Presidente del Instituto Latinoamericano de Cultura y Desarrollo

César Coloma Porcari

Casi nadie sabe que en el Perú se encuentra pendiente de aprobación el “Proyecto de Ley que amplía los alcances del ejercicio de la Legítima Defensa y otorga protección legal a la persona que defiende la inviolabilidad de su domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo, causando lesiones o muerte al delincuente”.

Nos referimos al proyecto de ley N° 4409/2018-CR, del 29 de mayo de 2019, que fuera presentado por iniciativa del en ese entonces congresista Jorge del Castillo Gálvez y suscrito además por otros ex parlamentarios, el cual contribuiría a buscar la solución para algunos de los problemas que afectan al Perú de hoy.

El objetivo que se pretendió alcanzar si se aprobaba este proyecto de ley era “ampliar los alcances del ejercicio de la legítima defensa, otorgando protección legal a la persona que defiende la inviolabilidad de su domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo, a quien hace uso de la fuerza u otros medios de defensa, causando lesiones o muerte al delincuente, es decir a la persona que actúa dolosamente invadiendo sin derecho y autorización el domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo”, sustentándose en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Se manifiesta en el mencionado proyecto de ley que “es necesario realizar la modificación y adecuación [del Código Penal peruano] en base a la ‘Doctrina del Castillo’ (mi casa, mi castillo)”, debido a que “Es evidente que las prácticas legislativas que buscan proteger la integridad del delincuente durante la comisión del acto delictivo, han desencadenado una práctica jurisdiccional que parece haberse ensañado con el ciudadano honesto que respeta la ley y se ve forzado a ejercer la violencia en ejercicio de la legítima defensa y con el personal de las fuerzas del orden que cumple con su deber de proteger al ciudadano honesto”.

Agregaban que la protección a los delincuentes en el Perú “ha permitido que se criminalice injustamente la reacción de ciudadanos honestos y se deje libres a muchos criminales”.

Los ex congresistas afirmaban que “La Doctrina del Castillo exceptúa de responsabilidad penal y civil a quien sufre de violación de su domicilio (o centro de trabajo y hasta de su vehículo) por un intruso que ilegítimamente ha invadido tal propiedad, una acción sobre la que la Ley debe indefectiblemente presumir ha sido decidida con la intención de robar, matar, violar o provocar un daño grave premeditado, siendo que el delincuente invasor puede ser repelido con un arma letal por parte del ocupante legal”.

En primer lugar se debe tener presente que el concepto jurídico de la inviolabilidad del domicilio es aceptado en la cultura occidental desde los tiempos de la República romana. Y en cuanto a la “Doctrina del Castillo” (en inglés “Castle Doctrine”), algo muy importante para recodar es que en el Derecho consuetudinario británico, el término proviene del dicho de que “el hogar de un inglés es su castillo”. De este último concepto proviene, entonces, la denominación de “Doctrina del Castillo”.

Es necesario destacar que este concepto fue establecido como un derecho, en Gran Bretaña, por el jurista Sir Edward Coke (Norfolk, 1552- Buckinghamshire, 1634), en su obra “The Institutes of the Laws of England”, cuyo original en latín es como sigue:

et domus sua cuique est tutissimum refugium

”, que en español significa lo siguiente: “la casa de cada hombre es su castillo”, o “el hogar de cada hombre es su refugio más seguro”.

Este concepto se aplicó en todo el Imperio Británico y se extendió a todos los demás países protestantes, en donde en la actualidad forma parte de su propia legislación, protegiendo de esta manera cabalmente a los ciudadanos de esas naciones.

Las naciones católicas siempre rechazaron la “Doctrina del Castillo”, y por tal razón protegían al delincuente y criminalizaban al ciudadano honrado que se defendía. Pero ello cambió radicalmente hace veintiocho años, cuando el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica “Evangelium Vitæ” del 25 de marzo de 1995, consagró definitivamente el derecho a la legítima defensa (César Coloma Porcari: “El derecho a la Legítima Defensa en el Perú”, en “El Pueblo”, Arequipa, domingo 19 de febrero de 2023, página 09). ( 

https://sites.google.com/view/elperuysuhistoria5/la-leg%C3%ADtima-defensa-en-el-per%C3%BA

En esta encíclica, San Juan Pablo II dispuso que “la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad”. Y “Por desgracia sucede que la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a veces su eliminación. En esta hipótesis el resultado mortal se ha de atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción, incluso en el caso que no fuese moralmente responsable por falta del uso de razón”.

Los congresistas autores del proyecto de ley mencionado, para poder contribuir a establecer, por fin, el derecho a la Legítima Defensa en el Perú, propusieron la incorporación del numeral 12 del artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal, que sería así:

Está exento de responsabilidad penal: [. . .]

