bastante probable.

El largo final de la Revolución cubana, por Carlos Malamud*

El viernes 19 de abril, los diez partidos que conforman la oposición venezolana celebraron un cónclave para resolver su futuro electoral. En él dejaron de lado las profundas divisiones que la han caracterizado y concluyeron un acuerdo para presentar un candidato único. Finalmente hubo fumata blanca y 

, un diplomático prestigioso, pero desconocido por la mayoría de los venezolanos.

En su día, tras la inhabilitación de María Corina Machado y al veto a Corina Yoris, González Urrutia fue inscrito como candidato de transición. Pese a sus resistencias iniciales, fue capaz de atraer buena parte del apoyo opositor, razón por la cual terminó aceptando el gran desafío personal y político que supone la nominación.

Hacer oposición en Venezuela es un milagro, dada la fuerte represión que ha supuesto que decenas de activistas terminaran exiliados o recluidos en las mazmorras del régimen, junto con severas restricciones para financiarse. Esta vez fue posible ir un paso más allá en la carrera de obstáculos planeada por Maduro, cuya máxima aspiración sería elegir personalmente a los opositores que deberían enfrentarlo.

En esta ocasión, de cara al 28 de julio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) debía apostar por la vía electoral o sucumbir al deseo de los sectores más radicales de seguir la estrategia suicida de abstenerse y boicotear las urnas. Todo en medio de acusaciones cruzadas, donde unos son talibanes de la política y otros cómplices del chavismo. Obviamente, al gobierno le resultaría funcional que los sectores mayoritarios de la oposición, que en esta ocasión apoyan a María Corina Machado, arrojaran la toalla.

La reunión de la PUD fue alentadora, partiendo de la presencia de dos de los máximos pesos pesados de la oposición: María Corina Machado, la triunfadora en las elecciones primarias de octubre, y Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia y presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). En un gesto insólito, y prácticamente sobre la bocina, los asistentes postergaron sus diferencias y apoyaron una candidatura unitaria. Sin embargo, se ha entrado en un terreno resbaladizo. La pelota está en el tejado gubernamental y, desde ya, cualquier cosa es posible.

El cónclave había sido precedido de un llamado a la oposición formulado por diversas figuras públicas, para que ésta, de forma responsable, se mantenga en la senda electoral. Esto implicaba competir con un candidato único, participando “efectivamente en la elección” y movilizando al electorado. El llamamiento lo hizo un potente grupo de diversas personalidades, destacando rectores de universidades y decanos de sus facultades, miembros de las academias nacionales, representantes de la sociedad civil, dignatarios de las distintas iglesias, dirigentes empresariales y sindicales, intelectuales, analistas políticos y económicos y líderes regionales.

Según Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, el resultado ha sido muy importante, ya que 

“el verdadero peligro electoral” para Maduro es la unidad de la oposición

, más que la existencia de un candidato o candidata en particular. Esto convierte al mayor o menor conocimiento del elegido “en un problema secundario”, dada la fuerte voluntad de cambio del pueblo venezolano. Por eso, León calificó de “inteligente y consistente” la estrategia de María Corina Machado y de “seria y racional” la decisión de Rosales, pese a representar un gran sacrificio para él y su partido. Esta fuerte voluntad de cambio la reflejan las primeras encuestas, que hablan de una clara ventaja en expectativa de voto de González sobre Maduro: 45,8% frente al 21,6%.

El acuerdo ha aumentado el coste que el gobierno deberá pagar en el futuro inmediato si quiere seguir condicionando la agenda política. En este contexto, donde todo es posible, los escenarios van desde una intensificación de la represión, en una deriva “nicaragüense”, hasta la posible aceptación del resultado en caso de una eventual derrota. De momento la respuesta es imprevisible, aunque la lógica nos sitúa más cerca del primer escenario que del segundo, a tenor de las primeras medidas adoptadas para limitar la representación de la oposición.

Por eso, la postura de los presidentes de Colombia y de Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva, algo críticos con la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Yoris, es importante. Petro quiere convocar un 

, que podría celebrarse simultáneamente con la elección presidencial, para que cualquiera sea el candidato derrotado, chavista u opositor, tenga garantizada su vida y sus derechos políticos. De materializarse un pacto de esta naturaleza, podría ser el inicio del largo camino que ponga en marcha la transición a la democracia en Venezuela.

