El atentado en Trujillo expuso una fractura que llevaba meses creciendo entre policías y fiscales, mientras el país exigía respuestas frente al crimen.
El 13 de octubre de 2025, Tomás Gálvez y Óscar Arriola aparecieron juntos en la sede del Ministerio Público. El país acumulaba extorsiones, sicariato y bandas que habían convertido la amenaza en negocio. Gálvez hizo entonces una admisión poco frecuente. El distanciamiento entre fiscales y policías, dijo, había favorecido a la criminalidad.
Arriola estaba sentado a su lado. Ambos anunciaron nuevas coordinaciones y prometieron que Policía y Fiscalía volverían a trabajar bajo una lógica común. La foto envejeció rápido. Menos de once meses después, el fiscal de la Nación reconocería que ya no hablaba directamente con el comandante general de la Policía.
Entre ambas escenas no hubo un simple choque de caracteres. Hubo una disputa sobre una pregunta decisiva para cualquier investigación penal. Hasta dónde conduce el fiscal y hasta dónde decide la Policía.
El reparto del poder
La Ley 32130 reforzó la intervención policial durante la investigación preliminar. El Tribunal Constitucional fijó después el marco. El Ministerio Público conserva la conducción jurídica y la Policía desarrolla la estrategia operativa. Ambos están obligados a coordinar. Redibujó una relación que durante años funcionó con otra distribución de competencias.
Escribir el límite era más fácil que conseguir que dos instituciones acostumbradas a defender su territorio lo interpretaran igual.
En marzo de este año, Gálvez presentó al Congreso una propuesta para reemplazar la antigua Ley Orgánica del Ministerio Público. El proyecto reforzaba la capacidad fiscal de conducir las investigaciones desde el inicio. Policía y Ministerio del Interior objetaron que algunas disposiciones podían trasladar hacia la Fiscalía funciones operativas o de criminalística que correspondían a la PNP.
El desacuerdo dejó de ser técnico el 23 de abril durante una mesa de trabajo en el Congreso. Arriola acusó a la Fiscalía de querer monopolizar la criminalística. Gálvez defendió las atribuciones del Ministerio Público. Fernando Rospigliosi, que conducía la reunión, recordó lo esencial. Sin coordinación entre ambas instituciones, investigar mejor se vuelve más difícil.
El fiscal temía una investigación policial con poca conducción jurídica. La Policía temía perder margen operativo. Ambos defendían una parte del sistema y miraban con recelo la expansión de la otra.
El quiebre
Las elecciones de abril llevaron esa discusión a un terreno más delicado. La Policía reportó al menos 27 episodios relacionados con actas rotas, destruidas, sustraídas o abandonadas. Arriola cuestionó públicamente la lentitud de algunas fiscalías frente a esos casos.
Meses después, Gálvez relató lo ocurrido fuera de cámaras. Según su versión, Arriola consideraba que existía flagrancia y pretendía detener a funcionarios vinculados con las irregularidades. El fiscal provincial encargado sostenía lo contrario y Gálvez respaldó su criterio. Fue entonces cuando, siempre según el fiscal de la Nación, Arriola le dijo que aquello no era para cobardes sino “para machos”.
Gálvez decidió no volver a comunicarse directamente con él. La ruptura personal no suspendió la coordinación entre instituciones. Jorge Chávez Cotrina pasó a cumplir un papel clave como interlocutor con la Policía. El sistema siguió funcionando, aunque necesitó un intermediario porque sus dos principales autoridades en la persecución penal ya no mantenían trato directo.
El episodio revelaba algo más profundo. Las nuevas reglas habían abierto una zona de fricción y cada institución empezó a leer sus atribuciones desde la defensa de su propio espacio.
El caso Trujillo
A fines de agosto, el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en La Libertad obligaron a policías y fiscales a actuar bajo presión. Allí reapareció el mismo desacuerdo que meses antes había ocupado una sala del Congreso.
Gálvez sostuvo que durante las primeras diligencias los equipos policiales manejaban una estrategia mientras la Fiscalía seguía otra. Según su versión, la PNP entendía que sus nuevas facultades le permitían avanzar con mayor autonomía operativa. La coordinación mejoró después con la intervención de fiscales de mayor experiencia.
Ese episodio no prueba que la Ley 32130 haya favorecido al crimen, como repite una parte de la oposición. Tampoco demuestra que ampliar las capacidades investigativas de la Policía haya sido un error. El Tribunal Constitucional validó el núcleo de ese reparto de funciones. Lo que sí muestra es algo menos cómodo. Una reforma puede precisar quién hace qué y aun así tropezar cuando las instituciones convierten cada frontera en una disputa de poder.
El 3 de septiembre, Gálvez sostuvo que un cambio le vendría bien a la Policía y cuestionó el desempeño de Arriola frente a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Tres días después, Arriola pidió su pase al retiro y habló de gobernabilidad e institucionalidad. No existe evidencia de que una declaración haya provocado la otra, pero la secuencia cerró una relación deteriorada desde hacía meses.
En octubre de 2025, Gálvez había advertido junto a Arriola que el distanciamiento entre policías y fiscales beneficiaba a los delincuentes. En septiembre de 2026, ambos habían terminado demostrando lo difícil que era impedir precisamente ese distanciamiento.
Fredy López recibe ahora una Policía con más herramientas para investigar y una jurisprudencia que delimita mejor sus competencias. También hereda una relación con el Ministerio Público que necesita mejores mecanismos para resolver diferencias. El desafío no consiste en devolverle poder a una institución quitándoselo a la otra. Consiste en lograr que el fiscal conduzca y el policía investigue sin que cada expediente termine convertido, además, en una disputa por quién manda.
