Analista político y ex GEIN

José Luis Gil

Indudablemente casi todas las acciones del gobierno de la presidente Dina Boluarte tienen una fuerte tendencia de mediocridad, ingratitud e ignorancia, que comparte con entusiasmo con sus “asesores” quienes tienen una “ceguera” impresionante cuando se trata de plantear estrategias para beneficio del país. En el plano económico, si no fuera por el verdadero capitán del barco, el presidente del BCR, Julio Velarde, quien ha sostenido férreamente el timón económico del país, iríamos directamente al abismo de manera paralela con la criminalidad transnacional. Felizmente, don Julio ha sabido imponerse y no lo conmueve el poder, pero es capaz de irse si se atrevieran a tratar de “alinearlo” o “ajustarlo”.

Esa tendencia perniciosa hacia el “medio pelo” como aliarse con el impresentable César Acuña y otros, es alimentada cunado “castiga” a los pocos elementos de excelencia que, por “casualidad” y hasta a regañadientes, eligió como parte de su entorno para gobernar (premier, ministros o altos funcionarios), a quienes por razones siempre menores o de poca monta termina por “traicionarlos” o “perseguirlos” por puro prejuicio (alimentado por sus “felpudinis” palaciegos) que envenenan esa pobre alma que cree que todos le quieren hacer daño. Su entorno quiere eso, pero no se da cuenta. Muy tarde.

El primero de la lista que salió chamuscado en menos de un mes de gestión fue el reconocido analista de temas de seguridad Juan Carlos Liendo O’Connor, con quien, pese a mis profundas discrepancias técnicas con este, no podemos dejar de reconocer su valía, experiencia y conocimientos en materia de seguridad exterior básicamente, y quien fue designado como Director de la DINI, el máximo Organismo de Inteligencia del país. A los pocos días de asumir el cargo, la señora simplemente lo defenestró de los predios de chorrillos sin mayores explicaciones, consumándose un tremendo maltrato para este funcionario.


Otra de las víctimas de las furias palaciegas de doña Dina, fue prescindir abruptamente del excelente representante que teníamos en el plano internacional, el Canciller Javier Gonzales Olaechea, a quien recordamos por su memorable defensa de los fueros nacionales en sesiones caviarizadas de la OEA. En la lista sigue el general PNP Roger Arista Perea (quien relevó a Juan Carlos Liendo O’Connor en la DINI) que duró casi un año con un verdadero asesoramiento en materia de inteligencia. La experiencia, seriedad e integridad de este oficial parece que no sirvieron de nada, porque cuando su “maquinaria” de asesores “presintió” una fantasía de “traición”, le “pasaron el tractor” y lo hicieron caer en “desgracia”, logrando finalmente que lo saquen a la mala de la DINI. Con Arista, fuera de desconocidos entretelones entre Alberto Otárola y la presiente, salieron ambos expectorados a la mala, con amenazas de juicios y casi convirtiéndose en “perseguidos políticos” de la administración Boluarte (incluido su hermano Nicanor). Lamentablemente, Arista falleció ayer, pero vaticinó que muchos se irían presos cuando acabe el mandato de la señora Boluarte. 

Por último, el grotesco cambio del Ministro de Economía, José Salardi, un excelente profesional que estaba poniendo “la casa en orden” en materia económica y gozaba de la confianza del empresariado nacional. Claro, entre los mercantilistas de izquierda, no era popular, y al parecer, entre otras historias nada santas que se han pretendido esgrimir, es que este les ponía el parche para no dejarse mangonear en el tema del dinero. Salardi fue remplazado por alguien que calza perfectamente en un gobierno mediocre, Raúl Pérez Reyes, conocido por su “alto nivel” de ineficiencia. 

El único cambio que debemos agradecer al exministro Juan José Santivañez, es el cambio del ministro del Interior. El anterior MINNTER Julio Diaz estaba cuestionado tanto por su incapacidad para dirigir una cruzada de inteligencia para combatir el crimen, como por su relacionamiento pernicioso con la mayoría de sus colaboradores, quienes no podían soportarlo, según nos han contado. El nuevo ministro Carlos Malaver es un joven general en retiro, experto en lucha contra el crimen, mesurado, inteligente, estudioso y esperamos que sea capaz de lidiar con ese espíritu cainita de una presidente que ya viene signada con esas raras tendencias. Éxitos, señor Malaver, que Dios lo ayude, porque Dina, no creo. Sí se puede.