12. El que actuando en legítima defensa, utiliza la fuerza u otros medios de defensa, y causa lesiones o muerte, en respuesta a la acción dolosa de la persona que sin derecho y autorización invade su domicilio, vehículo y lugar de negocios o empleo”.

Los ex legisladores recordaban además, “el efecto fallido de las políticas jurisdiccionales vigentes, que han concurrido involuntariamente en el incremento de la criminalidad violenta. El aumento de casos que pudieran haberse evitado con una aplicación de la legítima defensa priorizando el derecho de la vida, la integridad física, emocional y patrimonial del ciudadano, obliga a tener en cuenta que ha crecido la percepción fundada de inseguridad entre la ciudadanía, lo que ocasiona además una pérdida de credibilidad en las autoridades policiales y judiciales que conspira contra el necesario fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.

Y “Por tanto resulta injusto y contrario a los derechos protegidos, que un ciudadano actuando en legítima defensa se vea perjudicado por un sistema jurídico que no lo protege adecuadamente, y que este sistema cause su persecución como si fuera un delincuente. El derecho de la vida, derecho de la propiedad privada y el derecho de defensa garantizan al ciudadano los medios para la protección de su vivienda, salud, educación y el producto de su trabajo que es necesario para la manutención y cobertura de las necesidades propias y de su familia”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, “La intromisión no autorizada de un desconocido dentro del perímetro de su propiedad o su domicilio legítimo y la amenaza de violencia efectiva con armas de fuego, contundentes o punzo cortantes en la vía pública constituyen una amenaza tangible a los citados derechos, por lo cual se hace necesario dotar lo de herramientas legales que le permitan defender sus derechos ante dicha amenaza”.

Los ex congresistas peruanos recogen un comentario realizado por un funcionario puertorriqueño a raíz de la aprobación de la Doctrina del Castillo es esa isla caribeña: “la nueva ley cambia las presunciones en favor de quien se defiende. Si usted le puso seguro a su puerta y ve que alguien está forzando la puerta de su hogar, puede estar seguro que no viene a tomar café”.

Agregan los ex parlamentarios que Estados Unidos “es el máximo exponente de la doctrina de la defensa preventiva”, en donde la “Castle Doctrine” o “Doctrina del Castillo”, “exime de cualquier responsabilidad legal al dueño de una casa que utilice la fuerza para defenderse a él mismo o a su familia”. Asimismo, Italia incorporó la Doctrina del Castillo a su legislación, al año 2019, brindándoseles además, por parte del Estado, protección legal a quienes hirieron o eliminaron a un intruso. La protección legal a los ciudadanos honestos también está consagrada en la legislación de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Israel, Suecia, y otros países.

El Papa San Juan Pablo II ya estableció y promulgó el derecho a la Legítima Defensa en 1995, pero el proyecto de ley que comentamos se encuentra en el Congreso Nacional desde hace cuatro años. Dadas las actuales circunstancias, es necesario tenerlo en cuenta o perfeccionarlo, acatando lo dispuesto por este Santo católico. Estamos seguros que todos los organismos defensores de los Derechos Humanos apoyarán con firmeza y valentía esta iniciativa.

Arículo publicado en el diario “El Pueblo” de  Arequipa.

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La protección del ciudadano:  la “Doctrina del Castillo”, por César Coloma Porcari*

Mucho se habla hoy sobre la legítima defensa y por dicha razón recodaremos a un ilustre jurista arequipeño que se ocupó del tema hace ciento cincuenta años, y daremos a conocer una disposición relativamente reciente de la Iglesia Católica sobre ese asunto.

La Real Academia Española define la “Legítima defensa” como una “Circunstancia eximente de culpabilidad en ciertos delitos” (“Diccionario de la lengua española” (16ª ed., Madrid, Talleres Espasa Calpe S. A., “Año de la Victoria” (1939), página 413).

FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN Y EL DERECHO A DEFENDERSE

Para rescatar un antecedente al derecho a la legítima defensa debemos recordar al destacado jurista arequipeño Dr. Francisco García Calderón y Landa (Arequipa, 1834 - Lima, 1905), que en plena Guerra del Pacífico fuera Presidente Provisorio de la República en el llamado “Gobierno de la Magdalena” (1881), e “inició negociaciones de paz. Pero fue apresado por las autoridades chilenas de ocupación ante su negativa a consentir en cesiones territoriales, e inmediatamente enviado a Chile (6.XI.1881)” (Alberto Tauro del Pino: “Enciclopedia ilustrada del Perú”, Lima, Peisa, Empresa Editora El Comercio S. A., 2001, tomo 7, páginas 1043-1044).

El Dr. Tauro de Pino agrega que en el país sureño el Dr. García Calderón fue retenido hasta el final de la guerra, regresando por fin al Perú el año 1886, siendo entonces elegido Presidente de la Cámara de Senadores y Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, entre otras obras, publicó en París, para la Librería de Laroque, su monumental “Diccionario de la legislación peruana” (Nancy, Typographie G. Crépin-Leblond, 1879, 2 volúmenes).