El desenlace dependerá de cuánto quiera pagar para mantenerse en el poder un gobierno desacreditado y en horas bajas, pero también de las respuestas de la oposición. ¿Estará dispuesto el primero a cometer todo tipo de fraude o primará algún tipo de racionalidad, como podría indicar la invitación al Centro Carter y a la UE para observar la elección? ¿Será capaz, la segunda, de seguir unida y evitando provocaciones constantes, agresiones y amenazas? Si bien la decisión de la PUD es importante, no se puede olvidar la presencia de hooligans dispuestos a todo, a ambos lados de la raya, con tal de hacer naufragar un proceso potencialmente, de momento solo potencialmente, esperanzador.

Fumata blanca para la oposición venezolana: ¿qué viene después?, por Carlos Malamud*

la mítica barrera de los 100 días en el cargo

. Sin embargo, pese a los tres largos meses transcurridos no ha podido disipar algunos interrogantes que han acompañado su gestión desde el pasado 10 de diciembre. ¿

: un nuevo mesías, un iluminado, un teórico insensible o simplemente un lunático, como afirman algunos? ¿Podrá más su voluntad reformista, pese a las limitaciones que marca la realidad, o terminará imponiéndose un estilo más pragmático? ¿Hasta cuándo durará la paciencia de la sociedad argentina ante el duro programa de ajuste implementado?

Hoy hay en Argentina más preguntas que respuestas. Nunca hubo tantas posiciones encontradas y contradictorias, ni tanta distancia entre ellas. Esto refleja no solo la 

gran incertidumbre producida por un gobierno como el de Milei

, tan atípico en prácticamente todos los sentidos, sino también el desconcierto que su llegada causó en prácticamente todo el espectro político y social del país. Esto afecta tanto a sus más fervientes seguidores como a sus más enconados opositores, sin olvidar a aquellos que, en una franja más central, se mueven 

entre el rechazo matizado y el apoyo crítico

La gobernabilidad enfrenta serios obstáculos. 

Un presidente sin experiencia política de gestión

, con escaso entusiasmo por las instituciones democráticas y respaldado por un reducido, reducidísimo, núcleo de toma de decisiones, es acompañado por un gabinete heterogéneo y poco compacto. Si a esto se le suma su 

(en ambas cámaras) y territorial (no tiene ningún gobernador), se podría concluir rápidamente que estamos frente a 

. Sin embargo, de momento, ocurre todo lo contrario.

 (ganó en segunda vuelta con el 56% de los votos) sigue prácticamente intacto. También, por ahora, como dijo en su día Hugo Chávez, sigue contando con el sostén de los empresarios, un dato no menor. Ahora bien, llegados a este punto y en ambos casos habría que preguntarse hasta cuándo. Se trata de una cuestión crucial, pero aún sin respuesta clara. Mientras tanto, sigue empeñado en cambiarlo todo, inclusive el relato 

Su política económica se basa en la motosierra y la licuadora, más allá de las derrotas sufridas en la tramitación del Decreto de Necesidad y Urgencia y de la llamada 

, que pretendían transformar radicalmente la estructura estatal y productiva. Ambas buscan 

. Una recortando el tamaño del estado y la otra licuando (o congelando) los ingresos laborales, especialmente las jubilaciones. Si bien ha logrado reducir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, al igual que 

 (del 25% de diciembre se pasó al 13% de febrero), el descenso es insuficiente y las tasas presentes siguen siendo sumamente altas, la recesión emerge un escenario probable.

La otra pata de la acción gubernamental se sostiene sobre la 

en torno a dos ejes. Uno, el control de la calle, intentando recortar la capacidad movilizadora de los 

. El otro, la represión del crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Llama la atención que 

las masivas manifestaciones antioficialistas del domingo 24

, en conmemoración del 48º aniversario del golpe militar de 1976, transcurrieran pacíficamente 

sin la presencia de un masivo despliegue policial

. En torno al narcotráfico, que tiene su epicentro en Rosario, se ha abierto una intensa discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra las bandas criminales.