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Espíritu cainita del gobierno, por José Luis Gil

La criminalidad transnacional, con alto nivel de vesania, crueldad y ausencia total de escrúpulos, no solo está presente en el Perú, sino también en otros países sudamericanos (incluyendo los centroamericanos México y Guatemala), como Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela. Los métodos criminales utilizados en dichos países guardan muchas similitudes —en este campo no creemos en coincidencias—, tanto así que incluso permiten predecir con poca dificultad lo que podría suceder ante circunstancias similares.

Por ejemplo, jamás habíamos visto en el Perú decapitaciones o registros fílmicos de masacres, como sí ocurre en México, Venezuela y Ecuador. Tal vez por esta razón, en algunos casos nos permitimos inferir, con contundencia, lo que podría suceder en nuestro país en los próximos meses y años. A tener cuidado.

Uno de estos casos se dio en Ecuador el viernes 9 de mayo último, cuando un grupo de militares ecuatorianos fue emboscado en el sector de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, donde existen innumerables campamentos de mineros ilegales (una especie de Pataz peruano, pero en la selva de nuestros vecinos del norte). En dicho ataque fueron asesinados once soldados y abatido uno de los criminales. Quienes habrían atacado la patrulla militar serían, según las autoridades de ese país, disidentes de las FARC de Colombia, que ya estarían en ese territorio y sienten la "amenaza" de un Estado que viene con todo contra la minería ilegal. En cualquier caso, ha quedado confirmada la idea de que se trata de organizaciones criminales que ya han cruzado la valla de la soberanía nacional. El cambio de la “matriz criminal” (del narcotráfico al oro ilegal) se inició hace buen tiempo, y este hecho lo comprueba.

En nuestro país, el asesinato de trece personas de seguridad de la empresa R&R en un socavón de las concesiones de la minera La Poderosa, con filmación incluida, demuestra ese nivel de vesania que no existía antes en el Perú. Por lo tanto, nos permite inferir que también podría tratarse de organizaciones criminales extranjeras que estarían en plena “guerra por territorios” (o por túneles). Si bien ha sido acertada la medida de la presidenta Dina Boluarte de declarar el estado de emergencia, imponer toque de queda y militarizar la zona —poniendo a las Fuerzas Armadas bajo control territorial (salvo el error de suspender las actividades mineras legales)—, también es cierto que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarían en peligro de ser atacadas por estas organizaciones criminales, si sienten que dicha medida limita su voracidad por el oro y su violencia contra inocentes. A tener cuidado en la zona: a este tipo de criminales no les interesa nada.

Por ello, en diversos foros hemos planteado que se declare a estas bandas como organizaciones terroristas internacionales, lo cual permitiría aplicar el estado de sitio por un periodo determinado —sostenido en el argumento constitucional de que este estado de excepción se aplica, entre otros, en caso de invasión— y perseguirlas como invasores hasta neutralizar o eliminar la amenaza. Si se puede.

Guerra declarada (por criminales), por José Luis Gil

En una ilustrativa entrevista a un medio televisivo, Agustín Laje, un escritor, conferencista y politólogo argentino, un conservador a todas luces, expresó que en el fondo los peruanos desarrollábamos el modelo “anarcocapitalista” y que “no importa quién gobierne porque el mercado funciona y rige el destino de los peruanos, incluso el mercado informal es lo más importante que esta gente tiene. Es más, el peruano puede funcionar sin gobierno si quiere”. Gruesas premisas que hay que tomar en cuenta porque de alguna manera ha descrito una realidad, que si bien no nos hace formalmente “anarcocapitalistas”, por lo menos se parece mucho a la situación económica que vivimos.

El Perú, según el Informe Trimestral del Mercado Laboral Situación del Empleo de Junio del 2024 del INEI, menciona que, en el primer trimestre de 2024, a nivel nacional, la PEA ocupada ascendió a 17 millones 159 mil personas y que la tasa de empleo informal se ubicó en 71,2% en el periodo abril 2023-marzo 2024, así como refieren que la tasa de empleo formal fue de 28,8% en dicho periodo. Esto indica claramente que casi 12 millones de personas en el Perú trabajan de manera informal, quienes de una u otra manera son totalmente influyentes en el mercado y el movimiento de capitales.

