Congresista de la República. 

Fernando Rospigliosi

El Congreso promulgó la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, norma que restablece la legalidad y repara la injusticia cometida con militares y policías que derrotaron al terrorismo.


En aplicación de esta ley, que reitera lo que dice la Constitución, el Código Penal y otras normas –las leyes no son retroactivas–, deben salir libres militares y policías sentenciados injustamente con el criterio de lesa humanidad y anularse los procesos en curso.


No obstante, es posible que algunos jueces caviarizados y prevaricadores se nieguen a aplicar la ley, violando un principio esencial de la república, la división de poderes: el Congreso aprueba las leyes y el sistema judicial las aplica. Y si alguien tiene algún cuestionamiento, puede acudir al Tribunal Constitucional, que para eso existe.


Ya la mafia caviar ha movido sus tentáculos internacionales, incluyendo a la CIDH, para darles pretexto a los magistrados prevaricadores para burlarse de la ley. Un problema adicional es que gobiernos extranjeros mueven sus influencias para respaldar ese absurdo.


Pero nadie toma en cuenta lo que hacen otros países democráticos. Por ejemplo, Estados Unidos estableció tribunales militares secretos para juzgar terroristas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hace pocos días, un tribunal militar norteamericano sentenció a cadena perpetua a Khalid Sheik Mohammed (KSM), el cerebro del atentado, y a otros dos cómplices, después de llegar a un acuerdo con ellos, que se declararon culpables para evitar la pena de muerte (Wall Street Journal, 31/7/24).


Pero, al parecer por razones políticas, el secretario de Defensa Lloyd Austin revocó el acuerdo del tribunal militar (CBS, 3/8/24).


KSM fue capturado por la CIA en 2003 en Pakistán, luego llevado a prisiones clandestinas en Afganistán y Polonia, donde fue torturado –torturas permitidas también por las normas emitidas en 2001 por el gobierno de EEUU–, y llevado en 2006 a Guantánamo, donde está ahora.


Al jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden –y a varios de sus secuaces–, los ejecutó extrajudicialmente un comando SEAL de la Marina norteamericana, que entró ilegalmente en Pakistán en mayo de 2011, mientras Barack Obama –Premio Nobel de la Paz–, Joe Biden, Hillary Clinton y otros altos cargos observaban la operación desde la Sala de Situaciones de la Casa Blanca.


Si alguien arguye que los tribunales militares, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales se aplican a extranjeros y no a norteamericanos, habría que replicar que eso no viene al caso, porque se trata de derechos humanos. Y esos terroristas, por más que sean criminales sanguinarios, son humanos.


Debo aclarar –porque la incomprensión lectora en el Perú es abrumadora– que no estoy haciendo un juicio de valor ante los hechos que he descrito. Creo que ante amenazas gravísimas, los Estados deben defenderse y tomar medidas excepcionales.


Pero es obvio que hay un descarado doble rasero. EEUU hace lo que hace porque es fuerte y poderoso. Pero a los débiles, ellos mismos pretenden imponerles otros estándares. Es inaceptable.

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Doble rasero en DDHH, por Fernando Rospigliosi

Luego del inevitable fraude con el que la dictadura comunista venezolana pretende perpetuarse en el poder indefinidamente, han surgido opinantes que dicen “todas las dictaduras son iguales”.

Pues no. No es así. Como estableció hace cuatro décadas la académica y diplomática norteamericana Jeane Kirkpatrick, son distintos los gobiernos autoritarios, como el del chileno Augusto Pinochet, de los totalitarios, comunistas, como el que implantaron en Cuba los hermanos Castro.

Entre otras diferencias, los regímenes autoritarios son transitorios y los totalitarios pretenden ser permanentes, eternizarse en el poder, justificándose con ideologías socialistas/comunistas.

Hoy día, hay que precisar, se ha producido una variante con respecto a la teoría de Kirkpatrick. Los nuevos gobiernos comunistas en Iberoamérica no son totalitarios al estilo de Cuba, que imitaba a la Unión Soviética, sino que pretenden guardar formas democráticas, tanto por el desprestigio del modelo soviético, como por el hecho que ahora llegan al poder mediante elecciones –ya no asaltando el poder por la violencia– y luego destruyen la democracia, pero manteniendo, como una farsa, comicios periódicos, totalmente amañados. Venezuela y Nicaragua son ejemplos de la nueva forma que ha adoptado el comunismo en la región.

