Lecciones del informe Smithsonian y la urgencia de auditar la educación en el Perú
Existe un principio fundamental en la ciencia de la computación que explica muy bien el colapso de las instituciones culturales de Occidente: un sistema es tan bueno como la información con la que se le alimenta. La regla “Garbage In, Garbage Out” (GIGO) establece que, si ingresas datos defectuosos en un ordenador, obtendrás respuestas defectuosas.
Durante más de medio siglo, las democracias han ignorado este principio en la formación de sus jóvenes, contemplando con perplejidad cómo las nuevas generaciones abrazan narrativas colectivistas, desprecian la iniciativa individual y cuestionan los pilares de nuestra historia. Este fenómeno no representa un misterio sociológico, sino la consecuencia de una infraestructura educativa e institucional que ha incubado el agravio y el victimismo, ha reescrito la memoria y desgastado las estructuras cívicas que sostienen a una sociedad libre.
Para comprender la escala de esta reorientación ideológica, conviene mirar la evidencia reciente en Estados Unidos. Un estudio del politólogo David M. Primo, de la Universidad de Rochester, publicado por la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), analizó las donaciones de campaña del profesorado en 55 de las principales universidades del país y encontró que los conservadores son prácticamente inexistentes entre quienes donan políticamente. El propio FIRE aclara que esto no prueba discriminación activa contra el disenso, pero sí confirma la práctica desaparición de la pluralidad de puntos de vista en el sector académico.
Más allá de las simpatías políticas de cada quien, esa falta de pluralidad debería preocupar a cualquiera interesado en la calidad de la educación superior: el progreso del conocimiento y la experiencia en el aula se resienten cuando todos piensan igual. La razón no es una conspiración: los comités de contratación premian la afinidad ideológica sobre el rigor, y quienes definen el rumbo de una disciplina tienden a reclutar a sus semejantes. Incluso los intentos de corregir el rumbo tropiezan con esa misma inercia. En Harvard, la iniciativa para financiar cátedras bajo la bandera de la diversidad de puntos de vista avanza con lentitud y ha generado, según reporta el Harvard Crimson, cautela y desconfianza entre parte del profesorado. Que incluso un esfuerzo impulsado desde la propia cúpula universitaria enfrente esa resistencia interna dice mucho sobre cuán arraigada está la homogeneidad que se busca corregir.
Esta hegemonía ideológica no permaneció confinada en los recintos universitarios, sino que escaló hasta capturar las instituciones tutelares de la historia pública. El informe oficial publicado en 2026 por el Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca, titulado “Saving America’s Story: How Ideological Capture at the Smithsonian Institution’s National Museum of American History Erases Our Heritage”, documenta detalladamente cómo el principal museo nacional de historia de EE.UU. fue transformado en una trinchera de activismo político. El reporte muestra cómo la alta dirección del Museo Nacional de Historia Americana alteró radicalmente su misión original, redefiniendo el propósito del museo como una herramienta al servicio de la llamada justicia social y el activismo. Desde la propia dirección de la institución se declaró abiertamente que la historia se concibe como un instrumento principal de cambio político y que se debe desmontar el relato tradicional de la nación.
La investigación de la Casa Blanca reveló que el museo omitió pabellones dedicados a los Padres Fundadores, a la Revolución Americana o a George Washington, relegando a figuras clave como Benjamin Franklin o Alexander Hamilton a menciones marginales vinculadas casi exclusivamente a la esclavitud, sin mencionar sus decisivos esfuerzos abolicionistas. Asimismo, la dirección de la institución asumió la consigna explícita de problematizar la conmemoración del 250° aniversario de la Declaración de Independencia en 2026, buscando alejar al público de lo que denominaron una mentalidad patriótica. A través de iniciativas internas como el Center for Restorative History y la adopción de manuales de capacitación como el MASS Action Toolkit, el museo llegó a catalogar principios como la objetividad, el individualismo, la cultura escrita y la búsqueda de la excelencia como características de una opresiva cultura de dominación que debía ser erradicada.
Esta experiencia documentada en el hemisferio norte guarda una simetría con el proceso vivido en el Perú, funcionando como un espejo de la reorientación institucional que ha afectado a nuestra patria durante las últimas tres décadas. El circuito de “basura entra, basura sale” operó en el Perú con un nivel de penetración considerable.