Como vemos, esta situación tiene mucho de parecido al “anarcocapitalismo” cuyo concepto dice que “es una visión extrema del capitalismo de libre mercado, donde el Estado y su poder coercitivo son eliminados por completo (o sea, los impuestos), reemplazados por la competencia y la voluntariedad en el mercado”. Y eso es lo que hacen los trabajadores informales en el Perú desde hace más de tres décadas. La inventiva de los peruanos, la necesidad de sobrevivir por debajo de las tormentas políticas (cambios de gobierno y golpes de Estado), de fenómenos criminales (como el terrorismo de SL y MRTA de los 80 y 90 y el secuestro) y del descuido, el desdén y la corrupción generalizada, hicieron que “se inventen su chamba” fuera de las “garras” de un Estado usurero e indolente.

Ellos establecen sus propias reglas, no pagan impuestos (a pesar los infructuosos esfuerzos por formalizarlos), establecen sus propias reglas del mercado y regulan sus precios. Por eso mucha población prefiere lo informal de lo formal (piratería, por ejemplo) y sobreviven a los gobiernos de turno sin importar de qué corriente ideológica o política provienen. Por mala suerte hoy esta informalidad o “sacha-anarcocapitalismo” popular peruano, está bajo amenaza, en la mira, pero no del Estado desmemoriado, sino, del crimen organizado transnacional. Ellos ya se dieron cuenta que la informalidad en el Perú, la mayor de Sudamérica, genera recursos frescos, dinero circulante que pueden arrebatar sin trazabilidad posible. Hoy, la sobrevivencia de los informales está en peligro doblemente, es decir, por el olvido del Estado y la amenaza criminal.

Es por eso que cuando hablamos de informalidad minera, por ejemplo, debemos separarlos de los mineros ilegales, de aquellos que sin ningún proceso de formalización se alían con bandas criminales para que los recursos auríferos o económicas obtenidos a sangre y fuego, no vayan en beneficio del trabajador, sino, a las arcas criminales de las organizaciones que ya están en el país.

Esperamos que un buen número de trabajadores informales tomen conciencia de esta nueva situación y que el Estado entienda también que no debemos perseguir ni castigar a quienes quieren producir con su esfuerzo y trabajo, haciendo que el principal persecutor, la SUNAT y todos aquellos entes sin visión de desarrollo, alienten el trabajo formal porque de ello dependerán muchas vidas y la estabilidad del país. Sí se puede.

El anarcocapitalismo peruano, por José Luis Gil

¿Se viene un zafarrancho electoral? Hasta el momento todo pinta mal. Las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) presentaron ante el Congreso de la República una kilométrica e inverosímil cédula de votación para las elecciones generales del 2026, en el que participarán 42 organizaciones políticas y aproximadamente 10 mil candidatos, entre los que se elegirá 198 nuevas autoridades entre presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores, y 5 parlamentarios andinos. Esto se realizará en 93 mil 650 mesas de votación distribuidas en 11 mil 286 locales. Solo en 2021 se presentaron mas de 20 partidos políticos, y hoy, se ha duplicado esa “oferta”. Un desastre.

Esta nueva situación, como es obvio, anuncia una confusión monumental y generalizada, y por qué no, hasta una situación de alto riesgo que se puede prestar para un fraude electoral que podría ser perpetrado por quienes ven una “oportunidad” en esta anómala situación de confusión para “pescar a rio revuelto” y tratar de favorecer a sus partidos o candidatos. La vigilancia ciudadana a través de los partidos organizados y serios (suponemos que existen), deberían estar midiendo este fenómeno para tender una “telaraña” partidaria capaz de poder detectar mínimos movimientos que pretendan desviar la voluntad popular. Todos aquellos que creemos en la democracia, debemos convertirnos en estos tiempos de alta incertidumbre en permanentes vigilantes del proceso electoral que se viene.

Preocupa además que, frente a la grave situación de inseguridad ciudadana, la “oferta anticriminal” de los ansiosos 10 mil candidatos, diluyan con acelerada “creatividad”, la verdadera importancia del tema porque se corre el riego que por desesperación de ganar votos, los 10 mil candidatos ofrezcan “el oro y el moro” a sabiendas que no podrán cumplir, para decepción y frustración de los votantes quienes por enésimas vez serían engañados y utilizados. Las consecuencias posteriores de este desgaste con engaño serán nefastas.