Como señala Jaime de Althaus, “Son los dictadores de izquierda los que se perpetúan indefinidamente”, mientras los de derecha “entregaron el poder convocando a elecciones”. (“Lampadia”, 31/7/24).

En Chile, Pinochet convocó un referéndum en 1988 preguntando si continuaba en el poder. Y lo perdió. Respetando el resultado, abandonó el gobierno en 1990 en elecciones que ganó la oposición.

Eso, por supuesto, es impensable en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Otra diferencia es que, por ejemplo, en el caso de Chile, la intervención de las FFAA en 1973 fue no solo ante el caos y desabastecimiento creado por el gobierno socialista, sino que Salvador Allende y los comunistas, “con apoyo de Castro, buscaron instalar en Chile una dictadura socialista como la que hay hoy en Venezuela. Aplastaron la separación de poderes, persiguieron y torturaron opositores, encarcelaron periodistas y violaron derechos humanos. (…) Nuestras fuerzas armadas lo impidieron, reconstruyeron el país y restablecieron la democracia.” (Axel Kaiser en X, 30/7/24).

Como es evidente también, dictaduras comunistas, como la de Cuba y Venezuela, han hundido a esos países en la miseria más espantosa, propiciando que millones de personas huyan en busca de una vida mejor. En Chile, Pinochet “entregó el país con el sistema económico que lo haría el más próspero” de la región en términos de economía, indicadores sociales y con toda una institucionalidad democrática funcionando. (A. Kaiser).

En España, Francisco Franco evitó que se impusiera una sanguinaria dictadura estalinista y propició el mayor crecimiento de la historia española (1950-75).

En suma, no son iguales, las diferencias son abismales. Por supuesto, sería mejor que no hubiera dictaduras, pero en la realidad, la disyuntiva a veces es: dictadura hambreadora comunista, que se perpetúa indefinidamente, o dictadura de derecha, que evita lo anterior, construye prosperidad y restablece luego la democracia.

No son iguales, por Fernando Rospigliosi

La minería ilegal es, junto con el narcotráfico, una de las principales amenazas a la seguridad del país. Lo peor es que sigue creciendo cada día que pasa, sin que exista una política precisa para frenarla.

Ideas para combatirla no faltan. Un experto, Dante Vera, dice: “Tenemos que perseguir a los mandos, a los financistas y a todas las redes donde se transporta lo que es necesario para la extracción ilegal. Se debe poner la puntería en los explosivos que vienen por contrabando o corrupción de la propia Sucamec” (“El Comercio”).

Iván Arenas insiste en que “el Reinfo se ha convertido en un paraguas de la minería ilegal”. Pablo de la Flor señala que el Congreso ha sido responsable de tres ampliaciones del Reinfo (un registro que permite a los ilegales blanquear la producción ilegal). Propone “recentralizar el proceso de supervisión” que está en manos de gobiernos regionales.

Pero la minería ilegal sigue avanzando. El actual Gobierno es débil y está asediado por caviares y comunistas. A Dina Boluarte la acusan, nacional e internacionalmente, por las muertes ocurridas en los disturbios de 2022/23. Tiene temor, por tanto, de enfrentar a la minería ilegal que tiene a su servicio grupos armados.

Es decir, si se quiere intervenir realmente a los poderosos mineros ilegales de Pataz, por ejemplo, hay que usar la fuerza. Y se van a producir bajas. La orden entonces parece ser, no toquen nada para evitar que le digan “Dina asesina”. De vez en cuando una operación publicitaria, pero que todo siga igual.

Otro motivo es, sin duda, el número significativo de mineros ilegales e informales (la línea divisoria es borrosa). Algunos dicen que, incluidos familiares, pueden llegar a un millón y medio… de votos, lo que los hace atractivos para los políticos. De hecho, por lo menos un excandidato presidencial cree tener allí un público simpatizante.

Por último, pero no menos importante, está la corrupción que, al igual que el narcotráfico, perpetran los beneficiarios de una actividad ilegal que mueve miles de millones de dólares cada año. Ellos infectan todas las instituciones, el Gobierno, el Congreso, el sistema judicial, la policía, etc.

