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El patrullero que sí arranca, por Manuel Sotomayor

El 26 de octubre, el ministro del Interior entregó en Arequipa 100 camionetas policiales que el gobierno regional compró por más de S/ 18 millones mediante obras por impuestos. La nota del diario oficial no dedicaba una línea a quién las mantendría. En enero, la Contraloría había encontrado fuera de servicio el 42 % de los vehículos de 485 comisarías.

En el Perú, un patrullero tiene un solo día de gloria: el de la entrega, con ministro y fotografía. Luego empieza su verdadera carrera: esperar un repuesto. Suele culparse a la desidia o a la corrupción, y algo de eso hay, pero el problema es más simple: el Estado peruano compra objetos cuando debería comprar resultados.

Comprar es inversión: se financia con proyectos, gobiernos regionales u obras por impuestos, y termina en una ceremonia. Mantener es gasto corriente: compite con las planillas, vuelve cada año al presupuesto y nunca tiene foto. En Lambayeque, la Contraloría encontró fuera de servicio 264 de los 599 vehículos policiales, varios de ellos donados por el gobierno regional. La región policial tenía S/ 976,812 para reparaciones en 2026 y había gastado S/ 1,260.

La alternativa ya se probó. En 2019, el Ministerio del Interior alquiló 900 vehículos por tres años, con el mantenimiento a cargo del proveedor y la obligación de reemplazar en doce horas cualquier unidad averiada. El ministro de entonces calificó el piloto de éxito, y en 2023 se contrató un segundo alquiler de cerca de mil vehículos.

La crítica fue el precio: en el papel, alquilar una camioneta salía una quinta parte más caro que comprar una con tres años de mantenimiento. El papel mide mal. Una flota que funciona al 58 % paga en la práctica 1,7 veces el precio de cada unidad que sale a la calle. Si no se volvió regla, la razón probable es contable: el alquiler pesa en el gasto de cada año; la compra se inaugura.

La cárcel es el caso difícil, y donde más tienta privatizar. A julio había 106,209 presos para 41,764 plazas, según la Defensoría del Pueblo. Desde 2012, el sistema ha sido declarado en emergencia tres veces, y en catorce meses tuvo cuatro jefes.

En Misisipi, los presos de cárceles privadas pagadas por cama ocupada cumplieron dos o tres meses más de condena, por recibir más sanciones, sin reincidir menos. México pagó a los operadores de ocho penales federales por su capacidad, hubiera o no internos. La empresa privada optimiza lo que se le paga, con toda la eficiencia que se le atribuye, también cuando lo que se le paga está mal elegido.

Chile encontró una salida intermedia: concesionó la construcción y los servicios de varias cárceles, y la custodia quedó en Gendarmería. De ahí sale una regla: en la cárcel, la cocina se contrata y la llave no. La comida, la salud, el mantenimiento y la tecnología pueden medirse y pagarse por resultado. La custodia, el uso de la fuerza, la disciplina y los beneficios penitenciarios son decisiones sobre la libertad de las personas, y esas no se delegan.

El primer decreto de las facultades delegadas, del 8 de noviembre, se ocupó solo de la llave: lleva militares al perímetro de los penales en emergencia. De la cocina no dice una palabra, y las facultades vencen en enero.

Queda la objeción más seria: si el Estado no sabe operar, tampoco sabrá supervisar, y la corrupción se mudará de la puerta del penal a la licitación y la adenda. Pero medir puede contratarse, como hace Osinergmin con empresas supervisoras elegidas por concurso, y lo que suele fallar es la firma del funcionario que debía multar o rescindir. Ulises pidió que lo ataran al mástil antes de oír a las sirenas. Un buen contrato hace lo mismo: fija de antemano consecuencias que se aplican solas.

Tres reglas bastarían. Primera: ningún patrullero sin contrato de disponibilidad, pagado por vehículo-día operativo, con reposición en doce horas y localización satelital pública. El Ministerio del Interior puede hacerlo con un acuerdo marco de Perú Compras, si el MEF acepta compromisos plurianuales. Segunda: que los decretos que faltan fijen qué servicios penitenciarios se contratan por desempeño y qué funciones son indelegables, y prohíban pagar por cama ocupada o por cupo. Tercera: concurso abierto, ninguna adenda en los primeros tres años e indicadores publicados cada mes.

El sindicato del INPE ya preguntó qué pasaría si el privado también fracasa. Con un contrato, pasan cosas: multas, intervención, una nueva licitación. Cuando fracasa el INPE, lo que llega es un nuevo presidente.

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Manuel Sotomayor

Manuel Sotomayor

Expresidente de la CONFIEP

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Last modified: 15 de noviembre de 2026
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