Por otro lado, esta “sobreoferta” contra la inseguridad promoverá una “competencia” entre candidatos que en muchos casos podrían estar financiados por organizaciones criminales ligados al narcotráfico, a la minería y tala ilegal, la trata de personas y otras “economías criminales”, que ante el menor atisbo de perder la elección, pueden decidir “terminar” con los candidatos contrincantes utilizando métodos criminales como el secuestro, el sicariato, el amedrentamiento y otros para neutralizarlos y desplazarlos. Esto ya viene pasando en países como México, Ecuador y Colombia, y siendo el Perú un país que está adoptando formas criminales de estos países, no es difícil inferir que esto podría pasar en nuestro país también.

Es deber de los dirigentes de los partidos políticos, trabajar de manera responsable y bien informada una campaña interna para educar a sus candidatos y darles alternativas de discursos que no los ponga en riesgo y que por el contrario, generen opinión favorable en las otras problemáticas del país o de su región. Se debe hilar fino a pesar de las circunstancias porque de no hacerlo lamentaremos el derramamiento de sangre en el que se podrían convertir estas elecciones. Desde esta columna hacemos un llamado a los partidos políticos, sus líderes y dirigentes, para tomar conocimiento de la magnitud del fenómeno criminal que asecha al país y de cómo debemos guiarnos en unas elecciones tan complicadas y sui generis como la de estos tiempos, ¡Sí se puede!

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Criminalidad y elecciones 2026, por José Luis Gil

No ha pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que la excongresista Rocío Silva Santisteban (RSS) defendía con fiereza, en 2020, la postura contraria a que los miembros de la Policía Nacional del Perú hagan uso de sus armas. RSS escribía en su cuenta de Twitter —hoy X—, el 28 de marzo de 2020, lo siguiente: “Hoy se publicó la Ley 31012, sobre protección policial, que exime de responsabilidad penal a la PNP en caso de uso de armas. Es inconstitucional porque no respeta la proporcionalidad del uso de la fuerza. Es la ley del gatillo fácil y permite tácitamente el abuso policial”. Ese era su talante antipolicía y pro violencia. Luego, toda la izquierda repetía como loro “gatillo fácil” para denostar a la PNP. Hoy deben estar llorando a mares por esta norma que defiende al país.

Por otro lado, ayer por la noche, durante el “Cuarto de guerra” en el que participa la presidenta Dina Boluarte con los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras autoridades, le informó al país que se estaba promulgando la ley que autoriza a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a usar sus armas de fuego en casos de flagrante delito. Dijo también que “la democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen. Esta ley marca un antes y un después. Es el primer gran paso para proteger a nuestra policía y, con ello, restablecer el verdadero Estado de derecho”. Como es obvio, esta norma es el mejor antídoto contra la infiltración progre o caviar en el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes habían hecho un “deporte nacional” el encarcelamiento de miembros de la policía que usaron sus armas para repeler a criminales indeseables.

Hoy estamos viendo que la evolución criminal sigue imparable su ruta hacia la toma de control de diversas zonas donde hay economías informales o ilegales, como en el caso de Pataz, en La Libertad, por el tema del oro. Estas provocan enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, a quienes hay que proteger con una norma como la aprobada. Otro tema recurrente que nos debe preocupar sobremanera es el haber puesto en evidencia que son los menores de edad quienes integran bandas y grupos de sicarios que cometen crímenes atroces. Es bueno recordar que la “vicaria” del caviarismo, Rosa María Palacios, escribió también en su cuenta de X: “La última gran idea del Congreso es meter presos a Lurigancho a criaturas”. Bajo las nuevas circunstancias de crímenes cometidos por estos menores de edad, nos gustaría saber si RMP estaría dispuesta a darles alojamiento a esas “criaturas” criminales que tanto defiende.

Es por eso que debemos insistir en que, así como se acaba de aprobar la norma para que el policía pueda defender a la sociedad de los criminales sin ningún temor, también debemos impulsar con mucha energía que se apruebe la norma que judicializa como adultos a los menores que cometan crímenes tan horrendos como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la colocación de explosivos, las mutilaciones de secuestrados y otros. Basta ya de “invocar” normatividad internacional que sabemos ha sido hecha con sesgo ideológico caviar para relativizar a la fuerza pública.