La minería ilegal deforesta y depreda brutalmente el medio ambiente –igual que el narcotráfico–, pero las ONG “ambientalistas”, que reciben millones de dólares del extranjero, en su mayoría solo se preocupan de atacar a la minería legal.

Según la Sociedad de Minería (SNMPE), la minería ilegal genera pérdidas de 23 mil millones de soles al año. Dante Vera ha identificado seis zonas de alto riesgo (tres están en las fronteras) donde confluyen economías ilícitas como minería ilegal y narcotráfico. Allí el Estado ha perdido prácticamente el control del territorio.

Es indispensable llegar a acuerdos para una enérgica política que combata estas gravísimas amenazas a la seguridad nacional.

Las amenazas, por Fernando Rospigliosi

El viernes pasado, un abigarrado grupo de extremistas y sinvergüenzas —como el ex ministro Alejandro Salas, ahora representante del partido del Lagarto—, unidos en el propósito de generar violencia y caos para derrocar al gobierno, convocaron a un paro nacional que resultó en un completo fracaso.

Integraba ese variopinto consorcio, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, un ente político que finge defender derechos y recibe financiación del extranjero.

La fecha elegida, 19 de julio, fue un nuevo intento de rememorar el mítico paro del 19 de julio de 1977, que remeció a la dictadura militar de aquel entonces y aceleró el proceso de “transferencia del poder a los civiles” que se concretó tres años más tarde.

La huelga de julio 1977 fue, en realidad, básicamente limeña, porque en el sur se habían realizado eventos similares varias semanas antes y en el norte no se sintió mucho. Pero fue un evento trascendente porque realmente paralizó la capital y culminó con muertos y heridos por los enfrentamientos de los manifestantes con el Ejército y la Policía.

Una característica de ese paro fue, aunque parezca perogrullada, que los trabajadores no asistieron a laborar, ya sea por decisión propia o porque no pudieron llegar a sus centros de trabajo por las manifestaciones y bloqueos. En esa época, había muchas fábricas y empresas, y el número de trabajadores había crecido exponencialmente, así como el de sindicatos.

Las represalias del gobierno militar devastaron las organizaciones laborales. Miles de sindicalistas fueron despedidos. Y luego, el fracaso de la política de industrialización artificial y sustitución de importaciones, terminó con el auge sindical.

Ahora los que convocan a un paro ni siquiera intentan que los trabajadores dejen de ir a laborar porque saben que los sindicatos casi no existen y los que aún viven carecen de fuerza. Lo único que pretenden es atacar y provocar a las fuerzas del orden y producir hechos violentos para llamar la atención.

Fracasaron el 19 pero volverán a intentarlo dentro de unos días, porque los cabecillas son impunes, no pierden nada incitando al desorden y la violencia.

Otro sí digo: El Congreso rechazó la absurda acusación de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides contra Dina Boluarte por su responsabilidad en los disturbios de fines de 2022 y principios de 2023, cuando turbas incitadas por senderistas y financiadas por economías ilegales, asaltaron aeropuertos, comisarías, instalaciones públicas y privadas, tratando de reponer por la violencia al golpista Pedro Castillo.

No obstante, la fiscalía va a procesar a 154 policías y militares por haber defendido la legalidad e impedido que el gobierno fuera derrocado, como pretendían los subversivos. Intentan amedrentar a las fuerzas del orden para que no actúen con firmeza en futuras algaradas.

Esos atropellos del sistema judicial caviarizado son intolerables y deben cesar. Se requieren soluciones radicales.

Asonada fracasada, por Fernando Rospigliosi

El caviarizado sistema judicial no descansa un instante en el acoso a las fuerzas del orden. Ahora, la fiscalía ha formalizado 18 investigaciones acusando a 154 policías y militares, que se enfrentaron a las turbas incitadas por terroristas de Sendero Luminoso y financiadas por el crimen organizado, que intentaron reponer en el gobierno, por la violencia, al golpista Pedro Castillo a fines de 2022 y comienzos de 2023.

Como se recuerda, las FFAA y la PNP intervinieron para impedir que las hordas violentas destruyeran aeropuertos, instalaciones públicas y privadas, paralizaran el país bloqueando carreteras, etc. Entre los locales vandalizados estuvieron oficinas fiscales y judiciales, además de comisarías.

