El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de publicar un informe titulado “Cuba: The Capital of 21st Century Communism”, una radiografía de siete décadas de subversión cubana en el hemisferio. El documento recorre desde la infiltración en agencias clave y el entrenamiento de guerrillas, hasta el financiamiento de organizaciones extremistas y redes activistas en universidades y ONGs. Es el mapa más completo hasta hoy de cómo un país con una economía fallida logró proyectar influencia global durante más de sesenta años.
Pero hay un capítulo que para mí no es historia lejana: es la confirmación oficial de algo que presencié cuando gerenciaba la región del Caribe para Alcon.
El informe describe el mecanismo que Cuba perfeccionó tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Tras décadas de intentar exportar la revolución por las armas, La Habana encontró en Venezuela un aliado dispuesto a entregarle las instituciones de una potencia petrolera. El régimen cubano comenzó a exportar médicos, entrenadores y operadores políticos a cambio de enormes cantidades de crudo. Fue un arreglo “históricamente ganador” para La Habana: no sólo resolvía su crisis energética post soviética, sino que construía una infraestructura humana al servicio del proyecto bolivariano.
Trabajé del otro lado de esa estructura. Durante mi gestión en Alcon, observé cómo Cuba introducía médicos —muchos de ellos oftalmólogos— en distintos países caribeños, generando una competencia desleal. Estos profesionales cobraban tarifas simbólicas o no cobraban, desplazando a los médicos locales que no podían competir contra lo “gratuito”.
Lo que parecía filantropía era un instrumento financiado con petrodólares. Chávez usaba el petróleo para derribar las barreras regulatorias y comerciales que protegen a cualquier sistema de salud. Colegios médicos y procesos de acreditación se flexibilizaban cuando la misión cubana llegaba respaldada por acuerdos bilaterales. No era un intercambio de mercado, sino una penetración estatal disfrazada de solidaridad.
El mecanismo tenía una segunda pata: el petróleo también compraba votos. Petrocaribe, creado en 2005 para suministrar crudo subsidiado a 19 países, se convirtió en la columna vertebral de la “petrodiplomacia”. Durante más de una década, un bloque de naciones beneficiarias votó en la OEA para blindar a Caracas ante resoluciones críticas o sanciones. Al leer estos detalles y constatar cómo se instrumentalizó cada foro regional, ahora entiendo por qué la OEA está tan ideologizada. Petróleo barato, médicos gratuitos y votos alineados eran tres caras de la misma transacción.
En lo clínico, el resultado fue deficiente. Las cirugías del programa “Misión Milagro” generaban un alto volumen de complicaciones que terminaban en manos de los médicos locales. El sistema desplazaba a los oftalmólogos del país y luego les devolvía las emergencias sin asumir responsabilidad institucional. El beneficio político quedaba en Caracas y La Habana, mientras el riesgo clínico se asumía localmente.
Según el documento citado, este modelo no nació con Chávez. Durante décadas, Cuba buscó capturar instituciones en América Latina mediante un sistema de patronazgo. Los médicos fueron la cara amable de una operación que, en sus capas menos visibles, incluía el entrenamiento de fuerzas de seguridad y el aparato de vigilancia que hoy sostiene al régimen venezolano. La plantilla se replicó después en Nicaragua y Bolivia: las brigadas médicas internacionalistas nunca fueron un programa neutral, sino una herramienta de política exterior para construir control social.
El modelo funcionó por la genuina necesidad de salud no atendida en zonas rurales y por la mirada distraída de gobiernos que preferían mostrar cifras de atención antes que evaluar los estándares de formación o el costo de desplazar al talento local.
Esta historia es una lección de diseño: ningún sistema de salud debe depender de la generosidad de un actor extranjero cuyos incentivos son políticos y no clínicos. La trazabilidad y la rendición de cuentas son la diferencia entre cooperación real y penetración estratégica.
El Perú no fue ajeno a este fenómeno. Aunque la cooperación médica cubana se remonta a 1970, a raíz del terremoto, el marco actual opera desde convenios suscritos en 1999 y 2013, bajo los cuales llegaron brigadas asistenciales y unidades oftalmológicas. Durante la pandemia de 2020, la historia se repitió con la llegada de 85 profesionales donde la gran mayoría eran médicos generales, la necesidad menos urgente en pleno pico de crisis de camas de UCI.
La penetración continuó mediante convenios para “asesores técnicos” insertados directamente dentro de las oficinas del MINSA. A diferencia de los médicos asistenciales, estos asesores no se rigen por la Ley del Trabajo Médico y operan fuera del radar normativo. Hoy no existe un registro público y actualizado de cuántos siguen en funciones, en qué áreas operan o qué productos concretos han entregado a cambio de recursos públicos. Esta opacidad es una característica central del modelo.
A esta falta de transparencia se suma un aspecto moral determinante: los estipendios pagados por el Estado no llegan completos a los profesionales. Los convenios se firman de gobierno a gobierno y La Habana administra los pagos. Investigaciones de Prisoners Defenders y reportes de la ONU confirman que el régimen cubano retiene entre el 75% y el 94% de los salarios, una confiscación que, sumada al control político y restricciones de movimiento, constituye trabajo forzoso. La narrativa humanitaria se sostiene sobre la explotación laboral de sus propios médicos.
La supervisión institucional peruana ha mostrado graves deficiencias. El MINSA negocia los acuerdos, el Colegio Médico otorga autorizaciones temporales y SUSALUD debería fiscalizar. Sin embargo, la fragilidad del control quedó en evidencia cuando en 2022 se descubrió un centro privado en Lima donde personal no colegiado atendía usando matrículas falsas o suplantadas. Si ese es el nivel de fiscalización sobre un local público, la trazabilidad real sobre el personal que circula bajo acuerdos bilaterales opacos es nula.
La exportación de personal médico se consolidó como fuente importante de divisas para el régimen cubano. Hoy, ante la escasez de combustible en la isla y el desgaste de sus alianzas regionales, el esquema enfrenta una presión sin precedentes. Mantener estos convenios por inercia burocrática equivale a convalidar un mecanismo de financiamiento político a costa de la transparencia pública y de la medicina local.
Por eso, el Ministerio de Salud debe actuar: es indispensable transparentar la lista completa del personal cubano bajo convenio en el país, auditar el destino final de los recursos pagados para evitar financiar la retención salarial, y concluir los convenios vigentes. Las funciones necesarias deben ser asumidas por profesionales peruanos formados en nuestras universidades, a quienes el Estado debe dar prioridad.
Hice estas observaciones hace años desde el sector privado. La confirmación de este impacto no requiere teoría geopolítica: se vio en las salas de emergencia que recibían las complicaciones no asumidas por las misiones extranjeras, mientras la diplomacia petrolera compraba alineamientos. Es momento de exigir rendición de cuentas y restablecer el rigor técnico en la salud pública.