Hay tareas pendientes para el Congreso en la lucha contra la criminalidad, para que haya un acompañamiento real, efectivo y eficaz a la Policía Nacional en su denodado trabajo diario para capturar a las bandas. Esperamos que pronto se sigan aprobando normas pendientes, como declarar a las acciones de la criminalidad organizada transnacional como terrorismo, haciendo solo ajustes a las leyes antiterroristas existentes y así actuar con mayor firmeza. ¡Sí se puede!

Los “chiquillos” con “gatillo fácil”, por José Luis Gil

Cada vez son más perturbadoras las acciones grotescas del Ministerio Público contra la democracia de nuestro país. No ha sido suficiente para ellos fracasar en sus deberes contra la empresa más corrupta de la historia del Perú, Odebrecht y otras, cuyas consecuencias son la pérdida de recursos económicos en perjuicio del país. Sin embargo, hoy vuelven a la carga iniciando pertinaces “indagaciones” (en el fondo, persecuciones político-judiciales) contra partidos políticos y algunos líderes, como si su consigna fuera arrasar o debilitar las elecciones para favorecer a sus aliados progres o caviares. Para esto no fue creada la Fiscalía.

Hoy podemos decir que el Ministerio Público ya no es un organismo “independiente” en “pleno” desarrollo, sino, un ente en un serio proceso de mutación. Es decir, si todos caímos redonditos en creer que cambiando sus funciones de la Constitución de 1979 que decía “Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial” (Art. 250-5 CP 1979) por “Conducir desde su inicio la investigación del delito” (Art. 159-4 CP 93) y que con eso se mejoraba la calidad de los procesos penales, pues nos equivocamos de cabo a rabo, porque para eso no sirvió, sino, para ser parte de una monstruosa estrategia de la mafia caviar para manejar uno de los hilos del poder: El sistema de justicia.

La “mutación” no vino sola, al contrario, vino acompañado de instrumentos jurídicos, como el garantista Código Procesal Penal, que no es sino una burda alienación esparcida a nivel mundial, como si se tratara de un sistema “plano” para todos los países y que solo trajo abusos del derecho, cambios en los procedimientos y relativización de la labor investigativa, del pesquisa de la Policía Nacional del Perú, reduciéndola casi a ser simples secretarios de los “mandatos fiscales”, cada vez mas disparatado.

Todo eso tuvo consecuencias, el indudable crecimiento exponencial de la criminalidad en el Perú, cuyos inicios justamente datan de la entrada en vigor del CPP en el 2024. Los números, las estadísticas del aumento criminal en todas las plataformas, no mienten. La intromisión vino en los temas operativos como son el manejo de fuentes humanas para enajenarlos como procedimiento convirtiéndolos en “colaboración eficaz” como centro de investigación y la “detención preliminar” sin previe inteligencia como medida efectista. El principio de “Investigar para detener” fue deformado para regresar al “Detener para investigar” de los fiscales. Las víctimas mas “notables” de la monstruosa mutación, han sido líderes políticos, partidos, militares y policías, entre otros.

Ya no es un secreto la perversa infiltración progresista o caviar en las filas y los pasillos del Ministerio Público, los hechos revelados por la prensa independiente, las redes sociales, y las propias investigaciones que algunos jueces y fiscales independientes que aun existen, así lo demuestran. Las noticias sobre esta institución solo revelan el miasma de una organización putrefacta en ciertas partes de su cuerpo que debe ser extirpados por la democracia y las leyes sin miramiento alguno.

Es momento que el país entero reclame al poder Legislativo, a la Junta Nacional de Justicia y a cuantos entes oficiales corresponda, que se arranque de raíz a la costra purulenta de fiscales supremos y superiores que hay en la fiscalía y que nada bien le hacen al país en estas circunstancias de grave crisis de la macro criminalidad transnacional y las elecciones generales que se avecinan. Saquemos de una vez por todas la ineptitud y la maledicencia del local de la avenida Abancay, adecentémosla, purifiquémosla y que en plazo inmediato se pongan a trabajar. Sí se puede.

Fiscalía mutante, por José Luis Gil

Ante la terrible crisis institucional del Sistema de Justicia en el Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público, planteamos a la Presidente Dina Boluarte que invite 5 o 7 exmiembros del tribunal constitucional para conformar una Comisión de Alto Nivel dándoles el encargo de elaborar los proyectos de las nuevas leyes orgánicas de ambas instituciones, adecuándolas a las demandas de estos tiempos. Sería ideal que esta acción sea respaldada por los congresistas, quienes al parecer no están viendo el bosque, sino, un árbol llamado Santivañez.