Cuando las fuerzas del orden no hicieron uso de sus armas, fueron asesinados o heridos, como en Ilave, donde murieron 6 soldados, o en Juliaca, donde el policía José Luis Soncco fue bárbaramente masacrado.

No obstante, ahora los fiscales pretenden enviar a prisión a militares y policías que salvaron al Perú de caer en manos del terrorismo y el crimen organizado que financiaba los disturbios, enviando un mensaje a las fuerzas del orden: la próxima vez no actúen, dejen que los violentos asalten el gobierno.

Por supuesto, no es novedad este desempeño canallesco del sistema judicial. La semana pasada me reuní con policías, abogados y familiares de miembros de la PNP investigados, procesados y sentenciados injustamente por haberse enfrentado a delincuentes comunes y terroristas.

Varios son parte de los 60 policías involucrados falsamente en un supuesto escuadrón de la muerte, patraña inventada por el coronel PNP Franco Moreno -cuyo hermano, un teniente PNP, fue abatido cuando intentaba secuestrar a un empresario en Puente Piedra con delincuentes comunes-, hoy día premiado como jefe de la policía política, Diviac.

Todos los malhechores abatidos en enfrentamientos por miembros de la unidad especializada SUAT eran facinerosos prontuariados. Sin embargo, el fiscal Álvaro Rodas se ha ensañado con los policías, algunos de los cuales han recibido condenas de 35 años, actualmente en apelación. (Ver en esta página, “Policías perseguidos”, 13/11/23).

Otro caso indignante es el del coronel PNP (r) Augusto López y otros policías, que ahora están procesados por la fiscalía. El 12 de junio de 1993, perseguían en Comas a un terrorista que, en su huida, asesinó a un civil y disparó a un policía que sobrevivió porque tenía chaleco antibalas. Poco después lo capturaron y Juan Aranda fue sentenciado a 30 años de prisión.

En 2015, el terrorista se quejó ante la CIDH aduciendo que cuando lo detuvieron, los entonces efectivos de la Dircote lo torturaron. Ahora los policías están procesados.

Hoy día, la Defensoría del Policía (oficina que creé en 2002), dirigida por el general (r) Máximo Ramírez, está cumpliendo su función de proteger a los policías, al igual que el ministro del Interior. Eso está muy bien, es un avance. Pero no basta.

Se requieren soluciones radicales para limpiar el sistema judicial de magistrados prevaricadores, obsesionados con acosar a las fuerzas del orden y proteger a delincuentes.

Persecución implacable, por Fernando Rospigliosi

La semana pasada se aprobó la ley que presentamos con José Cueto para precisar que el criterio de lesa humanidad solo está vigente a partir de su aprobación por el Congreso en 2002 y 2003. Es decir, no se puede aplicar retroactivamente.

Esto es algo obvio. Pero nada es evidente en el 

 dominado por los caviares, donde las leyes se retuercen y desnaturalizan para perseguir a sus adversarios -en este caso, militares y policías que derrotaron al terrorismo- y proteger a sus amigos. La irretroactividad de las leyes fue establecida como un principio inamovible en el derecho romano hace más de dos milenios, y así ha permanecido a lo largo de los siglos en Occidente. Menos en el 

Se ha utilizado la lesa humanidad abusivamente para perseguir a militares y policías por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años, cuando en el momento de cometidos los supuestos delitos, la ley establecía que prescribían a los 20 años.

Además, nunca ningún fiscal ni juez que usó ilegalmente ese criterio se dio jamás el trabajo de precisar por qué un supuesto delito era de lesa humanidad. Un homicidio, un secuestro o cualquier otro crimen, no califica como lesa humanidad, que se utiliza para definir transgresiones sistemáticas, generalizadas, monstruosas. Simplemente les dio la gana de calificar cualquier supuesto delito como lesa humanidad y eso bastó para perseguir y encarcelar a policías y militares.

La lesa humanidad no está definida en el código penal, por tanto, nadie podría usarla para procesar y sentenciar a alguien. Pero eso no importa si quienes la utilizan son los caviares y los herederos del terrorismo para perseguir y encarcelar a quienes derrotaron a esas hordas asesinas que pretendían esclavizar a los peruanos.

