El estrés electoral sucede en todas partes, pero en el Perú lo que hemos vivido tras los sucesos del pasado 12 de abril ha escalado a un nivel de zozobra alarmante. Lo ocurrido no es solo un fallo técnico; es el síntoma de una nación que parece haber adoptado el relativismo propio de la “cultura de género” moderna: hoy, la identidad política en el Perú no se basa en hechos o en la realidad, sino en cómo nos “autopercibimos” en el momento de entrar a emitir el voto. Vivimos en una suerte de fluidez ideológica donde un emprendedor que arriesga su capital a diario puede “identificarse” como un enemigo del libre mercado el domingo de elecciones, ignorando su propia filosofía de vida.
Esta crisis de identidad es el origen del divorcio entre nuestra realidad productiva y nuestra representación política. Como he escrito anteriormente, el Estado es un gran invento cuando funciona, pero la reciente jornada electoral ha dejado al descubierto una incapacidad técnica inaceptable por parte de la ONPE que solo profundiza este caos identitario. Al no haber reglas claras ni árbitros confiables, el ciudadano se refugia en percepciones subjetivas. En el mejor de los casos, vemos una gestión incompetente; en el peor, una colusión para manipular la voluntad popular que termina por erosionar aun más la credibilidad institucional hasta niveles críticos.
Mientras que, a nivel macroeconómico, el país se ha comportado durante décadas como una potencia emergente de libre mercado, nuestras instituciones parecen hoy atrapadas en esa misma confusión relativista que aqueja a la sociedad actual. A nivel micro, el peruano es un emprendedor genético, un sobreviviente que entiende de costos y riesgos mejor que cualquier académico. En la calle y en el campo, donde la informalidad rebasa el 70%, siete de cada diez peruanos ejemplifican al “self-made man” que abrazó un capitalismo pragmático nacido de la ausencia del Estado. Sin embargo, existe un divorcio cognitivo profundo: el peruano no asocia su éxito con el “capitalismo”, porque percibe ese término como un club exclusivo de una élite desconectada. Al igual que en las discusiones de género más extremas, la realidad tangible de nuestra economía es ignorada en favor de una “autopercepción” de víctima o de excluido, alimentada por décadas de malformación educativa.
Esta desconexión es el caldo de cultivo para que el éxito individual no se traduzca en estabilidad política. El peruano confía en su esfuerzo, pero desconfía profundamente del árbitro que debe velar por sus derechos. Esta crisis de confianza se agrava con un marco legal electoral que ha convertido la política en un mercado de “vientres de alquiler”. La actual ley permite la creación de partidos como si fueran clubes sociales, sin exigencias reales de idoneidad o representatividad. Hoy, cualquier improvisado puede tomar la responsabilidad de representar al país sin cumplir requisitos mínimos de trayectoria o integridad. Si no me creen, revisen las listas de candidatos a congresistas y vicepresidentes en varios partidos. Esta falta de filtros, sumada a la opacidad institucional vista el 12 de abril, degrada la calidad del debate y fomenta una atomización peligrosa. Tener 36 candidatos para este 2026 es el resultado de un sistema que permite que cualquiera se “identifique” como presidenciable sin tener el sustento real para serlo.
En este contexto, surge la desconfianza hacia la meritocracia. El político populista aprovecha esta brecha, presentándose como el hombre común que lucha contra los “sabios” que han fallado. Esta es una trampa peligrosa, pues nos lleva a elegir representantes por afinidad estética o resentimiento compartido. Debemos recuperar el valor del mérito, pero conectándolo con la realidad nacional.
El gran reto que tenemos es el de desarrollar una identidad que no dependa de la raza o la geografía, sino del orgullo de pertenencia a un proyecto exitoso. Ya hemos tenido muestras de este potencial: Gastón Acurio unió al país bajo el estandarte de la gastronomía, y sectores como la minería moderna y la agroindustria han demostrado que el Perú puede liderar mercados globales de metales, paltas, arándanos y uvas cuando se alinea la visión con la oportunidad. El sector agroindustrial ha transformado desiertos en potencias exportadoras. El Perú es hoy protagonista en las mesas más exigentes del mundo; esto no fue suerte, fue gestión. Estos sectores son ejemplos de una “identidad de éxito” que ya existe, pero que está desconectada de la política.
Lamentablemente, el sistema actual prefiere la cultura del victimismo, del enfrentamiento y el boicot. Los enemigos políticos se niegan a construir sobre los éxitos ajenos, ridiculizando incluso lemas aspiracionales como “Perú Potencia Mundial”, “Lima Potencia Mundial”, o creencias religiosas para enfatizar creencias ancestrales. Nuestros lemas, símbolos patrios y creencias religiosas son necesarios para elevar la autoestima de una nación fragmentada. Al intentar destruirlas, los críticos solo refuerzan el dicho de que “el peor enemigo de un peruano es otro peruano”. Sin un propósito común y una visión de grandeza que nos obligue a mirar hacia arriba, es imposible construir una nación respetada.
Para cambiar este comportamiento, necesitamos una hoja de ruta con soluciones de distintos horizontes temporales. En el corto plazo, la urgencia es quirúrgica: se requiere el cambio inmediato de la plana gerencial de la ONPE para restaurar un mínimo de confianza técnica. Asimismo, es imperativa una reestructuración profunda del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin un árbitro electoral probo e idóneo, cualquier elección futura será percibida como un simulacro. Acompañando esto, se debe reformar la ley electoral para poner filtros reales de trayectoria a quienes pretendan postular, terminando con los partidos “club” y candidatos incompetentes.
En el largo plazo, la solución es estructural y pasa por una revolución en la educación. Debemos revertir el daño de las reformas de la época de Velasco Alvarado que desmantelaron el civismo y la formación ciudadana. Necesitamos que las nuevas generaciones recuperen la brújula sobre su rol dentro de la República y comprendan al Estado como un árbitro que mantiene la cancha nivelada, no como un botín de turno, y a la empresa privada como el motor de desarrollo y generación de trabajo digno. Esta reforma educativa debe ir de la mano con una revolución de propiedad y justicia que integre al emprendedor informal al sistema formal, no mediante la persecución, sino mediante los beneficios de la legalidad y el crédito.
Solo cuando el peruano sienta que el árbitro es justo, que la ley protege su propiedad y que el éxito del país es su propio éxito personal, dejaremos de elegir espejismos y caudillos de cera. El reto de este proceso electoral no es solo sobrevivir al desastre del 12 de abril, sino recuperar el alma de una nación que ya sabe cómo triunfar en la cocina, en la agroindustria y en la minería, pero que ahora tiene el mandato urgente de aprender a triunfar en su propia gobernanza. La resiliencia nos trajo hasta aquí, pero solo la reforma institucional profunda e inmediata y la visión educativa de largo plazo nos permitirán dejar de “autopercibirnos” como víctimas para empezar a actuar como la potencia que estamos destinados a ser.
