Keiko dice que recibe un Estado catastrófico. Pero la crisis no está solo en los ministerios: está en regiones donde la protesta antiinversión, los caudillos y la mala gestión sepultaron proyectos que podían cambiar la vida de millones.
La frase de Keiko Fujimori sirve para abrir la puerta, pero no para cerrar el diagnóstico. La presidenta electa dijo esta semana que le entregan el Estado “de manera catastrófica”, después de revisar los primeros informes de transferencia. Habló de un panorama desolador, de sectores deteriorados y de ministros que tendrán que exponer los hallazgos desde el 29 de julio. La escena es potente: un gobierno que todavía no jura y ya empieza a levantar la alfombra.
Pero el problema no está solo debajo de esa alfombra. Está también debajo de la tierra, en los ríos, en las carreteras bloqueadas, en los expedientes de irrigación, en los campamentos mineros, en los ductos abandonados y en las regiones que llevan años escuchando la misma promesa: esta vez sí llegará el desarrollo. El Perú no solo tiene un Estado catastrófico en Lima. Tiene una descentralización bloqueada en todo el territorio.
Esa es la deuda más grande con las provincias. Durante dos décadas se habló de llevar poder a las regiones, pero demasiadas veces se llevó presupuesto sin capacidad, autonomía sin gerencia y discurso sin motores económicos. El resultado fue una trampa perfecta. Las regiones recibieron más responsabilidad, pero no siempre mejores funcionarios. Recibieron más dinero, pero no siempre obras terminadas. Recibieron identidad política, pero no siempre hospitales, carreteras, agua, seguridad o empleo formal.
El Presupuesto 2026 resume la contradicción. El MEF informó que los gobiernos regionales y locales tendrán S/ 29,961 millones en gasto de capital, destinados a infraestructura vial, educativa, sanitaria, seguridad ciudadana y servicios básicos. Sobre el papel, eso suena a descentralización. En la vida real, el papel tiene una enfermedad conocida: no construye por sí solo.
La Contraloría ya había mostrado la otra mitad del problema: al 16 de setiembre de 2025, cinco gobiernos regionales —Áncash, Callao, Huánuco, Lambayeque y Tumbes— ejecutaban menos del 50% de los S/ 1,424 millones que tenían disponibles para inversión pública. Es decir, había dinero para cerrar brechas, pero el Estado regional no lo convertía en servicios. La descentralización, sin capacidad, termina siendo una mudanza del fracaso.
La provincia como campo de batalla
El Perú tiene una cartera minera de 67 proyectos distribuidos en 19 departamentos por US$ 64,071 millones. Cajamarca, Apurímac y Arequipa lideran ese mapa. No hablamos de una fantasía tecnocrática en una servilleta del MEF. Hablamos de la posibilidad concreta de crear empleo, canon, proveedores, infraestructura, energía, carreteras y poder económico regional.
Y, sin embargo, una parte de la política decidió convertir esos motores en enemigos. No lo hizo sola ni de la nada. Se montó sobre temores reales: agua, pasivos ambientales, consulta deficiente, Estado ausente, empresas que muchas veces llegaron tarde a explicar o mal a relacionarse. Esa fue la pólvora. Pero el ecosistema de la izquierda antiinversión, los frentes de defensa y los caudillos locales pusieron la mecha.
Conga, en Cajamarca, fue el laboratorio mayor. Tía María, en Arequipa, se volvió la mina que envejeció esperando permiso social. Río Blanco, en Piura, quedó atrapado entre el discurso de cabeceras de cuenca y el miedo territorial. ComexPerú calculó que conflictos socioambientales impedían US$ 8,700 millones en inversiones en proyectos como Tía María, Conga y Río Blanco, además de miles de empleos directos e indirectos.
Tía María muestra una de las derrotas más caras del país. El proyecto, de US$ 1,400 millones, lleva años postergado por oposición comunitaria y temores ambientales; Reuters recordó que las protestas vinculadas al proyecto dejaron seis muertos entre 2011 y 2015, y que la mina produciría unas 120 mil toneladas de cobre al año. Esa es la tragedia completa: cuando el Estado llega tarde, la protesta se vuelve poder; cuando la protesta se vuelve poder, el expediente ya no basta.