Hay que esperar que el Gobierno promulgue la ley lo más pronto posible. Pero ahí no terminará esto. Magistrados influidos o sometidos al poder de la mafia caviar se negarán a aplicar la ley, amparándose en las ilegales resoluciones de la CIDH o con cualquier otro pretexto. Deben establecerse normas claras para sancionar a magistrados prevaricadores que desacaten las leyes.

Otrosí digo. Ahora resulta que el Poder Judicial ha revocado el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata. Toda la farsa montada por los fiscales Rafael Vela y José Pérez se montó sobre las declaraciones de Jorge Barata, a quien se le permitió liquidar sus propiedades y llevarse hasta el último centavo de la fortuna que amasó aquí.

Demás está decir que no pasó un día en la cárcel, jamás allanaron su casa rompiéndole la puerta de madrugada. Ni a él ni a ningún funcionario de Odebrecht. Peor aún, esa empresa vendió sus activos y se llevó el dinero, pagando una suma irrisoria de reparación civil, mientras sus cómplices oenegeros tendían cortinas de humo en los medios amigos diciendo que era una “empresa reformada”.

Todos los magistrados que perpetraron esa gigantesca estafa al país, y sus cómplices mediáticos y oenegeros, siguen libres y activos.

Reparando injusticias, por Fernando Rospigliosi

Por fin un ministro del Interior está tomando medidas para investigar el desempeño de la Diviac, convertida en policía política al servicio de la mafia caviar. Esa unidad policial ha manejado un descomunal presupuesto de gastos en efectivo, 72 millones de soles, más que ninguna otra en la PNP. Y ya se están empezando a descubrir algunas de las muchas tropelías cometidas en el manejo oscuro de esos fondos.

Por ejemplo, la compra ilegal de un equipo de interceptación en México por un millón doscientos mil soles, equipo que después desapareció. (Expreso, 27/6/24).
O el secuestro simulado del mayor Edgar Mesía, donde desaparecieron laptop, celulares y documentos con información de “una compra sobrevalorada en la Diviac”, denunciado en el programa de Milagros Leyva en Willax (26/6/24).

La Diviac fue creada y mantenida como una División -y no como una Dirección- porque tenía nombre propio, Harvey Colchado, el esbirro de los caviares.
Una Dirección -como Dircote, antiterrorismo, Diroes, operaciones especiales o Dirincri, investigación criminal- es dirigida por un general PNP. Y como el esbirro es coronel, tenían que mantenerla como División para que pudiera manejarla año tras año, lo cual también constituye una ilegalidad (son solo 2 años).

Dicho sea de paso, el esbirro también fue ascendido irregularmente por los caviares a coronel por “acción distinguida”, por su supuesta participación en la operación Chavín de Huántar, a pesar que todos los que realmente participaron en ella saben que no es cierto.

Es decir, por la cantidad de efectivos, por su enorme presupuesto, por su despliegue nacional, la Diviac es similar o mayor que una Dirección de la PNP, pero se mantuvo como División para permitir que siguiera en manos del esbirro. Tuvo nombre propio desde el comienzo, algo totalmente inaceptable.

Ahora que el esbirro está suspendido, se ha encargado la jefatura al coronel Franco Moreno, un oficial que denunció falsamente a 60 policías por integrar un supuesto escuadrón de la muerte. Varios han sido sentenciados injustamente a penas de hasta 35 años por haber abatido a delincuentes (el caso está en apelación ahora).

El asunto es que el hermano del coronel Franco Moreno, un teniente PNP, fue abatido en un enfrentamiento con efectivos de la SUAT cuando, en compañía de otros policías y delincuentes comunes, intentaban secuestrar a un empresario en Puente Piedra el 2012 (un efectivo SUAT, Jhon Ataucuri, quedó herido y lisiado en ese enfrentamiento).

A partir de allí empezó una campaña de denuncias contra los policías de la SUAT e inventó la historia del escuadrón de la muerte. Los caviares en el Mininter, en el 2016, avalaron esa versión y empezaron a perseguir policías, aliados con fiscales y jueces. (Ver en esta página, “Policías perseguidos”, 13/11/23).
Ese es el actual jefe de la Diviac.

En suma, hace bien el Mininter en investigar el desempeño y el sospechoso manejo de fondos de esa unidad que es, en la práctica, una policía política instrumentalizada por la mafia caviar.

