Abogado

Javier Espinoza Escobar

A pesar de los “avances” que se han experimentado desde la entrada en vigor de la Ley Universitaria 30220 y la implementación de la SUNEDU, persisten una serie de problemas que requieren urgente atención. Uno de estos problemas tiene que ver con los docentes universitarios. Como lo precisa la Ley, sus funciones incluyen la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria. Con estas -se espera- que contribuyan al cumplimiento de los fines de la universidad.

Sin embargo, todas estas funciones se realizan en un marco de precariedad laboral, con jornadas de trabajo extenuantes, bajas remuneraciones y un ambiente laboral en el que se priorizan los números sobre la calidad de la labor académica. De esta forma, se produce una persistente vulneración de sus derechos fundamentales.

La Ley Universitaria 30220 permite la contratación a plazo fijo sin mayores límites, lo que resulta en una inestabilidad laboral crónica. Esta situación desincentiva a las universidades a fomentar una verdadera carrera docente universitaria y expone a los docentes a constantes vulneraciones de sus derechos laborales. La falta de estabilidad en el empleo implica que cualquier docente que ejerza su derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva o a la huelga, o que simplemente se oponga a decisiones administrativas cuestionables, corre el riesgo de no ver renovado su contrato.

La exigencia de cumplir con tareas de docencia, investigación, proyección social y gestión universitaria lleva a muchos docentes a trabajar más allá de la jornada establecida, afectando su derecho al descanso. Esta sobrecarga laboral no solo compromete la salud física y mental de los docentes, sino que también impacta negativamente en la calidad de la educación que pueden ofrecer.

Las bajas remuneraciones son otro problema crítico. A pesar de la alta carga laboral y las múltiples responsabilidades, los sueldos de los docentes universitarios en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, no reflejan adecuadamente su labor. Esta situación es aún más grave en las universidades públicas, donde las restricciones presupuestarias y la falta de inversión en educación superior agravan la condición del docente. La remuneración insuficiente no solo es una falta de reconocimiento a la importante labor que realizan, sino que también desincentiva la dedicación y el compromiso con la excelencia académica.

El ambiente laboral en muchas universidades se caracteriza por una cultura organizacional que prioriza la productividad y los indicadores cuantitativos sobre la calidad de la enseñanza y el bienestar de los docentes para conseguir acreditaciones y aparecer en los rankings. Esta situación genera un clima de presión constante, donde el éxito se mide en términos de números y publicaciones, y no en la formación integral y el desarrollo de los estudiantes. Esta cultura de productividad excesiva no solo deshumaniza la labor docente, sino que también mina la vocación y el entusiasmo de los académicos.

En conclusión, la situación de los docentes universitarios en el Perú es alarmante y requiere una atención inmediata y decidida. Es necesario que las autoridades competentes y las propias universidades tomen medidas concretas para garantizar condiciones laborales dignas, estables y justas para los docentes. Solo así se podrá construir una universidad de excelencia que no solo forma profesionales competentes, sino que también respete y valore a quienes, con su dedicación y esfuerzo, hacen posible la educación superior en nuestro país. La lucha por los derechos fundamentales de los docentes universitarios es, en última instancia, una lucha por el futuro de nuestra educación y de nuestra sociedad en su conjunto.

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