El Estado ha demostrado ser, cuando funciona, una buena invención. Es el único actor capaz de fijar reglas comunes para millones de personas, proteger derechos, asegurar que “la cancha sea pareja” y sostener servicios que no dependan del carné partidario o la “vara”. Un buen Estado realiza funciones que el ciudadano siente todos los días sin pensarlo: registra su propiedad, garantiza seguridad jurídica, mantiene estándares sanitarios, ordena el espacio urbano y ofrece servicios básicos como seguridad, salud y educación con continuidad. Cuando ese engranaje funciona bien, el beneficio es enorme: genera más confianza, inversión, empleo formal y, sobre todo, más dignidad en el trato cotidiano.
Por ello, es fundamental insistir en que el problema no es que el Estado exista o regule; el reto aparece cuando la burocracia —que debería ser el mecanismo que convierte la ley en servicio— se obsesiona con el proceso, provocando que el ciudadano deje de ser tal para convertirse en un expediente. Lo que nació para dar orden empieza entonces a generar desorden: trámites eternos, incertidumbre, costos escondidos y una sensación de que cumplir la norma es más difícil que simplemente sobrevivir.
Un ejemplo para clarificar
Hay un tipo de gestión pública que todo ciudadano entiende sin necesidad de ser experto: la que resuelve problemas concretos en su vida diaria. Un caso reciente es el proyecto del tren Lima-Chosica, que busca aliviar uno de los corredores más congestionados de la ciudad. Más allá de su viabilidad técnica, este proyecto ha dejado claro que dentro del Estado conviven dos actitudes opuestas. Por un lado, están los funcionarios que buscan soluciones creativas, intentando destrabar, coordinar y adaptar caminos dentro del marco legal para que las cosas ocurran; para ellos, la norma es una herramienta. Por otro lado, están quienes se limitan a la letra de la norma como una barrera, donde cada requisito es una razón para detener el avance y cada decisión se posterga por temor, cálculo político o comodidad; para ellos, la norma es un escudo. Estos dos enfoques se enfrentan a diario dentro del aparato estatal y el resultado define si el ciudadano gana tiempo o lo pierde, y si el Estado resuelve un problema o lo “patea” para la siguiente administración.
El procedimiento frente al resultado
Lamentablemente, la mayoría de las instituciones gubernamentales están dominadas por la actitud donde el objeto de gestión es el procedimiento y no el ciudadano. Da la impresión de que para el funcionario el procedimiento lo es todo y los resultados pasan a segundo plano. Cuando la entidad no decide a tiempo, el sistema castiga al ciudadano, quien solo busca que su trámite termine y el problema se resuelva. Esta diferencia de actitud no se limita a las grandes obras; es el mismo dilema que vive el emprendedor con una licencia municipal, el transportista con una habilitación o el paciente con una cita. En todos los casos, la pregunta es si el Estado está diseñado para resolver o para postergar. Más que la falta de normas, lo que asfixia es la costumbre de no decidir, una barrera que termina invitando a la corrupción porque es en la indecisión donde aparecen las coimas y los favores.
El silencio administrativo y la eficiencia
El silencio administrativo positivo debe ser parte de la cultura institucional para obligar a la administración a responder en plazo y evitar que la indecisión sea un mecanismo informal de control. Si bien el marco legal vigente en el Perú —recogido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General— establece procedimientos donde el silencio administrativo debe operar como una salvaguarda para el ciudadano, persisten normas legales con silencio administrativo negativo que lo mantienen atrapado por la falta de respuesta. Reducir las barreras no es un eslogan; la OECD ha medido que la desregulación en sectores estratégicos entre 1980 y 2023 se asocia con un aumento acumulado de la productividad laboral. Cuando bajan las barreras burocráticas, sube la capacidad de la economía para moverse y servir.
Hacia una gestión de resultados
Si queremos un Estado catalizador, debemos dejar de medir solo inauguraciones y empezar a medir el desempeño. No basta con “cortar la cinta”; es necesario evaluar si la obra se entregó a tiempo, si el costo fue el previsto, si mejoró la vida del ciudadano y si opera con seguridad y calidad en el tiempo. Solo así el Estado dejará de premiar “la foto” y empezará a premiar el resultado. El riesgo aparece cuando el afán de blindar el proceso termina destruyendo el objetivo final: nadie invierte, nadie formaliza y nadie avanza. Por el contrario, la presión desmedida por inaugurar sin cerrar bien los procesos puede convertir una obra en un peligro, en un sobrecosto futuro o en un problema nuevo para la comunidad.
Cambiar esta lógica requiere alinear incentivos y hacer visible lo oculto a través de cuatro acciones fundamentales. Primero, se debe medir lo que importa, como los tiempos de respuesta y la satisfacción del ciudadano, en lugar de solo el cumplimiento de procedimientos. Segundo, es necesario asignar responsabilidad real, asegurando que cada trámite tenga un responsable claro y plazos definidos. Tercero, debe aplicarse el silencio administrativo como una regla efectiva que impida que la indecisión bloquee al administrado. Finalmente, se requiere digitalizar con trazabilidad, permitiendo que cada persona vea en qué etapa está su trámite y quién lo tiene.
Nada de esto es teórico; es gestión básica que, aplicada con disciplina, reduce el espacio para la arbitrariedad y la coima. El Estado gana legitimidad cuando funciona. Y funciona cuando su burocracia recuerda que su propósito es convertir la ley y el presupuesto en un servicio real, no en un expediente, una ceremonia o una promesa, sino en un resultado concreto. Cuando las reglas sirven para resolver, el Estado ordena; cuando se usan para postergar o frustrar, el servicio público se convierte en un culto al expediente donde la corrupción campea.