Policía política, por Fernando Rospigliosi

Un día como hoy, hace 55 años, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria (Decreto Ley 17716), una de las medidas más importantes del proyecto socialista de ese régimen. El resultado fue un fracaso total y absoluto. Arruinó completamente el campo peruano, propició una descontrolada migración a las ciudades y favoreció, una década más tarde, el surgimiento y la expansión del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL).

Los comunistas, socialistas y caviares, expertos en falsificar la historia, como no pueden refutar un hecho incontrovertible, la ruina del agro peruano a causa de la malhadada reforma, pretenden hacer creer que gracias a ella el terrorismo no se propagó con más fuerza, cuando en realidad ocurrió lo contrario.

La reforma velasquista destruyó el orden tradicional y no lo sustituyó con nada. Ahí es donde aparecen SL y el MRTA para llenar ese vacío.

Como dice el sociólogo Giovanni Bonfiglio, el orden tradicional, paternalista o vertical “fue eliminado sin ser reemplazado por uno alternativo. (…) El vacío de poder trató de ser llenado por fuerzas disruptivas que ofrecieron poner orden, cosa que demandaban los campesinos y ex socios de empresas asociativas, sobre todo los más pobres.” (“Las empresas de la reforma agraria peruana 40 años después”, 2019).

El caos y la caída de la producción creada en el campo por la reforma velasquista fue, pues, el ambiente propicio para la expansión de los grupos terroristas. También los campesinos migrantes en las ciudades, desarraigados y sin medios de subsistencia, fueron terreno fértil para la infiltración de las organizaciones terroristas.

La investigación de Bonfiglio abarcó 155 empresas, casi la cuarta parte de las 659 empresas colectivas creadas por la reforma agraria. Esas 155 fueron visitadas en 1978 por un equipo de investigadores (el trabajo quedó inconcluso pues no se culminó el informe final) y luego, en 2018, el autor volvió a examinar las mismas para comprobar lo que había ocurrido con ellas.

Comprobó que solo 5 subsistían, el 0.75% del total. Las otras habían sido disueltas y reestructuradas bajo diversas modalidades, “en las que el denominador común ha sido la parcelación de las tierras”.

Donde la resistencia a la colectivización se dio con más fuerza y triunfó, fue en “las comunidades campesinas, que se opusieron al intento de ser convertidas en cooperativas. Ello se dio en toda la sierra del país.”

Y agrega Bonfiglio que “el crecimiento del número de comunidades (más de 6000 en 2012) no significa un crecimiento o conservación del comunitarismo agrario, sino una forma de asegurar la propiedad de parcelas de tierra en un contexto de incertidumbre y crisis del Estado, apelando a la fórmula jurídica comunal de carácter protectivo que contempla la ´imprescriptibilidad e inembargabilidad´ de la tierra.”

En síntesis, el experimento socialista de Velasco empobreció al Perú, destruyó el agro y ayudó al surgimiento y expansión del terrorismo.

Fracaso agrario, por Fernando Rospigliosi

La junta de fiscales supremos, capturada nuevamente por la mafia caviar, ha publicado comunicados pretendiendo no solamente limitar la capacidad del Congreso para legislar, sino haciendo llamados subversivos a la movilización popular contra un poder del Estado.

Que partidos políticos, sindicatos o grupos diversos se manifiesten en contra o a favor del Congreso, que convoquen a marchas o plantones pidiendo la aprobación o derogatoria de una ley, es usual en el Perú o cualquier país democrático. Pero que el Ministerio Público (MP) lo haga, es una falta grave y muestra el nivel de politización y degradación en el que ha caído una importante institución estatal.

El MP es uno de los principales responsables de la crisis de seguridad que vive el país, cotidianamente los fiscales liberan delincuentes que han sido capturados por la policía después de trabajosas investigaciones y riesgosos operativos. No cabe duda que las irregulares atribuciones que le otorgó el nuevo Código Procesal Penal deben ser revocadas.

Para eso hay un proyecto de ley en el Congreso, que ya fue aprobado en comisiones, y que ahora debe ser discutido y votado en el pleno, para devolver a la Policía Nacional la investigación preliminar. Contra ese proyecto se ha pronunciado el MP, llamando a la insurgencia popular. Es decir, para mantener mezquinamente una mayor cuota de poder, están dispuestos a sacrificar la seguridad de los peruanos aterrorizados por una creciente ola delincuencial.