La propuesta surge por el hecho que nunca habíamos visto tal nivel de politización e incapacidad en el Ministerio Público, sino hoy cuando verificamos que tanto sus actos como sus resultados los convierte en los principales responsables de la ola criminal en el Perú. No es que estas características perniciosas de los fiscales deriven en documentos o resoluciones retóricas, no, se convierten en calles teñidas de la sangre de ciudadanos inocentes asesinados a manos de los criminales que fueron detenidos una y otra vez por la policía y liberados una y otra vez por abogados mediocres con medalla y disfrazados de autoridad jurisdiccional. La incapacidad profesional se ha apoderado de la mayoría de los fiscales.

Otra de las razones para este planteamiento, es que sería el antídoto contra la influencia caviar, quienes con su estrategia de debilitamiento de la fuerza policial, metieron la mano al sistema de justicia trastocando componentes legales (pasar de ser un sistema inquisitivo por uno garantista de acuerdo a la moda caviar mundial) se infiltraron para cambiar en los artículos de la Constitución de 1993 que le aumenta funciones a la fiscalía dándose facultad de “conducir” la investigación del delito sin aclarar que dicha “conducción” era jurídica. Hay que ver nomás el empecinamiento fiscal en no cumplir la constitución, que incluso quieren desconocer el artículo 166 que dice: “la policía nacional previene, investiga y combate los delitos”.

Esta politización del MP que lo ha convertido en un instrumento de lawfare usado principalmente contra los “enemigos” ideológicos y políticos de la progresía. Para ellos, todo lo que se mueva en el frente derecho, lo llamado equivocadamente “facho”, tiene que ser “combatido”, encarcelado, desprestigiado, sometido y destruido para dar paso a su perversa ideología. Ese es el talante hasta hoy, que queda plasmado en este segundo allanamiento a la casa y el despacho por “abuso de autoridad” contra el ministro del Interior Juan José Santivañez. Una locura.

Y pensar que un sector de la derecha está prestándose al juego caviar de censurarlo, como si fuera el único o el verdadero responsable de la criminalidad. Una pena que esa inducción sicológica “armani” caviar haya hecho caer a los más pintados analistas o políticos del país. Corresponde entonces una reforma del sistema de justicia, y esta Comisión de Alto Nivel que planteamos es una alternativa para el país. Sí se puede.

La urgente reforma del Ministerio Público, por José Luis Gil

El viernes 7 de marzo recordamos con indignación que hace 28 años se publicó una de las portadas más infames del periodismo peruano escritas en el pasquín llamado La República. Pero además el contenido traicionero de la frase “El túnel sí existe”, revelaba una supuesta complicidad no declarada del medio con los terroristas del MRTA, quienes el 17 de diciembre de 1996 bajo el mando del cabecilla terrorista Nestor Cerpa Cartolino y otros 14 delincuentes, irrumpieron en la residencia del Embajador Japonés y secuestraron a más de 800 de personas que participaban de una reunión por el 63 aniversario del nacimiento del emperador Akihito.

La imagen de un país viable para las inversiones que el presidente Fujimori se había encargado de poner en el plano internacional con el bien ganado prestigio de la captura del terrorista Abimael Guzman Reinoso a manos del GEIN-DIRCOTE-PNP, se vino por los suelos con este hecho criminal del MRTA, poniendo en cuestión la seguridad no solo en el Perú, sino en la región sudamericana. Como es obvio, los países empezaron a mirar con recelo la posibilidad que el Perú sea un país viable con semejante problema terrorista en su territorio.


Como ha sido de público conocimiento, el “buenismo” de Cerpa y su pandilla se dio especialmente en dejar en libertad a todos sus primos ideológicos de izquierda e “intelectuales” progresistas o caviares como Francisco Sagasti y Toledo, entre otros, a diplomáticos europeos con la finalidad que ayuden en las negociaciones que habían planeado, incluso la madre del presidente Fujimori que pasó desapercibida por los delincuentes, quedando en cautiverio 72 rehenes durante 126 días.