Otra incógnita que genera incertidumbre y desconcierto es hasta dónde Milei querrá seguir avanzando en sus reformas si éstas no cuentan con el respaldo del Congreso. Su opinión sobre los diputados y senadores, a los que mayoritariamente encuadra en 

, son poco constructivas y dejan un margen limitado para la negociación. Las respuestas a este interrogante van desde la reinterpretación de leyes añejas a 

 para vencer la resistencia parlamentaria. Esta sería una especie de declaración de guerra entre poderes, un conflicto que debería ser zanjado por la Corte Suprema, otra institución también pendiente de remodelación a partir de la próxima elección de dos nuevos magistrados.

Ante tal escenario conflictivo la alternativa del Congreso pasaría por iniciarle un 

, que de alcanzar los votos y prosperar implicaría su relevo del poder. Pero, para llegar a este extremo antes habrá que haber pasado el recién iniciado otoño austral. En marzo y abril comenzarán a llegar las divisas procedentes de las exportaciones de cereal y será en mayo cuando se empiece a conocer si algunas políticas gubernamentales han tenido éxito o no.

, teniendo presente que muchas reformas, como la contención de la inflación, la reducción del gasto público o la generación de empleo formal y de calidad son más que necesarias. La alternativa al fracaso de Milei, por más que algunos opositores quieran acabar cuanto antes con su gestión, sería el 

colapso total de la política, de la economía y de la sociedad argentinas

. Por eso, según un reputado analista político, «esto puede salir mal, pero no debe salir mal».

Argentina: entre el desconcierto y la incertidumbre, por Carlos Malamud*

En los últimos años, especialmente tras las movilizaciones del 11 de julio de 2021,

 solo llegan malas noticias de Cuba, pero las de los últimos días son dramáticas.

 El 1 de marzo la gasolina aumentó más de 400% y 25% la electricidad para los mayores consumidores. Es el preanuncio de un rebote inflacionario, un revés añadido a sumar a los interminables cortes de luz. El 13 de febrero el apagón afectó a más del 45% del país.

El gobierno también solicitó al Programa Mundial de Alimentos (PMA), de 

, leche en polvo para niños menores de siete años, intentando evitar un brote de desnutrición y de anemia infantiles. A lo largo de marzo faltará pan, ya que, según el ministerio de la Industria Alimentaria, hay “situaciones específicas” con “embarques planificados” desde Rusia. Si bien hay un consenso generalizado de que el abastecimiento “está dentro de la normalidad”, la idea se remata señalando que esto “no quiere decir que la normalidad sea buena”. O dicho de otro modo 

muchos cubanos han normalizado el sufrimiento

La escasez afecta especialmente a quienes dependen de la libreta de abastecimiento o cartilla de racionamiento, ya que las tiendas privadas disponen de un mayor número de productos de primera necesidad, pero con precios incomparables ni al alcance de cualquiera.

 El salario medio oficial es de 4.560 pesos cubanos (CUP), equivalentes a 14,25 dólares en el mercado paralelo

, mientras el salario mínimo es de 6,77 dólares y la pensión que cobra el 70% de los jubilados, 1.528 CUP, son 4,92 dólares.

El 2 de febrero, el presidente Miguel Díaz-Canel destituyó a Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, en el cargo desde 2018. Gil encabezó diversas reformas fallidas, incluyendo el duro plan de ajuste anunciado a fines de 2023 y finalmente postergado. Los datos oficiales lo dicen todo: contracción de casi el 2% del PIB, inflación del 30% y un déficit público del 18,5%. En definitiva, unas cifras para temblar.

Desde la óptica del relato oficial y la defensa de la ortodoxia revolucionaria, recurrir al PMA hubiera sido impensable en vida de 

, aunque se tratara de evitar la desnutrición infantil. Esto es hoy solo una muestra más del fracaso del proyecto socialista. Se recurre a este extremo porque la situación política, económica y social es casi terminal. Desde hace tiempo se han agotado los recursos propios, mientras los provenientes de países amigos llegan a cuentagotas.

el bloqueo (o embargo) de EEUU es omnipresente a la hora de las justificaciones

, aunque internet y las redes sociales han permitido quebrar el monopolio informativo ejercido por el régimen. Si bien se han reconocido errores en política económica y monetaria, se insiste en que todo responde a las sanciones occidentales, pero esta interpretación trillada goza de credibilidad decreciente y escaso interés social. Ante tal cúmulo de desgracias el descreimiento es la respuesta mayoritaria, que en la medida de lo posible se transforma en la búsqueda de una vía de escape, preferentemente a EEUU y Europa.