Santa Ana, en Puno, dejó otra lección. El Aymarazo no solo frenó un proyecto. Instaló una doctrina: la carretera como veto y el territorio como tribunal político. Años después, el Estado enfrentaba un reclamo de US$ 1,200 millones de Bear Creek por la cancelación del proyecto. La protesta se fue; la factura quedó.
Las Bambas enseña una variante más sofisticada del mismo mal. No es un proyecto muerto, sino un proyecto en permanente negociación bajo presión. Aquí Reuters reportó que la mina, que suele aportar cerca del 2% del suministro global de cobre, acumuló más de 600 días de paralizaciones desde que empezó a operar en 2016. Esa es otra forma de bloquear la descentralización: no cerrar la mina, sino convertir cada tramo de carretera en una caja registradora de conflicto.
Esa es la paradoja de la izquierda. Dice hablar por las provincias, pero parte de su ecosistema ayudó a paralizar los motores que podían darles más autonomía real. Porque sin inversión formal, sin irrigaciones, sin gasoductos, sin puertos, sin corredores logísticos y sin minería fiscalizada, la región queda dependiendo de transferencias, empleo público, informalidad, minería ilegal o caudillos con megáfono.
El Estado también enterró proyectos
Pero ojo que el desastre nacional tiene dos manos. Una paraliza desde la consigna. Y la otra paraliza además desde la incompetencia del mismo Estado.
Majes Siguas II no fue enterrado por un frente antiinversión clásico, sino por la enfermedad burocrática y política de siempre: adendas, controversias, mala administración regional y un proyecto clave para el sur detenido desde diciembre de 2017. El propio Gobierno Regional de Arequipa presentó la transferencia al Midagri como paso para destrabar el proyecto. Traducción: la región no pudo con su propia promesa.
El Gasoducto Sur Peruano es otro monumento a la promesa rota. No fue la calle la que lo sepultó, sino la corrupción, Odebrecht, el contrato caído y los activos abandonados. Allí la descentralización energética del sur terminó convertida en ductos sin uso y recursos públicos para custodiar fierros que no llevan gas. El Estado no solo falla cuando no llega. También falla cuando llega con contrato podrido.
Ese es el mapa completo: la izquierda antiinversión bloqueó proyectos con discurso; el Estado bloqueó otros con torpeza, corrupción o incapacidad. Para el ciudadano regional, la diferencia importa poco. El resultado es el mismo: menos empleo, menos servicios, menos infraestructura y más frustración.
Por eso el reto de Keiko no puede reducirse a decir que recibe un Estado catastrófico. Tiene que demostrar que puede convertir esa denuncia en una verdadera gestión. Asimismo, debe tomar en cuenta que el próximo 4 de octubre, apenas semanas después de asumir, el país elegirá 13,148 autoridades regionales y municipales. Sus primeros días no serán solo el arranque de un gobierno: serán una señal territorial antes de una elección que definirá quién administrará provincias, distritos y regiones durante los próximos años.
Keiko necesita un paquete de descentralización con nombres propios. No otra declaración sobre “el Perú profundo”. Nombres. Fechas. Responsables. Hospitales destrabados. Irrigaciones con cronograma. Corredores mineros con seguridad y diálogo serio. Canon con ejecución vigilada. Gobierno regional que no ejecute, gobierno regional que sea expuesto. Proyecto viable que tenga licencia social, proyecto viable que no sea entregado al chantaje. Esa debe ser la nueva gramática: inversión formal, Estado presente y autoridad sin complejos.
La izquierda puede seguir diciendo que defiende al pueblo. Keiko tendrá que demostrar que el pueblo no vive de relato. Vive de agua, empleo, carreteras, hospitales, energía, seguridad y obras terminadas.
Porque el Perú regional no está atrasado por falta de discursos. Está atrasado porque demasiadas veces le bloquearon los motores, le administraron la rabia y le vendieron como dignidad lo que al final fue inmovilidad.