Pese al problemón generado por los “martacos”, se empezaron a tejer diversas estrategias para someter a los terroristas y liberar a los rehenes que quedaron. La Policía Nacional así como las FFAA con el apoyo de diversas agencias de inteligencia del mundo, como de EEUU, Canadá, Inglaterra, Japón y otros, proporcionaron una serie de metodologías e instrumentos para el análisis de los restos recogidos de la embajada tomada y tener mayores luces sobre las posibilidades de introducir micrófonos al interior. En una primera etapa esta labor de inteligencia la tuvo un equipo especial de DIRCOTE usando crucifijos, guitarras y otros.


Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori había sido convencido de una salida militar, de una intrusión, que si bien es arriesgada, tal vez era la única salida ante la intransigencia de los terroristas, y por eso planearon la construcción de un sistema de túneles para poderlos atacar con sorpresa y con un menor costo social. El plan iba viento en popa, incluso para reducir algún ruido producido por las excavaciones, se pusieron parlantes con música y mensajes como parte de las operaciones psicológicas.


Grande y desagradable fue la sorpresa cuando el día 8 de marzo de 1997 apareció esta infausta portada de La República anunciando con bombos y platillos, poniendo en alerta y confirmando al enemigo terrorista, que pronto serían atacados por los túneles que se estaban construyendo, siendo una de las más grandes traiciones a los rehenes, al pueblo peruano y por qué no decirlo, a todos quienes sufren el embate terrorista en el mundo. El Perú jamás olvidará la traición del pasquín La República y de sus repudiables dirigentes. Claro que hubiera sido diferente, hubieran guardado silencio, si Sagasti y sus primos ideológicos hubieran tenido la valentía de quedarse con todos los rehenes, pero fueron presa de su propia cobardía que los llevó a sonreírles nerviosamente a los terroristas y hasta pedirles una “constancia de secuestrado”.


Algún día la historia y el pueblo peruano verá fenecer este pasquín mísero y criminal de La República por esta alta traición a los peruanos, algún día terminarán en los excusados de la historia. Honor y Gloria a nuestros hermanos de Chavin de Huantar que a pesar de haber sido delatados por La República, que aumentó el riesgo, hicieron el encargo que el país les dio, defender la vida de los secuestrados y salvar al país de este flagelo llamado MRTA.

“El túnel Sí existe”: La traición, por José Luis Gil

El 28 de febrero, Gustavo Gorriti dio una entrevista al diario La República y entre diversas expresiones dijo: “Nos gobierna una pequeña costra infecta, que logra hacerlo, a pesar de ser despreciada, porque no hay movilización”. Pese a que el controvertido personaje ha lanzado este comentario claramente contra sus enemigos políticos, la derecha, en general la gente percibe esta expresión como más cercana a las canteras de la progresía en el Perú. Porque es indudable que hoy, quienes se preciaban de ser la “reserva moral e intelectual” del país son en realidad esa capa putrefacta que la ciudadanía desprecia y que está integrada por funcionarios del Estado (fiscales, jueces, congresistas y otros), periodistas y ONG’s, todos pertenecientes a la presunta mafia caviar.

Cuando Gorriti dice “…porque no hay movilización”, reconoce que los ciudadanos ya no se prestan a la inducción a la violencia, a sus “cantos de sirena” de ser los “verdaderos demócratas” y que todo el resto son criminales. Por eso, las marchas, movilizaciones, “tomas de lima” promovidas por ellos, han fracasado estrepitosamente. Los caviares se han quejado de no tener “apoyo” social, incluida Rosa María Palacios, entre otras. Aun no entienden que su estrategia para apoderarse del poder del Estado que pusieron en marcha y que felizmente hoy se cae, les está golpeando en la cara como un boomerang.

Gorriti y su pandilla aun no han entendido que la población está cambiando.


 Si no, veamos lo que dice la publicación de Manuel Ruiz Huidobro y la encuestadora IEP, quienes en una medición publicada en diversos medios y redes sociales, revelan que las preferencias ideológicas o políticas por las tendencias de izquierda, derecha o centro han variado considerablemente desde enero del 2021 hasta la fecha. La medición indica que del 32% de simpatizantes de la izquierda en enero del 2021, hoy solo son el 29%; del 39% de preferencias que gozaba el Centro (o los caviares en buena cuenta), hoy solo tienen el 33% y bajando; asimismo, que del 29% de gente de derecha en 2021, hoy se ha elevado la preferencia por esta tendencia al 38%. Como vemos, la correlación de fuerzas está en pleno proceso de cambio.