El diagnóstico es terrible. Un informe reciente de “Cuba 21”, une la inflación y el crecimiento negativo a una 

, al desplome de las principales entradas de divisas (exportación de médicos, turismo y remesas) y al hundimiento del sector energético, comenzando por el obsoleto sistema eléctrico. Para colmo, un país teóricamente agrícola debe importar casi el 100% de la canasta familiar, según manifestó en setiembre el exministro Gil.

La infraestructura viaria y buena parte del parque de viviendas se desmorona

, sin capacidad de arbitrar soluciones efectivas, salvo parchear los casos más urgentes. La salud, la educación y el abastecimiento de agua potable que fueron las joyas de la Revolución, hoy son cascarones vacíos y fuente de graves problemas. A esto se suma el aumento descontrolado de la criminalidad, ya que la apuesta por el “orden público” se centra en la represión y no en la seguridad ciudadana. Todo sirve para explicar el éxodo masivo y el incremento de la protesta social.

El régimen se enrocó en defensa del socialismo y la Revolución y no propone alternativas viables. Pero, 

ni política, ni económica ni simbólicamente los tiempos son los mismos que cuando vivía Fidel Castro

, capaz de abroquelar a las masas en defensa de su proyecto. Su hermano Raúl, con 92 años, tampoco está en condiciones de ejercer un liderazgo activo, ni siquiera delegado, mientras la gestión de Díaz-Canel ni se caracteriza por su eficacia ni por sintonizar con las diezmadas bases revolucionarias.

En estas condiciones, y dada las grandes dificultades que viven los grupos opositores internos para conciliar sus políticas, el futuro es bastante incierto. No hay nadie capacitado para encausar el descontento social ante un gobierno visualizado como incapaz de proveer los bienes públicos demandados. El régimen, sumido en su inmovilismo, carece de las herramientas adecuadas para impulsar la tan necesaria apertura política y económica. De persistir esta sensación de bloqueo, las noticias que lleguen de Cuba serán cada vez más dramáticas.

No llegan buenas noticias de Cuba, por Carlos Malamud*

América Latina carece de una única política migratoria, aunque es simultáneamente área de tránsito, origen y destino de movimientos humanos. La falta de coordinación y cooperación intergubernamental y los bajos niveles de integración regional siguen ahí. Pese a los esfuerzos, los logros son escasos y la región tampoco habla con una sola voz.

Entre las experiencias resaltan la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), desde 1996, o las veintiuna ediciones de la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM). Hace poco, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador impulsó el “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar”, con escasos resultados.

Cada país busca respuestas individuales, más coyunturales que estratégicas. Por eso, era más fácil, sigue siéndolo, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. En 2008, cuando el Parlamento Europeo aprobó la “Directiva del Retorno”, ante el temor de que ocho millones de migrantes irregulares fueran devueltos a su lugar de origen, algunos presidentes latinoamericanos reaccionaron bruscamente.

Cristina Fernández reprochó a la UE sus “leyes y conductas sancionadoras”, recordando que Argentina “fue un país receptor de inmigración”, con un trato exquisito al europeo. Olvidaba algunas medidas represivas, como la Ley de Residencia (1902), que permitía expulsar a extranjeros indeseables y peligrosos. Hugo Chávez afirmó que “la Europa civilizada ha abierto y legalizado la barbarie” y que no exportaría petróleo a los países que aplicaran la Directiva.

La respuesta no tenía en cuenta que entonces vivían en Europa pocos venezolanos. Hoy, han abandonado Venezuela entre 7.700.000 y 8.500.000 personas. Casi 85% fue a otros países de la región, como Colombia (44,04%), Perú (23,55%), Brasil (7,80%), Ecuador (7,34%) y Chile (6,80%). 5% a Estados Unidos y Canadá, mientras buena parte del resto se instaló en Europa, principalmente España.