El Dr. García Calderón, en su Diccionario mencionado (tomo I, páginas 688-689), al referirse a este tema afirma que “La ley natural que ha impuesto a hombre la obligación de conservar su existencia, le ha dado al mismo tiempo el derecho de defenderse contra un injusto agresor. La propia defensa no se limita a los ataques hechos al individuo en su persona, sino que también se extiende a los ataques que se hagan a los derechos propios y a la persona y derechos de los parientes inmediatos”.

Asimismo, señala que “El derecho penal, fundado en estos principios generales, ha reconocido la defensa de sí mismo; y como el que procede en uso de su derecho no obra mal, se ha declarado que el individuo que por defenderse comete un delito, queda exento de pena”.

Este ilustre autor (página 396) afirma que “La propia defensa, reconocida por el derecho natural y por la moral misma, es una consecuencia forzosa del precepto que Dios nos ha impuesto de conservar la vida. Si se nos ataca, debemos repeler la agresión, ya se haga a nuestra persona o intereses, y a las personas e intereses de aquellos a quienes por la misma naturaleza estamos obligados a proteger y defender”.

Indica asimismo que “Se ponen, es cierto, en lucha, dos deberes naturales, el de la propia conservación y el de no hacer mal a nuestros semejantes; pero en esa misma lucha es preferido el deber de conservación, porque nosotros no hemos buscado el mal: lo busca el que nos acomete; y por eso pierde el derecho que tenía de exigirnos que no le hiciéramos mal”.

Por último, el Dr. García Calderón (página 397) afirma que por las razones expuestas “es justo repeler al ladrón que asalta nuestra casa, al que intenta matarnos o matar a nuestros padres, etc”.

Un aporte fundamental para la aplicación del concepto de la legítima defensa en los tiempos actuales es obra del papa polaco San Juan Pablo II (Wadowice, 1920 - Roma, 2005), quien fuera canonizado por la Iglesia Católica en el año 2014. Hay que recordar que visitó el Perú y fue aclamado por multitudes. Él es autor de una encíclica muy importante que lleva el título de “Evangelium Vitæ”, fechada el 25 de marzo de 1995.

Este santo católico, en su encíclica mencionada, en el ítem 55, afirma lo siguiente: “No debe sorprendernos: matar un ser humano, en el que está presente la imagen de Dios, es un pecado particularmente grave.

Desde siempre, sin embargo, ante las múltiples y a menudo dramáticas situaciones que la vida individual y social presenta, la reflexión de los creyentes ha tratado de conocer de forma más completa y profunda lo que prohíbe y prescribe el mandamiento de Dios. 

”, 2263-2269; “Catecismo del Concilio de Trento” III, 327-332.

San Juan Pablo II agrega que “En efecto, hay situaciones en las que aparecen como una verdadera paradoja los valores propuestos por la Ley de Dios. Es el caso, por ejemplo, de la 

en que el derecho a proteger la propia vida y el deber de no dañar la del otro resultan, en concreto, difícilmente conciliables. Sin duda alguna, el valor intrínseco de la vida y el deber de amarse a sí mismo no menos que a los demás son la base de 

Asimismo, afirma que “El mismo precepto exigente del amor al prójimo, formulado en el Antiguo Testamento y confirmado por Jesús, supone el amor por uno mismo como uno de los términos de la comparación: ‘Amarás a tu prójimo 

’ (Marcos 12: 31). Por tanto, nadie podría renunciar al derecho a defenderse por amar poco la vida o a sí mismo, sino sólo movido por un amor heroico, que profundiza y transforma el amor por uno mismo, según el espíritu de las bienaventuranzas evangélicas (cf. Mateo 5: 38-48) en la radicalidad oblativa cuyo ejemplo sublime es el mismo Señor Jesús”.

Agrega además que “Por otra parte, ‘la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad’.

Y lo más importante es que afirma que “Por desgracia sucede que la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a veces su eliminación. En esta hipótesis el resultado mortal se ha de atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción, incluso en el caso que no fuese moralmente responsable por falta del uso de razón. 

”. Cita a Santo Tomás de Aquino: “Summa Theologiæ ”, “II-II, q. 6-1, a. 7”; y a San Alfonso María de Ligorio: “Theologia moralis”, “I. III, tr. 4, C. 1 dub. 3”.

El valioso documento lleva, al final, la firma: “Ioannes Paulus PP. II”

Es indispensable que en el Perú se tome en cuenta este documento y que se comprenda, como lo afirma San Juan Pablo II, que “la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a veces su eliminación. En esta hipótesis el resultado mortal se ha de atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción”.

Esto se debe aplicar a todos: civiles y militares, frailes y monjas, de todas las tendencias políticas. Porque 

Artículo publicado en el diario “El Pueblo”, Arequipa*