En un análisis propio de textos escolares del Ministerio de Educación (MINEDU), realizado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial, encontramos indicios de cómo se reescribió la historia contemporánea. Si bien los manuales de secundaria no borraron formalmente los términos terrorismo o Sendero Luminoso, aprecio en ellos un desplazamiento sutil de la responsabilidad moral: se enseñó a los estudiantes que el surgimiento de la violencia comunista obedeció a las brechas socioeconómicas, la falta de representación y la crisis del Estado, sugiriendo que la causa de la tragedia no radicó en una ideología totalitaria, sino en las fallas de la propia nación.
De manera paralela, considero que la narrativa escolar sometió a las Fuerzas Armadas y Policiales a un juicio desproporcionado que invisibilizó su rol decisivo en la defensa de la democracia, orientando a los alumnos a percibir a los defensores de la patria principalmente como perpetradores de abusos. El impacto pedagógico de este viraje generó, en mi lectura, una profunda confusión en la sociedad peruana. En mi opinión, el ciudadano peruano es un emprendedor resiliente que opera bajo los principios del libre mercado en su vida cotidiana. No obstante, tras décadas de instrucción escolar orientada al resentimiento de clase, millones de ciudadanos terminaron votando en las urnas por proyectos colectivistas radicales orientados a destruir el modelo económico que garantizaba su subsistencia, tal como ocurrió en las elecciones del 2021 con la llegada de Pedro Castillo al poder. Ese resultado no puede explicarse sólo por la educación recibida —la fragmentación partidaria de aquella primera vuelta, disputada entre dieciocho candidatos sin que ninguno superara el 19% de los votos, dejó a un electorado desorientado eligiendo entre extremos—, pero sostengo que la educación cargó el arma durante tres décadas y que las urnas, ya fragmentadas, terminaron por apretar el gatillo.
Tanto en Estados Unidos como en el Perú, el ataque al sistema cívico se ha enfocado en socavar los cuatro pilares fundamentales de la sociedad libre: la familia, la propiedad privada, el orden y el mérito. La familia tradicional es presentada en las aulas como una estructura opresiva que perpetúa la desigualdad, erosionando la autoridad de los padres para que el vacío de identidad sea ocupado por el Estado. La propiedad privada deja de enseñarse como el pilar de la libertad individual para ser retratada como un símbolo de despojo o conflicto socioambiental. El orden legal y el patriotismo son sustituidos por la desconfianza hacia la Constitución y las instituciones. Por último, el mérito y la excelencia son desplazados por criterios de equidad de grupo e identidad ideológica, incentivando la dependencia burocrática.
Como advirtió el economista Thomas Sowell, la planificación centralizada de la cultura no representa un mero modelo de gestión, sino un instrumento de control diseñado para que las personas renuncien a su capacidad de autogobernarse.Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2026 en el Perú, donde Keiko Fujimori obtuvo la victoria sobre Roberto Sánchez por un margen de apenas 0.27 puntos porcentuales (50.14% frente a 49.87%), demuestran que la reserva moral y el instinto libre de la población pueden resistir la marea radical. Sin embargo, ese margen mínimo representa una advertencia crítica: el país permanece fracturado casi a la mitad porque las estructuras ideológicas incrustadas en la burocracia estatal continúan plenamente operativas.
Para consolidar la libertad, el Perú debe asumir la tarea soberana de recuperar sus instituciones a través de diagnósticos rigurosos e inobjetables. Es urgente ejecutar una auditoría oficial, independiente y exhaustiva de todos los textos y materiales didácticos del MINEDU para identificar sesgos en el tratamiento del terrorismo. Se debe transparentar y regular el financiamiento extranjero a las ONG que intervienen en la formulación de políticas públicas, asegurando que el currículo sea fruto del consenso democrático y no de agendas privadas. Asimismo, es indispensable ampliar la pluralidad de enfoques en la formación docente en servicio y en las pautas pedagógicas del Estado, asegurando una carrera pública magisterial fundada en la meritocracia, la neutralidad cívica y la excelencia académica. Finalmente, se deben revisar los museos y sitios de memoria estatales para asegurar que reflejen la verdad histórica completa, honren a los defensores de la república y reafirmen en las aulas los valores cívicos de la familia, la propiedad, el Estado de derecho y el esfuerzo individual. Solo saneando la información que ingresa al sistema educativo podremos garantizar un futuro de prosperidad y libertad para las próximas generaciones.