Éste no es el único problema migratorio latinoamericano. En el Tapón del Darién, zona selvática e intransitable en la frontera colombo – panameña, cientos de miles de personas pugnan por mantener vivo el “sueño americano”. En 2021 cruzaron el Darién más de 130.000 migrantes, principalmente haitianos y cubanos, en 2022 la cifra se duplicó (250.000), con mayor presencia ecuatoriana y venezolana, y en 2023 volvió a doblarse, con más de 500.000 personas.

La presencia de africanos subsaharianos e incluso de asiáticos ha globalizado un problema hasta ahora regional, hemisférico si se quiere, que afecta directamente a Estados Unidos. Hoy la migración está en el centro del debate político, como muestra su utilización por el Partido Republicano.

El lavado de manos es la respuesta preferida de algunos presidentes. El colombiano Gustavo Petro elevó el listón insolidario al decir que no era un problema propio, sino ajeno, básicamente de Estados Unidos.

Su respuesta es más sangrante si se recuerda que administraciones anteriores acogieron a millones de venezolanos. Según Petro, si miles de migrantes intentan cruzar el Darién es por “medidas contra [los] pueblos latinoamericanos mal tomadas”, en especial por Estados Unidos y sus sanciones contra Venezuela. Por eso rechazó enviar “caballos y látigos” a la frontera o solucionar un problema que Colombia no provocó.

Cientos de miles de personas, masivamente latinoamericanos, intentan un viaje peligroso, arriesgando vidas y haciendas, a merced del crimen organizado y los narcotraficantes. Su negocio incluye el tráfico de personas y la extorsión, muy comunes en una frontera donde el estado prácticamente no existe. Si bien la sinergia entre narcotráfico, migración e inseguridad es intensa, sigue sin generar respuestas regionales.

En Estados Unidos y la UE la migración incontrolada incrementó el nacionalismo y la xenofobia. Esto no ocurre aún en América Latina, salvo casos minoritarios (Chile y Perú). Durante mucho tiempo, la mayoría de sus migrantes atravesaban países vecinos, sin generar problemas de convivencia, dadas las similitudes étnicas, culturales y sociales transfronterizas. Sin embargo, las cosas se han complicado al conocer la región movimientos migratorios de alcance y profundidad desconocidas, alterando el discurso tradicional de hospitalidad y solidaridad.

Para el informe “Riesgo político América Latina, 2024”, el aumento de las migraciones es el quinto mayor peligro regional. La creciente presión migratoria sobre los servicios públicos (salud, educación, vivienda o transporte) en los países de acogida repercute en la calidad de la democracia.

Esto obliga a los gobiernos a gestionar la diversidad y asegurar la cohesión social y la seguridad, en un contexto donde los flujos migratorios se vinculan el crimen organizado, cada vez más transnacionalizado.

Si no se quiere que emerjan respuestas escoradas a los extremos habrá que reforzar la colaboración y la cooperación intergubernamental, abandonando la retórica tradicional en aras de políticas regionales más coordinadas.

Migraciones incontroladas, problema regional, Por Carlos Malamud*

En 2024, la mitad de la población mundial, en más de 75 países, está convocada a las urnas. En junio habrá elecciones para el Parlamento Europeo y en noviembre presidenciales en Estados Unidos, con 

 proyectándose sobre todo el planeta. También se votará en países con escasos valores democráticos, como Rusia, Irán, Argelia y Túnez, sin olvidar a Venezuela. Junto a este último caso,

 en América Latina se elegirán presidentes en otros cinco países

 (El Salvador, República Dominicana, Panamá, México y Uruguay).

Este potente raid electoral ocurre en un contexto internacional donde casi todos intentan ser democráticos, incluso sin serlo.

 A la vez aumentan, de forma sostenida, los regímenes iliberales

, y simultáneamente se multiplican los ataques a la democracia impulsados desde dentro del sistema.