También intentan impedir que se apruebe la ley que restaura la legalidad, impidiendo que fiscales y jueces prevaricadores procesen y sentencien a militares y policías que derrotaron al terrorismo, aplicando ilegalmente el concepto de lesa humanidad que no estaba vigente en las décadas de 1980 y 1990, y que hasta ahora no ha sido tipificado en el Código Penal.

En este tema también se han sumado al coro los tentáculos de la mafia caviar internacional. La CIDH ha emitido, en 24 horas, una resolución con la que pretende ordenar al Congreso que paralice el debate de la ley aprobada en primera votación. Por supuesto, esa disposición es inaceptable. La CIDH no tiene competencia alguna para interferir en la labor legislativa del Congreso.

Además, los pretextos que aduce ese organismo politizado y desacreditado, son absurdos. Los casos Cantuta y Barrios Altos fueron sentenciados y no tienen nada que ver con el proyecto en mención.

No obstante, al parecer por presiones del gobierno de Dina Boluarte, el presidente del Congreso impidió que se sometiera a votación antes del fin de la legislatura el sábado pasado. También esa camarilla de fiscales supremos se ha pronunciado contra el proyecto que pretende instaurar una carrera meritocrática con una Escuela Nacional de la Magistratura, interfiriendo otra vez ilegítimamente en una atribución del Congreso.

En suma, esa pandilla de fiscales supremos, es el brazo que la mafia caviar utiliza para atacar a los poderes del Estado elegidos por voto popular, en los que ellos han perdido casi toda influencia. El Congreso debería tomar las medidas necesarias.

Injerencia inaceptable, por Fernando Rospigliosi

La ley aprobada en primera votación en el Congreso restaura la legalidad y repara una injusticia. Durante años, magistrados politizados y prevaricadores han utilizado ilegalmente la norma de lesa humanidad para perseguir, procesar y sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo e impidieron que el pueblo peruano fuera esclavizado por esas hordas criminales.


El Estatuto de Roma y la Convención sobre crímenes de guerra y lesa humanidad fueron aprobados en el Congreso en 2002 y 2003 y solo pueden ser aplicados a partir de esa fecha porque las leyes no son retroactivas.


La Constitución establece que “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista por la ley.” (Artículo 2º. También el artículo 103º.).
El propio Estatuto de Roma (artículo 24º) dice que solo es aplicable a partir de su aprobación. Lo mismo dice el Código Penal.


No obstante, fiscales y jueces prevaricadores utilizan ilegalmente la lesa humanidad para acusar a militares y policías por supuestos delitos que, según las normas vigentes en la época, ya superaron el plazo de prescripción de 20 años.
Por ejemplo, al nonagenario general Marciano Rengifo y 27 militares y policías, un fiscal de Apurímac los acaba de acusar por un supuesto delito ocurrido en 1988, hace 36 años.
La ley aprobada pretende acabar con estos abusos.


Además, como precisó el congresista Roberto Chiabra, para calificar un delito como de lesa humanidad deben concurrir 4 elementos: sistemático, generalizado, que obedezca a un plan y que los que participen lo conozcan. Algunos excesos que pueden haberse cometido, no califican como lesa humanidad, agregó.


Por supuesto, los magistrados prevaricadores solo utilizan una fórmula, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, para perseguir ilegalmente a los miembros de las fuerzas del orden, pero jamás se dan el trabajo de demostrar que, en los supuestos delitos de los que se ocupan, hayan concurrido los 4 elementos indispensables para calificar los delitos como lesa humanidad.


Por su parte, el congresista José Cueto, coautor del proyecto, señaló la responsabilidad de las ONG, que viven y obtienen dinero del extranjero para perseguir a militares y policías, en la campaña para estigmatizar a aquellos que ofrendaron su vida en defensa del país, y blanquear a los terroristas comparándolos con los defensores de la democracia.


En suma, la ley aprobada no prescribe los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, sino establece que esa norma no es retroactiva y no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia.


Los herederos, cómplices y seguidores del terrorismo pretenden seguir acosando a los que derrotaron a SL y MRTA no solo por venganza, sino para dar una señal: aquellos que enfrenten con valor y decisión al terrorismo -y hoy a la delincuencia y crimen organizado- serán perseguidos eternamente.
Hay que derrotarlos, otra vez.