Que no crea Gorriti que sigue siendo el “gurú” de la moral y la decencia, porque a la luz de los crímenes cometidos por sus protegidos, y lo siguen haciendo, en realidad son esa “costra infecta” de la que tanto se jacta en escupir a los demás. La situación se agravará para ellos cuando se limpie el sistema de justicia del Perú y hayan fiscales y jueces probos que los encarcelen por todo el daño hecho al país, más aún que ahora a nivel mundial se está descubriendo que esta era una super mafia que le metía la mano a los bolsillos al pueblo norteamericano, tanto para minar a “Gringolandia” como para financiar el caviaraje en todas partes de la tierra. Ampay caviares, plancha quemada, apechuguen su boomerang y soporten el desprecio ciudadano que está en crecimiento contra ustedes.

Hoy que los caviares han sentido la dura reacción de las fuerzas de la derecha a nivel mundial y local, nos queda unir todos los esfuerzos por contener su avance y resistir sus “manotazos de ahogado” en todos los campos. A estar atentos que el boomeran que lanzaron hoy les ha regresado con fuerza y deben ir camino a su destrucción. Sí se puede.

El boomerang progre, por José Luis Gil

Causa desazón mirar la manera en que los terroristas excarcelados no rehabilitados de Sendero Luminoso y el MRTA, disfrazados de políticos y activistas sociales, hayan avanzado orgánica y socialmente en nuestras narices, sin que al Estado y la sociedad se les mueva un cabello para enfrentarlos. Si bien el Congreso ha dictado normas para sacarlos de las escuelas públicas y privadas, y algunos han terminado en la cárcel por la operación “Perseo”, resulta insuficiente para el “trabajo” que los facinerosos vienen realizando en diversos sectores sociales que tienen las “condiciones” (ignorancia o afinidad social) para ser pasibles de ser reclutados con cualquier engaño. El “sendero” que se han trazado está vigente: la conquista de las bases para el socialismo.

Son en vano los esfuerzos de la DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú por demostrar al sistema de justicia que los terroristas que han vigilado, interceptado, seguido, detenido y encarcelado, todo con orden judicial, y que se ha probado su pertenencia a Sendero Luminoso, cuyo “organismo generado” o de fachada llamado “Movadef” los alberga, y los facinerosos alcanzan las calles y la libertad gracias al mal trabajo de los fiscales, la ignorancia o temor de algunos jueces o el exceso de legalismo de las autoridades jurisdiccionales quienes finalmente salen favoreciendo a aquellos que siguen dañando la mente y la vida de miles de peruanos.

El caso más indignante, entre otros tantos, es el de Rocío Leandro Melgar “camarada Cusi”, quien fue liberada la segunda semana de diciembre 2024 luego que se venciera el plazo de prisión preventiva. Ella está procesada por las violentas marchas en la región Ayacucho que llevaron a la toma del aeropuerto y al final trágico de 10 personas fallecidas. Esto demuestra que al parecer las autoridades se han olvidado que la “camarada Cusi” preside el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) el “organismo generado” o de fachada de Sendero Luminoso y que desde este ente pretenden aglutinar la mayor cantidad de “masa” para preparar asonadas, tomas de pueblos o de servicios estratégicos (activos críticos como aeropuertos). Inaudito.

La senderista ha logrado incorporar gremios y organizaciones sociales de Huamanga, que no necesitan que todos sean senderistas, pero vieron que necesitaban copar las juntas directivas y así lo han hecho. Es por eso que hoy controlan la actividad política en la región. El lunes capturaron la directiva de los Comités de Autodefensa (CAD) convirtiéndolo hoy en un nuevo “organismo generado” de Sendero, que seguramente muchos ni se enteran. Ahora tendrán mayor control y poder coercitivo sobre los gremios y organizaciones sociales. Toda la directiva de estos nuevos organismos son del Movadef regional, igual en los frentes de provincias, como Huanta, Parinacochas, Víctor Fajardo, Lucanas.

Es decir, el “trabajo de masas” senderista “goza de buena salud” ante la mirada atónita de los entendidos y el desdén del gobierno y de la propia sociedad. Nosotros mismos estamos permitiendo que Sendero haga lo que quiera con total impunidad. Por eso se tienen que reforzar los servicios de inteligencia para lograr ponerlos en evidencia nuevamente, pero que esta vez el sistema de justicia se ponga los pantalones y logre condenas reales para asegurar el futuro de nuestros hijos y de nuestro país. Sí se puede.