El auge del iliberalismo, que no es patrimonio exclusivo de los sistemas políticos latinoamericanos, se ha convertido en una potente seña de identidad de la política global. De su mano van los populismos, la polarización y la crispación, la utilización sin límites ni control de las redes sociales, la difusión de 

 y de todo tipo de bulos y rumores. Todo esto se proyecta desde Estados Unidos a Filipinas, pasando por Hungría, Polonia y otros países europeos, y llegando incluso a América Latina.

Este es el último año del súper ciclo electoral latinoamericano (2021 – 2024), que habrá permitido cambiar el gobierno a todos los países de la región, con la excepción de Bolivia, que lo hará en 2025. Estos comicios han estado marcados por un sentimiento anti oficialista y un fuerte descontento social, proyectado contra la política y los políticos.

De este modo, en 14 de las últimas 16 elecciones presidenciales la oposición, o alguno de sus representantes, ha ganado la presidencia. Las dos excepciones han sido Nicaragua, dados los métodos dictatoriales y represivos consustanciales al 

 – Murillo, y Paraguay, gracias a la potente maquinaria territorial y clientelar del gobernante Partido Colorado.

A la vista de algunas evidencias y, de ciertas encuestas en circulación, es posible afirmar que el efecto prolongado del voto de castigo al oficialismo, una variedad del voto bronca, será menos intenso que en el pasado. Esto será así no porque haya cambiado el sentir electoral general, o se haya disipado la frustración generalizada, sino porque este año convergen casos nacionales muy específicos que lo harán posible.

Para empezar, y pese a estar prohibida de forma expresa la reelección por la Constitución de

 tiene todas las papeletas para seguir ocupando el cargo, dado el respaldo popular logrado por su exitosa política de orden público. Es muy posible que

sea reelecto en República Dominicana y que 

, candidata del oficialista Partido Morena, permita a los discípulos de López Obrador seguir en el poder. Y, salvo que el régimen chavista convoque unas elecciones igualitarias y sin exclusiones, algo poco probable, 

podrá seguir gobernando un mandato más.

Esto no implica que haya desaparecido el castigo a los oficialismos, ni que haya menguado el descontento, sino que en esta ocasión se ha topado con países que vulneran claramente la legalidad (El Salvador), reprimen brutalmente a la oposición (Venezuela) o sus gobiernos invierten abundantes recursos del Estado a disposición del candidato oficialista (México). Por el contrario, también se da el caso de un político que puede ser reelegido gracias al reconocimiento popular de su gestión (República Dominicana).

En la mayoría de las elecciones, los resultados no cambiarán dramáticamente las condiciones políticas, económicas y sociales de los países afectados. Uruguay es el caso más claro, con una democracia y un sistema político sumamente estables. Algo similar ocurrirá en República Dominicana y 

, más allá del peculiar estilo polémico y provocador de López Obrador. Por el contrario, tanto en El Salvador como en Venezuela, gobernados por populistas de derecha e izquierda, 

una victoria opositora podría suponer cambios importantes

Con independencia de los resultados esperados y de que estos finalmente terminen haciéndose realidad, los equilibrios regionales y la correlación de fuerzas dentro de cada uno de los dos grandes bloques existentes en el subcontinente se verán afectados. Estas elecciones, con las excepciones conocidas, volverán a demostrar la salud democrática de buena parte de la región, una región que, como recuerda el Informe del Real Instituto Elcano 

“¿Por qué importa América Latina?”

, es la única del mundo emergente que aspira a llegar al desarrollo desde la democracia y no desde el autoritarismo.

*Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela

En 2024, América Latina vota, por Carlos Malamud*

expresar negativamente ante un proyecto constitucional

 sometido a su aprobación. En esta ocasión, el «en contra» se impuso al «a favor» por más de once puntos porcentuales (falta el resultado definitivo, que no variará demasiado el cómputo final). El fracaso de la nueva versión se puede leer de muchas maneras: derrota de la derecha (o de las derechas), derrota del gobierno (y de sus principales aliados) e, incluso, derrota de los políticos.

Si bien todas estas interpretaciones son válidas y cada una tiene algo de razón, por más que no agoten la reflexión sobre los padres del fracaso, lo ocurrido este domingo no puede ser visto como una foto fija, como un momento concreto en la historia política chilena, sino como un proceso de más largo plazo. Un proceso que en su versión más restringida comenzó con las protestas populares de 2019 y la decisión del entonces presidente Sebastián Piñera de convocar un plebiscito para iniciar un proceso que debería culminar con la reforma de la Constitución «pinochetista».

Este proceso ha tenido dos momentos claves. El primero, el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuando el rechazo se impuso al apruebo por casi 24 puntos. El segundo, este 17 de diciembre, con un rotundo triunfo del «en contra», si bien menor que en la consulta anterior. Si tenemos en cuenta las dos votaciones, más allá del hartazgo chileno con tanta elección seguida y su desinterés por una nueva Constitución, de todo este desorden emerge con claridad un ganador neto, aunque de perfil político algo difuso: el centro.

No se trata tanto del centro político sino del centro sociológico, ese lugar indefinido al cual se autoadscriben la mayor parte de los chilenos (y los latinoamericanos en general). Como dijo Ximena Rincón, presidenta del novísimo partido Demócratas: «El gran centro del país no estuvo representado en este debate constitucional y no se sintió representado por las partes«.

El primer proyecto era un bodrio indigerible, aderezado de reivindicaciones sectoriales, algunas contradictorias entre sí, y con un gran barniz progresista que dejaba fuera a una gran parte de la ciudadanía que lo veía como ajeno. Esta vez ocurrió lo opuesto, pero con el mismo resultado. Los responsables de la redacción final se encontraban en las antípodas políticas y su texto dejaba la puerta abierta a prohibir el aborto y recortar otras libertades recientes. A los Republicanos, el partido situado más a la derecha que la derecha tradicional, que controlaba la Convención constitucional, se les atragantaron los «gustitos» que buscaron.

En Chile volvió a imponerse el voto de rechazo, el voto de cabreo, el voto en contra. Pero esta vez no fue solo contra el Gobierno, que también, sino contra los políticos. De ellos se espera menos polarización, menos crispación y más trabajo en conjunto por el bien común y el interés de la gente. El clamor popular es claro: entierren el hacha de guerra de las batallas culturales y olvídense de supuestas, e inexistentes, superioridades morales.

A partir del lunes 18, gobierno y oposición deberán volver a ocuparse de cuestiones esenciales: el deterioro económico y la creación de riqueza, la seguridad ciudadana, la inmigración y la corrupción, problemas todos que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, de todo este proceso emergen dos claros perdedores. Por un lado, el gobierno, con muy bajos niveles de aprobación y que, pese al resultado no logrará levantar cabeza a menos que obtenga logros concretos en el medio plazo.

Por el otro, José Antonio Kast y sus Republicanos, que más allá del control que tenía de la Convención se mostró incapaz de redactar un texto acorde para la gente, y de emerger como un verdadero estadista y potencial presidente de Chile. Es más, parte de la derecha más extrema, nostálgica de Pinochet, se sumó al en contra. Ahora vendrán los pases de facturas en ambos bandos.

Y si bien el fantasma de Javier Milei planeó por Chile durante estos días, el efecto contagio fue limitado. El carácter binario de las dos consultas dificultaba elegir el camino del medio, muchos que votaron rechazo en 2022 volvieron a votar en contra. El pedido a los políticos es claro, un mensaje incluso exportable a otras latitudes: dejen de discutir sobre cuestiones banales y, como diría Ortega y Gasset, céntrense en las cosas.

La Constitución chilena: un drama en dos actos, por Carlos Malamud*

 fue recurrente la manipulación del sentimiento nacionalista.

 La utilización de la figura del Libertador Simón Bolívar simbolizó un juego todavía persistente y muy presente en el ADN chavista (y venezolano). 

No en vano Chávez denominó “bolivariano” a su movimiento y a todo cuanto lo rodeaba.

 Ya Germán Carrera Damas había hablado del culto a Bolívar, un culto laico capaz de movilizar las mentes y los corazones venezolanos.

La movilización de la pulsión nacionalista no es nueva en 

, tampoco patrimonio venezolano. En 1982, en pleno declive de la última dictadura militar argentina, el presidente/general Galtieri intentó huir hacia delante para preservar al régimen gracias al respaldo popular que pensaba conseguir con la recuperación del territorio irredento de las islas Malvinas (Falkland para los británicos).